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Bruselas da dos meses a España para corregir penas por malversación

España afronta un nuevo requerimiento de Bruselas por las penas de malversación de fondos europeos y por fallos de adaptación de la normativa común.

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Bruselas exige a España corregir penas

Resumen

  • Bruselas exige a España corregir las penas por malversación de fondos de la UE
  • España tiene dos meses para responder al nuevo requerimiento europeo
  • El procedimiento sigue abierto desde 2021 y podría llegar al TJUE

La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para corregir las deficiencias de su legislación contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión Europea. Bruselas considera que la normativa española no castiga adecuadamente la malversación de fondos europeos y establece penas máximas de prisión inferiores a las exigidas por las reglas comunitarias.

La advertencia, comunicada este jueves 19 de noviembre de 2026, supone un nuevo paso en un procedimiento de infracción abierto en diciembre de 2021. La Comisión sostiene que España sigue sin incorporar correctamente determinadas disposiciones de la Directiva europea contra el fraude, cuyo plazo de aplicación terminó el 6 de julio de 2019. Si las autoridades españolas no ofrecen una respuesta satisfactoria, Bruselas podrá avanzar hacia una fase más grave del expediente.

El problema no consiste en la ausencia de legislación española contra la corrupción o la malversación. El reproche europeo es más concreto: las definiciones penales y las sanciones previstas en España no cumplen plenamente los requisitos mínimos comunitarios cuando los delitos perjudican los intereses financieros de la Unión. Una diferencia jurídica que puede tener consecuencias importantes para la protección del dinero europeo.

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Bruselas detecta penas insuficientes por malversación de fondos europeos

La Comisión Europea ha identificado dos deficiencias especialmente relevantes en la legislación española. La primera afecta a la forma en que se contempla penalmente la malversación de fondos de la UE. La segunda se refiere a las penas máximas de prisión previstas para estas conductas.

Según el Ejecutivo comunitario, España no recoge adecuadamente el delito de malversación de recursos europeos y contempla una pena máxima de cárcel inferior a la exigida por la directiva. Se trata de una cuestión que afecta a la armonización del Derecho penal entre los Estados miembros.

La normativa europea establece unos requisitos mínimos comunes para que determinados delitos contra el presupuesto comunitario reciban una respuesta penal adecuada, independientemente del país donde se produzcan.

Las deficiencias también afectan a la definición de corrupción

El expediente no se limita a las penas por malversación. Bruselas mantiene las objeciones que planteó en diciembre de 2021, cuando identificó problemas en la adaptación de la directiva al ordenamiento español.

Entre ellos figuraban las deficiencias en la definición del delito de corrupción, un aspecto relevante para determinar qué comportamientos pueden perseguirse penalmente cuando están comprometidos recursos de la Unión Europea.

La nueva advertencia incorpora los problemas detectados con la malversación a los incumplimientos señalados anteriormente. La Comisión considera, por tanto, que la adaptación de la legislación española sigue siendo insuficiente.

España acumula casi cinco años de advertencias europeas

El origen de este procedimiento se remonta a la Directiva (UE) 2017/1371, conocida como Directiva PIF, relativa a la protección de los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal.

Los Estados miembros tenían hasta el 6 de julio de 2019 para incorporar sus disposiciones a sus respectivas legislaciones.

En diciembre de 2021, después de evaluar las medidas adoptadas por los países comunitarios, la Comisión envió una primera carta de emplazamiento a España por las deficiencias detectadas.

Casi cinco años después, el Ejecutivo europeo ha decidido enviar una carta de emplazamiento complementaria, correspondiente al expediente INFR(2021)2235.

Este detalle resulta importante: Bruselas no ha abierto un procedimiento completamente nuevo por este asunto, sino que ha ampliado las objeciones de uno que permanece abierto desde 2021.

La persistencia de las discrepancias refleja que la Comisión sigue considerando incompleta la adaptación de determinados aspectos del Derecho penal español a las exigencias europeas.

España tiene dos meses para evitar que avance el expediente

El nuevo requerimiento concede a las autoridades españolas dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión.

Durante ese periodo, España deberá explicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que su legislación cumple las disposiciones comunitarias.

Si Bruselas considera insuficiente la respuesta, podrá emitir un dictamen motivado, el siguiente paso formal del procedimiento de infracción.

Este dictamen supone una petición expresa de cumplimiento y permite a la Comisión concretar los motivos jurídicos por los que considera vulnerado el Derecho de la Unión.

Si el incumplimiento persiste, el expediente puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En determinadas circunstancias, estos procedimientos pueden desembocar en sanciones económicas.

Conviene distinguir las diferentes fases. La advertencia del 19 de noviembre no implica que España haya recibido una multa ni que el asunto haya sido remitido al tribunal europeo. Ambas son posibilidades posteriores, condicionadas a la evolución del procedimiento.

Qué protege la directiva europea contra el fraude

La legislación cuestionada pretende garantizar que el dinero procedente del presupuesto comunitario esté protegido frente a delitos como el fraude, la corrupción y la malversación.

La Directiva PIF establece normas comunes sobre la definición de estas conductas, las sanciones penales y las reglas que determinan qué autoridades pueden actuar cuando resultan perjudicados los intereses financieros de la Unión.

Su aplicación afecta a la protección de recursos europeos y a la respuesta penal frente a quienes los utilizan fraudulentamente.

El objetivo es evitar que existan diferencias incompatibles con los requisitos mínimos comunes entre los sistemas penales nacionales.

El papel de la Fiscalía Europea

La directiva también constituye una de las bases jurídicas de las competencias de la Fiscalía Europea, el organismo encargado de investigar y perseguir delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión en los Estados participantes, entre ellos España.

Esta institución puede intervenir en investigaciones relacionadas con fraudes sobre fondos comunitarios, corrupción vinculada a esos recursos y otros delitos que perjudican el presupuesto europeo.

Contar con definiciones penales adecuadas y sanciones compatibles con el Derecho comunitario resulta fundamental para que la protección jurídica del dinero europeo funcione de manera coherente.

El procedimiento anunciado por Bruselas se refiere al cumplimiento de esas obligaciones legislativas. No supone una acusación de fraude concreto contra España, sino un reproche a la manera en que determinadas normas europeas han sido incorporadas a su legislación.

Una reforma penal pendiente desde 2019

La decisión de la Comisión vuelve a situar bajo examen la legislación española sobre delitos que afectan a los fondos europeos.

El elemento más relevante del nuevo aviso es la identificación expresa de penas máximas de prisión insuficientes para la malversación de recursos de la UE, junto con los problemas de tipificación penal y las objeciones sobre corrupción que ya figuraban en el expediente.

La respuesta española determinará si Bruselas considera corregidas las deficiencias o decide continuar con el procedimiento de infracción.

Por el momento, el Gobierno dispone de dos meses para abordar un problema cuya solución exige garantizar que las disposiciones penales españolas respeten los requisitos establecidos por la Unión Europea.

Después de más de siete años desde el vencimiento del plazo original de transposición, la adaptación completa de la normativa antifraude sigue pendiente a juicio de la Comisión. Y esta vez Bruselas ha concretado tanto los problemas que aprecia en la malversación de fondos europeos como el siguiente paso que puede dar si España no los corrige.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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