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La JEP señala a 10 generales por los «falsos positivos» en Colombia

La JEP identifica a diez generales por la expansión de los «falsos positivos» en Colombia y documenta 2.702 víctimas mortales entre 2002 y 2008.

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Fuerzas especiales de las fuerzas militares de Colombia

Foto: Notafamousleo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

Resumen

  • La JEP identifica a diez generales por los «falsos positivos» en Colombia
  • Entre 2002 y 2008 se documentaron 2.702 víctimas mortales
  • Siete militares deberán responder ante la JEP y tres pasan a la UIA

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha identificado a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables de la expansión de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. La decisión, anunciada este jueves 19 de noviembre de 2026, apunta directamente a los niveles más altos de la estructura militar y a su papel en la extensión de estos crímenes entre 2005 y 2008.

La investigación judicial ha documentado 2.702 víctimas mortales entre 2002 y 2008, en 1.625 hechos diferentes, además de 44 supervivientes. De esas muertes, 2.077 se concentraron entre 2005 y 2008, cuando las prácticas conocidas como «falsos positivos» adquirieron una dimensión nacional. La JEP considera que la presión por presentar bajas enemigas como prueba de eficacia militar contribuyó a convertir el asesinato de personas indefensas en un mecanismo para obtener resultados operativos ficticios.

El pronunciamiento supone un avance importante en la investigación del conflicto armado colombiano. Hasta el momento, buena parte de las investigaciones habían reconstruido responsabilidades en unidades y regiones concretas. La nueva decisión examina cómo las actuaciones y omisiones de los altos mandos habrían permitido que las ejecuciones se extendieran por diferentes territorios, incluso cuando ya existían denuncias sobre lo que estaba ocurriendo.

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Los diez generales identificados por la justicia colombiana

La Sala de Reconocimiento de Verdad ha distinguido dos situaciones procesales entre los oficiales investigados. Siete generales retirados han sido llamados a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras que los expedientes de otros tres han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Los siete militares llamados a reconocer responsabilidad son Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y José Joaquín Cortés Franco.

Los otros tres son Mario Montoya Uribe, antiguo comandante del Ejército colombiano; Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández. La JEP ha trasladado sus casos a la UIA después de valorar sus manifestaciones anteriores, en las que rechazaron reconocer responsabilidad por los hechos atribuidos.

Esta distinción resulta fundamental. Los siete primeros todavía deben responder formalmente al llamamiento judicial; no se puede dar por hecho que hayan aceptado los cargos. Tampoco se trata de diez condenas firmes, sino de una decisión que identifica responsabilidades y establece las siguientes actuaciones procesales.

La presión por conseguir bajas convirtió los asesinatos en resultados militares

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la existencia de una política de facto que premiaba el número de muertos en combate como principal indicador de éxito de las operaciones militares.

Los investigadores encontraron que la exigencia de resultados se transmitía mediante reuniones de comandantes, comunicaciones internas, comparaciones entre unidades y sistemas de incentivos. Las capturas o las desmovilizaciones, que también constituían resultados legítimos de la actividad militar, quedaron relegadas frente al número de bajas.

La JEP sostiene que esta dinámica favoreció las ejecuciones ilegales y su encubrimiento. No afirma que existiera una única organización criminal centralizada que dirigiera todos los asesinatos, sino que diferentes prácticas delictivas acabaron reproduciéndose en buena parte del territorio colombiano.

El papel del general retirado Mario Montoya Uribe ocupa un lugar destacado. Según la investigación, durante su etapa al frente de distintas estructuras militares, incluida la Comandancia del Ejército, impulsó mecanismos de seguimiento, competencia y presión sobre las unidades para incrementar las bajas comunicadas.

Montoya ha defendido que nunca promovió actuaciones ilegales y que sus subordinados le engañaron. Sin embargo, la Sala considera que existen elementos suficientes para sostener que conoció denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y que mantuvo las presiones para aumentar los resultados.

También se examina la actuación de Carlos Orlando Quiroga Ferreira, que ejerció como inspector general del Ejército. La JEP le atribuye no haber adoptado medidas correctoras eficaces pese a conocer irregularidades en procedimientos disciplinarios relacionados con posibles ejecuciones.

Cómo se cometían los «falsos positivos»

La investigación distingue cuatro modalidades principales de ejecución. En algunos casos, las víctimas eran señaladas previamente como integrantes o colaboradores de organizaciones armadas. En otros, eran captadas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo antes de ser asesinadas.

También se documentaron asesinatos de personas heridas, capturadas o que se encontraban fuera de combate, así como ejecuciones de civiles aprovechando el control que determinadas unidades militares ejercían sobre el territorio.

Los responsables recurrieron en numerosos episodios a alteraciones de las escenas, colocación de armas y falsificación de informes para presentar los asesinatos como enfrentamientos legítimos.

El procedimiento no solo buscaba ocultar las muertes. También convertía a las víctimas en supuestos combatientes ante las autoridades y la opinión pública, una acusación que sus familias han tenido que combatir durante años.

Más de 2.700 asesinados entre 2002 y 2008

La investigación de la JEP establece que 2007 fue el año más mortífero, con 856 personas asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Los crímenes se concentraron especialmente en departamentos como Antioquia, Casanare, Huila y Norte de Santander, además de diferentes zonas del Caribe colombiano.

La dimensión del fenómeno supera, sin embargo, el periodo de mayor intensidad. El Grupo de Análisis de la Información de la JEP ha documentado 7.961 víctimas identificadas por su nombre entre 1990 y 2016, mediante el contraste de registros oficiales, documentación de organizaciones y pruebas reunidas durante la investigación.

Esta cifra corresponde a un periodo más amplio que el de las 2.702 víctimas mortales determinadas judicialmente entre 2002 y 2008. No deben confundirse ambos recuentos.

Los acontecimientos se produjeron principalmente durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010. La investigación analiza la actuación de los responsables militares y los mecanismos institucionales que permitieron la expansión de los asesinatos, sin que esta decisión suponga una imputación penal al expresidente.

Un momento decisivo llegó en octubre de 2008, cuando salieron a la luz los asesinatos de jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar que habían sido presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.

El escándalo, junto con las investigaciones internas, desembocó en la retirada de 27 miembros del Ejército. Para la JEP, aquella decisión representó un punto de inflexión porque debilitó el sistema de presiones e impunidad que había favorecido las ejecuciones.

Qué consecuencias judiciales afrontan los diez generales

La decisión del 19 de noviembre de 2026 abre una nueva fase procesal, con consecuencias diferentes según la respuesta de los oficiales investigados.

Los siete generales llamados a reconocer responsabilidad deberán pronunciarse una vez que reciban la notificación. Si aceptan los hechos y realizan una contribución plena, detallada y exhaustiva al esclarecimiento de la verdad, la JEP podrá convocar una audiencia pública y remitir posteriormente sus casos al Tribunal para la Paz.

En ese procedimiento podrían recibir sanciones propias de la justicia transicional, que contemplan medidas restaurativas y restricciones efectivas de derechos y libertades, dentro del sistema establecido por el acuerdo de paz colombiano.

La situación de los otros tres generales es distinta. Sus expedientes han sido enviados a la Unidad de Investigación y Acusación, que deberá evaluar la formulación de acusaciones por la vía judicial adversarial.

En caso de ser declarados culpables mediante ese procedimiento, los oficiales podrían afrontar penas de hasta 20 años de prisión.

La identificación como máximos responsables no equivale, por sí sola, a una condena definitiva. La responsabilidad penal y las sanciones correspondientes deberán establecerse conforme a las garantías previstas en cada procedimiento.

Las víctimas, en el centro de una investigación histórica

La JEP ha acreditado hasta el momento a 5.164 víctimas en el Caso 03, de las cuales 3.068 son mujeres. La condición de víctima reconocida en el procedimiento comprende también a familiares y otras personas afectadas por los crímenes.

Muchas familias tuvieron que afrontar durante años la desaparición de sus allegados, la búsqueda de sus restos y las acusaciones falsas que los identificaban como miembros de organizaciones armadas.

La investigación también ha documentado amenazas, desplazamientos, pérdidas económicas y graves consecuencias personales y comunitarias derivadas de las ejecuciones.

La decisión judicial tiene una importancia que va más allá de los diez generales identificados. Después de siete años de investigación, la JEP ha terminado de reconstruir esta fase de las responsabilidades del alto mando militar en un sistema que permitió presentar miles de asesinatos como victorias contra la insurgencia.

El siguiente paso será determinar las responsabilidades individuales y las sanciones correspondientes. Para las familias, el reconocimiento judicial de los hechos representa también la posibilidad de recuperar públicamente la identidad de quienes fueron asesinados y falsamente señalados como enemigos del Estado.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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