Síguenos

Economía

Un sindicato cifra 150.000 viviendas sin uso social en Euskal Herria

El Sindicato Socialista de Vivienda denuncia 150.000 viviendas sin uso social en Euskal Herria y reclama aprovechar el parque residencial existente.

Publicado

el

viviendas sin uso social

Resumen

  • Un sindicato estima 150.000 viviendas sin uso social en Euskal Herria
  • El cálculo reúne pisos vacíos, turísticos y de grandes propietarios
  • Las categorías pueden solaparse y no equivalen a 150.000 pisos vacíos

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denuncia que alrededor de 150.000 viviendas de Euskadi y Navarra permanecen vacías, se destinan al turismo o están concentradas en manos de grandes propietarios. La organización sostiene que esta situación refleja uno de los principales problemas del mercado inmobiliario: la existencia de un importante parque residencial que, a su juicio, no responde a las necesidades habitacionales de la población.

La estimación, difundida en noviembre de 2026, engloba más de 102.000 viviendas vacías, unas 7.000 destinadas al alojamiento turístico y alrededor de 40.000 pertenecientes a propietarios con cinco o más inmuebles. El sindicato considera que estos datos cuestionan las políticas públicas centradas principalmente en construir nuevas viviendas y reclama medidas para poner el parque existente al servicio de quienes necesitan un hogar.

La denuncia cobró protagonismo durante la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, convocada en un contexto de movilizaciones contra la especulación y el encarecimiento del alquiler. El sindicato sostiene que el problema no se limita al número de viviendas construidas, sino también a su propiedad, utilización y accesibilidad económica.

Conviene distinguir, no obstante, entre la interpretación del sindicato y los datos estadísticos. Las 150.000 viviendas no constituyen un censo oficial de casas desocupadas ni representan necesariamente otros tantos inmuebles disponibles para incorporarse inmediatamente al alquiler residencial.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

De dónde salen las 150.000 viviendas denunciadas

El cálculo del Sindicato Socialista de Vivienda combina información del Instituto Nacional de Estadística (INE), registros administrativos de Euskadi y Navarra y estimaciones propias sobre la concentración de la propiedad inmobiliaria.

La categoría más numerosa es la de las viviendas vacías. Según el Censo de Población y Viviendas de 2021, Euskadi contabilizaba 69.692 inmuebles vacíos, equivalentes al 6,48 % de su parque residencial. Navarra registraba otros 32.856, un 9,92 %.

La suma de ambas comunidades asciende a 102.548 viviendas vacías. Existe una pequeña discrepancia en la información difundida por el sindicato, que sitúa el total en 102.648, cien viviendas más de las que resultan de sumar sus propios datos territoriales.

El segundo grupo corresponde a los alojamientos turísticos. La estadística experimental del INE contabilizaba 6.629 viviendas turísticas en mayo de 2026, distribuidas entre 5.072 en Euskadi y 1.557 en Navarra. La organización advierte de que esta cifra varía con la temporada y recuerda que en agosto de 2024 se registraron 7.611.

El tercer componente lo forman los inmuebles pertenecientes a grandes propietarios privados. El sindicato calcula que existen aproximadamente 40.000 viviendas bajo esta modalidad de propiedad en ambos territorios.

Estas tres categorías constituyen la base de su denuncia. Sin embargo, no son grupos necesariamente excluyentes: una vivienda turística puede pertenecer a un gran propietario, igual que una vivienda vacía. Por eso, sumarlas no permite establecer cuántos inmuebles diferentes se encuentran efectivamente fuera del mercado residencial habitual.

Los datos oficiales muestran diferencias importantes

Las cifras del INE permiten conocer la dimensión de la vivienda vacía, pero no determinan por sí solas cuántos inmuebles pueden alquilarse ni en qué condiciones.

El censo de 2021 utilizó información sobre consumo eléctrico para identificar viviendas con una utilización compatible con la desocupación. Se trata de un procedimiento estadístico, no de una inspección individual destinada a comprobar el estado de conservación o la disponibilidad de cada inmueble.

La propia Administración vasca dispone de una estadística específica que ofrece resultados diferentes. La Encuesta sobre el Uso de la Vivienda de 2023 contabilizó 43.053 viviendas deshabitadas en Euskadi, frente a las 69.692 identificadas por el INE en su censo de 2021.

Cuántas viviendas vacías podrían incorporarse al mercado

Dentro de las viviendas deshabitadas identificadas en 2023, el Gobierno Vasco consideraba que 25.450 eran potencialmente gestionables después de excluir segundas residencias, inmuebles anunciados en venta o alquiler y determinadas situaciones de ausencia temporal justificadas.

Esta distinción resulta especialmente relevante. Una vivienda clasificada como vacía puede encontrarse pendiente de una reforma, estar ubicada en un municipio con escasa demanda o permanecer temporalmente sin residentes por circunstancias personales.

Tampoco todas las viviendas desocupadas tienen las mismas posibilidades de incorporarse al alquiler asequible. Importan su ubicación, las condiciones de habitabilidad y el coste de ponerlas en funcionamiento.

La diferencia entre ambas estadísticas no demuestra necesariamente que el número de viviendas vacías haya disminuido de forma equivalente entre 2021 y 2023. Las metodologías y definiciones son distintas, y sus resultados no pueden compararse directamente.

Los grandes propietarios concentran miles de inmuebles

Otro de los principales argumentos del sindicato es la concentración de la propiedad residencial.

Según los datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco correspondientes a 2023, en Euskadi existían 1.765 propietarios privados con cinco o más viviendas, que acumulaban 22.325 inmuebles.

De ellos, 1.413 tenían entre cinco y nueve propiedades, mientras que otros 352 poseían diez o más.

En Navarra, la información administrativa facilitada al sindicato en febrero de 2026 identificaba 255 grandes propietarios privados que acumulaban aproximadamente 6.270 viviendas.

El problema, según la organización, es que el registro navarro estaba incompleto. A partir de las estimaciones sobre propietarios que deberían figurar inscritos y de la distribución de inmuebles observada en Euskadi, el sindicato calcula que Navarra podría contar con unas 17.642 viviendas en manos de grandes tenedores.

Sumadas a las de Euskadi, el resultado se aproxima a las 40.000 viviendas utilizadas en su estimación general.

No obstante, existe una diferencia fundamental entre concentración de propiedad y falta de uso residencial. Una vivienda perteneciente a una empresa inmobiliaria puede estar alquilada y constituir el domicilio habitual de una familia.

El debate sobre los grandes tenedores afecta, por tanto, tanto a la distribución de la propiedad como a las condiciones económicas del alquiler, pero su mera titularidad no acredita que un inmueble se encuentre desocupado.

La demanda de vivienda protegida continúa siendo elevada

La denuncia llega mientras numerosas familias siguen encontrando dificultades para acceder a una vivienda asequible.

En marzo de 2026, el registro público Etxebide contabilizaba 104.280 demandantes de vivienda en Euskadi. La necesidad de alquiler a precios asumibles ocupa un lugar destacado entre las solicitudes.

Un estudio presentado por el Gobierno Vasco el 2 de noviembre de 2026 ofrece otro dato significativo: el 72 % de las unidades de convivencia que siguen demandando vivienda protegida ya vive de alquiler, bien en una vivienda completa o compartiendo alojamiento.

Entre las unidades de convivencia emancipadas que solicitan alquiler protegido, el esfuerzo económico medio para pagar una vivienda completa alcanza el 44,1 % de sus ingresos. El informe también señala que el 28,5 % de las unidades inscritas comparte vivienda.

Estas cifras muestran que el problema no afecta exclusivamente a quienes buscan emanciparse por primera vez. También alcanza a hogares que ya viven de alquiler, pero que necesitan una alternativa más asequible y estable.

Disponer de viviendas construidas no garantiza automáticamente que estas puedan satisfacer la demanda. El precio, la localización y las condiciones de acceso determinan hasta qué punto el parque residencial existente constituye una solución real.

Expropiaciones, alquiler social y medidas para movilizar viviendas

El Sindicato Socialista de Vivienda reclama una intervención mucho más profunda de las administraciones.

Entre sus propuestas figuran la expropiación de inmuebles a propietarios que considera especuladores, sin compensación económica, la prohibición de las prácticas especulativas y una planificación residencial orientada a las necesidades sociales.

Son reivindicaciones políticas de la organización, no medidas aprobadas por las instituciones. Su aplicación tendría implicaciones jurídicas y económicas que deben distinguirse de los mecanismos actualmente establecidos para movilizar viviendas desocupadas.

El Gobierno Vasco apuesta por instrumentos como Bizigune, que permite incorporar viviendas privadas al alquiler protegido mediante acuerdos con sus propietarios, así como por incentivos y medidas fiscales contra la desocupación injustificada.

Navarra también ha ampliado sus actuaciones. El 18 de noviembre de 2026, el Gobierno foral autorizó destinar 400.000 euros a ayudas para 2027 dirigidas a acondicionar viviendas que posteriormente se incorporen a la bolsa pública de alquiler, el doble de los 200.000 euros previstos para 2026.

La Administración navarra señala que los problemas de habitabilidad o la necesidad de rehabilitaciones profundas explican que no se alquilen viviendas en casi la mitad de los casos analizados. Su bolsa pública de alquiler cerró el primer semestre de 2026 con 1.163 viviendas, un 7 % más que el año anterior.

Las distintas propuestas reflejan enfoques diferentes: desde los incentivos económicos y la rehabilitación hasta la intervención obligatoria sobre propiedades declaradas deshabitadas conforme a la legislación aplicable.

El uso de las viviendas abre un debate más amplio

La denuncia de las 150.000 viviendas pone el foco en una cuestión que va más allá de la construcción de nuevos edificios: cómo se utiliza el parque residencial existente y quién puede acceder a él.

La estimación del Sindicato Socialista de Vivienda reúne datos reales y cálculos propios, pero presenta limitaciones que impiden interpretar todas esas propiedades como viviendas vacías o inmediatamente disponibles.

Los registros oficiales confirman, en cualquier caso, la existencia de decenas de miles de inmuebles desocupados y de una demanda importante de vivienda protegida. También muestran que no todos esos inmuebles pueden movilizarse en las mismas condiciones.

El desafío para Euskadi y Navarra consiste en determinar qué parte de ese parque puede destinarse efectivamente al alquiler residencial, dónde se encuentra y qué medidas resultarían necesarias para hacerlo accesible.

Porque contar viviendas no es lo mismo que garantizar hogares. Y la diferencia importa especialmente cuando el precio del alquiler continúa condicionando las posibilidades de emancipación y la estabilidad económica de miles de familias.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído