España
Violencia machista en España: 45 asesinadas y ocho órdenes incumplidas
España suma 45 víctimas mortales de la violencia machista en 2026, con ocho órdenes de alejamiento incumplidas y un crimen pendiente de confirmar.
Resumen
- España registra 45 víctimas confirmadas y estudia un posible caso más
- Ocho víctimas tenían órdenes de alejamiento vigentes al ser asesinadas
- En 25 casos, el agresor era una expareja o una pareja en separación
España vuelve a enfrentarse a sus propias contradicciones en la lucha contra la violencia machista. El asesinato de María Jesús, de 47 años, ocurrido el 18 de noviembre en Parla (Madrid), elevaría a 46 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2026, una vez que el Ministerio de Igualdad confirme oficialmente el caso. El último balance confirmado, a 20 de noviembre, recoge 45 víctimas mortales.
De esas 45 mujeres, 32 no habían denunciado previamente a sus agresores, 13 contaban con denuncias anteriores y ocho disponían de medidas de alejamiento vigentes que fueron quebrantadas. En 25 casos, el presunto asesino era una expareja o una pareja en proceso de separación.
Los datos dibujan dos grandes problemas: la dificultad para detectar la violencia antes de que llegue a los tribunales y la insuficiencia de determinadas medidas de protección cuando el peligro es conocido por las autoridades.
España dispone de legislación específica, juzgados especializados, sistemas policiales de seguimiento, dispositivos telemáticos y servicios de atención a las víctimas. Pese a ello, desde 2003 han sido asesinadas oficialmente 1.386 mujeres por sus parejas o exparejas.
El problema no es únicamente legislativo. Es también policial, judicial, asistencial, económico y cultural.
Las cifras de la violencia machista en España en 2026
El balance oficial de las 45 víctimas confirmadas permite identificar varias circunstancias especialmente preocupantes.
El 71,1 % de las mujeres asesinadas no contaba con denuncias previas. El 28,9 % restante había llegado, de una manera u otra, al conocimiento de las autoridades judiciales.
En 11 casos se habían solicitado medidas de alejamiento. Diez mujeres las obtuvieron y ocho seguían protegidas formalmente por ellas cuando fueron asesinadas.
En cuanto a la relación sentimental, el 55,6 % de los crímenes se produjo en el contexto de una separación o de una relación terminada. En otros 20 casos, el agresor era la pareja de la víctima.
Andalucía encabeza el balance territorial con 12 mujeres asesinadas, seguida de la Comunidad Valenciana y Madrid, con seis respectivamente, Cataluña, con cuatro, y Castilla-La Mancha, con tres.
Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 21 y los 88 años. El 64,4 % había nacido en España, idéntico porcentaje al registrado entre los presuntos agresores.
La violencia machista también ha dejado 37 menores huérfanos y tres menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres durante 2026.
Las víctimas de la violencia machista de 2026, una a una
Detrás de las estadísticas hay mujeres con circunstancias familiares, profesionales y personales muy diferentes. Algunas habían denunciado, otras intentaban rehacer su vida y varias estaban integradas en los sistemas oficiales de protección.
El repaso de los casos permite identificar situaciones que se repiten, aunque no todos los expedientes judiciales y policiales son públicos.
De enero a marzo: denuncias y antecedentes que no evitaron los crímenes
Pilar, de 38 años, fue asesinada el 4 de enero en Quesada (Jaén). Su expareja tenía antecedentes por maltrato y una orden de alejamiento.
Czarina, de 43 años, fue asesinada el 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria. Había denunciado anteriormente a su marido y el procedimiento había sido archivado.
María Isabel, de 58 años, fue asesinada el 11 de enero en Olvera (Cádiz). No constaban denuncias anteriores contra su marido.
María del Carmen, de 78 años, falleció el 12 de enero en Badajoz como consecuencia de una agresión atribuida a su marido. No existían denuncias previas.
Victoria, de 33 años, fue asesinada el 24 de enero en Alhaurín el Grande (Málaga). Figuraba en VioGén con riesgo bajo y tenía una orden de alejamiento.
María Belén, de 52 años, fue asesinada el 1 de febrero en Mos (Pontevedra) tras separarse de su pareja.
Ana María, de 64 años, enfermera, fue asesinada el 16 de febrero en Benicàssim (Castellón) por su expareja.
María José, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, fueron asesinadas el 17 de febrero en Xilxes (Castellón). Existía una orden de alejamiento y el riesgo había sido evaluado como medio.
Petronila, de 36 años, fue asesinada el 18 de febrero en Madrid. Constaban denuncias previas contra su expareja.
Tatiana, de 28 años, fue asesinada el 20 de febrero en Sarriguren (Navarra). Tenía cuatro hijos y estaba separándose de su marido.
Dolores, de 58 años, fue asesinada el 10 de marzo en Miranda de Ebro (Burgos). Su expareja acumulaba antecedentes por delitos violentos.
Mercedes, de 64 años, fue asesinada el 14 de marzo en Pedreña (Cantabria). Su pareja había sido condenada por maltratar a otras dos mujeres.
María Paloma, de 53 años, murió el 17 de enero en Huesca. El crimen fue confirmado en marzo, después de que su fallecimiento se investigara inicialmente como un posible suicidio.
María Isabel, de 58 años, falleció el 17 de marzo en Tortosa (Tarragona) como consecuencia de las lesiones sufridas en una agresión de su pareja.
Silvia, de 42 años, fue asesinada el 21 de marzo en Zaragoza por un hombre con el que había mantenido una relación sentimental.
Cristina, de 35 años, desapareció el 31 de marzo en Málaga. Su asesinato fue esclarecido en julio. Tanto ella como su pareja habían figurado anteriormente en VioGén por relaciones diferentes.
De abril a julio: separaciones, reincidencia y violencia familiar
Tulia Ester, de 64 años, fue asesinada el 13 de abril en Córdoba. Había denunciado a su exmarido, tenía una orden de alejamiento y estaba clasificada con riesgo medio.
Melissa, de 43 años, fue asesinada el 23 de abril en Seseña (Toledo). Había denunciado malos tratos y constaban antecedentes de quebrantamiento de una orden de alejamiento.
Gema, de 57 años, fue asesinada el 6 de mayo en Santa Úrsula (Tenerife), apenas dos semanas después de separarse.
Karen Giovanna, de 21 años, fue asesinada el 9 de mayo en Madrid. Su pareja tenía denuncias previas por maltrato.
Marisol, asesinada el 16 de mayo en Dolores (Alicante), murió en un crimen de violencia machista cometido presuntamente por su marido, guardia civil.
Saida, de 44 años, fue asesinada el 16 de mayo en Arguedas (Navarra) por su marido.
Kim, una mujer trans, fue asesinada el 19 de mayo en Figueres (Girona). Su expareja tenía antecedentes y había incumplido medidas de alejamiento.
Patricia, de 48 años, fue asesinada el 2 de junio en Callosa de Segura (Alicante). Su pareja había sido denunciada por otras exparejas.
Vicky, de 51 años, fue asesinada el 5 de junio en Málaga. No constaban denuncias previas.
Ana, de 44 años, fue asesinada el 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tenía un hijo menor de edad.
María Lourdes fue asesinada el 2 de julio en Alicante, junto a su hija Lucía, de 20 años. El principal investigado era su marido.
María, de 61 años, fue asesinada el 7 de julio en Mijas (Málaga), junto a su hija Patricia, de 31 años.
Aisha, de 31 años, falleció el 17 de julio después de permanecer varios meses hospitalizada. Había manifestado su intención de separarse.
María, de 29 años, fue asesinada el 20 de julio en Antequera (Málaga). Existían denuncias previas contra su exmarido.
Rossana Katherine, de 45 años, fue asesinada el 21 de julio en Alameda de la Sagra (Toledo). Era madre de cuatro hijos.
Melinda, de 45 años, fue asesinada el 21 de julio en Benahavís (Málaga). Su expediente en VioGén se encontraba inactivo.
Camila, asesinada el 28 de julio en Barcelona, tenía dos hijos menores. No existían denuncias previas.
Paula, de 27 años, fue asesinada el 31 de julio en Santander. Era profesora de inglés, voluntaria de Cruz Roja e impartía actividades de prevención de la violencia machista.
De agosto a noviembre: la violencia machista no da tregua
Laura, de 50 años, guardia civil, fue asesinada el 5 de agosto en Llanes (Asturias) por su exmarido, también agente del cuerpo.
Gloria, de 38 años, fue asesinada el 5 de agosto en Murcia. Su expareja había sido condenada por malos tratos y tenía una orden de alejamiento vigente.
Hortensia, de 88 años, fue asesinada el 11 de septiembre en San Sebastián de los Reyes (Madrid). No constaban denuncias previas.
Cristina, de 34 años, fue asesinada el 19 de septiembre en Leganés (Madrid).
Ieva, de 35 años, falleció el 21 de septiembre en Málaga como consecuencia de una agresión de su pareja. Tenía dos hijos menores.
Vanessa, de 47 años, fue asesinada el 26 de septiembre en La Campana (Sevilla). Había recibido anteriormente asistencia por violencia de género en otra relación.
Meriane, de 33 años, fue asesinada el 27 de septiembre en Benidorm (Alicante).
Luisa Girgiana, de 37 años, fue asesinada el 8 de octubre en Valverde de Júcar (Cuenca). Era madre de dos niñas.
Gloria, de 52 años, fue asesinada el 20 de octubre en Carabanchel (Madrid). No constaban denuncias previas.
Nadia, de 38 años, fue asesinada el 28 de octubre en Barcelona. Tenía tres hijos menores de edad.
Covadonga Patricia, de 30 años, fue asesinada el 12 de noviembre en Gijón (Asturias). Su expareja tenía una orden de alejamiento.
María Jesús, de 47 años, fue asesinada el 18 de noviembre en Parla (Madrid). No existían denuncias previas contra su pareja. Su incorporación al balance oficial elevaría a 46 el número de víctimas mortales de 2026.
Por qué siguen fallando la justicia y los sistemas de protección
El incumplimiento de las órdenes de alejamiento representa uno de los principales problemas. Una resolución judicial establece una prohibición y permite actuar penalmente contra quien la incumple, pero no constituye por sí misma una barrera física entre el agresor y la víctima.
Los casos de Pilar, Victoria, María José, Tulia Ester, Kim, Gloria y Covadonga Patricia muestran las consecuencias que puede tener esa distancia entre la protección jurídica y la protección efectiva.
También resulta preocupante la presencia de víctimas clasificadas con riesgo bajo o medio que terminaron siendo asesinadas.
El sistema VioGén, renovado en 2025, permite evaluar el peligro y adaptar las medidas policiales a las circunstancias de cada caso. Sin embargo, ningún modelo de evaluación puede predecir con absoluta certeza el comportamiento futuro de un agresor.
El problema surge cuando una valoración favorable genera una falsa sensación de seguridad o cuando no se actualiza suficientemente ante nuevos episodios de acoso, amenazas, separaciones o incumplimientos.
Otro aspecto crítico es el seguimiento de los maltratadores reincidentes. Los casos de Mercedes y Patricia evidencian la importancia de considerar el historial de violencia de un hombre en sus anteriores relaciones sentimentales.
Que una nueva pareja no haya presentado una denuncia no convierte automáticamente al agresor en una persona sin riesgo.
Entre abril y junio de 2026, los órganos judiciales españoles registraron 55.712 denuncias por violencia de género, un 9,81 % más que durante el mismo trimestre de 2025.
En ese periodo se solicitaron 12.143 órdenes de protección, de las cuales se concedieron 8.389, aproximadamente el 69 %.
No todas las denegaciones constituyen un error judicial. Cada resolución depende de las circunstancias, las pruebas y los requisitos legales. Pero los asesinatos posteriores obligan a investigar si se evaluó adecuadamente el peligro, si existieron problemas de coordinación y si podían haberse adoptado otras medidas.
La responsabilidad penal corresponde al agresor. La posible responsabilidad institucional debe determinarse individualmente, mediante el examen de cada expediente.
Los patrones que se repiten antes de los asesinatos
La separación constituye uno de los factores de riesgo más relevantes. En más de la mitad de los asesinatos confirmados durante 2026, la relación sentimental había terminado o estaba en proceso de ruptura.
La decisión de abandonar una relación violenta puede provocar una intensificación del acoso y las amenazas por parte del maltratador. La mujer intenta recuperar su autonomía mientras el agresor trata de conservar el control sobre ella.
Ese control no siempre adopta inicialmente la forma de una agresión física. Puede comenzar con restricciones económicas, vigilancia del teléfono móvil, aislamiento de amistades y familiares, amenazas relacionadas con los hijos o una supervisión constante de las actividades cotidianas.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 señala que el 25,1 % de las mujeres residentes en España ha sufrido violencia psicológica de control por parte de alguna pareja a lo largo de su vida.
El 20,9 % ha experimentado violencia psicológica emocional, el 11,7 % violencia económica y el 12,7 % violencia física o sexual.
Entre quienes habían sufrido agresiones físicas o sexuales por parte de alguna pareja, únicamente el 26,3 % de los casos había llegado a denunciarse.
El miedo a las represalias, la dependencia económica, la falta de alternativas residenciales, la preocupación por los hijos y la normalización progresiva del maltrato dificultan la salida de estas relaciones.
No denunciar no significa consentir. Tampoco significa que no exista peligro.
Otro elemento preocupante es que diez de los 45 presuntos agresores se suicidaron después del crimen. Esta circunstancia evidencia que el endurecimiento de las penas, aunque pueda formar parte del debate legislativo, no constituye por sí solo una estrategia suficiente de prevención.
Prevenir la violencia antes de que llegue al juzgado
La lucha contra la violencia machista exige reforzar la detección temprana desde los centros sanitarios, los servicios sociales, los centros educativos y los propios entornos laborales.
También requiere mejorar las valoraciones policiales, revisar los expedientes inactivos cuando aparezcan nuevos indicios de peligro, controlar los quebrantamientos y extender los dispositivos telemáticos cuando las circunstancias lo justifiquen.
Los antecedentes de violencia contra parejas anteriores deberían ocupar un lugar especialmente relevante en la evaluación de los agresores reincidentes.
En agosto de 2026, el Ministerio de Igualdad activó un sistema de seguimiento de 74 recomendaciones elaboradas en los comités de crisis sobre asesinatos machistas. Entre ellas figuran mejoras en la coordinación institucional y en la detección de situaciones de especial vulnerabilidad.
Su eficacia dependerá de su aplicación real y de los recursos disponibles. Aprobar protocolos es relativamente sencillo. Garantizar que funcionen requiere personal especializado, financiación, supervisión y una evaluación constante de los resultados.
La independencia económica de las víctimas, el acceso a una vivienda segura, la asistencia psicológica y la protección de los menores también resultan imprescindibles.
España ha desarrollado importantes instrumentos contra la violencia de género durante las últimas dos décadas. Reconocer esos avances no obliga a ignorar sus deficiencias.
Las mujeres asesinadas en 2026 muestran que todavía quedan demasiadas situaciones de violencia sin detectar y demasiadas medidas de protección que no consiguen impedir el crimen. La respuesta institucional no puede empezar y terminar con una denuncia, una resolución judicial y un minuto de silencio.
El teléfono 016 ofrece atención gratuita y confidencial durante las 24 horas. También está disponible mediante WhatsApp en el 600 000 016. Ante una situación de peligro inmediato, debe llamarse al 112.
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