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Myanmar, primer Estado condenado por genocidio contra los rohinyás
La Corte Internacional de Justicia condena a Myanmar por genocidio contra los rohinyás y ordena reparar los daños en una sentencia sin precedentes.
Foto: Aung Naing Soe (VOA) / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- Myanmar es el primer Estado condenado por cometer un genocidio
- Al menos 10.000 rohinyás murieron durante la ofensiva militar de 2017
- La sentencia exige indemnizaciones y el regreso seguro de los refugiados
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha declarado a Myanmar responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017. La sentencia, dictada el 19 de noviembre de 2026 en La Haya, convierte al país asiático en el primer Estado declarado directamente responsable de genocidio por el máximo tribunal de las Naciones Unidas.
El fallo, aprobado por nueve votos a favor y seis en contra, obliga a Myanmar, también conocido como Birmania, a indemnizar a las víctimas, castigar a los responsables y garantizar el regreso seguro de los refugiados. Su fundamentación jurídica podría tener importantes repercusiones en otros procedimientos internacionales, incluido el abierto contra Israel por su actuación en Gaza.
El Gobierno birmano ha rechazado este viernes la sentencia, cuya imparcialidad cuestiona. Sin embargo, la resolución es vinculante, definitiva y no admite recurso.
Una condena sin precedentes en la justicia internacional
Desde la aprobación de la Convención contra el Genocidio de 1948, ningún Estado había sido declarado directamente responsable de cometer este crimen por la Corte Internacional de Justicia.
La distinción es importante. En 2007, el tribunal reconoció el genocidio de Srebrenica, pero determinó que Serbia había incumplido su obligación de prevenirlo y castigar a los responsables, sin atribuirle directamente su ejecución.
En el caso de Myanmar, los magistrados han ido más lejos. Consideran probado que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin.
Los asesinatos, la violencia sexual, la destrucción sistemática de poblaciones y los ataques contra menores constituyen elementos fundamentales de la sentencia.
El genocidio de los rohinyás de 2017
La ofensiva militar emprendida en agosto de 2017 provocó la muerte de al menos 10.000 rohinyás y obligó a más de 700.000 personas a refugiarse en el vecino Bangladés.
El Ejército birmano justificó entonces su intervención como una operación contra grupos insurgentes. La magnitud de la violencia ejercida contra la población civil y su carácter sistemático han llevado al tribunal a rechazar esa explicación como justificación del conjunto de los hechos.
Una minoría privada de ciudadanía
Los rohinyás son una comunidad étnica mayoritariamente musulmana asentada históricamente en el oeste de Myanmar, un país de mayoría budista.
La legislación sobre nacionalidad aprobada en 1982 dejó a gran parte de esta población en situación de apatridia, sin reconocimiento efectivo de su ciudadanía y sometida a graves restricciones de movilidad y acceso a servicios básicos.
Actualmente, alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinyás viven en Bangladés, principalmente en los campamentos del distrito de Cox’s Bazar. Muchos llevan allí nueve años.
Gambia, el país que llevó a Myanmar ante La Haya
La demanda fue presentada en noviembre de 2019 por Gambia, un pequeño país de África occidental que actuó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica.
Myanmar intentó cuestionar la legitimidad del demandante, pero la Corte estableció en 2022 que cualquier Estado parte de la Convención contra el Genocidio puede exigir su cumplimiento, aunque no haya sufrido directamente las consecuencias del crimen.
Este principio refuerza la capacidad de los países para exigir responsabilidades internacionales por atrocidades cometidas fuera de sus fronteras.
Las reparaciones que deberá afrontar Myanmar
La sentencia obliga al Estado birmano a facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los rohinyás desplazados, favorecer la reunificación familiar y compensar económicamente los daños que no puedan repararse mediante la restitución.
También deberá investigar y perseguir judicialmente a los responsables, adoptar medidas legislativas adecuadas y ofrecer garantías de que los hechos no volverán a repetirse.
Myanmar dispone de un plazo de dos años, hasta noviembre de 2028, para presentar al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas y las indemnizaciones previstas. La cuantía definitiva de las reparaciones económicas se determinará en una fase posterior del procedimiento.
Las consecuencias del fallo para Israel y otros países
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es cómo los magistrados han acreditado la intención genocida, uno de los requisitos más difíciles de demostrar jurídicamente.
El tribunal ha valorado conjuntamente el contexto de persecución, la selección de las víctimas y el carácter sistemático de los crímenes para establecer que existía una voluntad de destruir parcialmente al grupo protegido.
Este razonamiento podría influir en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023 por presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio en Gaza.
Israel rechaza esas acusaciones. La sentencia contra Myanmar no determina el resultado de aquel procedimiento, que deberá resolverse atendiendo a sus propias pruebas y circunstancias.
El difícil regreso de los refugiados rohinyás
La victoria judicial no garantiza que las víctimas puedan regresar inmediatamente a sus hogares. Myanmar continúa inmerso en un conflicto armado agravado por el golpe militar de febrero de 2021.
El general Min Aung Hlaing, actual presidente del país, era precisamente el jefe del Ejército cuando se produjo la ofensiva de 2017.
La Corte Internacional de Justicia carece de mecanismos propios para imponer por la fuerza sus resoluciones. Ante un eventual incumplimiento, Gambia podría recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde las diferencias entre las grandes potencias complican cualquier actuación.
Para los rohinyás, la sentencia supone el reconocimiento internacional de décadas de persecución. Pero la verdadera dimensión de esta victoria dependerá de que puedan recuperar sus derechos, abandonar los campos de refugiados y regresar a su tierra sin temor a sufrir nuevas atrocidades.
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