Economía
Tenerife: la crisis del alquiler empuja a ocupar hoteles abandonados
Vecinos de Tenerife ocupan hoteles y edificios abandonados ante la crisis del alquiler. Los altos precios y la falta de pisos agravan el problema.
Resumen
- Vecinos de Tenerife ocupan hoteles abandonados ante la crisis del alquiler
- El alquiler anunciado alcanza una media de 15,32 euros por metro cuadrado
- Avanzan nuevas viviendas sociales, pero las obras aún no alivian la crisis
La crisis de vivienda en Tenerife ha llegado a un extremo que ya trasciende las dificultades habituales para encontrar un piso asequible. Residentes de la isla están ocupando hoteles abandonados, edificios sin terminar y viviendas vacías porque no pueden afrontar los precios del alquiler. Un reportaje publicado el 18 de noviembre por la televisión pública alemana Deutsche Welle (DW) muestra hasta qué punto la presión inmobiliaria está transformando la vida cotidiana de quienes residen en uno de los principales destinos turísticos de España.
La investigación retrata una situación especialmente preocupante: mientras millones de visitantes disfrutan cada año de las playas y los complejos hoteleros, parte de la población local encuentra cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna. Según DW, el alquiler medio en Tenerife se ha más que duplicado en cinco años, en un mercado donde numerosos propietarios consideran más rentable ofrecer sus inmuebles a turistas que destinarlos al alquiler residencial.
El problema va más allá de los precios. La escasez de alternativas asequibles ha favorecido la ocupación de inmuebles deshabitados, algunos sin servicios básicos, mientras aparecen redes que aprovechan esa situación para realquilar ilegalmente propiedades ajenas. El resultado es una crisis que perjudica tanto a las familias sin vivienda como a los propietarios afectados por estas prácticas.
Hoteles abandonados y edificios sin terminar convertidos en viviendas
El reportaje de DW, titulado Sin hogar en el paraíso: cómo el turismo agrava la crisis de vivienda en Tenerife, documenta una realidad poco compatible con la imagen turística de la isla. Hay personas que han encontrado refugio en instalaciones hoteleras cerradas, construcciones inacabadas y edificios que llevan años sin utilizarse.
No se trata necesariamente de alojamientos habitables. Algunos carecen de electricidad, agua corriente o condiciones adecuadas de seguridad, lo que convierte la solución improvisada en otro problema. La ocupación proporciona un techo, pero no garantiza una vivienda en condiciones.
La situación también refleja las dificultades de acceso al mercado convencional. Cuando los ingresos no permiten pagar un alquiler y las alternativas públicas son insuficientes, determinadas familias terminan recurriendo a espacios que originalmente no estaban destinados a residencia permanente.
En Santa Cruz de Tenerife, varias personas han llegado a acampar frente a la sede del Cabildo insular para reclamar soluciones. La protesta pone de manifiesto el malestar acumulado ante una emergencia habitacional que no se limita a los municipios más turísticos del sur.
La ocupación ilegal también alimenta un negocio clandestino
DW identifica otra consecuencia de la crisis: la aparición de redes dedicadas a localizar inmuebles vacíos para realquilarlos ilegalmente a personas necesitadas de alojamiento.
Esta actividad introduce una diferencia fundamental entre quienes ocupan un inmueble por necesidad y quienes obtienen beneficios económicos mediante la utilización de propiedades ajenas.
Para los propietarios, las consecuencias pueden prolongarse durante años. Algunos continúan afrontando hipotecas, impuestos y otros gastos mientras intentan recuperar sus inmuebles por la vía judicial. Otros terminan recurriendo a empresas privadas de desocupación.
La crisis, por tanto, no admite una división sencilla entre propietarios e inquilinos. Existen familias que no encuentran alojamiento, propietarios afectados por ocupaciones y organizaciones que se aprovechan de ambos. Confundir estas situaciones dificulta comprender el problema y encontrar respuestas proporcionadas.
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Tenerife en 2026
Los últimos indicadores inmobiliarios permiten dimensionar la presión sobre el mercado residencial.
Según los datos de Fotocasa correspondientes a octubre de 2026, el precio medio anunciado del alquiler en Tenerife alcanzó los 15,32 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 4,3 %.
Aplicando esa media, una vivienda de 70 metros cuadrados supondría aproximadamente 1.072 euros mensuales, sin incluir suministros ni otros gastos.
La situación presenta diferencias importantes entre municipios. En Santa Cruz de Tenerife, el portal Idealista situaba el alquiler en 14,2 euros por metro cuadrado en octubre, un 8 % más que un año antes. En el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que también incluye otras islas, el indicador alcanzaba los 15,3 euros.
Estas cifras reflejan precios de oferta, no necesariamente las cantidades que pagan todos los inquilinos con contratos vigentes. También conviene distinguirlas de la evolución acumulada durante cinco años que recoge DW, elaborada sobre un periodo y una referencia diferentes.
El efecto sobre los hogares depende, sobre todo, de sus ingresos. Una vivienda que cuesta más de 1.000 euros mensuales puede resultar inaccesible para una persona con un salario modesto, especialmente si necesita pagar transporte, alimentación y suministros.
Y el problema no termina al encontrar un piso. Los requisitos de solvencia, las garantías económicas y la competencia entre potenciales inquilinos pueden convertirse en obstáculos adicionales cuando la oferta disponible es reducida.
El alquiler vacacional y los millones de turistas que recibe Tenerife
El turismo constituye uno de los motores económicos de Tenerife, pero su relación con el mercado residencial se ha convertido en un asunto central del debate público.
Según el balance turístico insular, Tenerife recibió 7.561.659 turistas extranjeros y residentes en la Península durante 2025, un 2,4 % más que el año anterior. Más de 6,6 millones procedían del extranjero.
La actividad genera empleo, ingresos empresariales y recaudación fiscal. Sin embargo, una parte de su crecimiento también incrementa la demanda de alojamiento y puede incentivar que viviendas inicialmente destinadas a residentes pasen a comercializarse mediante estancias de corta duración.
Los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) muestran la dimensión de este mercado. En septiembre de 2026 había 46.711 viviendas vacacionales disponibles en plataformas digitales en Canarias, de las cuales aproximadamente el 41 % se encontraba en Tenerife.
Esto equivale a alrededor de 19.100 alojamientos turísticos comercializados en la isla. Conviene precisar que no todos representarían necesariamente viviendas disponibles para alquiler residencial en ausencia de actividad turística.
El número total de viviendas vacacionales ofertadas en Canarias había disminuido un 1 % respecto a septiembre de 2025, según el ISTAC. Esa reducción, sin embargo, no implica automáticamente que los inmuebles retirados de las plataformas hayan pasado al mercado del alquiler habitual.
La presión turística tampoco explica por sí sola toda la crisis. Influyen la escasez de vivienda asequible, la insuficiencia histórica del parque público, los costes de construcción y los desequilibrios entre los salarios y los precios inmobiliarios.
El resultado es una contradicción difícil de ignorar: una isla capaz de alojar a millones de visitantes mantiene importantes dificultades para garantizar el acceso a la vivienda de parte de su propia población.
Vivienda pública en Tenerife: nuevas obras tras años de escasez
La falta de vivienda social constituye otro de los grandes problemas señalados por el documental alemán, que denuncia un prolongado periodo sin nuevas construcciones de este tipo.
No obstante, es necesario distinguir entre viviendas terminadas y promociones que se encuentran actualmente en desarrollo.
En septiembre de 2026, el Cabildo de Tenerife anunció el inicio de las obras de 104 viviendas destinadas al alquiler social en Los Realejos, Güímar y Granadilla de Abona.
Las actuaciones contemplan 27 viviendas en Los Realejos, 30 en Güímar y 47 en Granadilla, con una inversión conjunta superior a 21,1 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsaron durante 2026 un acuerdo para desarrollar 263 viviendas públicas en la capital.
El Ejecutivo autonómico comunicó en febrero que tenía más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases de tramitación o ejecución en Tenerife, incluyendo más de 700 en construcción, más de 300 planificadas y más de 30 adquiridas.
Son actuaciones relevantes, aunque una vivienda proyectada o en construcción todavía no puede alojar a una familia. La emergencia actual exige distinguir los compromisos presupuestarios y el inicio de obras de la disponibilidad efectiva de pisos asequibles.
El desafío es doble: aumentar el parque público y conseguir que las promociones lleguen a quienes las necesitan en plazos razonables.
Canarias endurece la regulación de las viviendas turísticas
La respuesta institucional también pasa por ordenar el alquiler vacacional y establecer límites a su expansión en zonas residenciales.
Canarias aprobó la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que vincula la posibilidad de desarrollar esta actividad a la planificación urbanística y establece condiciones para compatibilizarla con el uso residencial.
El 9 de noviembre de 2026, el Gobierno autonómico anunció nuevas modificaciones para precisar los requisitos técnicos exigibles a los alojamientos turísticos y reforzar las labores de comprobación e inspección.
La regulación contempla obligaciones relacionadas con la seguridad, la documentación urbanística y la adecuación de los inmuebles. También amplía hasta finales de 2027 determinados plazos de regularización administrativa para actividades ya existentes.
En Santa Cruz de Tenerife, la Gerencia Municipal de Urbanismo señala que la implantación de nuevas viviendas vacacionales está condicionada a que el planeamiento municipal habilite ese uso, con las particularidades y excepciones previstas en la legislación.
Estas medidas buscan mejorar el control de una actividad económica que tiene una presencia considerable en el archipiélago. Su capacidad para aliviar el mercado residencial dependerá de la aplicación efectiva de las normas, la vigilancia administrativa y la evolución de la oferta.
Regular los alojamientos turísticos puede formar parte de la solución, pero no sustituye la necesidad de construir viviendas asequibles, rehabilitar inmuebles y ampliar las alternativas de alquiler de larga duración.
Una isla que atrae visitantes y pierde vivienda asequible
El reportaje de Deutsche Welle vuelve a situar la crisis habitacional de Tenerife bajo la atención internacional. Lo hace mostrando su consecuencia más visible: personas que terminan viviendo en hoteles abandonados o construcciones sin terminar mientras una parte importante del mercado inmobiliario responde a la demanda turística.
La situación pone de manifiesto un desequilibrio que afecta a la convivencia, al acceso a la vivienda y al propio funcionamiento de la economía insular. Incluso los sectores vinculados al turismo necesitan trabajadores que puedan residir a una distancia razonable de sus empleos.
El desafío de Tenerife no consiste en elegir entre turismo y residentes, sino en conseguir que la actividad turística pueda convivir con un mercado de vivienda accesible para la población local.
Las nuevas promociones públicas y la regulación del alquiler vacacional representan intentos de corregir ese desequilibrio. Sus resultados, sin embargo, no serán inmediatos.
Mientras tanto, la realidad que recoge la televisión alemana plantea una cuestión de fondo: el éxito turístico de un territorio pierde parte de su sentido cuando quienes trabajan y viven en él encuentran cada vez más dificultades para disponer de algo tan elemental como una casa.
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