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España

Sánchez exige a Ayuso anular la orden de neutralidad docente en Madrid

Sánchez reclama a Ayuso retirar las instrucciones de neutralidad docente en plena huelga de profesores y con un recurso judicial en preparación.

anular la orden de neutralidad docente

Resumen

  • Sánchez anuncia un requerimiento para retirar la orden de neutralidad docente
  • Madrid limita el uso de aulas y medios oficiales para promover la huelga
  • Sindicatos y familias rechazan la medida y anuncian acciones judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo, 22 de noviembre, que el Ejecutivo enviará un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para exigir la retirada de las instrucciones sobre neutralidad docente aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La medida llega en plena huelga del profesorado madrileño y después de que la Consejería de Educación ordenara a los centros públicos impedir determinadas manifestaciones de apoyo a las protestas en las aulas y los canales institucionales.

Sánchez considera que las directrices atentan contra los derechos del profesorado y ha comparado el sistema de comunicación de incidencias establecido por la Administración autonómica con los mecanismos de censura utilizados durante el franquismo. El enfrentamiento ya no se limita a las condiciones laborales de los docentes: ahora afecta también a la libertad de expresión, la actividad sindical y los límites de la neutralidad ideológica en la enseñanza pública.

El anuncio supone una nueva intervención del Gobierno central en un conflicto educativo que comenzó el 14 de octubre, cuando los profesores madrileños iniciaron una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales, menos horas lectivas y una reducción del número de alumnos por clase.

La polémica se ha intensificado durante los últimos días. Sindicatos, equipos directivos y asociaciones de familias han rechazado las instrucciones de la Consejería de Educación, mientras el Ejecutivo autonómico defiende que su finalidad es proteger al alumnado frente al adoctrinamiento y garantizar que los centros públicos mantengan su imparcialidad.

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Sánchez compara las instrucciones de Ayuso con la censura franquista

El presidente del Gobierno ha hecho público su anuncio mediante un mensaje en la red social X acompañado de dos imágenes. Una corresponde a un documento utilizado durante la dictadura franquista para denunciar conductas ideológicas; la otra muestra el formulario elaborado por la Comunidad de Madrid para comunicar posibles incumplimientos del deber de neutralidad en los centros educativos.

Sánchez ha establecido una comparación directa entre ambos documentos y ha calificado la iniciativa madrileña como «la represión volviendo a nuestras vidas». También ha defendido que su denuncia no constituye una exageración.

La comparación es una valoración política del presidente, no una equiparación jurídica establecida por los tribunales. Sin embargo, pone el foco sobre uno de los elementos más discutidos de las instrucciones: la obligación de los equipos directivos de comunicar determinadas actuaciones del personal docente a la Administración educativa.

El Gobierno pretende que Madrid revoque las instrucciones, aunque el anuncio de Sánchez no implica su suspensión automática. La comunidad autónoma conserva sus competencias educativas y cualquier controversia sobre la legalidad de las medidas deberá resolverse por los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes.

Qué prohíben las instrucciones de neutralidad docente de Madrid

Las directrices, elaboradas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, se aplican a los centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad de Madrid. Su objetivo declarado es impedir que la actividad educativa se utilice para promover posiciones políticas, ideológicas o sindicales ante los estudiantes.

El documento establece que los docentes no pueden aprovechar las clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para conseguir el apoyo de los alumnos a una determinada posición en un conflicto. Tampoco pueden animarlos a participar en manifestaciones, huelgas, concentraciones o recogidas de firmas.

Las restricciones afectan igualmente a los canales oficiales de comunicación, como EducaMadrid, Raíces, Roble, las páginas web de los centros y las circulares dirigidas a las familias. Estos medios no podrán emplearse para difundir propaganda partidista, manifiestos sindicales o posicionamientos particulares sobre conflictos políticos y laborales.

Las instrucciones también limitan la colocación de pancartas, carteles y símbolos en fachadas, vallados y espacios comunes cuando puedan interpretarse como una adhesión institucional del centro a una determinada causa.

Lo que los profesores sí pueden hacer

El texto autonómico introduce algunas excepciones importantes. Permite que un docente responda a las preguntas de los alumnos sobre un conflicto político o sindical siempre que ofrezca información objetiva, adaptada a su edad y sin intentar convencerlos de una postura.

También reconoce el derecho a utilizar tablones sindicales, mantener comunicaciones laborales entre trabajadores y llevar prendas o distintivos personales de carácter reivindicativo, siempre que no se utilicen para captar el apoyo del alumnado.

La Consejería sostiene que estas instrucciones no eliminan derechos fundamentales ni crean nuevas infracciones disciplinarias. Su planteamiento es que la neutralidad institucional debe ser compatible con la libertad de cátedra, la libertad sindical y el derecho de huelga.

Ahí aparece el principal desacuerdo: determinar hasta dónde llega la obligación de imparcialidad del centro y cuándo una explicación sobre las reivindicaciones laborales deja de ser información para convertirse en proselitismo.

El formulario que ha desatado la polémica en los colegios

Uno de los apartados más controvertidos es el denominado modelo de comunicación de incidencias relativas al deber de neutralidad, incluido como anexo en las instrucciones.

El formulario permite comunicar hechos como la difusión de opiniones políticas para obtener la adhesión de los estudiantes, la invitación a participar en protestas, la colocación de pancartas o la utilización de recursos educativos para divulgar posiciones sindicales.

Los directores deben trasladar estas incidencias a la Dirección de Área Territorial correspondiente. El documento establece que tienen que describir los hechos de manera objetiva, sin realizar investigaciones propias ni aportar pruebas obligatoriamente.

La Comunidad de Madrid precisa que estas comunicaciones no presuponen responsabilidades, que no deben recoger datos sobre la afiliación sindical ni sobre la participación individual en la huelga y que la Inspección Educativa debe valorar los casos con garantías.

Pese a esas cautelas, profesores y equipos directivos consideran que el procedimiento puede favorecer un clima de vigilancia y desconfianza en los centros.

La Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Madrid (ADIMAD) ha advertido de la inseguridad jurídica que generan las nuevas exigencias y ha reclamado que se reconsideren. Los sindicatos, por su parte, han anunciado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar la suspensión urgente de las instrucciones.

Una huelga educativa con miles de profesores movilizados

El conflicto tiene un origen anterior a las instrucciones sobre neutralidad. Desde el 14 de octubre, el profesorado de la enseñanza pública madrileña mantiene una huelga indefinida para reclamar cambios en sus condiciones de trabajo.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la reducción de las horas lectivas, la disminución de las ratios de alumnado, una mayor dotación de profesionales para atender la diversidad y mejoras retributivas. Los sindicatos también reclaman menos carga burocrática y actuaciones para mejorar las instalaciones escolares.

El viernes 20 de noviembre, miles de personas se manifestaron en Madrid contra la política educativa del Gobierno autonómico. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 12.000 participantes, mientras el comité de huelga elevó la estimación a 70.000.

La Comunidad de Madrid también ha reforzado los servicios mínimos, especialmente en segundo de Bachillerato, para limitar las consecuencias de los paros sobre la preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Según las medidas autonómicas, los profesores de las materias evaluables deberán cubrir al menos el 50 % de sus horas lectivas semanales hasta finales de enero, un porcentaje que aumentará progresivamente hasta el 90 % a partir de mayo.

El Gobierno regional defiende estas garantías por la necesidad de preservar el derecho a la educación. Los sindicatos consideran, en cambio, que unas exigencias tan elevadas pueden reducir de forma desproporcionada la capacidad de presión de los trabajadores.

Las familias también han entrado en el conflicto. Según los datos conocidos el sábado 21 de noviembre, 165 asociaciones de madres y padres se adhirieron en apenas 24 horas a un manifiesto contra las instrucciones de neutralidad, al considerar que pueden limitar la libertad de expresión y silenciar reivindicaciones legítimas.

El Constitucional ya se pronunció sobre docentes que explican una huelga

La controversia cuenta con un precedente judicial relevante. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional anuló la sanción impuesta a un profesor de Primaria de Castilla-La Mancha que había explicado a sus alumnos los motivos por los que iba a secundar una huelga.

El docente había recibido una suspensión de empleo y sueldo de un mes por comunicar su postura durante el horario lectivo y entregar una nota dirigida a las familias.

El Constitucional determinó que los hechos acreditados no encajaban en la infracción disciplinaria aplicada. También razonó que manifestar una posición favorable a una huelga no demuestra, por sí solo, una intención de adoctrinar al alumnado.

La resolución no significa que cualquier actividad política o sindical pueda desarrollarse libremente durante las clases. Sí establece una distinción importante entre informar sobre una protesta y utilizar la autoridad del profesor para influir indebidamente en los estudiantes.

Ese límite puede resultar decisivo para valorar las nuevas instrucciones madrileñas. La neutralidad de los centros públicos tiene respaldo jurídico, pero su aplicación debe respetar también los derechos fundamentales del personal docente.

Madrid afronta ahora un conflicto político y judicial

El anuncio de Pedro Sánchez introduce una nueva dimensión en el enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La discusión ya no gira únicamente alrededor de los salarios, los horarios o los recursos educativos: también cuestiona cómo deben ejercerse los derechos sindicales dentro de los centros públicos.

El próximo paso anunciado por el Ejecutivo es el envío del requerimiento a la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, los sindicatos preparan su impugnación judicial y los equipos directivos deben afrontar la aplicación de las instrucciones autonómicas.

La decisión de mantenerlas, modificarlas o retirarlas condicionará la evolución inmediata de la controversia.

Para los profesores, el problema es si pueden explicar sus reivindicaciones sin exponerse a procedimientos administrativos. Para las familias, se trata de garantizar una educación libre de presiones ideológicas sin restringir indebidamente la información sobre lo que sucede en los colegios e institutos.

El derecho a la huelga y la neutralidad educativa no son principios incompatibles. La disputa entre Sánchez y Ayuso se centra precisamente en determinar dónde está el límite entre proteger la enseñanza pública del adoctrinamiento y restringir la expresión legítima de quienes trabajan en ella.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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