Ayuso cita a la concertada tras diez días de huelga docente en Madrid

La huelga de profesores en Madrid cumple este martes 27 de octubre su décima jornada sin que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya abierto una negociación específica con el comité que representa a los docentes movilizados. Mientras tanto, la Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, ha convocado una reunión con representantes de la enseñanza concertada y privada para abordar sus reivindicaciones laborales.

La diferencia de trato ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la Administración regional y los sindicatos de la educación pública. El comité de huelga, integrado por nueve organizaciones, exige una reunión formal para discutir sus demandas y ha presentado un requerimiento a la consejera antes de acudir a los tribunales. La Comunidad de Madrid sostiene, por su parte, que mantiene abiertos los cauces ordinarios de negociación sindical.

El conflicto comenzó el 14 de octubre y ha entrado en su tercera semana sin una fecha de finalización. Los profesores reclaman mejores salarios, menos alumnos por aula, reducción de las horas lectivas y más recursos para los centros públicos. El Ejecutivo autonómico considera económicamente inviables algunas de estas exigencias y defiende los acuerdos educativos que ya están en vigor.

La coincidencia de las reuniones ha añadido una dimensión política a una disputa que afecta directamente al funcionamiento de los colegios e institutos madrileños. La cuestión no es que los trabajadores de la concertada sean recibidos por la Administración, algo perfectamente legítimo. Lo que denuncian los convocantes es que el comité de la huelga pública sigue sin ser convocado para negociar el conflicto que mantiene abiertos los paros.

La Consejería recibe a la concertada mientras continúa la huelga pública

Mercedes Zarzalejo había fijado para este martes una reunión con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Madrid (FSIE), una organización con una importante representación en la enseñanza concertada, privada y otros ámbitos educativos.

El sindicato había solicitado el encuentro después de anunciar movilizaciones para reclamar mejoras salariales y laborales. Sus reivindicaciones afectan también a trabajadores de Educación Infantil de cero a tres años, atención a la discapacidad y otros sectores relacionados con la enseñanza.

FSIE pretende obtener compromisos concretos y un calendario de actuaciones para reducir las diferencias en las condiciones de trabajo. Su campaña de movilizaciones tiene previsto comenzar el 5 de noviembre con una asamblea de delegados, mientras que las protestas podrían extenderse a diciembre y enero.

La consejera ha explicado que convocó a la organización tras recibir su solicitud. Según su versión, se trata de una práctica habitual de diálogo con los representantes sindicales.

El problema surge al comparar esa disponibilidad con la situación de los profesores de la pública. El comité de huelga sostiene que lleva solicitando una negociación desde agosto, cuando remitió a la Consejería sus reivindicaciones para intentar evitar los paros.

CCOO y UGT también han criticado la convocatoria exclusiva de FSIE, puesto que ambas organizaciones cuentan con representación en la enseñanza concertada y consideran que el diálogo debería incluir a todos los interlocutores sindicales afectados.

Por qué los profesores en huelga no aceptan las reuniones de Ayuso

La Administración madrileña defiende que ya existen espacios de negociación con los sindicatos educativos. Entre ellos figura la Mesa Sectorial de Educación, en la que participan CCOO, UGT, ANPE y CSIF.

Durante la huelga se han celebrado o convocado reuniones para abordar cuestiones como la carrera profesional docente, el seguimiento del acuerdo educativo de 2025, las plantillas y las futuras oposiciones de Secundaria y Formación Profesional.

Los convocantes consideran, sin embargo, que esos encuentros no sustituyen a una negociación con el comité responsable de la huelga.

La diferencia no es menor. La Mesa Sectorial constituye un órgano ordinario de relaciones laborales, mientras que el comité de huelga representa específicamente a los trabajadores movilizados para negociar las reivindicaciones que originaron el conflicto.

En este último participan CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM, Solidaridad Obrera y las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

La tensión ha provocado nuevas decisiones sindicales. Este 27 de octubre, CCOO ha rechazado asistir a una reunión de seguimiento del acuerdo de 2025, al considerar prioritario que la Consejería convoque al comité de huelga y negocie directamente las demandas pendientes.

El conflicto puede terminar en los tribunales

El comité ha presentado un requerimiento formal dirigido a Mercedes Zarzalejo para exigir una negociación efectiva. Si la Consejería mantiene su posición, las organizaciones convocantes estudian emprender acciones judiciales.

Los sindicatos se apoyan en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, que establece la obligación de negociar entre los representantes de una huelga y la parte empleadora desde el preaviso y durante su desarrollo.

Esta obligación no significa que ambas partes tengan que alcanzar necesariamente un acuerdo, pero sí que deben participar en un proceso de negociación.

La controversia jurídica consiste en determinar si las reuniones ordinarias que ofrece el Gobierno regional satisfacen esa obligación o si debe abrirse una interlocución específica con el comité convocante.

Por el momento, no existe una resolución judicial que haya determinado un incumplimiento en este conflicto concreto. Lo que sí existe es un enfrentamiento sobre quién debe sentarse a negociar y qué asuntos deben discutirse.

Qué piden los profesores de Madrid y cuánto costarían sus mejoras

Las reivindicaciones del profesorado van más allá de una subida salarial. El comité plantea cambios en la organización de los centros, la contratación de personal y las condiciones de enseñanza.

Una de sus principales exigencias consiste en reducir la jornada lectiva a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Infantil y Primaria. Los convocantes consideran que esta medida permitiría dedicar más tiempo a la preparación de clases, la coordinación docente y la atención individualizada.

También reclaman reducir el número de estudiantes por aula, reforzar los departamentos de orientación y mejorar los recursos destinados al alumnado con necesidades educativas especiales.

En materia económica, el comité solicita un incremento salarial de 600 euros mensuales, además de medidas de equiparación retributiva y complementos específicos para determinados puestos.

Los sindicatos justifican estas demandas por la pérdida de poder adquisitivo acumulada y por el elevado coste de vida en la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de vivienda.

La propuesta incluye otras medidas que afectan al funcionamiento cotidiano de los centros: reducir las tareas burocráticas, disponer de personal administrativo suficiente, mejorar la climatización de los edificios, retirar materiales con amianto y evitar que los nuevos colegios se construyan por fases que prolonguen las obras durante varios cursos.

El Gobierno regional considera que aceptar el conjunto de estas reivindicaciones exigiría un gasto considerable y nuevas contrataciones. Zarzalejo ha calificado de inasumible el coste de algunas propuestas, particularmente las salariales.

La Comunidad recuerda asimismo que existe un acuerdo sectorial con medidas sobre ratios y horarios lectivos cuya aplicación se extiende hasta 2028.

La discrepancia está tanto en los recursos necesarios como en el ritmo de aplicación de las mejoras. Para los sindicatos, los compromisos vigentes resultan insuficientes. Para la Administración, algunas peticiones exceden las posibilidades presupuestarias del sistema educativo madrileño.

El seguimiento de la huelga cae según la Comunidad de Madrid

La participación en los paros constituye otro motivo de discrepancia entre el Gobierno autonómico y los representantes de los trabajadores.

La Comunidad de Madrid ha situado el seguimiento de la décima jornada de huelga en el 5,1 %, frente al 12,6 % registrado el lunes 26 de octubre según sus propios datos.

Los sindicatos no habían facilitado una cifra específica para este martes, aunque durante las jornadas anteriores habían estimado la participación entre el 40 % y el 60 %, dependiendo de las zonas y los centros educativos.

Las diferencias son considerables y obligan a distinguir las cifras oficiales de las estimaciones sindicales. No existe un porcentaje único aceptado por ambas partes.

El paro afecta a la enseñanza pública no universitaria, que comprende colegios, institutos y otros centros educativos de titularidad pública. Su repercusión concreta depende del personal que secunde la convocatoria y de los servicios mínimos establecidos.

La huelga indefinida principal continúa activa, mientras que CSIF mantiene una convocatoria independiente de movilizaciones y paros parciales distribuidos a lo largo del trimestre.

El comité ha programado nuevas protestas durante la semana. El miércoles 28 de octubre están previstas movilizaciones en Leganés y Collado Villalba. Para el jueves 29 se ha convocado una manifestación desde Atocha hasta la Consejería de Educación, mientras que el viernes 30 habrá una asamblea unitaria en la plaza de España.

Las familias piden una solución al conflicto educativo

La prolongación de la huelga ha incorporado a las familias al debate sobre las condiciones de enseñanza y el funcionamiento de los centros.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos ha pedido a la Comunidad de Madrid que abra una negociación para resolver un conflicto que, según advierte, perjudica al alumnado.

La organización ha dirigido una carta a Isabel Díaz Ayuso para reclamar una solución urgente que evite prolongar la situación y agravar las tensiones dentro de la comunidad educativa.

Las familias afrontan una circunstancia complicada. Las reivindicaciones relativas a ratios, personal especializado e instalaciones afectan a la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos. Al mismo tiempo, la continuidad de los paros puede alterar la actividad escolar y la organización cotidiana de los hogares.

El conflicto también coincide con otras movilizaciones educativas en Madrid. Las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil llevan meses reclamando mejoras laborales, mientras que las universidades públicas madrileñas tienen convocadas jornadas de huelga para el 4 y 5 de noviembre, en una protesta diferenciada por la financiación universitaria.

No se trata de conflictos idénticos ni todos dependen de las mismas mesas de negociación, pero su coincidencia ha intensificado el debate sobre las prioridades educativas y presupuestarias del Ejecutivo regional.

El diálogo pendiente que mantiene abierta la huelga en Madrid

Después de diez jornadas de paro, el principal obstáculo no es únicamente la distancia económica entre las propuestas sindicales y las posibilidades que plantea la Administración. También persiste un desacuerdo sobre el propio procedimiento de negociación.

El Gobierno de Ayuso insiste en que mantiene reuniones con los representantes de los docentes y recuerda los compromisos ya alcanzados. El comité de huelga reclama algo distinto: una mesa específica para negociar las demandas que motivaron los paros.

La reunión convocada con representantes de la concertada ha hecho más visible esa diferencia. Sus trabajadores tienen derecho a exigir mejoras y a ser escuchados, del mismo modo que los empleados de los centros públicos pueden reclamar una negociación sobre sus condiciones laborales.

La controversia no debería convertirse en una competición entre modelos educativos ni entre profesionales que desarrollan tareas semejantes. La responsabilidad de la Administración consiste en atender los conflictos dentro de sus competencias y explicar con claridad qué propuestas puede asumir y cuáles rechaza.

Por ahora, la huelga continúa, las organizaciones sindicales preparan nuevas movilizaciones y la amenaza de acciones judiciales sigue sobre la mesa. La negociación con el comité convocante permanece pendiente, y cada jornada sin un cauce compartido aleja la posibilidad de cerrar un conflicto que ha superado ya las dos primeras semanas de calendario.