El caso Bar España llega a juicio tras 30 años de acusaciones falsas

Casi tres décadas después de que comenzara a circular una historia que situaba en un bar de Benicarló una supuesta red de pederastia, asesinatos y ritos satánicos vinculada a políticos, jueces y empresarios, el llamado caso Bar España ha llegado este 16 de octubre a juicio en Castellón. Seis personas están acusadas de haber contribuido a mantener y difundir durante años unas acusaciones que las investigaciones judiciales desmontaron. La Fiscalía solicita inicialmente penas de hasta siete años y medio de prisión.

La vista se celebra en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón y se prolongará, según el calendario previsto, hasta el 26 de octubre. Por delante quedan seis jornadas de juicio, decenas de testigos y una cuestión bastante más profunda que la peripecia procesal: cómo un relato falso nacido cuando internet todavía chirriaba al conectarse por teléfono logró sobrevivir casi treinta años, cambiar de formato y continuar encontrando público. Las redes sociales aún no dominaban el mundo. La desinformación, por lo visto, no necesitaba tanta tecnología.

El juicio que arranca en Castellón

La primera sesión estaba prevista para las nueve de la mañana de este viernes, aunque una caída generalizada de internet en las sedes judiciales valencianas retrasó el inicio cerca de dos horas. También hubo dificultades para establecer la conexión por videoconferencia con uno de los acusados, que se encuentra en Irlanda. Un detalle casi irónico para un procedimiento que examina precisamente cómo internet permitió prolongar el bulo durante décadas, mucho antes de TikTok, X o los canales de Telegram.

Los seis procesados afrontan acusaciones por presuntos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad. El procedimiento incluye además al editor de un medio digital en calidad de responsable civil. Según la información conocida sobre la causa, se reclama también una indemnización conjunta que alcanza los 2,4 millones de euros. La culpabilidad individual de cada acusado, conviene subrayarlo, es precisamente lo que deberá determinar el tribunal.

El calendario reserva los días 20 y 21 de octubre para buena parte de las declaraciones de los 34 testigos propuestos por las partes. Entre ellos figuran personas que fueron señaladas por aquella narrativa, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra. El día 22 está prevista la intervención de peritos y después deberán declarar los acusados.

Cómo nació el bulo del Bar España

La historia arranca en Benicarló a finales de los años noventa. Reinaldo Colás, un peluquero de la localidad fallecido en 2017, denunció a la pareja de su exmujer por supuestos abusos sexuales a sus hijas. Aquella causa fue archivada al no acreditarse los hechos. A partir de ahí, Colás comenzó una campaña contra la magistrada que había intervenido en el procedimiento.

La acusación inicial fue creciendo como crecen ciertas leyendas: cada nueva capa necesitaba ser más espectacular que la anterior. A la jueza se fueron sumando otras personas, primero del entorno y más tarde cargos públicos, empresarios y personajes conocidos. El relato acabó describiendo una organización que supuestamente abusaba de menores, practicaba rituales satánicos e incluso cometía asesinatos en un establecimiento de carretera conocido como Bar España.

Había vídeos. Había testimonios. Había nombres importantes. Y, sobre todo, había una historia diseñada para producir el efecto más poderoso en cualquier audiencia: la sensación de estar contemplando un secreto monstruoso que el sistema quería ocultar. Ese mecanismo sigue resultando reconocible casi treinta años después; cambia la plataforma, cambia el algoritmo, cambia la tipografía. El truco es bastante viejo.

De un conflicto familiar a una conspiración nacional

Parte del combustible del relato fueron grabaciones de menores que describían supuestos abusos. Con posterioridad se conoció que algunos de aquellos testimonios habían sido obtenidos en circunstancias que cuestionaban radicalmente su fiabilidad. Las propias hijas de Colás terminaron señalando que habían sido coaccionadas para mentir, mientras las investigaciones judiciales fueron descartando las graves acusaciones formuladas alrededor de la supuesta trama.

Colás fue condenado en 2013 por acusación y denuncia falsa. Sin embargo, que una afirmación quede desmentida por los tribunales no significa necesariamente que desaparezca de internet. De hecho, con frecuencia sucede lo contrario: para una mentalidad conspirativa, cualquier desmentido puede convertirse en una nueva prueba de la conspiración. Un mecanismo prácticamente perfecto; si los hechos contradicen la teoría, peor para los hechos.

El relato llegó incluso a mezclarse con el crimen de Alcàsser, incorporando uno de los sucesos más traumáticos de la historia reciente española a una construcción cada vez más extensa. Para entonces, el Bar España ya había dejado de ser simplemente el nombre de un establecimiento de Benicarló. Era una etiqueta bajo la que cabía casi cualquier acusación imaginable.

Los políticos y funcionarios señalados por el relato

La lista de personas arrastradas hacia aquella historia fue creciendo durante años. Entre los nombres vinculados falsamente a la supuesta organización aparecieron Carlos Fabra, Francisco Camps, Mónica Oltra y Gabriela Bravo, además de miembros de la judicatura, funcionarios y particulares. Algunos declararon durante la instrucción como perjudicados.

La amplitud ideológica de los señalados resulta significativa. El relato no necesitaba una coherencia política especialmente sofisticada: podía incorporar a dirigentes de procedencias distintas porque su materia prima no era la ideología, sino la sospecha. El personaje público servía mejor cuanto mayor fuera su notoriedad. Un nombre conocido añadía una capa de aparente importancia; diez nombres podían fabricar la impresión de una estructura gigantesca.

Ahí está uno de los aspectos más inquietantes del caso. La acusación de pederastia posee una enorme capacidad destructiva incluso cuando es falsa. El desmentido rara vez viaja con la misma velocidad que la acusación, y una búsqueda en internet puede conservar durante años aquello que ningún tribunal dio por probado. La reputación humana, en cambio, no dispone de botón para borrar caché.

Qué se juzga exactamente y qué pide la Fiscalía

El tribunal no está llamado a decidir si existió aquella supuesta red de pederastia como si todavía se tratara de un misterio abierto. Las pesquisas judiciales y las resoluciones acumuladas durante años desacreditaron ese relato. El objeto del proceso actual es determinar la responsabilidad penal de los seis acusados por su presunta participación en la difusión y mantenimiento de aquellas afirmaciones.

Según el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que determinados contenidos siguieron circulando a través de páginas web, blogs, vídeos, foros y medios digitales pese a las retractaciones y a los antecedentes judiciales que cuestionaban las acusaciones. La jueza instructora señaló en el auto de 2022 que los investigados no habían realizado una labor adecuada de contraste y verificación de las fuentes, y apuntó a la ocultación de retractaciones de quienes habían aparecido como denunciantes cuando eran menores.

El Ministerio Público solicita inicialmente siete años y medio de cárcel por los presuntos delitos atribuidos en la causa. Esa petición fiscal no equivale, naturalmente, a una condena. Las defensas tendrán ocasión de discutir los hechos, las pruebas, la autoría, el alcance de las publicaciones y la responsabilidad concreta de cada procesado antes de que el tribunal dicte sentencia.

La causa ha atravesado un camino procesal largo y bastante enrevesado. En distintos momentos llegaron a constar hasta una veintena de investigados y numerosos perjudicados; el auto de apertura de juicio oral de 2022 afectaba a nueve personas, pero finalmente son seis las que se sientan en el banquillo en este procedimiento. Dos de quienes aparecen señalados como principales impulsores originales de la historia, Reinaldo Colás y Antonio Toscano, han fallecido.

Un bulo anterior a las redes sociales que aprendió a sobrevivir

El caso tiene algo de fósil vivo de la desinformación española. En 1997 Facebook no existía, YouTube quedaba lejos y un teléfono servía fundamentalmente para llamar. Internet era lento, ruidoso y todavía minoritario. Pero ya ofrecía algo revolucionario: la posibilidad de que una historia escapara de su entorno local y encontrase comunidades dispuestas a reproducirla.

Después llegaron los blogs, los foros, las páginas de vídeo y las redes sociales. Cada salto tecnológico proporcionó al relato una nueva vida y una audiencia nueva. Lo que en los noventa podía circular en cintas, conversaciones y páginas rudimentarias encontró después vídeos, publicaciones virales y canales especializados en teorías conspirativas.

Por eso el Bar España resulta también un precedente incómodo de la cultura digital contemporánea. No porque todas las falsedades funcionen igual, sino porque permite observar un patrón muy reconocible: una acusación extraordinaria, unas supuestas élites protegidas, testimonios emocionalmente devastadores, la idea de que la prensa y la justicia participan en el encubrimiento y una comunidad que interpreta cualquier refutación como confirmación de sus sospechas.

La tecnología amplifica el fenómeno, pero no lo inventó. Mucho antes del algoritmo estaban el rumor, la fotocopia, la cinta de vídeo y el «me lo ha contado alguien que sabe». El algoritmo simplemente puso turbo a una vieja afición humana.

Tres décadas después, el daño sí llega a juicio

El proceso que acaba de comenzar en Castellón no puede borrar los casi treinta años durante los que el nombre Bar España permaneció asociado en determinados rincones de internet a unos delitos atroces que las investigaciones no acreditaron. Tampoco puede devolver a quienes fueron señalados el tiempo empleado en enfrentarse a acusaciones que, por su propia naturaleza, dejan sombra incluso después de ser desmontadas. El daño reputacional tiene una memoria bastante más larga que cualquier rectificación.

Sí coloca, en cambio, una frontera jurídica concreta alrededor de una cuestión que suele diluirse en discusiones abstractas sobre libertad de expresión. Criticar a un político, investigar al poder, denunciar irregularidades o defender una hipótesis incómoda forman parte de una sociedad abierta. Atribuir delitos gravísimos exige pruebas. Y precisamente sobre la difusión de esas acusaciones y la responsabilidad de quienes las mantuvieron deberá pronunciarse el tribunal.

El caso Bar España comenzó en una época en la que todavía se podía vivir sin redes sociales. Ha llegado al banquillo en otra en la que una falsedad puede atravesar el país antes de que alguien termine de comprobarla. Entre ambos momentos han pasado casi treinta años. La maquinaria ha cambiado muchísimo; el combustible, bastante menos.