Ceuta adjudicó 457.707 € a Eulen, donde trabaja la hermana de Feijóo

La Ciudad Autónoma de Ceuta adjudicó 457.707,06 euros a Eulen Seguridad para vigilar recursos extraordinarios situados en El Tarajal y dependencias del Equipo Técnico de Protección de Menores tras la crisis migratoria. La empresa pertenece al grupo en el que desarrolla su carrera profesional Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El contrato, identificado como EMERGENCIA 99/26, fue adjudicado el 14 de septiembre de 2026 y su anuncio se publicó tres días después. El expediente registra una única oferta, la presentada por Eulen Seguridad, por el mismo importe fijado para la contratación: 457.707,06 euros. La tramitación aparece ligada a una situación de emergencia derivada de la presión sobre los recursos de acogida y protección.

Un contrato de 457.707 euros tras la crisis migratoria

El objeto de la adjudicación es concreto: garantizar la vigilancia y seguridad de los recursos extraordinarios habilitados en El Tarajal y de las dependencias destinadas al Equipo Técnico de Protección de Menores. La necesidad surgió en un escenario especialmente delicado para Ceuta, después de una llegada masiva de migrantes que obligó a reforzar instalaciones, personal y dispositivos de atención.

La adjudicación corresponde al Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, gobernada por el PP de Juan Jesús Vivas. El ingrediente político aparece ahí, inevitablemente: una administración dirigida por el Partido Popular concede un contrato próximo al medio millón de euros a una compañía en cuya estructura directiva trabaja la hermana del presidente nacional de ese mismo partido.

Ese parentesco tiene interés informativo y político, pero no constituye por sí solo una prueba de irregularidad. No consta en el expediente público que Alberto Núñez Feijóo haya participado en la decisión ni que su hermana interviniera personalmente en la adjudicación. Una relación familiar merece escrutinio; convertirla automáticamente en una acusación exige un salto que los datos disponibles no permiten dar.

Una sola oferta por el importe completo

El expediente recoge que Eulen Seguridad fue el único licitador y terminó obteniendo el contrato por la cantidad completa prevista, sin una rebaja sobre los 457.707,06 euros consignados. Es un elemento relevante porque permite entender cómo se desarrolló el procedimiento y qué nivel de competencia efectiva existió en la adjudicación.

La documentación asocia el contrato a una tramitación de emergencia, una figura que permite a las administraciones acelerar actuaciones cuando existe una necesidad grave e inmediata. Algunos registros administrativos reproducen al mismo tiempo referencias a procedimiento abierto, de modo que la formulación más precisa es hablar de un expediente de emergencia con una sola oferta registrada, evitando etiquetas políticas que simplifican en exceso lo que figura en los documentos.

Qué implica la tramitación de emergencia

La contratación de emergencia está prevista para situaciones en las que una administración necesita actuar con rapidez ante acontecimientos graves o necesidades excepcionales. En esos casos se reducen determinadas formalidades ordinarias porque el objetivo inmediato es garantizar que el servicio pueda ponerse en marcha sin esperar los plazos habituales de una contratación convencional.

Eso no significa que el gasto quede fuera de control. Precisamente porque concede un margen administrativo mucho mayor, una contratación de estas características está sometida después a fiscalización, publicidad y control. Primero se atiende la urgencia; después toca comprobar por qué se eligió una solución concreta, cuánto costó y si la actuación estaba justificada.

En Ceuta existía un contexto extraordinario. La presión migratoria obligó a habilitar nuevos recursos y a reforzar los ya existentes, especialmente los destinados a menores y espacios de acogida. La vigilancia privada se convirtió así en una pieza más de un dispositivo mucho mayor que incluía asistencia, seguridad, alojamiento y atención social.

El papel de Micaela Núñez Feijóo en Eulen

Micaela Núñez Feijóo mantiene desde hace años una trayectoria profesional dentro del Grupo Eulen y ha ocupado responsabilidades directivas en su estructura territorial. Ese vínculo es el que convierte esta adjudicación en una noticia con una dimensión política mayor que la de un contrato ordinario de seguridad.

Conviene, sin embargo, mantener una distinción básica. Eulen no pertenece a la familia Feijóo. Micaela Núñez Feijóo es directiva del grupo, no propietaria de la compañía. La expresión coloquial “empresa de la hermana de Feijóo” puede funcionar como atajo, pero resulta imprecisa si lleva al lector a pensar que existe una relación de propiedad empresarial.

El Grupo Eulen es una compañía de gran tamaño, con actividad en áreas como seguridad, limpieza, mantenimiento y servicios sociosanitarios, y lleva años concurriendo a contratos públicos de distintas administraciones. La adjudicación de Ceuta se inserta, por tanto, en una actividad empresarial previa y extensa, no en la aparición repentina de una compañía ajena a este tipo de servicios.

Eulen ya trabaja en servicios vinculados a la frontera

La presencia de Eulen en servicios relacionados con Ceuta y Melilla tampoco comienza con este expediente. Sociedades del grupo han participado anteriormente en contratos vinculados con centros de estancia de inmigrantes, seguridad y atención sociosanitaria, ámbitos en los que las administraciones recurren con frecuencia a grandes empresas especializadas.

En 2026, una sociedad del grupo obtuvo además un contrato superior a 600.000 euros para atención sanitaria relacionada con el CETI de Ceuta. Ese historial ayuda a poner en contexto la adjudicación del Tarajal: Eulen ya tenía experiencia y actividad contractual en servicios relacionados con la gestión migratoria y fronteriza.

La coincidencia que alimenta el interés público es otra: el grupo acumula contratación con administraciones mientras la hermana de Feijóo ocupa responsabilidades directivas en su estructura. Es un dato relevante para examinar la contratación con lupa, pero sigue sin equivaler a demostrar que existió trato de favor.

El parentesco no prueba intervención en la adjudicación

Hasta donde muestran los datos disponibles sobre el expediente, no consta una intervención de Alberto Núñez Feijóo en la adjudicación ni una participación directa de Micaela Núñez Feijóo en la decisión tomada por la Ciudad Autónoma. Tampoco el hecho de que Ceuta esté gobernada por el PP basta para establecer por sí solo una relación causal.

Lo comprobable es bastante concreto: Ceuta adjudicó 457.707,06 euros a Eulen Seguridad, la contratación se vinculó a una situación de emergencia, solo figura una oferta y la hermana del presidente del PP trabaja como directiva dentro del grupo empresarial adjudicatario. Esos son los elementos que sostienen la relevancia política del caso.

Un contrato que exige transparencia, no atajos

El expediente reúne ingredientes suficientes para justificar un escrutinio especialmente cuidadoso: una contratación pública elevada, una única oferta, una tramitación excepcional y un vínculo familiar con la cúpula del partido que gobierna la ciudad. Todo ello merece ser conocido con precisión, sin rebajar su importancia pero tampoco añadiendo acusaciones que no estén demostradas.

La frontera entre información e insinuación es sencilla. El contrato existe, el importe está documentado y el parentesco también. Lo que no consta es que ese parentesco determinara la adjudicación. En contratación pública, precisamente porque las apariencias pueden pesar mucho, el mejor antídoto sigue siendo el mismo de siempre: documentos claros, controles sólidos y luz suficiente sobre cada decisión.