No sabes a quién votar el 29N: 20 datos para elegir mejor tu papeleta

Hay una respuesta poco espectacular, pero imprescindible antes de empezar: no existe un ranking oficial y fiable que permita afirmar qué partido español «ha robado más». Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Consejo General del Poder Judicial ordenan sus estadísticas por siglas políticas, y sumar casos aparecidos en prensa produciría una clasificación tramposa: una condena firme no equivale a una investigación, un archivo no es medio delito y la responsabilidad de un antiguo cargo tampoco convierte automáticamente en culpable a su partido.

La propia actividad de la Fiscalía Anticorrupción sirve para entender la magnitud del problema y también sus límites estadísticos. Durante 2025 intervino en 937 procedimientos judiciales y se dictaron 46 sentencias de primera instancia en asuntos en los que participó la Fiscalía Especial: 28 condenatorias tras juicio, tres de conformidad y 15 absolutorias. Lo que no existe junto a esas cifras es una cómoda casilla con PP, PSOE, Vox o cualquier otra sigla. La realidad judicial, por desgracia para los amantes de los rankings rápidos, viene bastante peor ordenada.

Sí puede hacerse algo mucho más útil para quien todavía duda ante el 29 de noviembre: colocar sobre la mesa una veintena de señales comprobables y observar qué dicen. Condenas y responsabilidades judiciales, procedimientos abiertos, asuntos archivados, sanciones, patrimonio inmobiliario, rentas de alquiler, acciones, relaciones empresariales, participación en las votaciones del Congreso, eficacia parlamentaria, disciplina de grupo, transparencia y financiación pública. Ningún dato decide por sí solo un voto, pero juntos dibujan una fotografía bastante más interesante que un cartel electoral.

Hay otra precaución importante. A 24 de octubre las candidaturas para el 29N continúan en periodo de presentación, que termina el 26 de octubre. Las listas presentadas se publicarán el 28, las juntas electorales proclamarán las candidaturas el 2 de noviembre y el BOE publicará las definitivas el día 3. Buena parte de los datos patrimoniales y parlamentarios que siguen corresponden, por tanto, a la XV Legislatura recién disuelta, no necesariamente a todas las personas que acabarán apareciendo en cada papeleta. Las elecciones están convocadas oficialmente para el domingo 29 de noviembre y la campaña irá del 13 al 27.

El expediente judicial: una condena pesa más que diez titulares

Cuando se examinan resoluciones judiciales y no simplemente escándalos, el PP carga con uno de los antecedentes jurídicos más relevantes atribuibles al propio partido. El Tribunal Supremo confirmó en 2020 que fue partícipe a título lucrativo en la primera época de Gürtel y mantuvo su obligación de devolver 245.492 euros por el beneficio obtenido en actos electorales sufragados por empresas de la trama en Pozuelo y Majadahonda.

Conviene detenerse un segundo en la expresión jurídica. Se trató de responsabilidad civil, no de una condena penal al Partido Popular. Precisamente la figura del partícipe a título lucrativo parte de que quien obtuvo el beneficio no intervino como autor del delito. Es una diferencia bastante menos explosiva que un eslogan de campaña, sí, pero el Derecho suele estropear las frases demasiado redondas.

El pasado tampoco se ha quedado únicamente en los libros. En julio de 2026, la Audiencia Nacional condenó al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por fraude y prevaricación en una pieza de Púnica. Otros antiguos cargos populares fueron condenados y varios acusados resultaron absueltos. La resolución podía ser recurrida.

Mientras tanto, el juicio de la operación Kitchen terminó el 28 de julio y quedó visto para sentencia, con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz entre los acusados. Se trata de una diferencia esencial: estar sentado en el banquillo no es estar condenado. Investigación, acusación, juicio y sentencia son estaciones distintas, aunque en plena campaña electoral a veces parezcan metidas todas en el mismo vagón.

PP y PSOE, dos mochilas judiciales de naturaleza distinta

El gran golpe reciente lo recibe el PSOE, aunque tampoco sería correcto escribir que el partido ha sido condenado por el caso Koldo. El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por los delitos juzgados en la pieza de las mascarillas y por otras conductas incluidas en la causa.

Su exasesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses, mientras que Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con la ejecución de la pena suspendida bajo determinadas condiciones por su colaboración. Son condenas individuales de personas que ocuparon responsabilidades de enorme peso alrededor del PSOE y del Gobierno; no una condena penal al PSOE como organización. La distinción no blanquea los hechos, simplemente los coloca donde jurídicamente corresponden.

Otra rama relacionada con el denominado caso Koldo, la relativa a presuntos amaños de obra pública, ha seguido su propio recorrido judicial e incluye a otros antiguos responsables socialistas, entre ellos Santos Cerdán. Mientras no exista sentencia, lo investigado sigue siendo precisamente eso: investigado. Convertir una sospecha judicial en un hecho probado porque cabe bien en un tuit sería una forma bastante pintoresca de administrar justicia.

El PNV tiene por su parte un antecedente de enorme gravedad en el caso De Miguel. El Supremo confirmó las principales condenas y fijó para el exdirigente nacionalista Alfredo de Miguel un total de 12 años y cuatro meses de prisión, con el límite de cumplimiento efectivo establecido legalmente. La sentencia describió actuaciones ligadas a contratos públicos y al aprovechamiento de influencia política. De nuevo, fueron condenadas personas concretas vinculadas al partido, no el PNV como persona jurídica.

Y aparece el caso particularmente delicado de CDC y Junts. El Supremo confirmó en el caso Palau el comiso de 6,6 millones de euros a Convergència Democràtica de Catalunya como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias. El dato es sólido; trasladarlo automáticamente a Junts no lo sería. CDC pertenece al espacio político del que posteriormente surgió buena parte del universo de Junts, pero ambas organizaciones no son jurídicamente la misma cosa. La genealogía política sirve para entender; no para inventar responsabilidades penales hereditarias.

Los archivos también cuentan: Podemos, Vox y los ERE

La comparación cambia bastante cuando se incorporan los procedimientos que terminaron mal para la acusación. El llamado caso Neurona, que durante años alimentó sospechas sobre las finanzas de Podemos, quedó definitivamente cerrado en octubre de 2024 después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo. Contabilizar aquellos años de investigación como un caso de corrupción probado contra Podemos sería falso. Un expediente archivado no conserva una pequeña aureola de culpabilidad solo porque haya producido muchos titulares.

Con Vox también hay que separar expedientes. El Tribunal de Cuentas le impuso una sanción de 862.496 euros por ingresos procedentes de actividades promocionales entre 2018 y 2020, pero el Tribunal Supremo la anuló en junio de 2026 al apreciar falta de base probatoria suficiente y de tipicidad para mantener la sanción. Eso significa exactamente lo que significa: esa sanción concreta fue anulada.

Distinto es el expediente por donaciones de carácter finalista que dio lugar a dos sanciones por un total de 233.324 euros. No conviene mezclarlo con la multa de 862.496 euros que sí anuló el Supremo. Vox recurrió aquellas sanciones, pero una cosa es recurrir y otra obtener una resolución favorable. Meter todos los expedientes bajo una sola cifra vuelve el relato más fácil; también menos verdadero.

Anticorrupción archivó provisionalmente en 2025 la denuncia penal relativa a la financiación de Vox y descartó que el préstamo recibido de un banco húngaro pudiera tratarse como una donación en los términos denunciados. La investigación constató que el préstamo había sido amortizado. Es otro ejemplo incómodo para cualquier clasificación partidista diseñada de antemano: abrir diligencias y archivarlas no puede valer lo mismo que una condena firme.

También obliga a afinar el famoso caso ERE de Andalucía. Las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2024 en los términos establecidos en sus respectivas sentencias de amparo, y se ordenó dictar nuevos pronunciamientos. Presentarlos simplemente con las condenas originales, como si nada hubiera ocurrido después, dejaría fuera una parte decisiva del expediente judicial.

El resultado, por tanto, no admite un podio limpio. PP, PSOE, PNV y la antigua CDC arrastran antecedentes graves vinculados a dirigentes, cargos o a la propia organización según cada caso, pero de naturaleza, época y alcance jurídico diferentes. Podemos ofrece el ejemplo contrario de una gran causa terminada en archivo; Vox, el de una sanción importante anulada por el Supremo junto a otros expedientes distintos. El número de titulares, por mucho ruido que haga, sigue sin ser una unidad de medida jurídica.

Alquileres, viviendas y acciones: patrimonio no es corrupción

El patrimonio de los representantes añade otra capa. No demuestra honradez ni deshonestidad, pero puede revelar intereses económicos que merece la pena conocer cuando se legisla sobre vivienda, fiscalidad, inversiones o empresas. En la Cámara disuelta, un análisis de las declaraciones de bienes situaba a Junts como el grupo con mayor proporción de diputados que declaraban ingresos por alquiler: tres de siete, un 42,85%.

Le seguían EH Bildu, con dos de seis —33,33%—; Vox, con nueve de 32 —28,12%—; PP, con 30 de 137 —22%—; PNV, con uno de cinco —20%—; PSOE, con 17 de 121 —14,09%—, y Sumar, con dos de 26 —7,69%—. ERC no tenía ninguno y tampoco aparecían rentistas entre los diputados de Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís incluidos en el Grupo Mixto.

Aquí hay una trampa estadística bastante visible: tres diputados de siete disparan un porcentaje mucho más deprisa que treinta de 137. Y hay otra. La categoría utilizada engloba viviendas, locales y otras propiedades arrendadas, de manera que convertir automáticamente cualquier renta inmobiliaria en «diputados con pisos alquilados» puede deformar el dato. Parece un detalle pequeño hasta que cambia el titular.

Más amplia resulta la radiografía inmobiliaria. Las últimas declaraciones disponibles de la legislatura recogen 1.087 propiedades, de las cuales 604 son viviendas. Alrededor del 83% de los diputados declara al menos una propiedad residencial y aproximadamente uno de cada cinco declara tres o más viviendas.

Los 137 diputados del PP sumaban 505 inmuebles, 264 de ellos viviendas; los 121 socialistas, 369 propiedades y 210 viviendas; Vox, 74 y 49 entre sus 32 parlamentarios; Sumar, 41 y 32 entre 26; EH Bildu, 16 y 10 entre seis; PNV, 17 y seis entre cinco; Junts, 13 y siete entre siete; y ERC, 11 propiedades y ocho viviendas entre siete diputados.

El número bruto favorece inevitablemente a los grupos grandes, claro. Decir que el PP posee más inmuebles sin mencionar que tenía muchos más diputados sería algo parecido a descubrir que Madrid tiene más coches que Soria y atribuirlo a una pasión automovilística particularmente intensa de los madrileños. Los totales sirven; los porcentajes y el tamaño de la muestra también.

Las inversiones ofrecen otra perspectiva. Noventa y nueve diputados declaraban acciones o participaciones por un valor agregado legible cercano a 10,9 millones de euros. Eran 44 parlamentarios del PP, 33 del PSOE, diez de Vox, cinco de Sumar, cuatro de Junts, uno de ERC y uno del PNV, entre otros casos recogidos en las declaraciones.

Junts presentaba una de las proporciones más altas debido a sus cuatro diputados con acciones sobre un grupo de siete, pero vuelve a aparecer el efecto de una muestra diminuta. Y conviene no convertir una declaración empresarial en una acusación: tener acciones o relaciones con una empresa no significa conflicto de intereses, mucho menos corrupción. Es información que permite vigilar mejor una decisión política, no una sentencia metida en una hoja de cálculo.

El Congreso: quién votó y quién estuvo en el lado ganador

Aquí conviene desmontar otro concepto fácil de manipular. Los registros abiertos permiten conocer cuándo un diputado emitió voto en las votaciones nominales del Pleno, pero «no vota» no equivale automáticamente a absentismo injustificado. Puede haber permisos, bajas, incidencias, obligaciones institucionales o diferentes circunstancias. Un registro de votación es una buena aproximación a la participación parlamentaria; no es un parte de fichaje.

Con esa cautela, la participación fue muy elevada. Los datos de las votaciones nominales de la XV Legislatura sitúan al PSOE y al PP en torno al 99,3% de participación; Vox y ERC, alrededor del 99,1%; EH Bildu, en el 97,8%; Sumar, 97,4%; Junts, 97%; PNV, 96,7%, y el Grupo Mixto alrededor del 95,2%.

La diferencia entre los grandes partidos, por tanto, es pequeña. Y esa es precisamente la parte que suele perderse cuando alguien intenta fabricar un ranking espectacular de «los diputados que menos trabajan». Una ausencia de voto no explica por qué se produjo y tampoco permite medir por sí misma el trabajo en comisión, las iniciativas registradas, las ponencias, reuniones o actividad territorial.

Hay otra medida interesante: cuántas veces el sentido mayoritario del voto de un grupo coincide con el resultado final. En esa eficacia parlamentaria, entendida exclusivamente como estar en el lado ganador de una votación, el PSOE alcanzó aproximadamente el 84%; PNV, el 83,5%; Junts, el 80,6%; Sumar, el 73,6%; PP, el 67,8%; ERC, el 66%; EH Bildu, el 63,2%, y Vox, el 55,6%.

No significa que el PSOE haya «votado mejor» que Vox ni que una propuesta vencedora sea necesariamente acertada. Significa algo bastante más modesto: la posición mayoritaria de sus diputados terminó más veces coincidiendo con el resultado de la Cámara. En un Congreso fragmentado y con un Gobierno en minoría, esa cifra habla sobre todo de capacidad para construir mayorías.

Y la disciplina interna es enorme. Según la metodología empleada para medir la cohesión de voto, los principales grupos se movieron entre aproximadamente el 99,6% y el 100%. La imagen romántica del diputado escuchando el debate, acariciándose la barbilla y cambiando de idea en el último minuto puede quedarse tranquila en la literatura. La disciplina de partido sigue teniendo una salud formidable.

También dice mucho con quién se vota. En un balance de las votaciones de la legislatura, Sumar coincidió con la posición del Gobierno en torno al 87% de las ocasiones analizadas; PNV, alrededor del 76%; EH Bildu, 71%; ERC, 68%; Junts, 64%; PP, 42%, y Vox, 31%. Esta métrica no mide simpatía política ni pactos secretos: simplemente compara comportamientos efectivos en el hemiciclo.

Ahí queda una de las fotografías más interesantes de toda la legislatura. Los discursos electorales permiten enfatizar las diferencias hasta convertir al vecino de escaño en una criatura llegada de otro planeta; las votaciones dejan un rastro bastante menos literario. Los partidos coinciden y discrepan mucho más de lo que sus campañas suelen admitir.

Transparencia y dinero público: aquí los números incomodan

La comparación más homogénea entre varios de los principales partidos nacionales llega del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Su evaluación de 2025 mide el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa: presupuestos, cuentas, organigramas, subvenciones, responsables, información económica y otros contenidos que las formaciones deben hacer accesibles.

El PSOE obtuvo un 83,1% en el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria; Podemos, un 74%; Izquierda Unida, 50,5%; Sumar, 46,1%; PP, 34,2%, y Vox, 33,2%. No es una nota general de honestidad, ni pretende serlo. Mide el cumplimiento de obligaciones concretas de transparencia. Parece menos emocionante que una macrocausa con nombres propios, pero para vigilar el poder suele ser bastante útil.

Hay además un detalle que iguala a las seis formaciones por abajo: ninguna cumplía plenamente con la obligación evaluada de publicar las retribuciones de sus máximos responsables. La transparencia tiene estas ironías. Los partidos discrepan sobre casi todo y, de vez en cuando, consiguen una sorprendente unanimidad para no enseñar determinadas cosas con el entusiasmo esperado.

Estos resultados tampoco pueden trasladarse mecánicamente al nuevo Frente Amplio que concurre al 29N. Esa coalición no existía como tal cuando se realizó la evaluación. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns han construido una nueva estructura electoral, mientras Podemos concurre separado en buena parte de España y comparte acuerdos con fuerzas del nuevo espacio en territorios concretos como Canarias y la Comunidad Valenciana.

También ayuda saber cuánto dinero público reciben las organizaciones políticas para su funcionamiento ordinario. En 2026 el Estado distribuyó 52,7 millones de euros atendiendo a la representación y los votos procedentes de las elecciones de 2023. Al PP le correspondieron 18,88 millones; al PSOE, 14,83; a Vox, 6,15; a Sumar, 6,04, y al PSC, 2,75 millones.

Por detrás aparecen ERC con 1,04 millones; Junts, 933.156 euros; EH Bildu, 794.242; PNV, 658.948; BNG, 276.767; Coalición Canaria, 221.399, y UPN, 126.979 euros. No es un premio ni una irregularidad: es financiación pública prevista legalmente para los partidos con representación, calculada con arreglo a las reglas establecidas. Pero cuando se habla de independencia económica de las formaciones conviene saber también qué parte del dinero sale directamente del presupuesto público.

Un voto aguanta mejor los datos que los eslóganes

Después de cruzar condenas, investigaciones, archivos, responsabilidades civiles, alquileres, viviendas, acciones, participación parlamentaria, eficacia, cohesión, transparencia y subvenciones, no aparece un partido celestial y otro salido de una novela negra. Aparece algo bastante más reconocible: organizaciones con manchas, ventajas y vulnerabilidades distintas; algunas judicialmente probadas, otras pendientes y muchas que sencillamente no son comparables.

El PP tiene una pesada historia judicial alrededor de Gürtel y antiguos cargos condenados en diferentes macrocausas, además de procesos todavía sin sentencia. El PSOE llega al 29N golpeado por una condena extraordinariamente grave contra quien fue ministro y secretario de Organización, mientras otras investigaciones han seguido abiertas. El PNV no puede borrar el caso De Miguel. La antigua CDC soportó un comiso millonario en el caso Palau, aunque esa responsabilidad no puede trasladarse jurídicamente a Junts por simple parentesco político.

Podemos tiene a su favor que Neurona terminó archivado. Vox consiguió que el Supremo anulase la sanción de 862.496 euros relacionada con sus actividades promocionales, mientras otros expedientes de financiación deben valorarse por separado y atendiendo a su estado procesal real. Lo que termina archivado o anulado debe contar tanto como aquello que termina en condena. De lo contrario no se están comparando hechos, sino coleccionando sospechas.

En patrimonio, Junts presenta la mayor proporción de arrendadores de la Cámara saliente en la medición amplia, seguido por EH Bildu y Vox, mientras el PP acumula el mayor volumen absoluto de inmuebles, algo influido inevitablemente por su mayor número de diputados. En participación en las votaciones, PP y PSOE quedan prácticamente empatados en cabeza y las diferencias entre los principales grupos son mucho menores de lo que determinados discursos sobre absentismo podrían sugerir.

En transparencia, en cambio, el examen oficial de 2025 abre una distancia considerable: PSOE y Podemos quedan claramente por encima de PP y Vox en el índice estudiado, aunque todos arrastran carencias y ninguno de los seis examinados sale impecable. Es un buen recordatorio de que un partido puede obtener una buena nota en un indicador y una pésima en otro. La política real suele tener esa desagradable costumbre de negarse a caber en una sola cifra.

Quedan fuera muchos elementos que también deciden unas elecciones: impuestos, vivienda, pensiones, inmigración, sanidad, educación, energía, política exterior, modelo territorial, derechos civiles o seguridad, además de la calidad concreta de los candidatos que finalmente aparezcan en cada provincia. Sería absurdo escoger una papeleta solamente contando propiedades o procedimientos judiciales; igual de absurdo sería fingir que esos datos no dicen nada.

Hay, al menos, algunas fronteras bastante claras. Tener pisos no es corrupción; ser investigado no es ser culpable; una condena a un antiguo dirigente no siempre es una condena al partido; una sanción anulada no puede presentarse como una sanción vigente; y no emitir un voto no demuestra por sí solo absentismo. Parece elemental. En campaña electoral, curiosamente, lo elemental suele necesitar recordatorios.

El 29N cada ciudadano ordenará estas piezas de manera diferente. Ideología, bolsillo, territorio, valores, confianza, enfado, memoria. Todo entra en la urna. Los hechos, en cambio, no deberían cambiar según la papeleta que uno lleve en el bolsillo. Esa quizá sea la regla más útil cuando la campaña empiece a hacer lo que las campañas saben hacer tan bien: convertir los matices en molestias y las certezas convenientes en mayúsculas.