España
Tres muertos y 35 heridos en el accidente del autobús de L’Hospitalet
El siniestro de un autocar que regresaba de Andorra dejó tres muertos y 35 heridos. La investigación reveló varias irregularidades del vehículo.
Resumen
- El autocar que volvía de Andorra sufrió un accidente en Francia en 2024
- Murieron tres personas y otras 35 resultaron heridas en el siniestro
- La Generalitat multó con 138.000 euros a tres empresas vinculadas
El accidente de un autobús español en Francia, ocurrido el 1 de diciembre de 2024 cuando regresaba de Andorra a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dejó finalmente tres personas muertas y 35 heridas. El balance inicial fue de dos fallecidos y 32 heridos, pero aumentó posteriormente tras la muerte de una pasajera que permanecía hospitalizada.
El siniestro se produjo en la carretera nacional RN-320, cerca de Porté-Puymorens, en los Pirineos Orientales franceses. El autocar chocó contra un talud rocoso mientras circulaba por una carretera de montaña. La investigación posterior reveló importantes irregularidades en el vehículo y su explotación, entre ellas una inspección técnica caducada, un tacógrafo desconectado y posibles problemas mecánicos en los frenos.
El autobús transportaba principalmente a pasajeros de nacionalidad colombiana y española que habían contratado una excursión de un día a Andorra para realizar compras aprovechando las ofertas del Black Friday. Habían salido de L’Hospitalet de Llobregat durante la mañana y se dirigían de regreso a Barcelona cuando ocurrió la tragedia.
Cómo ocurrió el accidente del autobús en Francia
El accidente tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde del domingo 1 de diciembre de 2024, en un tramo montañoso próximo a la frontera con Andorra. El vehículo circulaba por una carretera estrecha y con pendientes pronunciadas cuando terminó impactando contra una pared rocosa situada junto a la calzada.
El golpe afectó gravemente a uno de los laterales del autocar y provocó numerosas víctimas entre los ocupantes. Las primeras informaciones hablaban de 47 personas a bordo, aunque algunas reconstrucciones posteriores elevaron esa cifra a 49 ocupantes, incluido el conductor.
La respuesta de los equipos de emergencia fue especialmente compleja por la ubicación del accidente. Participaron bomberos, sanitarios y efectivos policiales franceses, con la colaboración de servicios de emergencia de Cataluña y Andorra.
Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de ambos países. El Hospital de Cerdanya, situado en Puigcerdà, desempeñó un papel destacado en la primera atención sanitaria, mientras que los casos más graves fueron derivados a otros centros especializados.
Una tercera víctima mortal elevó el balance de fallecidos
Dos mujeres de nacionalidad colombiana fallecieron como consecuencia inmediata del accidente. Se trataba de Luisa Fernanda Escobar Castillo, de 24 años, y Claudia Patricia Palacio Mejía, de 45 años.
Posteriormente se confirmó la muerte de una tercera pasajera, una mujer de 43 años residente en Barcelona que había permanecido ingresada en un hospital de Perpiñán y falleció el 28 de diciembre de 2024.
De esta manera, el balance de víctimas mortales pasó de dos a tres personas. Los recuentos de heridos también fueron variando durante los días posteriores, hasta que las informaciones publicadas sobre la investigación y las sanciones administrativas recogieron 35 personas heridas.
Los frenos del autobús, bajo investigación
Una de las principales líneas de investigación apuntó a un posible fallo mecánico en el sistema de frenado.
Algunos pasajeros explicaron que el conductor había advertido de problemas con los frenos antes del impacto. Según esos testimonios, el vehículo habría comenzado a tener dificultades para reducir la velocidad durante el descenso y terminó chocando contra la roca.
Las primeras informaciones sobre la investigación francesa contemplaron precisamente la posibilidad de una avería en los frenos. También se conoció que el autobús había sufrido un incidente mecánico antes de abandonar Andorra para emprender el viaje de regreso.
No obstante, esa hipótesis no debe confundirse con una causa definitivamente acreditada por sentencia judicial. La investigación debía establecer tanto el origen del accidente como las posibles responsabilidades del conductor y de las empresas relacionadas con el transporte.
ITV caducada, tacógrafo desconectado y un conductor investigado
Las pesquisas descubrieron circunstancias especialmente preocupantes sobre las condiciones en las que circulaba el autobús.
El vehículo tenía la ITV caducada desde octubre de 2023, pese a estar obligado a pasar una inspección cada seis meses. También se comprobó que el tacógrafo estaba desconectado. Este dispositivo registra datos como la velocidad y los tiempos de conducción y descanso.
A ello se añadía que el conductor tenía caducado el certificado de aptitud profesional necesario para ejercer su actividad.
Los análisis toxicológicos detectaron benzoilecgonina (BZE), el principal metabolito de la cocaína, en las muestras obtenidas del chófer. Este resultado indica un consumo previo, aunque por sí solo no determina el grado de afectación del conductor en el momento exacto del accidente.
En diciembre de 2024, la Justicia francesa acordó su ingreso en prisión provisional y lo investigó por homicidio involuntario agravado, lesiones involuntarias y puesta en peligro de terceros.
Multas de 138.000 euros a tres empresas vinculadas al autobús
Las consecuencias del accidente también alcanzaron a las empresas relacionadas con la explotación del vehículo.
En septiembre de 2025 se conoció que la Generalitat de Cataluña había impuesto sanciones por un importe total de 138.000 euros a tres compañías vinculadas con el autocar: Hispa Travi, Hispatour e Hispabus.
Las actuaciones administrativas identificaron más de 60 infracciones, entre ellas irregularidades relacionadas con la cesión de vehículos y conductores, así como incumplimientos de los periodos obligatorios de descanso.
Algunas de estas infracciones fueron consideradas muy graves.
Las sanciones pusieron de manifiesto deficiencias en el cumplimiento de las normas del transporte de viajeros, aunque las responsabilidades administrativas deben distinguirse de las posibles responsabilidades penales por las muertes y lesiones ocasionadas.
La causa penal quedó en manos de las autoridades francesas, dado que el accidente ocurrió en territorio de Francia. Las informaciones contrastadas sobre el procedimiento no permiten afirmar que exista una sentencia definitiva ni precisar la situación judicial actual del conductor.
Un viaje de compras a Andorra que terminó en tragedia
La excursión se había organizado para pasar unas horas en Andorra, uno de los destinos comerciales habituales de los residentes en Cataluña por su proximidad y su oferta de establecimientos.
El desplazamiento tenía un coste reducido y había sido difundido mediante contactos personales y servicios de mensajería. Buena parte de los viajeros pertenecían a la comunidad colombiana residente en el área metropolitana de Barcelona.
El hecho de que el autobús circulara con una revisión técnica caducada y presentara otras irregularidades convirtió el accidente en un caso especialmente relevante para el control del transporte discrecional de pasajeros.
Las investigaciones posteriores dejaron al descubierto problemas que iban más allá de las circunstancias concretas del choque: desde el mantenimiento del vehículo hasta la vigilancia de las condiciones laborales y profesionales de quienes prestaban el servicio.
Las irregularidades que dejó al descubierto la tragedia
Las multas impuestas en septiembre de 2025 constituyeron una de las principales consecuencias administrativas del siniestro. La identificación de decenas de infracciones puso el foco en la actividad de las empresas vinculadas al autobús y en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que exige el transporte de viajeros.
El accidente de Porté-Puymorens dejó tres víctimas mortales, decenas de heridos y una investigación sobre las condiciones de seguridad del autocar. Las sanciones anunciadas en 2025 constituyeron una de sus consecuencias administrativas más importantes, mientras que la determinación de las responsabilidades penales corresponde a la Justicia francesa.
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