España
Antifraude investiga una plaza de 90.000 € de un histórico del PP
La Agencia Valenciana Antifraude investiga una plaza de 90.000 euros en la Diputación de Valencia, ocupada por Antonio Lis, antiguo dirigente del PP.
Resumen
- Antifraude investiga una plaza de 90.000 euros en la Diputación de Valencia
- Antonio Lis, antiguo dirigente del PP, ocupa el puesto investigado
- La Sindicatura afronta otro expediente por complementos salariales
La Agencia Valenciana Antifraude investiga la creación y ocupación de una plaza de alto funcionario en la Diputación de Valencia, presidida por Vicent Mompó, que desempeña Antonio Lis, un histórico dirigente del Partido Popular con una larga trayectoria en distintas administraciones. El puesto, adscrito a la Vicepresidencia Segunda, tiene una retribución aproximada de 90.000 euros anuales, sin contar los trienios reconocidos al funcionario.
La investigación parte de una denuncia que cuestiona las funciones atribuidas al puesto y su correspondencia con el trabajo efectivamente desarrollado. Antifraude ha solicitado documentación a la institución provincial para examinar las circunstancias de su creación, en febrero de 2024, y su ocupación. La Diputación confirma el requerimiento, pero sostiene que no existe ninguna irregularidad acreditada ni una conclusión definitiva del organismo investigador.
El expediente afecta a una plaza denominada coordinador técnico administrativo de Estudios y Programas, dependiente de la vicepresidencia que dirige Reme Mazzolari. Antonio Lis ha recibido tres prórrogas para continuar en activo, la última hasta febrero de 2027, cuando ya se encontraba próximo a la edad de jubilación.
La actuación se conoce coincidiendo con otro expediente de Antifraude que afecta a la Sindicatura de Comptes. En este segundo caso, el organismo ha decidido trasladar al Tribunal de Cuentas las posibles irregularidades detectadas en unos complementos salariales que alcanzaron los 445.000 euros en 2021. Son procedimientos distintos, aunque ambos plantean dudas sobre la gestión de recursos públicos valencianos.
Una plaza de alto funcionario creada en febrero de 2024
El puesto que ocupa Antonio Lis fue creado por el pleno de la Diputación de Valencia en febrero de 2024, dentro de la estructura administrativa de la Vicepresidencia Segunda.
Su clasificación corresponde al grupo A1, el nivel superior de la función pública, y cuenta con varios complementos retributivos que elevan su remuneración hasta aproximadamente 90.000 euros al año, a los que se añaden los correspondientes trienios de antigüedad.
Las competencias asignadas al puesto incluyen la coordinación de estudios, informes y programas de las diferentes delegaciones dependientes de la vicepresidencia. Entre ellas figuran áreas de considerable peso administrativo y presupuestario, como contratación, recursos humanos y carreteras.
El coordinador también debe facilitar las relaciones entre departamentos, impulsar proyectos y promover la colaboración con otras administraciones e instituciones.
La cuestión que examina Antifraude no es únicamente la existencia de estas responsabilidades sobre el papel. La denuncia plantea dudas sobre si las tareas realmente desempeñadas se corresponden con las funciones previstas y sobre las circunstancias administrativas que permitieron crear y ocupar la plaza.
Tres prórrogas y continuidad hasta febrero de 2027
Otro elemento relevante es la prolongación de la actividad profesional de Antonio Lis.
La Diputación ha autorizado tres prórrogas de su permanencia en activo. La última amplía su continuidad hasta febrero de 2027.
La institución provincial ha justificado esta decisión por necesidades organizativas y por la conveniencia de mantener el puesto para garantizar el funcionamiento del servicio.
La prolongación de la actividad de un funcionario no constituye por sí misma una irregularidad. La legislación permite determinadas prórrogas cuando concurren los requisitos correspondientes. Sin embargo, su autorización debe ajustarse al procedimiento aplicable y contar con la motivación administrativa exigida.
En este expediente, las explicaciones sobre la necesidad del puesto y las funciones efectivamente desarrolladas forman parte de los aspectos que deberán aclararse.
Quién es Antonio Lis y cuál ha sido su trayectoria política
Antonio Lis es un funcionario y antiguo dirigente del Partido Popular valenciano cuya carrera institucional se remonta a los años noventa.
Catedrático de enseñanza secundaria, comenzó su trayectoria política como concejal en Xirivella. En 1995 llegó a ocupar la vicepresidencia de la Diputación de Valencia, donde también asumió responsabilidades en el área de Cultura.
Posteriormente desempeñó distintos cargos en administraciones gobernadas por el PP. Fue director general del Imserso durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo y ocupó responsabilidades vinculadas a inmigración e inversiones públicas en gobiernos de la Generalitat Valenciana.
También ejerció funciones directivas durante la presidencia autonómica de Francisco Camps.
En 2012 regresó a la Diputación, entonces presidida por Alfonso Rus, para desarrollar tareas relacionadas con la gestión cultural.
Su trayectoria explica la relevancia política del expediente, aunque resulta importante distinguir los antecedentes institucionales del funcionario de la investigación actualmente abierta. Antifraude examina la situación administrativa de una plaza concreta, no el conjunto de su carrera política.
La Diputación de Valencia niega irregularidades acreditadas
La institución que preside Vicent Mompó ha confirmado que recibió el requerimiento de información de la Agencia Valenciana Antifraude y que está preparando la documentación solicitada.
Según la posición trasladada por la Diputación, todavía no hay una resolución que confirme irregularidades en la creación o provisión del puesto.
La corporación asegura que colaborará con el organismo investigador y que esperará las conclusiones del procedimiento antes de adoptar una posición definitiva.
Antonio Lis se encuentra actualmente de baja, según la información conocida sobre el expediente.
El requerimiento de documentación constituye una actuación de comprobación. No equivale a una sanción, una imputación penal ni una declaración de responsabilidad.
Antifraude deberá estudiar los antecedentes administrativos, las razones de creación de la plaza y los elementos aportados en la denuncia para determinar si existen hechos que justifiquen nuevas actuaciones.
Antifraude lleva otro expediente al Tribunal de Cuentas por los sueldos de la Sindicatura
Mientras se examina la plaza de la Diputación, la Agencia Valenciana Antifraude ha decidido dar otro paso en una investigación diferente, relacionada con los complementos salariales de la Sindicatura de Comptes, la institución encargada de fiscalizar las cuentas del sector público valenciano.
El organismo dirigido por Eduardo Beut tiene previsto comunicar este 16 de noviembre a Les Corts Valencianes el traslado del expediente al Tribunal de Cuentas, ante la posibilidad de que existan responsabilidades contables.
El caso tiene su origen en una denuncia anónima relacionada con las observaciones formuladas en una auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2021.
El análisis cuestionaba determinados pagos vinculados al cumplimiento del programa anual de actuación de la Sindicatura. Los complementos afectaban a diferentes categorías de personal, incluidos los síndicos, la Secretaría General y los auditores.
En aquel ejercicio, estas retribuciones complementarias sumaron aproximadamente 445.000 euros.
La controversia se centra en la regulación de los pagos, la definición de los objetivos y los criterios empleados para evaluar su cumplimiento. Antifraude considera que podrían haberse abonado complementos sin alcanzar los objetivos correspondientes.
La Sindicatura de Comptes rechaza esa interpretación y defiende la procedencia de las retribuciones.
El sistema de complementos se remonta a finales de los años noventa y estaba vinculado al régimen retributivo de Les Corts. La auditoría ya había recomendado concretar mejor las normas de evaluación.
Corresponderá al Tribunal de Cuentas examinar si los hechos pueden generar responsabilidad contable. La cantidad total abonada en complementos durante 2021 no equivale, por sí sola, a un perjuicio económico acreditado ni a una obligación de devolver ese importe.
Dos investigaciones que ponen bajo examen la gestión del dinero público
Los expedientes de la Diputación de Valencia y la Sindicatura de Comptes se encuentran en situaciones diferentes.
En el primero, Antifraude ha requerido documentación para comprobar las circunstancias de una plaza administrativa ocupada por un antiguo dirigente del PP. La investigación sigue abierta y la institución provincial sostiene que no se ha demostrado ninguna actuación irregular.
En el segundo, el organismo ha avanzado hacia una posible exigencia de responsabilidad contable por determinados complementos salariales, aunque todavía corresponde a los órganos competentes determinar si existió un perjuicio para los fondos públicos.
La diferencia importa. Una denuncia puede justificar comprobaciones sin que los hechos denunciados terminen confirmándose. Del mismo modo, una observación sobre la regulación de un complemento salarial no demuestra automáticamente que todas las cantidades pagadas fueran indebidas.
Los dos procedimientos tienen, sin embargo, un elemento común: la necesidad de acreditar con documentación suficiente cómo se justifican determinados puestos y retribuciones dentro de las instituciones públicas.
En la Diputación, el siguiente paso será analizar la información solicitada sobre la plaza de Antonio Lis. En la Sindicatura, la atención se desplaza hacia el examen de los complementos y la eventual intervención del Tribunal de Cuentas.
Ninguno de los dos expedientes permite afirmar, por el momento, que exista una irregularidad definitivamente acreditada. Las conclusiones dependerán de las actuaciones administrativas y, cuando corresponda, de las resoluciones del órgano fiscalizador competente.
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