Antifraude pide al PP datos por las vallas de Llorca y la Generalitat

La Agencia Valenciana Antifraude ha acudido a la sede autonómica del PP valenciano para reclamar documentación sobre las vallas publicitarias que el partido y la Generalitat desplegaron prácticamente al mismo tiempo para promocionar las rebajas fiscales aprobadas por el Consell. La actuación se produjo el miércoles 28 de octubre y forma parte de una investigación que trata de aclarar si existió coordinación entre ambas campañas.

El foco está en una imagen que se repitió en distintos puntos de la Comunitat Valenciana: una valla institucional de la Generalitat informaba de las nuevas deducciones fiscales y, junto a ella, otra del PPCV mostraba a Juanfran Pérez Llorca con mensajes como «Cumplimos bajando impuestos» y «Juanfran president». La cuestión que intenta despejar Antifraude es si esa coincidencia fue simplemente comercial o si existió algún tipo de connivencia entre el Gobierno valenciano y el partido.

Antifraude reclama documentación al PP valenciano

Personal de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana se presentó en la sede central del PPCV, en València, para recabar información sobre la campaña del partido.

Hasta este momento, buena parte de las comprobaciones conocidas se habían centrado en la actuación de la Generalitat y en la contratación de su publicidad institucional. El nuevo requerimiento permite a Antifraude contrastar esa documentación con la relativa a las vallas contratadas por el PP.

Ahí está precisamente el giro relevante del expediente. Para determinar si hubo coordinación no basta con examinar cómo contrató la Generalitat su publicidad: también resulta necesario conocer fechas, encargos, ubicaciones y decisiones de contratación relacionadas con la campaña paralela del partido.

El PPCV ha confirmado la visita, aunque sostiene que el asunto relacionado con la Generalitat había quedado archivado y resta trascendencia al requerimiento. Sin embargo, las nuevas diligencias practicadas muestran que el expediente continúa abierto y que Antifraude sigue recabando información antes de adoptar una resolución definitiva.

Las vallas que pusieron el foco sobre las dos campañas

La polémica se remonta a abril, cuando comenzaron a aparecer vallas institucionales que difundían las deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno valenciano. La campaña tenía una finalidad reconocible: informar a los contribuyentes de las rebajas y beneficios tributarios disponibles.

El problema apareció en la carretera, literalmente. En diferentes emplazamientos, junto a esos anuncios de la Generalitat se instalaron vallas del Partido Popular con la imagen de Pérez Llorca y mensajes que atribuían políticamente la bajada de impuestos al Ejecutivo autonómico.

La oposición consideró que aquella disposición podía diluir la frontera entre publicidad institucional, financiada con fondos públicos, y propaganda partidista. Antifraude abrió diligencias y durante el verano solicitó información a la Administración valenciana.

No se investiga, por tanto, la existencia de las deducciones fiscales ni que la Generalitat pudiera informar sobre ellas. El núcleo está en determinar si la campaña pública quedó suficientemente diferenciada de la campaña política del PP y si las coincidencias de ubicación y mensaje obedecieron a algún tipo de coordinación previa.

Qué establece la ley sobre la publicidad institucional

La legislación valenciana sobre publicidad institucional establece que la comunicación de las administraciones debe quedar claramente separada de la propaganda de los partidos políticos, tanto en su contenido como en su presentación. El objetivo es impedir que los recursos públicos terminen confundidos con intereses electorales o partidistas.

La norma también prohíbe la publicidad institucional partidista, limita la utilización promocional de cargos públicos y exige que las campañas pagadas por la Administración respondan a un interés ciudadano identificable.

Eso no significa que la aparición de dos vallas próximas constituya automáticamente una infracción. La investigación debe determinar cómo se contrataron, quién decidió los emplazamientos y si hubo comunicación o planificación entre ambas campañas. La proximidad visual puede justificar comprobaciones; una eventual responsabilidad requiere pruebas adicionales.

El informe provisional no cerró definitivamente el expediente

Antifraude ya había elaborado un informe provisional después de analizar la documentación aportada por la Generalitat. Ese primer análisis no consideraba suficientemente acreditado que se hubiera producido un incumplimiento deliberado de la ley ni que existiera una coordinación intencionada entre el Consell y el PPCV.

Ese matiz importa. Un informe provisional no equivale a una resolución definitiva de todo el procedimiento. La investigación seguía pendiente de nuevas comprobaciones y, entre ellas, de conocer documentación relacionada directamente con la campaña del Partido Popular.

La visita a la sede popular encaja precisamente con esa fase. Si Antifraude quiere comprobar si dos campañas fueron coordinadas, necesita disponer de información de las dos partes implicadas. El requerimiento al PPCV permite comparar sus datos con los obtenidos previamente de la Generalitat.

La Junta Electoral archivó otro procedimiento distinto

La polémica de las vallas también llegó a la Junta Electoral Provincial de Valencia, aunque por una vía diferente. El PSPV había reclamado la retirada de la publicidad del PP después de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta Electoral archivó aquella queja al constatar que los carteles habían sido instalados antes de la convocatoria electoral y que el PP había solicitado posteriormente su retirada. El órgano consideró acreditado que las vallas fueron eliminadas en un plazo razonable.

Ese archivo no equivale al cierre de la investigación de Antifraude. Son procedimientos distintos, sometidos a normas y objetivos diferentes. La Junta Electoral examinó el cumplimiento de las restricciones electorales; Antifraude estudia la posible relación entre una campaña institucional financiada con dinero público y otra impulsada por el partido.

El cruce de documentos marcará el resultado de la investigación

La investigación entra así en una fase bastante más concreta. Ya no se trata únicamente de observar que las vallas estaban juntas o utilizaban mensajes políticamente relacionados. Antifraude puede comparar contratos, fechas, soportes y ubicaciones para determinar si existió una planificación compartida.

El PP valenciano niega irregularidades y mantiene que las actuaciones anteriores sobre la campaña institucional no acreditaron una coordinación deliberada. La oposición, por el contrario, considera que era necesario analizar también la documentación del partido antes de dar por aclarado el asunto.

Por el momento no existe una resolución definitiva que establezca una infracción ni una responsabilidad del PPCV o de la Generalitat. Lo que sí consta es que Antifraude ha acudido a la sede del partido para reclamar documentación y que continúa realizando comprobaciones sobre unas vallas que colocaron, prácticamente una al lado de la otra, la publicidad del Gobierno valenciano y la propaganda política de quienes lo dirigen.