Sánchez promete blindar las pensiones con el IPC en la Constitución

Pedro Sánchez se ha comprometido a reformar la Constitución española para garantizar que las pensiones sigan revalorizándose conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). El presidente del Gobierno y líder del PSOE ha anunciado este lunes, 26 de octubre, en Gijón que impulsará esta modificación durante la próxima legislatura si consigue continuar gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta pretende convertir la actualización de las pensiones según la inflación en una garantía constitucional, más difícil de modificar por futuros gobiernos. Actualmente, las pensiones contributivas ya se revalorizan por ley en función del IPC. La novedad no consiste, por tanto, en establecer una subida que antes no existía, sino en elevar su protección jurídica. Para conseguirlo, Sánchez necesitaría mayorías parlamentarias reforzadas que el PSOE no puede alcanzar por sí solo.

El anuncio llega en plena precampaña electoral, con las pensiones convertidas en uno de los principales asuntos de confrontación entre los socialistas, el Partido Popular y Vox. Sánchez sostiene que un eventual Gobierno de las dos formaciones de derechas pondría en peligro las prestaciones públicas, mientras que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado expresamente que mantendrá su actualización conforme al IPC.

Más allá del enfrentamiento político, la promesa introduce una cuestión importante: hasta qué punto puede quedar protegido en la Constitución el poder adquisitivo de millones de pensionistas y qué haría falta para convertir ese compromiso en una reforma efectiva.

Sánchez anuncia en Gijón una reforma constitucional para proteger las pensiones

El presidente del Gobierno ha presentado su propuesta durante un mitin socialista celebrado en el Pabellón de las Naciones de Gijón, ante miles de simpatizantes, en una comunidad como Asturias donde el futuro de las pensiones tiene especial relevancia social y económica.

Sánchez ha vinculado su compromiso a lo que considera una amenaza del PP y Vox para el sistema público de pensiones. Durante su intervención ha recordado las movilizaciones de los jubilados contra la reforma aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha defendido la recuperación de la actualización de las prestaciones conforme al coste de la vida.

El dirigente socialista ha situado esta protección entre sus prioridades para la próxima legislatura. Su intención es que la obligación de mantener la revalorización vinculada al IPC no dependa únicamente de una ley ordinaria, susceptible de ser modificada por una mayoría parlamentaria.

El compromiso tiene también una dimensión electoral. Sánchez ha reclamado una mayoría absoluta de 176 diputados para el PSOE en los comicios del 29 de noviembre, aunque esa cifra, suficiente para controlar por sí solo las votaciones que requieren mayoría absoluta en el Congreso, no bastaría para reformar la Constitución.

Las pensiones ya suben con el IPC: qué cambiaría realmente

La revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al IPC no es una propuesta nueva. Está recogida en la legislación española desde la reforma aprobada en diciembre de 2021, que modificó el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social.

Esa regulación establece que las pensiones contributivas deben actualizarse al comienzo de cada año tomando como referencia la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. También dispone que, si ese promedio resulta negativo, las pensiones no se reducen por ese motivo.

En 2026, la actualización general ha sido del 2,7 % para las pensiones contributivas. Esto significa que una prestación de 1.000 euros mensuales al finalizar 2025 pasó a 1.027 euros en 2026, siempre que le resultara aplicable íntegramente ese porcentaje.

Las pensiones mínimas y las no contributivas han registrado incrementos superiores, debido a medidas específicas destinadas a mejorar los ingresos de los pensionistas con menores recursos.

La reforma anunciada por Sánchez no supondría automáticamente una subida adicional de las prestaciones. Su propósito sería consolidar constitucionalmente un mecanismo que ya funciona mediante una ley.

El artículo 50 de la Constitución ya reconoce esta protección

La Constitución española contempla actualmente el derecho a unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Su artículo 50 obliga a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

Sin embargo, no establece expresamente que las pensiones deban aumentar conforme al IPC. Esa vinculación procede de la legislación ordinaria y, por tanto, puede modificarse mediante otra ley.

Incorporar la referencia a la inflación en la Carta Magna supondría reforzar la protección de la revalorización anual y dificultaría que un futuro Gobierno eliminase ese criterio mediante una reforma legislativa convencional.

No sería, pese a todo, una garantía absolutamente inmutable. La propia Constitución admite modificaciones cuando se cumplen los procedimientos y las mayorías exigidas. Tampoco resolvería por sí sola los problemas de financiación y sostenibilidad que afronta el sistema público de pensiones.

Reformar la Constitución exige una mayoría que Sánchez no tiene garantizada

La principal dificultad de la propuesta no es únicamente política, sino también parlamentaria. La reforma constitucional está sometida a requisitos mucho más exigentes que la aprobación de una ley ordinaria.

Si la modificación se articulase sobre el artículo 50 de la Constitución, la vía ordinaria de reforma prevista en el artículo 167 exigiría, como regla general, el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado.

En un Congreso de 350 diputados, esa mayoría equivale a 210 votos favorables. Si no hubiera acuerdo entre ambas cámaras, la Constitución contempla un procedimiento alternativo que, bajo determinadas condiciones, permite aprobar la reforma con dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

Un referéndum tampoco sería obligatorio en todos los casos. En el procedimiento del artículo 167, se celebraría si lo solicitase una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras dentro del plazo constitucional de quince días.

Por tanto, incluso si el PSOE lograse los 176 escaños que reclama Sánchez, necesitaría apoyos adicionales para llevar adelante la iniciativa.

El presidente tampoco ha concretado todavía la redacción de la modificación constitucional, un detalle relevante para determinar su alcance definitivo. No es lo mismo reconocer la actualización obligatoria conforme al IPC que incorporar una regulación más amplia sobre la suficiencia y el poder adquisitivo de las pensiones.

El PP defiende mantener el IPC mientras Sánchez alerta de recortes

La propuesta se produce después de varias semanas de controversia sobre el futuro del sistema de pensiones. El debate ha puesto de manifiesto las diferencias entre los principales partidos sobre la protección de las prestaciones y la sostenibilidad del modelo público.

Desde el PSOE se ha acusado al PP y Vox de representar un riesgo para el modelo público. Sánchez ha recuperado las referencias a la reforma de las pensiones de 2013, aprobada durante la presidencia de Mariano Rajoy, que desvinculó la actualización de las pensiones de la evolución directa de los precios mediante un nuevo índice de revalorización.

Ese mecanismo permitió aplicar incrementos del 0,25 % en años en los que la inflación podía ser superior, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para determinados pensionistas. La posterior reforma de 2021 recuperó la vinculación general con el IPC.

Sin embargo, la posición pública actual del Partido Popular no consiste en rechazar esa actualización. El pasado 15 de octubre, Alberto Núñez Feijóo aseguró que las pensiones seguirían aumentando conforme al IPC y presentó tanto su revalorización como la viabilidad del sistema público como compromisos de su formación.

Estas declaraciones llegaron después de que dirigentes populares planteasen la necesidad de acometer cambios para garantizar la sostenibilidad del modelo, lo que abrió un debate interno sobre el alcance de una futura reforma.

La diferencia entre los principales partidos no reside exclusivamente en la subida anual de las prestaciones, sino también en cómo garantizar su financiación a largo plazo y en si el criterio de actualización debe quedar incorporado a la Constitución.

El enfrentamiento ha adquirido mayor intensidad tras el acuerdo electoral alcanzado entre PP y Vox para el Senado. Sánchez lo ha utilizado para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría una mayoría parlamentaria de ambas formaciones.

Conviene distinguir, en cualquier caso, las advertencias electorales de los compromisos expresamente anunciados. El PSOE defiende una protección constitucional adicional; Feijóo ha prometido respetar la actualización por IPC, aunque sin asumir la reforma de la Carta Magna anunciada por Sánchez.

La subida de las pensiones de 2027 sigue su propio calendario

Para quienes ya cobran una pensión, la consecuencia inmediata del anuncio es sencilla: no cambia las cantidades que perciben ni modifica el procedimiento vigente para calcular la próxima revalorización.

La subida general de las pensiones contributivas correspondiente a 2027 seguirá calculándose con el mecanismo legal establecido, utilizando la evolución media del IPC durante el periodo de referencia.

El porcentaje definitivo todavía no se conoce, puesto que depende de los datos de inflación correspondientes al conjunto del periodo de cálculo. Una vez determinado, servirá para actualizar las prestaciones desde el comienzo del nuevo año conforme a la normativa aplicable.

Tampoco debe confundirse la garantía del poder adquisitivo con la suficiencia económica de todas las pensiones. Una prestación puede aumentar al mismo ritmo que los precios y seguir siendo insuficiente para afrontar determinados gastos. Son problemas relacionados, pero diferentes.

La sostenibilidad financiera añade otra cuestión. El envejecimiento de la población, la jubilación de las generaciones numerosas del baby boom y el aumento del número de beneficiarios obligan a mantener un equilibrio entre las prestaciones, las cotizaciones y los recursos públicos destinados a financiarlas.

La propuesta de Sánchez aborda específicamente la protección constitucional de las pensiones y de su revalorización. No constituye, por sí misma, una solución integral a los desafíos financieros del sistema.

Un blindaje pendiente de las urnas y los acuerdos parlamentarios

De momento, el compromiso queda condicionado al resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre y a los acuerdos que puedan alcanzarse en las nuevas Cortes.

La actualización conforme al IPC ya tiene respaldo legal. Lo que Sánchez propone ahora es darle una protección constitucional más sólida. Entre anunciar esa intención en un mitin y conseguir los votos necesarios para reformar la Carta Magna hay, sin embargo, una distancia considerable. Y esa distancia no la resuelve una mayoría de Gobierno, sino un acuerdo parlamentario mucho más amplio.