El caso Ítaca extiende el boicot docente a las excursiones escolares

Las excursiones escolares, las visitas a museos, los viajes de estudios y hasta una salida de unas horas fuera del colegio han dejado de ser una rutina inocente para una parte creciente del profesorado. En Aragón, más de una treintena de centros públicos habían suspendido total o parcialmente actividades fuera de sus instalaciones al terminar septiembre y el goteo continúa. El IES Torre de los Espejos de Utebo, por ejemplo, acordó por unanimidad paralizarlas durante todo el curso 2026-2027.

Detrás está, sobre todo, el temor a las responsabilidades que puede asumir un docente cuando abandona las cuatro paredes del aula. El detonante ha sido el caso de Mario Conesa, el estudiante de 17 años del IES Ítaca de Zaragoza que murió en marzo de 2022 durante un viaje de estudios a Bélgica. Dos profesores serán juzgados en enero de 2027 por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave. La familia solicita cuatro años de prisión para cada uno; la Fiscalía, dos años y seis meses. Será el tribunal quien determine si existió responsabilidad penal.

El conflicto ya no se limita a Aragón. En Cantabria los sindicatos han reclamado mayor protección jurídica para realizar actividades fuera de los centros; en Cataluña, más de un millar de colegios e institutos públicos mantienen un boicot a salidas y colonias dentro de un conflicto laboral más amplio. No existe una protesta nacional coordinada ni las causas son idénticas. Pero el malestar se parece bastante de un claustro a otro: hasta dónde llega la responsabilidad del profesor cuando algo grave sucede lejos del centro.

El caso Ítaca cambia la percepción de una excursión escolar

Mario Conesa viajó a Hasselt, en Bélgica, junto a compañeros y dos profesores del IES Ítaca. Según la acusación, el adolescente se encontraba enfermo, con dolor de garganta, cabeza y oídos. Tras recibir paracetamol se quedó descansando en el alojamiento mientras los profesores y el resto del grupo salieron a cenar.

Las cámaras del establecimiento registraron después al joven recorriendo el edificio en aparente estado de desorientación. Mario terminó cayendo por el hueco de una escalera y murió. Aquella noche de marzo de 2022, que debía formar parte de un viaje educativo, acabó cuatro años después convertida en un proceso penal con consecuencias mucho más amplias que el propio instituto.

Qué se juzgará en enero

El procedimiento no decidirá si organizar excursiones escolares es peligroso ni establecerá una responsabilidad automática para cualquier profesor que acompañe a menores. Lo que deberá determinar la Justicia es si, en aquellas circunstancias concretas, la conducta de los dos docentes constituyó una imprudencia profesional penalmente relevante.

Esa diferencia jurídica es importante. Y, al mismo tiempo, explica solo una parte del miedo que ha entrado en las salas de profesores. Una absolución o una condena resolverá la responsabilidad de dos personas ante unos hechos determinados, pero los docentes reclaman algo bastante más básico: saber qué protocolo deben seguir ante una enfermedad, un accidente, una emergencia médica, una conducta conflictiva, una pernocta o cualquier incidente inesperado.

Porque acompañar a treinta adolescentes durante tres días no se parece demasiado a impartir Matemáticas de diez a once. Sobre el papel sigue siendo actividad educativa; en la práctica aparecen noches, desplazamientos, habitaciones, medicación, tiempos libres y decisiones que a veces deben tomarse en segundos.

Aragón reguló las salidas, pero el temor no ha desaparecido

El Gobierno de Aragón reaccionó aprobando la Orden ECU/1254/2026, publicada el 25 de agosto y en vigor desde el día siguiente. Se trata de una regulación transitoria para actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudios, intercambios y movilidades educativas desarrolladas fuera de los centros públicos.

La norma establece criterios de planificación, documentación, comunicación con las familias y actuación ante incidencias. También fija un mínimo general de dos docentes responsables por salida y referencias orientativas de acompañamiento: una persona responsable por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria y 30 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, aunque la dirección debe valorar las circunstancias concretas de cada actividad.

Sobre el papel hay, pues, más reglas que antes. Precisamente ahí aparece la paradoja. Parte de los docentes considera que el nuevo sistema no elimina la incertidumbre, sino que multiplica documentos y deja en manos de profesores y equipos directivos tareas como la evaluación previa de determinados riesgos. Algunos claustros sostienen que se les exige valorar situaciones para las que no consideran haber recibido formación suficiente y reclaman un respaldo jurídico más explícito de la Administración.

El resultado resulta llamativo: Aragón ha regulado las excursiones con más detalle y, aun así, continúa habiendo centros que prefieren no salir. Gobierno y sindicatos tienen pendiente seguir abordando una normativa que nació precisamente para reducir la inseguridad y que, de momento, no ha logrado cerrar el debate.

El conflicto empieza a salir de Aragón

La inquietud no se está copiando de forma idéntica de una comunidad a otra, pero sí aparece un patrón. Durante años, numerosas salidas escolares han descansado sobre una mezcla bastante española: voluntarismo del profesor, unas cuantas autorizaciones, experiencia, sentido común y mucha confianza en que nada verdaderamente grave sucedería.

Cuando sucede, la arquitectura empieza a crujir. Viajes internacionales, intercambios Erasmus, colonias, semanas blancas o excursiones de un día colocan al docente ante situaciones que desbordan el horario habitual. Responsabilidad civil, asistencia jurídica, descansos, dietas, ratios y protocolos de emergencia han pasado así de la letra pequeña al centro de la discusión.

Cantabria y Cataluña trasladan el malestar a otros centros

En Cantabria todavía no existe un boicot general equivalente al aragonés. Conviene precisarlo. Lo que sí existe es una advertencia sindical considerable: se reclama acelerar una regulación integral de estas actividades y garantizar asistencia legal y cobertura suficiente para quienes acompañen a los alumnos fuera del centro.

Entre las demandas figuran protocolos específicos para hospitalizaciones, accidentes o fenómenos meteorológicos extremos, además de una regulación más clara de coordinadores, descansos y condiciones de trabajo. La preocupación de fondo es sencilla: que una actividad voluntaria o complementaria termine trasladando al profesor riesgos difíciles de medir antes de subir al autobús.

Cataluña presenta un caso diferente y bastante más grande. Alrededor de 1.360 de unos 2.300 centros públicos llegaron a adherirse al movimiento para suspender salidas y colonias. Allí la protesta no nació del procedimiento judicial aragonés, sino de reivindicaciones mucho más amplias sobre ratios, recursos para la educación inclusiva, plantillas, inversión y condiciones laborales.

La protección durante las actividades fuera de las aulas, sin embargo, ha terminado entrando también en la conversación. El conflicto ha tenido incluso consecuencias económicas para entidades vinculadas al ocio educativo. El parecido con Aragón está menos en el origen que en el resultado: cada vez más docentes cuestionan asumir responsabilidades extraordinarias apoyándose únicamente en la buena voluntad.

Cuando la excursión desaparece, también pierde el alumno

La protesta tiene una víctima colateral evidente. Una visita a un museo no sustituye a una clase, pero tampoco es simplemente una tarde de recreo con bocadillo. Hay alumnos que ven por primera vez un laboratorio, un teatro, una excavación arqueológica o una ciudad extranjera gracias al colegio. Para quienes proceden de hogares con menos recursos, una salida escolar puede abrir una puerta difícil de encontrar fuera del aula.

De ahí el choque con algunas familias. En Cataluña se han producido movilizaciones de estudiantes contra la suspensión de salidas y asociaciones de padres han cuestionado que sean los menores quienes soporten el coste del conflicto. En algunos lugares se ha planteado incluso que las familias organicen determinados viajes, aunque la experiencia educativa cambia cuando el profesor queda fuera de la ecuación.

Tampoco resulta razonable fingir que un docente debe aceptar cualquier riesgo porque una excursión sea pedagógicamente valiosa. La vocación no es una póliza de seguros. El verdadero problema aparece cuando un sistema educativo considera estas actividades parte de la formación del alumnado y, al mismo tiempo, no logra que quienes deben acompañarlo sepan con suficiente precisión qué ocurre jurídicamente cuando algo sale mal.

La escuela necesita salir del aula sin trabajar con miedo

El caso Ítaca ha transformado una tragedia individual en un debate que afecta al sistema educativo. Enero de 2027 colocará los hechos ante un tribunal, pero la discusión ya ha escapado del expediente judicial. Aragón tiene una regulación transitoria que parte del profesorado considera insuficiente; Cantabria reclama garantías y Cataluña demuestra hasta dónde puede llegar un boicot cuando las salidas escolares entran de lleno en un conflicto laboral.

No todas las reivindicaciones son iguales ni todos los docentes apoyan la suspensión. Tampoco sería justo presentar cada excursión como una temeridad jurídica. Millones se han realizado durante décadas sin incidentes graves. Pero algo sí parece haberse roto: la tranquilidad con la que el profesor subía al autobús confiando en que el sentido común bastaría para resolver casi cualquier problema.

Seguridad para el alumno y seguridad jurídica para quien lo acompaña no son intereses enfrentados. Deberían formar parte del mismo sistema. Porque cuando la respuesta al riesgo consiste simplemente en no salir del colegio, desaparece el peligro, sí. También desaparece una parte de la escuela.