Síguenos

España

Confirman la condena a dos médicas por la muerte de Aitor en Petrer

La Audiencia ratifica las penas de prisión a dos médicas que atendieron a Aitor, fallecido por peritonitis tras cinco visitas a urgencias en Petrer.

Hospital General de Elda

Foto: FoxR / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Resumen

  • La Audiencia confirma las condenas a dos médicas por la muerte de Aitor
  • El niño, de ocho años, acudió cinco veces a urgencias y murió de peritonitis
  • Las penas son de dos y un año de cárcel, con inhabilitación profesional

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado íntegramente las condenas a dos médicas por la muerte de Aitor, un niño de ocho años de Petrer (Alicante) que falleció en octubre de 2020 a consecuencia de una peritonitis después de acudir cinco veces a urgencias en menos de cuatro días. El menor sufría una apendicitis aguda que no fue diagnosticada a tiempo, pese a las reiteradas visitas de su familia al centro de salud de Petrer y al Hospital General de Elda.

La Sección Segunda de la Audiencia ha ratificado las penas de dos años y un año de prisión, respectivamente, por un delito de homicidio por imprudencia grave. Las facultativas también han sido condenadas a períodos de inhabilitación profesional de tres años y medio y tres años. El tribunal considera acreditadas las graves deficiencias en la atención sanitaria que recibió el niño durante sus últimos días.

La resolución, fechada el 17 de noviembre de 2026, desestima tanto los recursos de las defensas, que solicitaban la absolución, como la impugnación de la acusación particular, que consideraba insuficientes las penas y las indemnizaciones. La sentencia todavía puede recurrirse en casación, por lo que no es firme.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

Cinco visitas a urgencias antes de morir por una peritonitis

Los hechos comenzaron el 24 de octubre de 2020, cuando Aitor empezó a sufrir fuertes dolores abdominales y vómitos en su domicilio de Petrer, donde vivía con su abuela materna y la pareja de esta.

Ante la persistencia de los síntomas, sus familiares lo trasladaron al centro de salud de la localidad. Desde allí fue derivado al Hospital General de Elda, donde se atribuyeron inicialmente las molestias a un posible proceso vírico. El menor recibió el alta sin que se identificara la enfermedad que estaba provocando su deterioro.

Pero los síntomas no desaparecieron. El 26 de octubre, sus abuelos volvieron a llevarlo al centro de salud. Aitor presentaba un dolor abdominal persistente, un aspecto visiblemente deteriorado y dificultades para tolerar líquidos. La pediatra que lo examinó decidió derivarlo nuevamente al hospital.

En aquella segunda atención hospitalaria intervino una de las médicas posteriormente condenadas. Según los hechos probados, no se solicitaron una analítica de sangre ni una ecografía abdominal, pruebas que habrían permitido investigar las causas del cuadro clínico.

La facultativa tampoco cuantificó la frecuencia cardíaca del menor. El informe de alta recomendaba regresar a urgencias si los vómitos eran abundantes, pese a que el niño ya presentaba entre siete y nueve episodios diarios.

El cuadro continuó agravándose. Durante la madrugada del 28 de octubre, cuando Aitor acumulaba varias asistencias médicas sin un diagnóstico definitivo, sus familiares volvieron a buscar ayuda.

Fue su quinta visita a los servicios de urgencias.

La última atención médica y las pruebas que no se realizaron

A las 5.28 horas del 28 de octubre, los abuelos llevaron nuevamente a Aitor al servicio de urgencias del centro de salud de Petrer.

Allí fue atendido por la segunda facultativa condenada. La sentencia establece que no realizó una exploración física del niño ni le tomó las constantes vitales, incluidos parámetros básicos como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.

Tampoco ordenó su traslado urgente al hospital, a pesar del empeoramiento de su estado y de los antecedentes clínicos acumulados durante los días anteriores.

La médica le administró Buscapina Compositum por vía intramuscular, un medicamento que no se utiliza habitualmente en pacientes pediátricos, pero no dispuso nuevas pruebas diagnósticas.

La resolución judicial atribuye especial relevancia a esta última decisión. Según la valoración recogida en la sentencia, la falta de derivación hospitalaria incrementó un 70 % el riesgo de muerte del menor.

Aproximadamente dos horas después de aquella atención, la familia tuvo que solicitar una ambulancia medicalizada ante el grave deterioro de Aitor. El niño fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.

La autopsia permitió determinar la causa: una apendicitis aguda que evolucionó a peritonitis, una infección grave del revestimiento de la cavidad abdominal que puede provocar complicaciones potencialmente mortales.

Dos condenas por homicidio por imprudencia grave

La resolución de la Audiencia Provincial confirma la sentencia dictada el 26 de mayo de 2025 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante.

La primera condenada, identificada por sus iniciales M. R. R., ejercía como pediatra en el Hospital General de Elda y atendió al menor el 26 de octubre. El tribunal mantiene para ella dos años de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

La segunda facultativa, M. B. S., atendió a Aitor en el centro de salud de Petrer durante la madrugada de su fallecimiento. Su condena queda establecida en un año de prisión y tres años de inhabilitación profesional.

Ambas han sido declaradas responsables de un delito de homicidio por imprudencia grave.

La valoración judicial no se limita a que las médicas no acertaran con el diagnóstico. Lo determinante es que, dadas las circunstancias y la evolución del paciente, omitieron actuaciones consideradas esenciales para una asistencia sanitaria adecuada.

En particular, el tribunal respalda la conclusión de que la ausencia de pruebas complementarias y de una valoración clínica suficiente constituyó una infracción grave de las obligaciones profesionales.

La condena penal, por otra parte, no implica necesariamente el ingreso inmediato en prisión. La eventual ejecución de las penas dependerá de la firmeza de la resolución y de las decisiones judiciales posteriores.

Indemnizaciones de casi 180.000 euros para la familia

La Audiencia también mantiene las indemnizaciones reconocidas en primera instancia a los familiares de Aitor, que ascienden conjuntamente a unos 179.000 euros.

La abuela materna, que se ocupaba del cuidado del niño, recibirá 114.203 euros. La pareja de esta y la madre biológica del menor tienen reconocidas indemnizaciones de aproximadamente 32.629 euros cada una.

La resolución establece la responsabilidad civil directa de la aseguradora de las sanitarias y la responsabilidad subsidiaria de la Conselleria de Sanidad.

La acusación particular, ejercida por la familia, había solicitado un incremento de las penas y de las cantidades indemnizatorias. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado esa pretensión, al igual que los recursos de las dos condenadas.

De esta forma, el tribunal mantiene sin modificaciones las responsabilidades penales y civiles fijadas por el juzgado que examinó inicialmente el caso.

La Audiencia respalda la gravedad de las negligencias

La decisión judicial supone un nuevo pronunciamiento sobre un caso que conmocionó a Petrer y que ha recorrido los tribunales durante más de seis años.

El elemento central de la condena es la sucesión de oportunidades diagnósticas desaprovechadas ante un cuadro abdominal que no mejoraba. Aitor acudió repetidamente a los servicios sanitarios, fue derivado en varias ocasiones desde atención primaria al hospital y continuó empeorando sin que se practicaran las pruebas consideradas necesarias.

Los informes médicos y las pruebas periciales resultaron determinantes para establecer que las actuaciones de las dos condenadas se apartaron gravemente de las exigencias de su profesión.

La apendicitis infantil puede presentar síntomas que inicialmente se confundan con otras enfermedades digestivas. Sin embargo, la persistencia del dolor, los vómitos repetidos y el empeoramiento del estado general obligan a reconsiderar el diagnóstico y valorar la necesidad de nuevas exploraciones.

En el caso de Aitor, los tribunales consideran que esas comprobaciones no se realizaron cuando eran necesarias.

La sentencia de la Audiencia Provincial, aunque todavía recurrible en casación, confirma que las dos facultativas incurrieron en imprudencia profesional grave y mantiene las condenas por la muerte del niño.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído