Tres familias denuncian al San Jaime tras morir un alumno de 14 años

Tres familias han denunciado ante los juzgados al colegio San Jaime de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid, a su anterior director y a una profesora por presuntos tratos degradantes, humillaciones y castigos desproporcionados contra varios estudiantes. Uno de los menores afectados, de 14 años, falleció el pasado 29 de marzo, después de permanecer 44 días hospitalizado tras un intento de suicidio. Las familias reclaman que se investigue si el trato que denuncian pudo estar relacionado con su muerte.

La denuncia, conocida este jueves 5 de noviembre de 2026, solicita la apertura de diligencias por un posible delito contra la integridad moral. El abogado Ignacio Gordillo, representante de las tres familias, dirige el escrito contra la sociedad titular del centro, San Jaime S.L., su antiguo director y una docente. Los denunciantes consideran que las situaciones descritas no fueron incidentes aislados, sino parte de una conducta reiterada hacia determinados alumnos.

El caso adquiere especial relevancia porque la denuncia incorpora los testimonios de otras dos familias y señala que la Administración educativa anuló dos expedientes disciplinarios abiertos contra sus hijos, uno en abril de 2025 y otro en junio de 2026, por irregularidades en su tramitación.

La cuestión más delicada sigue sin estar resuelta: no existe una relación causal acreditada judicialmente entre las presuntas vejaciones y la muerte del adolescente. Precisamente eso es lo que los padres quieren que se investigue. La actual dirección del colegio, que cuenta con un nuevo responsable, ha declinado pronunciarse sobre la denuncia.

Las presuntas humillaciones denunciadas en el colegio San Jaime

Según el escrito presentado ante los juzgados, el adolescente fallecido sufrió durante el curso 2025-2026 un trato que sus padres consideran vejatorio. Describen reprimendas delante de sus compañeros, expulsiones reiteradas del aula y sanciones desproporcionadas, además de acusaciones de acoso escolar que, a su juicio, carecían de fundamento.

La familia sostiene que el menor era señalado frecuentemente como responsable de los incidentes que ocurrían en clase. También habría sido acusado de acosar a estudiantes de menor edad. Sus progenitores afirman que la propia tutora les trasladó posteriormente que no consideraba que el adolescente hubiera cometido esos actos de acoso.

No se trata de una distinción menor. Una acusación de acoso escolar exige comprobar los hechos y respetar las garantías de todos los alumnos implicados. Lo mismo sucede con las sanciones disciplinarias: deben responder a conductas acreditadas y ajustarse a los procedimientos establecidos.

Los denunciantes sostienen que la reiteración de las medidas y la exposición pública del menor contribuyeron a generar un ambiente de malestar. Son afirmaciones recogidas en la denuncia, todavía pendientes de comprobación judicial.

La muerte del alumno de 14 años y los hechos de febrero

El escrito presta especial atención al 12 de febrero de 2026, la víspera del episodio que terminó provocando la muerte del adolescente.

Según el relato de sus padres, aquel día varios compañeros le lanzaron un balón. Después del incidente, el estudiante fue reprendido y tuvo que redactar un escrito sobre lo sucedido. La familia considera que este episodio debe examinarse junto con las situaciones que asegura que se habían producido durante los meses anteriores.

Durante la madrugada del 13 de febrero, el menor se precipitó desde un puente de la M-50 en un intento de suicidio. Fue trasladado a un hospital, donde permaneció ingresado durante 44 días. Finalmente, falleció el 29 de marzo de 2026.

Sus padres quieren que la Justicia examine las circunstancias anteriores a ese episodio y determine si el trato que describen pudo tener alguna influencia en el estado emocional del adolescente.

La denuncia no demuestra por sí sola esa relación. Tampoco permite atribuir la muerte a una persona, una sanción o un incidente concreto. El suicidio es un fenómeno complejo y cualquier posible responsabilidad necesita una investigación rigurosa, con pruebas y garantías para todas las partes.

Los informes psicológicos y las quejas de sus compañeros

Uno de los elementos que las familias consideran relevantes es un informe psicológico fechado el 10 de julio de 2026, elaborado a partir de las sesiones que una profesional independiente había mantenido con el adolescente antes de los acontecimientos de febrero.

Según recoge la denuncia, el documento describe un importante malestar relacionado con su entorno escolar y señala que esta situación tenía un efecto limitante sobre su desarrollo psicoemocional.

El informe puede aportar información sobre cómo percibía el menor su experiencia en el colegio. Su eventual valor judicial dependerá de su contenido, de la documentación clínica disponible y de la valoración que se haga durante la investigación.

La denuncia también recoge la reacción de algunos compañeros después de lo ocurrido. Según las familias, varios estudiantes expresaron su malestar con el centro y reprocharon a la profesora denunciada su actuación.

Siempre según ese relato, la docente les propuso que pusieran por escrito sus quejas para trasladarlas a la dirección. Los alumnos redactaron cuatro folios de reclamaciones, aunque se desconoce qué ocurrió posteriormente con ese documento.

Los denunciantes quieren que se esclarezca también este episodio y se escuche a las personas que pudieron presenciar las situaciones descritas. Los testimonios de compañeros y profesores podrían ayudar a establecer qué sucedió realmente dentro de las aulas.

Otros dos alumnos y dos expedientes disciplinarios anulados

La denuncia no se limita al caso del adolescente fallecido. Las otras dos familias describen situaciones que consideran similares y que habrían afectado a sus hijos cuando estudiaban en el colegio San Jaime.

En ambos casos aparecen expedientes disciplinarios anulados por la Administración educativa, un dato especialmente relevante porque introduce actuaciones administrativas concretas en una denuncia basada en gran medida en testimonios familiares.

Las decisiones de abril de 2025 y junio de 2026

En el primero de los casos, una familia denuncia numerosos partes disciplinarios, expulsiones y medidas sancionadoras que considera injustificadas. Según el escrito, la Administración educativa anuló un expediente el 1 de abril de 2025, al apreciar irregularidades, entre ellas el incumplimiento de garantías del procedimiento.

El segundo caso corresponde a otro antiguo alumno cuyos padres denuncian comentarios despectivos y actuaciones disciplinarias que consideran improcedentes.

La Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste anuló el 1 de junio de 2026 un expediente abierto por el colegio, al apreciar defectos formales que habían generado indefensión al estudiante.

Esta familia asegura que había trasladado anteriormente sus quejas tanto a la dirección del centro como a la Inspección Educativa. También aporta un informe de atención psiquiátrica que, según la denuncia, describe un malestar continuado relacionado con la permanencia del menor en el colegio, con mejoría durante los fines de semana y las vacaciones.

La anulación de estos expedientes no demuestra que se cometiera un delito contra la integridad moral. Sí supone, de acuerdo con lo recogido en la denuncia, que dos procedimientos disciplinarios fueron invalidados por irregularidades, una circunstancia que las familias consideran importante para acreditar sus reclamaciones.

Qué investigación judicial solicitan las tres familias

El abogado Ignacio Gordillo pide que se abran diligencias previas para examinar las actuaciones atribuidas al colegio, al anterior director y a la profesora denunciada.

Entre las medidas solicitadas figura que declaren como investigados el representante legal de la sociedad titular del colegio, el exdirector y la docente. También se pretende escuchar a los padres, profesores, coordinadores y demás personas que puedan aportar información sobre los hechos.

Las familias solicitan que el centro entregue los expedientes académicos y disciplinarios de los estudiantes afectados, los partes de incidencias, las comunicaciones internas y las actas del Consejo Escolar. Reclaman igualmente la documentación relacionada con los episodios ocurridos durante enero y febrero de 2026.

Otra parte de las diligencias propuestas afecta a los profesionales sanitarios que atendieron a los menores. Los denunciantes quieren que se incorporen los informes médicos y psicológicos pertinentes y que puedan prestar declaración quienes los elaboraron.

El escrito pide asimismo recuperar las actuaciones judiciales abiertas a raíz del fallecimiento del adolescente, que se encuentran en situación de archivo provisional, para examinarlas junto con los nuevos hechos denunciados.

Conviene distinguir entre lo que solicitan las familias y lo que ya ha acordado la Justicia. La presentación de una denuncia no significa que las personas señaladas hayan cometido un delito, ni que todas las diligencias propuestas hayan sido admitidas.

La respuesta del colegio y las responsabilidades pendientes de aclarar

La dirección actual del colegio San Jaime, que ya no está encabezada por el director mencionado en la denuncia, ha declinado realizar declaraciones sobre las acusaciones.

Las familias sostienen que la anterior dirección conocía las quejas y que no adoptó medidas suficientes para impedir que se repitieran las situaciones denunciadas. Esta supuesta falta de respuesta constituye otra de las cuestiones que pretenden someter a investigación.

Los hechos plantean dos planos diferentes. El primero es determinar si existieron humillaciones, sanciones injustificadas o actuaciones contrarias a la integridad moral de los estudiantes. El segundo, mucho más complejo, consiste en establecer si alguna de esas conductas tuvo relación con el fallecimiento del alumno de 14 años.

También queda por esclarecer qué ocurrió con las reclamaciones que, según el escrito, presentaron las familias y los compañeros, qué actuaciones llevó a cabo el colegio y cómo se tramitaron los procedimientos disciplinarios posteriormente anulados.

Por el momento, lo conocido públicamente es la presentación de una denuncia de tres familias, la existencia de un menor fallecido y la documentación administrativa y sanitaria que los denunciantes afirman aportar para respaldar sus acusaciones.

El caso del colegio San Jaime de Majadahonda queda así pendiente de las decisiones judiciales sobre las diligencias solicitadas. Para las familias, el objetivo es esclarecer si hubo conductas vejatorias continuadas y, sobre todo, conocer qué ocurrió antes de la muerte del adolescente. Una investigación deberá separar los hechos comprobados de las acusaciones y establecer si existe alguna responsabilidad legal.