Dimite la cúpula de la Fundación Complutense tras otro choque interno

La cúpula de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid ha presentado su dimisión irrevocable al rector, Joaquín Goyache, en un nuevo episodio de tensión interna dentro de una de las mayores universidades públicas españolas. La salida afecta a tres puestos centrales de la dirección y llega en medio de un proceso de reorganización de funciones, quejas por retrasos en pagos y una situación financiera que lleva meses condicionando la actividad de la institución.

La dimisión fue comunicada el 6 de octubre y afecta a la directora de la Fundación, María Paz García-Vera, al subdirector académico, Ignacio G. Fernández Arias, y a la responsable del área de Investigación, Sonia Olmeda García. El detonante ha sido la forma en que se está desarrollando el traslado de funciones, procedimientos y personal hacia el Vicerrectorado de Investigación, un proceso sobre el que los responsables salientes consideran que no han recibido información suficiente ni han podido participar adecuadamente. El Rectorado rechaza esa interpretación y sostiene que la gestión cumple los mecanismos de control y transparencia previstos.

Una dimisión irrevocable en el corazón de la Complutense

No se trata de un organismo periférico. La Fundación General funciona como medio propio de la UCM y presta apoyo en ámbitos que forman parte de la maquinaria diaria de la universidad: gestiona económicamente buena parte de los proyectos de investigación, participa en los centros de idiomas y se ocupa de actividades como los cursos de verano y diferentes programas académicos.

Dicho de otro modo, por sus despachos pasa una cantidad considerable de burocracia, dinero y proyectos. Cuando esa pieza chirría, el ruido termina escuchándose bastante más allá del edificio administrativo. La Fundación desempeña un papel relevante en el funcionamiento cotidiano de una universidad con decenas de miles de estudiantes, docentes e investigadores.

Los tres responsables salientes consideran que la reorganización emprendida alrededor del área de Investigación se ha llevado a cabo sin contar suficientemente con su experiencia. También señalan problemas pendientes relacionados con la gestión de determinados centros, los procedimientos para viajes y la definición formal de las actividades encomendadas a la Fundación por la universidad.

El reparto de funciones, en el centro del conflicto

Este último asunto tiene cierta importancia administrativa. La Fundación trabaja para la Complutense mediante la figura jurídica del encargo a medio propio, que delimita las tareas que la universidad puede encomendarle y establece quién debe gestionar determinadas actividades y servicios.

El encargo que cubría el periodo 2021-2025 fue prorrogado en octubre de 2025. No es, por tanto, una discusión abstracta sobre quién firma cada papel. La delimitación de esas competencias afecta directamente a proyectos, pagos, contratos y servicios utilizados por investigadores y centros de la UCM.

Ahí está buena parte del fondo del choque. Una organización puede soportar organigramas incómodos; lo que lleva bastante peor es no saber con nitidez quién decide, quién tramita y quién paga. Y en una institución del tamaño de la Complutense, cualquier atasco administrativo acaba multiplicándose.

Los retrasos en los pagos alimentan el malestar

La crisis directiva tampoco aparece en un terreno precisamente tranquilo. Durante los últimos meses se han acumulado quejas relacionadas con las demoras en la llegada de fondos a investigadores y proyectos vinculados a la universidad.

Uno de los casos más llamativos afecta a 76 doctores emergentes que debían repartirse 2,6 millones de euros para proyectos de investigación. El abono sufrió un retraso de unos nueve meses después de que la partida procedente de la Comunidad de Madrid no llegase a tiempo a los órganos encargados de tramitarla.

La gestión administrativa de estos proyectos corresponde a estructuras internas de Investigación, mientras la gestión económica pasa por la Fundación General. Esa división de tareas permite entender por qué cualquier problema de coordinación acaba afectando a más de un departamento y, finalmente, a quienes esperan disponer de los fondos.

El Rectorado sostiene que en estos momentos no existen retrasos en las transferencias de fondos de la Universidad hacia la Fundación. La diferencia no es menor: una cosa es reconocer problemas anteriores y otra asumir que continúan produciéndose. Pero el precedente pesa, sobre todo entre investigadores que trabajan con calendarios de ejecución, contratación y justificación bastante menos flexibles que los tiempos administrativos.

También ha habido malestar entre profesores que realizan proyectos y trabajos para administraciones o empresas a través de la universidad. Los retrasos de varios meses en determinados pagos han convertido un procedimiento rutinario en otro foco de fricción. En investigación, donde una contratación puede depender de una fecha concreta, varios meses de demora no son una pequeña molestia de ventanilla.

El tercer gran conflicto interno en menos de un año

La marcha de la dirección de la Fundación no llega aislada. Es el tercer episodio serio de tensión interna que golpea al equipo rectoral durante 2026.

En febrero dimitió el equipo de la Delegación del Rector para las Políticas Sociales, un área especialmente vinculada a la atención a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Poco después, la Delegación para Igualdad atravesó su propia crisis, con críticas internas por la pérdida de recursos y de horas de dedicación del personal.

La disputa acabó con la salida de Isabel Tajahuerce de la Delegación de Igualdad. La sucesión empieza a dibujar un paisaje incómodo: áreas distintas, problemas diferentes, pero una misma universidad intentando reorganizar servicios y contener gastos en un momento de notable presión económica.

No significa que las tres crisis tengan una única causa ni que puedan colocarse automáticamente en el mismo saco. Sí muestran, en cambio, el nivel de presión organizativa al que está sometida la Complutense y las dificultades que entraña modificar estructuras dentro de una institución de semejante tamaño.

Las cuentas explican buena parte del paisaje

Para entender esa presión hay que mirar el presupuesto. La UCM afronta 2026 con las cuentas de 2025 prorrogadas y con un presupuesto global de 632,4 millones de euros. De ellos, algo más de 446 millones corresponden a gastos de personal, una cifra que deja claro hasta qué punto cualquier desequilibrio financiero reduce el margen disponible para mover recursos sin afectar al funcionamiento ordinario.

La universidad está además sometida a un Plan Económico-Financiero 2025-2028, aprobado para corregir el desequilibrio presupuestario. Las instrucciones económicas de este ejercicio inciden en la racionalización y la economía del gasto. No es precisamente el lenguaje de una institución que nade en abundancia.

La situación venía deteriorándose desde antes. La Complutense necesitó un crédito de 34,5 millones de euros, más intereses, para cerrar 2025 y afrontar sus obligaciones. Desde entonces, la dirección universitaria ha defendido que el problema fundamental está en la insuficiencia de financiación de las universidades públicas madrileñas, mientras el Gobierno regional ha exigido medidas de ajuste y equilibrio.

Entre ambas posiciones queda la universidad real: facultades, investigadores, profesores, personal administrativo y estudiantes. Es allí donde una cifra presupuestaria termina convirtiéndose en menos margen de contratación, una transferencia que tarda, una actividad que cambia de oficina o una unidad que trabaja con menos manos.

El nuevo equipo heredará bastante más que tres despachos vacíos

Joaquín Goyache tendrá que nombrar una nueva dirección para la Fundación Complutense. El relevo resolverá la vacante formal, pero difícilmente bastará para borrar el problema que ha dejado al descubierto la dimisión.

La nueva cúpula tendrá que convivir con una redistribución de competencias, con una comunidad investigadora especialmente sensible a los tiempos de pago y con una universidad sometida a disciplina financiera. También deberá aclararse hasta dónde llega la función de la Fundación y qué tareas pasan de manera efectiva al Vicerrectorado de Investigación. Ahí se jugará buena parte de la normalización interna.

La Fundación maneja precisamente aquello que en una universidad suele resultar invisible hasta que falla: expedientes, contratos, proyectos y transferencias. Papeles, en apariencia. Detrás hay laboratorios que compran material, investigadores que necesitan contratar personal y programas que dependen de que el dinero recorra correctamente el camino desde una administración hasta su destino.

Una crisis que rebasa el organigrama de la UCM

Por eso la dimisión de sus tres principales responsables tiene un alcance mayor que un simple cambio de nombres en el organigrama. Se suma a un año convulso para la Complutense y coloca otra vez bajo el foco una cuestión que atraviesa casi todos sus conflictos recientes: cómo mantener funcionando una institución enorme mientras se reorganizan estructuras y se intenta cuadrar una cuenta que lleva demasiado tiempo al límite.