Sumar, Podemos y ERC piden el cese de Marlaska por las cargas del 11N

Sumar, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han exigido este jueves 12 de noviembre la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre. Las tres formaciones consideran que hubo actuaciones desproporcionadas de las fuerzas de seguridad y reclaman responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

La petición llega después de una jornada de movilizaciones por la vivienda y los salarios que terminó con más de un centenar de detenidos, enfrentamientos y denuncias por violencia policial en distintas ciudades españolas. La crisis ha abierto una nueva brecha entre el PSOE y varios de sus aliados parlamentarios, a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Marlaska, por su parte, ha ordenado investigar las actuaciones policiales cuestionadas.

Sumar pide la dimisión de Marlaska y reclama responsabilidades políticas

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sido especialmente contundente al reclamar la salida del ministro. Durante unas declaraciones en la Cámara Baja, donde este jueves se reúne la Diputación Permanente, ha sostenido que Marlaska debe ofrecer explicaciones por la intervención policial y abandonar posteriormente el cargo.

«No nos representa», ha afirmado Martínez Barbero, que considera injustificable la actuación de los agentes contra personas que, según ha defendido, estaban participando pacíficamente en las movilizaciones.

La portavoz ha insistido en que los incidentes no pueden atribuirse únicamente a comportamientos aislados de algunos policías. A su juicio, el carácter colectivo de determinadas intervenciones exige investigar quién tomó las decisiones operativas y depurar las responsabilidades correspondientes.

La posición resulta especialmente delicada para el Ejecutivo porque las críticas proceden también del espacio político que participa en el Gobierno.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha remitido a las declaraciones de Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid, que ha reclamado expresamente a Pedro Sánchez la destitución de Marlaska. Bustinduy también ha felicitado a las organizaciones sindicales por una movilización que considera un éxito.

A estas peticiones se ha sumado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, quien ha cuestionado la capacidad del titular de Interior para dirigir las fuerzas policiales. Ibáñez sostiene que las actuaciones denunciadas no constituyen un episodio excepcional y cree que el ministro debe abandonar sus responsabilidades.

La exigencia de dimisión, por tanto, ya no procede únicamente de los partidos que mantienen una posición crítica con el Gobierno desde fuera. También ha alcanzado a miembros de su propio espacio político.

Podemos y ERC endurecen sus críticas al ministro del Interior

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que Grande-Marlaska asuma personalmente las consecuencias políticas de las cargas policiales.

Belarra ha denunciado el empleo de gas pimienta y las identificaciones masivas de participantes en las protestas. Según la dirigente, estas intervenciones vulneran el ejercicio de derechos fundamentales y resultan incompatibles con una respuesta proporcionada de las fuerzas de seguridad.

La formación morada ya había reclamado la salida del ministro durante la propia jornada de huelga.

Su candidata por Madrid, Irene Montero, acusó el miércoles a Interior de permitir una actuación represiva contra los huelguistas y pidió a Sánchez que apartara a Marlaska de las listas electorales del PSOE.

Montero también exigió la puesta en libertad de los manifestantes detenidos sin cargos, al considerar que parte de las intervenciones policiales estuvieron dirigidas contra personas que ejercían su derecho a la protesta.

ERC ha adoptado una posición igualmente crítica, aunque con algunos matices.

Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado excesiva la actuación policial en Barcelona, pero también ha condenado los episodios violentos protagonizados por algunos participantes al término de la manifestación.

Rufián ha cuestionado que se empleara tanta fuerza contra determinados manifestantes y ha comparado la respuesta policial con la observada en concentraciones de la ultraderecha.

El dirigente republicano ha recordado, además, que ERC lleva tiempo reclamando la dimisión de Marlaska por otras cuestiones, entre ellas la falta de derogación de la denominada ley mordaza y la gestión de las muertes de migrantes en la frontera sur.

Al mismo tiempo, ha planteado que una parte del aparato policial mantiene posiciones contrarias al Ejecutivo, aunque sin utilizar ese argumento para eximir al Gobierno de su responsabilidad política.

Marlaska ordena investigar las cargas, pero el Gobierno rechaza destituirlo

Ante la creciente polémica, Fernando Grande-Marlaska ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las actuaciones policiales desarrolladas durante la huelga general.

Estas pesquisas se realizarán al margen de los procedimientos ordinarios de inspección interna que utiliza la Policía Nacional para evaluar si las intervenciones de sus agentes se ajustan a la normativa.

El Ministerio del Interior también ha dado instrucciones para prescindir del gas lacrimógeno en las manifestaciones, después de las denuncias relacionadas con el empleo de agentes químicos durante las protestas.

La decisión supone una primera respuesta del departamento, aunque todavía no permite determinar si se produjeron actuaciones desproporcionadas ni quiénes serían responsables de ellas.

El Gobierno, entretanto, ha dejado claro que no contempla la destitución del ministro.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que algunas de las imágenes difundidas durante la huelga le han resultado desagradables, pero ha descartado que la continuidad de Marlaska esté en cuestión.

Bolaños ha defendido que deben ser los mandos policiales quienes determinen si se produjo un uso excesivo de la fuerza en alguna intervención concreta.

La postura del Ejecutivo consiste, de momento, en mantener al ministro en su puesto mientras se investigan los hechos denunciados. Una respuesta que no satisface a las formaciones que reclaman su salida.

Qué ocurrió durante la huelga general del 11 de noviembre

La huelga general del miércoles 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT y respaldada por otras organizaciones sindicales y sociales, tenía entre sus principales reivindicaciones el acceso a una vivienda asequible, la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos.

Era la primera huelga general promovida por los dos principales sindicatos en 14 años y se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por el coste de la vida.

Desde las primeras horas se registraron incidentes en distintos puntos del país.

En Madrid, las intervenciones policiales en los accesos a Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes provocaron críticas por el uso de la fuerza contra piquetes.

En Mercamadrid, los servicios médicos tuvieron que atender al menos a 13 personas tras una intervención en la que se utilizó gas pimienta.

También hubo actuaciones policiales en Granada, Málaga y otras ciudades, mientras que las movilizaciones provocaron cortes de carreteras y problemas de circulación en diferentes puntos de España.

La situación volvió a complicarse por la tarde, especialmente en Madrid y Barcelona, una vez concluidas las principales manifestaciones.

En la capital catalana, grupos de personas protagonizaron altercados en el centro de la ciudad, con contenedores incendiados, daños en establecimientos y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, condenó estos incidentes y anunció que el Ayuntamiento se personará en los procedimientos judiciales que se abran por los destrozos.

Conviene distinguir las cargas denunciadas durante los piquetes y las manifestaciones de las intervenciones policiales posteriores a los disturbios. Son situaciones diferentes y la proporcionalidad de cada actuación debe examinarse atendiendo a sus circunstancias.

Más de un centenar de detenidos y nuevas cifras de incidentes

El último balance conocido de la Policía Nacional y la Guardia Civil recoge 47 detenciones y 1.144 incidencias, sin incluir los datos de las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco.

En Barcelona, Collboni ha elevado a 52 los detenidos por los disturbios registrados tras la manifestación, mientras que en Euskadi también se practicaron arrestos durante la jornada.

La suma de los balances territoriales sitúa las detenciones por encima del centenar, aunque las cifras siguen sujetas a actualización y deben distinguirse según el cuerpo policial que las comunica.

Los sindicatos han anunciado que estudiarán acciones judiciales contra las actuaciones policiales que consideran injustificadas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado especialmente la utilización de gas pimienta contra piquetes y ha reclamado responsabilidades por las intervenciones denunciadas.

El balance de la jornada combina así dos realidades: una movilización social considerable, defendida por sus convocantes, y unos incidentes que han desembocado en una controversia política sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

El PP critica la violencia en los piquetes y cuestiona la huelga

Frente a las exigencias de dimisión formuladas desde la izquierda, el Partido Popular ha centrado sus críticas en los episodios violentos protagonizados por determinados participantes en las movilizaciones.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la huelga de fracaso y ha cuestionado su planteamiento, al considerar que no respondía adecuadamente a los problemas reales de los trabajadores.

Muñoz ha defendido que el derecho a la huelga debe convivir con el derecho de quienes deciden acudir a su puesto de trabajo y ha rechazado el empleo de la violencia para impedir el acceso a las empresas.

El debate enfrenta dos cuestiones que no son incompatibles desde el punto de vista jurídico.

Los trabajadores tienen derecho a secundar una huelga, participar en manifestaciones y organizar piquetes informativos. Pero estos derechos no amparan las agresiones, las amenazas ni otras conductas violentas.

De la misma forma, las fuerzas de seguridad pueden intervenir para prevenir delitos y restablecer el orden público, siempre que respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención.

Precisamente ahí se encuentra el centro de la controversia: determinar si las cargas respondieron a situaciones que justificaban el empleo de la fuerza o si hubo intervenciones que excedieron los límites legales.

La continuidad de Marlaska abre otro conflicto antes del 29N

La polémica llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las elecciones generales del 29 de noviembre se encuentran a poco más de dos semanas y las tensiones entre el PSOE y sus aliados de izquierda pueden adquirir una dimensión electoral.

Sumar, Podemos, ERC y Compromís han situado la responsabilidad política de Grande-Marlaska en el centro del debate. Aunque no todas las formaciones plantean exactamente los mismos argumentos, coinciden en reclamar su salida del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo ha optado, de momento, por una respuesta distinta: mantener al ministro y examinar las actuaciones policiales antes de determinar posibles responsabilidades.

La apertura de investigaciones no equivale a reconocer que todas las intervenciones fueron ilegales, pero tampoco permite descartar que existieran excesos.

Queda por establecer qué ocurrió en cada operativo, quién autorizó las actuaciones más controvertidas y si los agentes respetaron los protocolos vigentes.

La decisión política inmediata está en manos de Sánchez. Por ahora, el presidente mantiene a Marlaska en el Gobierno, mientras varios de los partidos con los que necesita entenderse reclaman exactamente lo contrario.