Marlaska ordena investigar las cargas y prohíbe el gas lacrimógeno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves 12 de noviembre abrir investigaciones sobre las actuaciones de la Policía Nacional durante la huelga general del 11N. La decisión llega después de las denuncias sindicales por las cargas policiales contra piquetes y manifestantes, especialmente en Madrid. El ministro también ha ordenado que los agentes dejen de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones.

La Dirección General de la Policía deberá examinar las distintas incidencias registradas durante la jornada del miércoles. Interior trata así de esclarecer unas intervenciones que han provocado fuertes críticas de los sindicatos y peticiones de dimisión del ministro por parte de Podemos y Frente Amplio. La apertura de investigaciones no supone, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades.

La huelga, convocada para reclamar mejoras salariales, acceso a la vivienda y mejores servicios públicos, estuvo marcada por movilizaciones en numerosas ciudades españolas, enfrentamientos entre agentes y manifestantes y decenas de detenciones. Aunque buena parte de las protestas transcurrieron pacíficamente, los incidentes registrados en distintos puntos del país han abierto un debate sobre la proporcionalidad de la respuesta policial.

La decisión de Marlaska incorpora dos medidas diferentes: investigar lo ocurrido el 11 de noviembre y modificar las instrucciones sobre el empleo de gases lacrimógenos en manifestaciones. La primera busca determinar si hubo actuaciones irregulares. La segunda afecta directamente a los dispositivos policiales que se organicen a partir de este momento.

Interior abre investigaciones sobre las cargas policiales del 11N

El Ministerio del Interior ha confirmado que Marlaska ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las distintas incidencias relacionadas con la actuación policial durante la huelga general.

Las pesquisas tendrán que examinar las circunstancias en las que intervinieron los agentes, las órdenes recibidas y la adecuación de sus actuaciones a los procedimientos establecidos. La decisión supone revisar expresamente los episodios controvertidos del 11N, pero no implica que se hayan abierto expedientes disciplinarios contra policías concretos.

Por el momento, Interior no ha detallado cuántas intervenciones serán examinadas, qué unidades policiales estarán afectadas ni cuándo se conocerán los resultados. Tampoco ha anunciado sanciones.

Uno de los elementos centrales será determinar si las intervenciones respetaron los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que deben observar las fuerzas de seguridad cuando recurren al uso de la fuerza.

Estos criterios obligan a valorar las circunstancias de cada intervención, la existencia de riesgos para la seguridad y la necesidad de recurrir a determinados medios policiales. No basta con que se haya producido una alteración del orden público: también debe examinarse si la respuesta empleada fue adecuada a la situación.

Marlaska prohíbe el gas lacrimógeno en las manifestaciones

La segunda decisión del ministro afecta directamente a los dispositivos policiales que se organicen a partir de este momento. Marlaska ha ordenado que deje de utilizarse gas lacrimógeno durante las manifestaciones, después de las controversias provocadas por las intervenciones de los antidisturbios durante la huelga general.

La medida supone un cambio en las instrucciones operativas de la Policía Nacional. Interior, sin embargo, no ha precisado todavía todos los detalles sobre su aplicación ni el alcance respecto a los distintos dispositivos y sustancias empleados por las unidades policiales.

El uso de agentes químicos había provocado una de las principales polémicas del miércoles, especialmente después de las intervenciones contra piquetes sindicales en Madrid.

Qué ocurrió en Mercamadrid durante la huelga general

Uno de los episodios más controvertidos tuvo lugar durante la madrugada del miércoles en los accesos a Mercamadrid, donde se concentraron piquetes informativos coincidiendo con el inicio de la huelga general.

Los sindicatos denunciaron que la Policía utilizó gas pimienta contra los trabajadores que participaban en la movilización. Según las informaciones difundidas durante la jornada, al menos 13 personas necesitaron asistencia sanitaria tras los incidentes.

Los agentes intervinieron cuando parte de los concentrados ocupó la calzada en los accesos al recinto. Durante los enfrentamientos se produjo al menos una detención, relacionada con el presunto lanzamiento de una valla contra los policías.

La utilización de gas pimienta denunciada en Mercamadrid y la prohibición de gas lacrimógeno anunciada posteriormente por Interior no deben confundirse automáticamente: se trata de denominaciones que pueden referirse a agentes químicos diferentes. Por eso también será relevante conocer qué sustancias se emplearon en cada intervención y bajo qué circunstancias.

La controversia no se limita al material utilizado. Las organizaciones sindicales cuestionan la proporcionalidad de las actuaciones, mientras que los agentes tienen encomendada la protección de la seguridad y del acceso a instalaciones estratégicas.

También se denunciaron incidentes en las cocheras de autobuses de la EMT y en otros puntos de Madrid. En la Gran Vía se produjeron empujones, cargas policiales y detenciones durante las protestas que interrumpieron el tráfico.

La huelga general deja más de 1.000 incidencias y 75 detenidos

El balance difundido tras la jornada refleja la magnitud de los altercados registrados durante el 11 de noviembre. Según los datos disponibles al cierre del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían contabilizado 1.044 incidencias relacionadas con la huelga y practicado 39 detenciones hasta las 20.00 horas.

Al incorporar los arrestos comunicados por las policías autonómicas, el balance posterior elevó la cifra a al menos 75 detenidos en toda España.

Los datos correspondientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil incluían 15 detenciones en Madrid, once en Andalucía y siete en la Comunitat Valenciana, además de otras practicadas en diferentes provincias.

En Cataluña, los Mossos d’Esquadra comunicaron 20 arrestos a lo largo de la jornada y los disturbios posteriores. En el País Vasco, la Ertzaintza informó de 16 detenidos por incidentes relacionados con la movilización.

Las incidencias registradas abarcaron situaciones diferentes, desde cortes de carreteras e intentos de bloqueo de accesos a empresas hasta daños materiales, alteraciones del orden público y enfrentamientos con agentes.

En Barcelona, grupos de encapuchados protagonizaron disturbios al término de las manifestaciones, con rotura de escaparates, quema de contenedores y lanzamiento de objetos. En Madrid también se produjeron enfrentamientos al finalizar la marcha de la tarde.

La Policía informó de nueve agentes heridos en Madrid durante los enfrentamientos, varios de ellos por contusiones. En el País Vasco también se comunicaron lesiones entre los efectivos de la Ertzaintza.

Estos episodios deben distinguirse de las manifestaciones que se desarrollaron sin incidentes graves. Las detenciones y los daños registrados no describen por sí solos el comportamiento del conjunto de participantes en la huelga.

CCOO y UGT anuncian acciones legales por las actuaciones policiales

Las intervenciones provocaron una reacción inmediata de las principales organizaciones sindicales. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, criticaron duramente las actuaciones contra los piquetes y anunciaron su intención de acudir a los tribunales para exigir responsabilidades.

Ambos dirigentes cuestionaron especialmente el empleo de sustancias irritantes contra trabajadores que participaban en las movilizaciones. A su juicio, algunas intervenciones policiales fueron desproporcionadas y deben ser investigadas.

Los sindicatos han anunciado que reclamarán responsabilidades penales y de otro tipo por los episodios que consideran injustificados. La eventual presentación de denuncias abriría una vía distinta de las investigaciones internas ordenadas por Interior.

La controversia también alcanzó el terreno político. Podemos y Frente Amplio reclamaron la dimisión de Marlaska, mientras que Izquierda Unida censuró lo que considera un uso excesivo de la fuerza.

La dirigente de Podemos Irene Montero exigió responsabilidades políticas al Gobierno por las cargas y las detenciones. Desde Frente Amplio también se pidió al presidente Pedro Sánchez que destituyera al titular de Interior.

Estas críticas se producen en un contexto en el que Interior había dictado instrucciones previas para garantizar tanto el derecho de huelga como la posibilidad de trabajar de quienes no secundaran los paros.

La orden incluía impedir barricadas, actuaciones violentas y bloqueos de infraestructuras esenciales. El conflicto surge precisamente al valorar si las intervenciones policiales respetaron los límites establecidos para hacer cumplir esas instrucciones.

El derecho de huelga y los límites de la actuación policial

La polémica del 11N ha vuelto a situar en primer plano una cuestión esencial: hasta dónde puede llegar la intervención policial cuando una protesta provoca alteraciones del orden público.

La Constitución española reconoce el derecho de huelga y el derecho de reunión y manifestación. Ambos cuentan con protección jurídica, aunque su ejercicio debe respetar también los derechos de otras personas y las limitaciones establecidas por la ley.

En el caso de los piquetes, la normativa permite informar a los trabajadores sobre una convocatoria y tratar de convencerles para que participen. Sin embargo, no ampara las amenazas, la intimidación ni la violencia contra quienes deciden continuar trabajando.

Las fuerzas de seguridad pueden intervenir cuando se producen conductas ilegales o riesgos para las personas. Esa facultad, no obstante, tampoco es ilimitada: deben actuar de acuerdo con las circunstancias y utilizar medios proporcionados.

La diferencia es importante para interpretar los incidentes del miércoles. Una actuación policial puede responder a una necesidad legítima de mantener el orden público y, aun así, requerir una revisión para determinar si los medios empleados fueron adecuados.

La apertura de investigaciones permitirá examinar precisamente esa cuestión. Si se detectan actuaciones contrarias a la normativa, podrán valorarse las responsabilidades disciplinarias o penales que correspondan. Si las intervenciones se consideran ajustadas a derecho, las pesquisas también deberán establecerlo.

Las investigaciones determinarán las responsabilidades por el 11N

La decisión de Interior deja abiertas dos cuestiones diferentes: la posible existencia de irregularidades en las intervenciones del 11 de noviembre y el alcance práctico de la nueva prohibición del gas lacrimógeno.

La primera dependerá de los resultados de las investigaciones encargadas a la Dirección General de la Policía. La segunda introduce una restricción en el uso de material antidisturbios durante las manifestaciones, aunque queda pendiente conocer con mayor precisión cómo se aplicará.

Los sindicatos mantienen sus denuncias y las peticiones de responsabilidades políticas siguen sobre la mesa. Interior, mientras tanto, tendrá que esclarecer qué ocurrió en los dispositivos cuestionados y si los agentes respetaron los límites legales.

Por ahora, el hecho confirmado es que Marlaska ha ordenado investigar las actuaciones policiales y dejar de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones. Las conclusiones de esas pesquisas determinarán si los incidentes de la huelga general del 11N tienen consecuencias adicionales para los responsables de las intervenciones.