Las escuchas telefónicas que cercaron a la cúpula de Núcleo Nacional

La intervención de varios teléfonos móviles, el análisis de conversaciones privadas y el seguimiento de grupos de mensajería han sido determinantes en la investigación de la Policía Nacional contra Núcleo Nacional, la organización de extrema derecha cuya cúpula fue detenida el pasado 6 de noviembre. Las pesquisas, dirigidas desde Gijón, permitieron reconstruir contactos, identificar a presuntos responsables y documentar cómo se coordinaban sus integrantes.

La operación revela también una contradicción significativa: algunos dirigentes de la organización advertían a sus compañeros de los riesgos de utilizar el móvil y recomendaban extremar las precauciones ante posibles investigaciones policiales. Sin embargo, las comunicaciones electrónicas terminaron convirtiéndose en una de las principales pruebas de la causa, que investiga presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.

Entre los investigados figura Jesús Antonio Ruiz, detenido en Asturias e identificado por los investigadores como uno de los responsables de organización y captación de nuevos integrantes. Ruiz insistía en la necesidad de controlar lo que se escribía en los grupos compartidos y aconsejaba no entregar voluntariamente los teléfonos a la Policía cuando alguno de los jóvenes vinculados al movimiento era citado en comisaría.

Las advertencias no impidieron que la Comisaría General de Información reconstruyera parte de las relaciones internas de Núcleo Nacional. La investigación ha combinado intervenciones telefónicas, análisis de mensajes y registros policiales, aunque no se han hecho públicos todos los detalles técnicos de las herramientas utilizadas.

Cómo consiguió la Policía acceder a las comunicaciones de Núcleo Nacional

El trabajo de los investigadores no se limitó a observar las publicaciones de la organización en redes sociales. Una parte importante de las diligencias se centró en las comunicaciones mantenidas entre sus presuntos dirigentes, sus responsables territoriales y los grupos juveniles relacionados con sus actividades.

Las escuchas telefónicas permitieron conocer conversaciones relevantes para la investigación. Paralelamente, el examen de mensajes intercambiados mediante aplicaciones de comunicación ayudó a identificar participantes, reconstruir instrucciones y establecer conexiones entre personas que actuaban en distintas provincias.

En la documentación examinada por los investigadores aparecen conversaciones de WhatsApp y Telegram, dos aplicaciones utilizadas en los contactos internos y en la captación de nuevos miembros.

Uno de los ejemplos es un grupo de WhatsApp denominado Núcleo Nacional Asturias, que llegó a reunir a 121 participantes. El análisis de sus conversaciones permitió documentar cómo Jesús Ruiz se dirigía a jóvenes interesados en incorporarse a la organización y cómo algunos de esos contactos continuaban después en grupos privados de Telegram.

Los mensajes resultaban relevantes porque no se limitaban a expresar afinidades ideológicas. También contenían indicaciones sobre reuniones, organización interna, incorporación de militantes y comportamiento ante posibles actuaciones policiales.

El cruce de esta información permitió avanzar desde el entorno juvenil de la extrema derecha asturiana hasta personas situadas en niveles superiores de la organización.

Escuchas telefónicas, mensajes y análisis digital: tres procedimientos diferentes

Conviene distinguir las técnicas empleadas habitualmente en este tipo de investigaciones, porque intervenir una línea telefónica no equivale a acceder automáticamente a todas las aplicaciones instaladas en un móvil.

La primera herramienta es la interceptación judicial de comunicaciones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite autorizar, bajo determinados requisitos, la intervención de llamadas telefónicas y comunicaciones telemáticas, así como la obtención de datos relacionados con ellas.

Con la correspondiente autorización, los operadores de telecomunicaciones deben prestar la colaboración exigida legalmente. La medida puede permitir obtener grabaciones, información sobre los interlocutores y determinados datos de tráfico, según el alcance concreto de la resolución judicial.

La segunda herramienta es el análisis forense de dispositivos electrónicos. Cuando la Policía interviene un teléfono durante una investigación, su contenido puede examinarse si existe la autorización legal necesaria. Ese análisis puede recuperar información accesible en el dispositivo, como conversaciones conservadas, archivos, contactos o registros de actividad.

La tercera consiste en estudiar la información obtenida y relacionarla con otras pruebas. Los agentes pueden establecer secuencias cronológicas, vínculos entre participantes y coincidencias entre comunicaciones y acontecimientos investigados.

En el caso de Núcleo Nacional están documentadas las intervenciones telefónicas y el análisis de conversaciones digitales. No obstante, no se ha precisado públicamente qué herramientas forenses concretas se utilizaron ni qué proporción de la información procedió de escuchas en directo, dispositivos intervenidos u otras diligencias.

El papel de WhatsApp, Telegram y las llamadas por internet

La investigación también muestra las dificultades que plantea el uso de servicios de mensajería y llamadas a través de internet.

Según las pesquisas policiales, algunos responsables de Núcleo Nacional recurrían a llamadas mediante servicios digitales, un sistema que puede resultar más complicado de investigar que las comunicaciones telefónicas tradicionales.

Existe una diferencia técnica importante. En aplicaciones como WhatsApp, las comunicaciones privadas utilizan cifrado de extremo a extremo, lo que impide que un tercero pueda leer su contenido simplemente interceptando el tráfico de internet. En Telegram, la protección depende del tipo de conversación: los chats secretos utilizan ese cifrado, mientras que los chats ordinarios funcionan de otra manera.

Esto no significa que los mensajes sean inaccesibles en cualquier circunstancia. Una conversación puede conservarse en los dispositivos de sus participantes, aparecer en determinados respaldos o incorporarse a una investigación mediante diligencias autorizadas.

La Policía también puede obtener información relevante sin acceder al contenido íntegro de todas las conversaciones. La identificación de contactos, los registros disponibles y la documentación recuperada durante los registros pueden ayudar a reconstruir una estructura organizativa.

No hay información pública que permita afirmar que en esta operación se utilizó Pegasus, otro programa espía o una tecnología específica para vulnerar el cifrado de las aplicaciones. Atribuir cualquiera de esos sistemas a la investigación sin pruebas supondría confundir procedimientos policiales conocidos con hipótesis técnicas no acreditadas.

Jesús Ruiz y las advertencias para evitar que la Policía accediera a los móviles

Uno de los aspectos más reveladores de la causa es la preocupación que mostraban algunos investigados por la seguridad de sus comunicaciones.

Jesús Antonio Ruiz, relacionado con el entorno de la extrema derecha asturiana desde hace años, aparece en las diligencias como una figura importante en la captación de adolescentes y jóvenes.

Los investigadores le atribuyen un papel de conexión entre Núcleo Nacional y White Boys, un grupo ultra juvenil asturiano cuyos integrantes habían protagonizado episodios violentos.

Ruiz aconsejaba actuar con discreción en los grupos de mensajería y advertía de los riesgos de facilitar los teléfonos a los agentes. Su preocupación se extendía a las posibles citaciones policiales de jóvenes relacionados con el movimiento.

Aquellas precauciones formaban parte, según la investigación, de una estrategia más amplia para dificultar la identificación de los participantes en determinadas actuaciones. Los investigadores también han documentado instrucciones sobre la vestimenta y otras medidas destinadas a reducir las posibilidades de reconocimiento.

La Policía sostiene que algunos dirigentes buscaban mantener cierta distancia respecto de las acciones protagonizadas por miembros más jóvenes. De esta manera, la organización podía movilizar a sus seguidores sin que todos ellos figurasen formalmente como militantes.

Los mensajes recuperados han permitido examinar precisamente esa posible relación entre quienes impartían instrucciones y quienes participaban en las actividades investigadas.

De los grupos juveniles asturianos a una operación en siete provincias

La investigación que terminó alcanzando a Núcleo Nacional tiene uno de sus antecedentes en las actuaciones policiales contra White Boys.

Las pesquisas sobre este grupo juvenil permitieron identificar contactos con responsables de Núcleo Nacional y estudiar posibles mecanismos de captación y adoctrinamiento. A esa información se sumaron las diligencias abiertas tras los altercados ocurridos en febrero de 2026 en las inmediaciones del colegio de La Inmaculada, en Gijón.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional fue reconstruyendo las relaciones entre los distintos grupos, sus responsables y las actividades que se les atribuían.

Según la documentación de la causa, Núcleo Nacional mantenía una estructura organizada con distintas áreas de responsabilidad, entre ellas organización, propaganda, seguridad y administración.

Las pesquisas también identificaron contactos con organizaciones afines en el extranjero. Los investigadores detectaron relaciones con una veintena de grupos de 14 países, así como desplazamientos de algunos integrantes a Ucrania para participar, presuntamente, en actividades de formación militar.

Las intervenciones de comunicaciones adquirieron especial importancia al aparecer referencias a armas, formación paramilitar y posibles actuaciones violentas.

El 6 de noviembre, la Policía Nacional desarrolló una operación simultánea en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.

El dispositivo terminó con 14 detenidos y diez registros, entre ellos el de la sede central de Núcleo Nacional en Madrid.

Entre las personas arrestadas figuraban Iván Rico, portavoz de la organización; Isabel Peralta, considerada una de sus principales referentes ideológicas; y Enrique Lemus, vinculado a su dirección política.

Qué ocurrió con los detenidos y qué medidas ha adoptado la jueza

La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que ha acordado distintas medidas cautelares mientras continúa examinando los hechos.

El 8 de noviembre, diez de los detenidos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.

La resolución les impuso la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Posteriormente, el 12 de noviembre, la magistrada acordó nuevas medidas que afectan directamente al funcionamiento de Núcleo Nacional.

Entre ellas figuran la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales, el bloqueo de contenidos digitales en redes sociales y medidas de bloqueo sobre cuentas bancarias vinculadas a la causa.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de una veintena de armas de fuego, además de armas blancas y otros objetos. La investigación por presunta tenencia ilícita se centra especialmente en dispositivos y armas prohibidas, como los puños americanos y determinadas pistolas eléctricas, ya que buena parte de las armas de fuego intervenidas contaban con las correspondientes licencias.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. Se trata de una calificación provisional que deberá concretarse durante la instrucción.

Las pruebas digitales marcarán el futuro judicial de Núcleo Nacional

La operación pone de manifiesto la importancia que han adquirido las comunicaciones electrónicas en las investigaciones sobre organizaciones extremistas.

Las escuchas, los mensajes y la documentación intervenida han permitido a la Policía reconstruir parte de una estructura que, según las diligencias, combinaba una dirección organizada con la participación de grupos juveniles y contactos internacionales.

Sin embargo, la existencia de conversaciones comprometedoras no equivale por sí sola a una condena penal. Los investigadores deberán acreditar la autenticidad de las pruebas, su obtención conforme a la ley y su relación con los delitos atribuidos a cada investigado.

La defensa podrá cuestionar esas pruebas y las interpretaciones realizadas por los agentes. También deberá determinarse qué responsabilidad individual corresponde, en su caso, a cada una de las personas implicadas.

Por el momento, la causa continúa abierta y todos los investigados mantienen su presunción de inocencia.

El caso ha dejado un elemento especialmente significativo: una organización cuyos responsables insistían en extremar la discreción digital terminó viendo cómo sus propias comunicaciones se convertían en una pieza fundamental de la investigación policial.