España
Feijóo contempla derogar por completo la ley de eutanasia tras el 29N
Feijóo admite la derogación total de la ley de eutanasia si llega al Gobierno tras el 29N, pese a que el programa electoral del PP no lo plantea.
Resumen
- Feijóo no descarta derogar por completo la ley de eutanasia tras el 29N
- El programa del PP propone cuidados paliativos, pero no anuncia esa derogación
- El Constitucional avaló la ley y en 2025 se realizaron 574 prestaciones
Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a derogar por completo la ley de eutanasia si el Partido Popular llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder de la oposición ha confirmado que su formación pretende modificar la legislación vigente desde 2021 y que esa reforma podría llegar hasta su eliminación total. Se trata de un cambio relevante respecto a sus anteriores declaraciones, en las que había defendido una revisión de la norma sin comprometerse a derogarla.
El candidato popular ha expresado esta posición en una entrevista en el pódcast El sentido de la birra, dirigido por Ricardo Moya, publicada este miércoles 18 de noviembre. Feijóo ha reconocido que el PP no comparte la regulación actual y ha respondido afirmativamente a la posibilidad de impulsar una derogación total o parcial. Sin embargo, todavía no ha precisado qué artículos eliminaría, qué legislación alternativa aprobaría ni si la supresión completa constituye una decisión definitiva de su partido.
Las declaraciones llegan a once días de las elecciones generales y sitúan nuevamente la eutanasia en el centro del debate político. La cuestión afecta directamente a un derecho reconocido por la legislación española y avalado por el Tribunal Constitucional, pero también a las garantías médicas, los cuidados paliativos y las posibles negociaciones entre el PP y Vox para formar Gobierno.
El programa electoral del PP no contempla expresamente la derogación
La posición de Feijóo contrasta con el contenido del programa electoral presentado por el Partido Popular el 10 de noviembre. El documento, que recoge 249 propuestas, no incluye un compromiso explícito de derogar la ley de eutanasia ni establece una reforma concreta de sus disposiciones.
En su apartado 226, la formación propone aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para garantizar la atención a los enfermos graves, mejorar el tratamiento del dolor y reforzar la asistencia domiciliaria y el acompañamiento psicológico. El objetivo declarado es evitar que una persona solicite adelantar su muerte por no disponer de alternativas asistenciales suficientes.
La diferencia entre ambas posiciones tiene importancia política. Aprobar una legislación sobre cuidados paliativos no exige eliminar el derecho a la eutanasia. Las dos prestaciones pueden coexistir, como ocurre actualmente en España, donde la ley de 2021 también reconoce el derecho del paciente a recibir información sobre las alternativas terapéuticas y paliativas.
Hasta hace unas semanas, la dirección popular había defendido una reforma destinada a reforzar las garantías anteriores a la solicitud. La responsable de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, había descartado expresamente sustituir la ley de eutanasia por una norma sobre cuidados paliativos.
Feijóo ha ampliado ese planteamiento al admitir que la reforma podría convertirse en una derogación completa. No ha anunciado, sin embargo, un proyecto legislativo que permita conocer el alcance efectivo de sus intenciones.
Qué cambiaría si se derogase la ley de eutanasia
La Ley Orgánica 3/2021, aprobada el 24 de marzo de 2021 y en vigor desde el 25 de junio de aquel año, reconoce la posibilidad de solicitar una prestación de ayuda para morir bajo determinadas condiciones médicas y jurídicas.
Su derogación completa supondría eliminar el marco legal que permite acceder a esta prestación dentro del sistema sanitario español. No se trataría simplemente de modificar los requisitos, sino de suprimir el derecho reconocido actualmente y alterar las condiciones en las que los profesionales sanitarios pueden intervenir.
La norma también modificó el Código Penal para despenalizar las actuaciones eutanásicas realizadas conforme a sus requisitos. Una eventual derogación exigiría abordar las consecuencias penales de ese cambio.
Los requisitos y controles establecidos por la legislación vigente
La eutanasia no está disponible en España por la mera voluntad de cualquier paciente. La legislación exige ser mayor de edad, cumplir los requisitos de nacionalidad o residencia previstos y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que provoque sufrimientos considerados intolerables.
El procedimiento ordinario incluye dos solicitudes separadas por al menos quince días naturales, salvo las excepciones legalmente previstas, una evaluación médica y la intervención de un segundo facultativo independiente. Posteriormente, una comisión de garantía y evaluación debe verificar el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar la prestación.
La ley contempla también la posibilidad de revocar la solicitud y reconoce la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados.
Precisamente estas garantías forman parte del debate político. Los partidarios de modificar la legislación defienden reforzar los controles y las alternativas asistenciales. Quienes sostienen la regulación vigente consideran que la autonomía del paciente debe continuar protegida dentro de un procedimiento supervisado.
Sanidad registra 574 prestaciones de eutanasia en 2025
Las declaraciones de Feijóo coinciden con la publicación, este 18 de noviembre, del último informe anual del Ministerio de Sanidad sobre la aplicación de la ley.
Durante 2025 se realizaron 574 prestaciones de ayuda para morir en España, frente a las 423 registradas en 2024. Esto supone un incremento del 35,7 % respecto al año anterior.
Durante ese mismo ejercicio se registraron 1.284 nuevas solicitudes, un 30,6 % más que el año anterior. Desde la entrada en vigor de la legislación hasta el 31 de diciembre de 2025, se habían realizado 1.698 prestaciones de ayuda para morir.
El informe también refleja la complejidad del procedimiento. De los 1.219 expedientes finalizados durante 2025, el 47,1 % concluyó con la prestación, mientras que el 31,3 % terminó con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación. Otro 13,5 % fue denegado y el 8 % restante acabó con la revocación de la solicitud. Los expedientes finalizados incluyen peticiones de años anteriores.
Las enfermedades neurológicas y oncológicas representaron conjuntamente el 75,8 % de las prestaciones realizadas. El tiempo medio entre la primera solicitud y la prestación fue de 72,4 días.
Estos datos permiten situar el debate más allá de las declaraciones electorales. La regulación afecta a pacientes con enfermedades graves, a sus familias y a profesionales sanitarios que deben aplicar un procedimiento sometido a controles médicos y administrativos.
El Tribunal Constitucional avaló la ley en 2023
La constitucionalidad de la eutanasia fue objeto de una intensa controversia desde su aprobación. Tanto Vox como el Partido Popular recurrieron la Ley Orgánica 3/2021 ante el Tribunal Constitucional.
En marzo de 2023, el tribunal desestimó el recurso de Vox y declaró constitucional la regulación. Posteriormente, en septiembre del mismo año, también rechazó el recurso presentado por diputados del PP.
El Constitucional consideró que la legislación establecía un sistema de garantías compatible con la protección de la vida y con la autonomía personal en situaciones médicas especialmente graves.
Ese respaldo judicial no impide que unas futuras Cortes Generales modifiquen la norma. Sin embargo, establece un marco constitucional relevante para cualquier nueva regulación.
Derogar una ley orgánica requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. Por tanto, Feijóo necesitaría suficientes apoyos parlamentarios para transformar su propuesta en una decisión legislativa.
La eutanasia entra en las negociaciones con Vox
La posibilidad de eliminar la ley adquiere especial relevancia ante un escenario electoral en el que el PP pudiera necesitar los votos de Vox para alcanzar la investidura o garantizar la estabilidad de un Gobierno.
Vox mantiene una posición contraria a la eutanasia y defiende la protección de la vida hasta la muerte natural. Aunque su programa electoral para el 29N no desarrolla una propuesta específica de derogación, sus planteamientos ideológicos en esta materia son conocidos.
Feijóo ha asegurado durante la entrevista que Vox no le ha presentado hasta el momento ninguna exigencia que considere imposible de aceptar en las comunidades autónomas donde gobiernan conjuntamente.
La declaración no equivale a confirmar que exista un pacto sobre la eutanasia. Tampoco significa que el PP haya asumido una propuesta de Vox. Lo que sí hace es mantener abierta una negociación sobre un derecho especialmente sensible, hasta el punto de contemplar su eliminación completa.
El Gobierno ha criticado el planteamiento. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha acusado al PP de promover un retroceso en derechos sociales, mientras que los populares defienden la necesidad de garantizar mejores cuidados y acompañamiento médico.
La mayoría parlamentaria decidirá el futuro de la eutanasia
A once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la posición de Feijóo introduce un elemento relevante en la campaña: la continuidad de la ley de eutanasia ya no queda garantizada por una eventual victoria del PP.
La situación, no obstante, exige distinguir entre tres escenarios. Una reforma limitada podría modificar controles y procedimientos sin eliminar la prestación. Una derogación parcial afectaría a determinadas disposiciones. La supresión completa acabaría con el régimen legal que reconoce actualmente el derecho a solicitar ayuda para morir.
Por el momento, Feijóo no ha elegido públicamente entre esas alternativas. Su programa electoral tampoco establece cuál aplicaría en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno.
El alcance de cualquier cambio dependerá del resultado electoral, de los acuerdos parlamentarios y del texto legislativo que llegue a tramitarse. Mientras tanto, la ley de eutanasia continúa plenamente vigente en España, con las condiciones y garantías que establece la legislación de 2021.
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