1,1 millones de firmas piden suspender el acuerdo de la UE con Israel

La Comisión Europea ha recibido este jueves, 12 de noviembre de 2026, una iniciativa ciudadana respaldada por 1.117.104 firmas verificadas que reclama la suspensión completa del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel por las violaciones de derechos humanos denunciadas en los territorios palestinos. La petición, denominada Justicia por Palestina, obliga a Bruselas a examinar formalmente la propuesta y responder en un plazo máximo de seis meses.

La iniciativa ha superado los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y ha alcanzado los umbrales mínimos de apoyo en 12 Estados miembros, cinco más de los necesarios. La Comisión deberá comunicar su decisión antes del 12 de mayo de 2027, aunque alcanzar el millón de firmas no implica que el acuerdo con Israel vaya a quedar suspendido automáticamente.

La campaña está impulsada por la Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA), formación política europea en la que participan Podemos, La Francia Insumisa y el Bloco de Esquerda portugués, junto con organizaciones de la sociedad civil y movimientos de solidaridad con Palestina.

La entrega de las firmas en Bruselas supone un nuevo episodio de presión política sobre las instituciones comunitarias, que llevan meses debatiendo posibles medidas contra el Gobierno israelí sin conseguir el respaldo necesario entre los Veintisiete. Esta vez, sin embargo, la Comisión está obligada a pronunciarse formalmente sobre una propuesta concreta.

Más de 1,1 millones de firmas y un récord europeo

La iniciativa Justicia por Palestina comenzó a recoger apoyos el 13 de enero de 2026 y alcanzó el millón de firmas el 14 de abril, apenas tres meses después de su lanzamiento. Según sus promotores, se convirtió en la iniciativa ciudadana europea que más rápidamente ha alcanzado esa cifra desde la creación de este instrumento de participación democrática.

El resultado definitivo, una vez comprobada la validez de las adhesiones, asciende a 1.117.104 declaraciones de apoyo certificadas. La petición pasa así a ser la decimoquinta iniciativa ciudadana válida que debe examinar la Comisión Europea desde la puesta en marcha del mecanismo en 2012.

La normativa comunitaria exige reunir al menos un millón de firmas válidas y superar determinados umbrales nacionales en siete Estados miembros. No basta, por tanto, con acumular apoyos en uno o dos países: las adhesiones deben tener una dimensión verdaderamente europea.

El cumplimiento de estas condiciones permite activar un procedimiento institucional obligatorio que va más allá de una recogida convencional de firmas. La Comisión debe estudiar la petición, escuchar a sus organizadores y justificar públicamente su respuesta.

Qué exige la iniciativa ciudadana contra el acuerdo UE-Israel

Los organizadores reclaman la suspensión íntegra del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que constituye el principal marco jurídico de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambas partes.

La petición considera que la Unión Europea no debería mantener ese marco de cooperación ante las actuaciones del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Sus promotores denuncian lo que califican de genocidio, ocupación y apartheid contra la población palestina, además de vulneraciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

La exigencia va más lejos que las medidas comerciales parciales que Bruselas ha planteado durante los últimos meses. No se limita a retirar determinadas ventajas arancelarias, sino que solicita suspender el acuerdo en su conjunto.

Un tratado comercial que también obliga a respetar los derechos humanos

El Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel entró en vigor en junio de 2000. Establece condiciones preferentes para determinados intercambios comerciales y sirve de marco para el diálogo político y la cooperación bilateral.

Su artículo 2 establece que el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos constituye un elemento esencial de las relaciones entre las partes.

Este punto resulta especialmente relevante porque permite plantear medidas de suspensión cuando se producen incumplimientos graves de esos principios.

De hecho, la propia Comisión Europea concluyó en 2025, tras revisar las actuaciones israelíes, que existían indicios de incumplimiento de las obligaciones vinculadas al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.

La controversia no gira únicamente en torno a la existencia de mecanismos jurídicos para responder. También depende de que los gobiernos europeos alcancen los acuerdos políticos necesarios para utilizarlos.

Bruselas tiene hasta mayo de 2027 para responder

La presentación oficial de la iniciativa abre un plazo de seis meses durante el cual la Comisión Europea deberá examinar las reivindicaciones y adoptar una posición pública.

El primer paso será una reunión entre los organizadores de la campaña y representantes del Ejecutivo comunitario, prevista antes del 12 de diciembre de 2026. Posteriormente, el Parlamento Europeo organizará una audiencia pública para debatir la propuesta.

La Comisión tendrá que explicar qué medidas pretende adoptar o, si decide no actuar, justificar los motivos de su negativa. El plazo definitivo para comunicar esa respuesta expira el 12 de mayo de 2027.

Conviene precisar un aspecto importante: las iniciativas ciudadanas europeas no obligan a aprobar las medidas solicitadas. Bruselas está obligada a estudiar la petición y responder, pero no a suspender el acuerdo. Una decisión de esa naturaleza tendría que seguir los procedimientos institucionales correspondientes.

La UE sigue dividida sobre las sanciones a Israel

La reclamación llega después de que la Comisión Europea propusiera, en septiembre de 2025, suspender determinadas ventajas comerciales concedidas a Israel por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y las actuaciones de las autoridades israelíes.

Aquella propuesta contemplaba retirar parte del trato comercial preferencial del que disfrutan los productos israelíes en el mercado europeo. Sin embargo, los gobiernos de la UE no han alcanzado la mayoría necesaria para aprobar esa suspensión comercial.

España figura entre los países favorables a adoptar medidas contra Israel. Otros socios comunitarios mantienen posiciones más reticentes, lo que ha impedido alcanzar un acuerdo.

Existe, además, una diferencia jurídica relevante. Para suspender determinadas ventajas comerciales es necesaria una mayoría cualificada del Consejo de la UE, mientras que la suspensión completa del Acuerdo de Asociación requiere la unanimidad de los Estados miembros.

La dimensión económica tampoco es menor. Según los últimos datos comerciales disponibles, los intercambios de mercancías entre la Unión Europea e Israel alcanzaron los 43.300 millones de euros en 2025.

La UE representa el 31,7 % del comercio exterior de bienes de Israel, lo que la convierte en su principal socio comercial. Para el mercado europeo, en cambio, Israel ocupa una posición comparativamente menor.

Una suspensión del acuerdo tendría, por tanto, consecuencias comerciales y diplomáticas significativas, aunque su alcance dependería de las disposiciones concretas que se decidiera aplicar.

Podemos y la izquierda europea aumentan la presión sobre Bruselas

La presentación de las firmas también ha tenido una importante dimensión política. Representantes de la izquierda europea participaron este jueves en Bruselas en un acto de apoyo a la iniciativa y reclamaron una respuesta firme de las instituciones comunitarias.

La eurodiputada francesa Manon Aubry, copresidenta del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, destacó la rapidez con la que la campaña consiguió superar el millón de adhesiones y defendió mantener la movilización para conseguir la suspensión del acuerdo.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Isa Serra reclamó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, respondan ante la justicia por su actuación respecto a la población palestina. También criticó la respuesta de las autoridades a las movilizaciones propalestinas.

Estas declaraciones reflejan que los promotores consideran la iniciativa un instrumento de presión política, además de un procedimiento institucional.

La campaña ha conseguido trasladar al ámbito formal de la Unión Europea una demanda que durante meses ha estado presente en manifestaciones, organizaciones sociales y debates parlamentarios.

El futuro del acuerdo UE-Israel depende de los Veintisiete

La entrega de más de 1,1 millones de firmas verificadas garantiza que la Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. Es un avance institucional para los promotores de la iniciativa, pero no modifica por sí mismo las relaciones entre Bruselas y el Gobierno israelí.

El siguiente momento decisivo llegará cuando la Comisión presente su respuesta oficial. Podrá proponer nuevas medidas, respaldar actuaciones ya planteadas o explicar por qué considera que no corresponde impulsar la suspensión solicitada.

Incluso si el Ejecutivo comunitario respaldara la petición, seguiría siendo necesario obtener el consentimiento de los gobiernos europeos conforme a las reglas de votación aplicables.

Hasta entonces, el Acuerdo de Asociación UE-Israel continúa vigente. La iniciativa ciudadana ha conseguido superar una barrera legal y abrir un procedimiento de examen obligatorio. La decisión política de suspender el tratado sigue pendiente.