Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

Grecia ha dado el paso que buena parte de Europa llevaba meses discutiendo: prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. El Parlamento griego ha aprobado la nueva legislación y el veto comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, con la responsabilidad principal colocada sobre las plataformas digitales y sus sistemas de comprobación de edad.

La medida no significa que los menores de 15 años tengan prohibido utilizar internet, poseer un teléfono móvil o acceder a cualquier servicio digital. El límite afecta específicamente a las plataformas de redes sociales comprendidas por la norma. Tampoco bastará, como durante años, con escribir una fecha de nacimiento conveniente y marcar una casilla que nadie mira demasiado: las empresas deberán incorporar mecanismos fiables para saber si quien intenta entrar cumple la edad mínima.

La ley, promovida por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, convierte así a Grecia en uno de los países europeos que más lejos han llevado la regulación del acceso de niños y adolescentes a Instagram, TikTok, Facebook y servicios similares. Y coloca sobre la mesa una discusión que ya no gira únicamente alrededor del tiempo de pantalla. La cuestión de fondo es quién debe asumir el coste de mantener a un niño lejos de diseños concebidos, precisamente, para que resulte difícil apartar los ojos del móvil.

Qué cambia en Grecia a partir del 1 de enero de 2027

La regla central es sencilla: quien no haya alcanzado los 15 años no podrá acceder a los servicios de redes sociales cubiertos por la legislación. Las plataformas tendrán que impedir ese acceso mediante sistemas adecuados de verificación de edad y la restricción alcanzará también a cuentas que ya estén abiertas, no únicamente a los nuevos registros.

Hay un detalle práctico poco habitual. Para aplicar la norma, Grecia toma como referencia el año de nacimiento. Cuando la regulación entre en vigor, el veto afectará inicialmente a los nacidos en 2013 y años posteriores; los nacidos en 2012 quedarán fuera de esa primera franja restringida aunque su cumpleaños llegue meses después.

El sistema evita de ese modo una pequeña pesadilla administrativa de cumpleaños, días y meses. No será necesario que cada plataforma cambie el acceso de un adolescente exactamente a medianoche cuando cumple años. Menos precisión de relojero, más facilidad de aplicación, aunque esa simplificación también introduce una diferencia de varios meses entre menores nacidos dentro de un mismo curso natural.

El Gobierno justifica la intervención por los riesgos asociados al uso problemático de las redes sociales, la alteración del sueño, la exposición a contenidos inapropiados, el ciberacoso y determinados mecanismos de diseño destinados a prolongar la atención. Mitsotakis lleva meses defendiendo que el problema no puede confiarse exclusivamente a la voluntad de padres y menores frente a plataformas cuyo negocio depende, en buena medida, de que el usuario permanezca conectado.

Las plataformas tendrán que comprobar la edad de verdad

El corazón de la ley no está tanto en proclamar que un niño de 13 años no debe tener determinada cuenta —las condiciones de algunos servicios ya incluyen límites que se sortean con extraordinaria facilidad— como en obligar a las compañías a hacer efectiva la restricción. Hasta ahora, una fecha de nacimiento inventada podía funcionar como una llave de plástico ante una puerta supuestamente blindada.

Las redes deberán emplear métodos de verificación considerados fiables, proporcionados y respetuosos con la privacidad. Grecia no ha impuesto una tecnología única. En otras palabras, no exige que cada usuario entregue necesariamente su documento de identidad a Instagram, TikTok o Facebook, una posibilidad que habría abierto otro problema nada menor: proteger a los menores entregando todavía más datos personales a las grandes tecnológicas.

Kids Wallet puede acreditar la edad sin revelar la identidad

Entre las soluciones previstas está Kids Wallet, la aplicación desarrollada por el Estado griego, junto al Gov.gr Wallet. Su lógica resulta bastante menos invasiva de lo que sugiere la expresión “verificación de edad”: el sistema puede comunicar a una plataforma únicamente si una persona supera o no el límite establecido, sin facilitar su fecha de nacimiento ni otros datos personales innecesarios.

No será obligatorio utilizar esta aplicación. Las compañías podrán adoptar mecanismos equivalentes siempre que cumplan las exigencias legales y europeas. Esa distinción importa. Una cosa es demostrar que alguien tiene edad suficiente y otra, bastante distinta, entregar a una red social una fotocopia digital de su vida.

El planteamiento encaja con el modelo europeo de credenciales de edad, diseñado para acreditar que un usuario supera determinado umbral sin comunicar más información de la estrictamente necesaria. La plataforma necesita saber si la puerta puede abrirse, no necesariamente conocer el nombre, la dirección o la fecha completa de nacimiento de quien llama.

El veto no alcanza a todo internet ni a los mensajes privados

La propia definición del ámbito de la norma es relevante. Grecia se dirige a servicios donde los usuarios crean perfiles, publican contenidos y mantienen interacciones sociales o públicas. No establece una prohibición general de internet para los menores de 15 años ni pretende convertir cualquier herramienta digital en una zona vedada.

Ese matiz corrige una simplificación que acompaña a menudo este debate: no se trata de desconectar a los adolescentes de la red como quien baja el interruptor general de una vivienda. Podrán seguir utilizando herramientas digitales y recursos educativos, además de servicios que queden fuera de la definición legal de red social.

Para las plataformas híbridas el terreno será algo más gris. Servicios que mezclan vídeos, contenidos públicos, mensajería y distintas modalidades de cuenta pueden requerir una delimitación técnica más precisa. La legislación no funciona simplemente mediante una lista de marcas comerciales; atiende al tipo de servicio. Instagram, TikTok o Facebook son ejemplos evidentes, pero el ecosistema digital tiene la incómoda costumbre de cambiar más deprisa que los boletines oficiales.

La responsabilidad deja de recaer únicamente sobre los padres

Uno de los cambios políticos de fondo está precisamente ahí. Durante años, buena parte de la respuesta al uso digital de los menores se resumió en recomendaciones familiares: controlar horarios, activar herramientas parentales, hablar con los hijos. Todo razonable. También bastante desigual cuando al otro lado de la mesa hay compañías capaces de invertir fortunas en estudiar qué consigue que una persona siga deslizando el dedo. La nueva ley desplaza parte de esa carga hacia las empresas tecnológicas.

Las autoridades griegas supervisarán su cumplimiento dentro del marco europeo de servicios digitales. El Reglamento de Servicios Digitales de la UE contempla para determinadas infracciones sanciones que pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación mundial anual de una compañía. Eso no significa que cada menor que logre sortear un control genere automáticamente semejante multa, pero sí que el sistema dispone de herramientas bastante más persuasivas que una reprimenda.

Las familias, pese a ello, no desaparecen de la ecuación. Atenas mantiene herramientas de control parental y espera que los adultos colaboren para evitar que los sistemas sean burlados. La diferencia es filosófica y jurídica: el padre deja de ser la única muralla. La plataforma que abre la puerta también pasa a responder por cómo la abre.

La norma, además, ha llegado al Parlamento sin un consenso amplio entre Gobierno y oposición. Nueva Democracia, el partido de Mitsotakis, respaldó la iniciativa; el PASOK optó por el “presente”, mientras Syriza, Partido Comunista, Solución Griega, Niki y Plefsi Eleftherias votaron en contra.

El Ejecutivo ha defendido que esperar a que termine de construirse toda la regulación europea supondría perder un tiempo que considera precioso. El Gobierno griego sostiene que la respuesta debe ser eficaz, proporcionada y compatible con el derecho comunitario, y deja abierta la adaptación de su marco nacional a las futuras reglas comunes de la Unión Europea.

Ahí aparece uno de los puntos delicados. Las redes sociales operan a escala continental —mundial, en realidad— mientras cada Estado conserva sus propios límites y mecanismos. Una frontera digital griega es más difícil de construir que una frontera de carretera; los adolescentes, por lo demás, no suelen carecer de imaginación cuando aparece un candado nuevo.

Europa avanza hacia controles de edad más estrictos

Grecia no está actuando en un vacío. Australia abrió una vía especialmente restrictiva con su prohibición nacional para menores de 16 años, mientras varios gobiernos europeos trabajan en iniciativas semejantes. La preocupación por el acceso de niños y adolescentes a plataformas diseñadas alrededor de recomendaciones algorítmicas ha dejado de ocupar un rincón del debate tecnológico para instalarse en la agenda política.

La Comisión Europea presentó en septiembre el EU KIDS Act, una propuesta que plantea restringir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y situar en 15 años la edad mínima para abrir una cuenta propia. El texto comunitario todavía debe recorrer su tramitación legislativa, pero señala una dirección bastante clara: la vieja casilla de “declaro que tengo la edad suficiente” tiene los días contados como única barrera.

En España, el debate camina incluso hacia un umbral superior. El proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales continúa su tramitación parlamentaria y el Gobierno ha defendido elevar a 16 años la edad mínima de registro en redes sociales, acompañada de mecanismos efectivos de comprobación de edad.

La diferencia entre los 13, 15 o 16 años revela que Europa comparte el diagnóstico general mucho más que la receta exacta. También muestra hasta qué punto está cambiando la conversación. Hace pocos años el problema era enseñar a un adolescente a no publicar su dirección. Ahora se discute si una multinacional debe tener siquiera derecho a incorporarlo a sus algoritmos antes de determinada edad.

El experimento griego se jugará en la verificación real

La ley aprobada en Atenas tiene una fecha muy concreta, 1 de enero de 2027, pero su verdadero examen empezará después. Prohibir es relativamente sencillo sobre el papel. Conseguir que la prohibición resista cuentas falsas, edades inventadas, dispositivos compartidos y otras fórmulas para eludir los controles será otra cosa.

Grecia intenta resolver el dilema trasladando la obligación a quien técnicamente posee más capacidad para hacerlo: las propias plataformas, apoyadas por sistemas públicos de acreditación que no deberían revelar más información de la necesaria. Es un giro considerable respecto a aquella internet en la que bastaba declarar solemnemente que uno tenía 18 años mientras todavía llevaba la mochila del colegio.

El debate sobre libertad, privacidad y protección de los menores seguirá abierto, como debe ocurrir cuando una democracia limita el acceso a un espacio esencial de socialización. Pero la decisión griega introduce una frontera nítida: por debajo de los 15 años las redes sociales dejan de ser, legalmente, una puerta abierta. La parte difícil empieza después, cuando toque comprobar si esa puerta se cierra de verdad.