Hallan muerto al secuestrado en Santiago por una deuda de 20 euros

El hombre que fue secuestrado, maniatado y golpeado durante varios días en un piso de Santiago de Compostela por una supuesta deuda de apenas 20 euros ha sido hallado muerto en su domicilio. Su fallecimiento ha obligado a suspender de nuevo la audiencia preliminar contra las tres personas procesadas por aquellos hechos.

La víctima había sido liberada por la Policía Nacional el 13 de enero de 2026, después de permanecer retenida desde el día 6. Según la acusación de la Fiscalía, sufrió golpes, amenazas y un prolongado encierro después de una discusión relacionada con el consumo de drogas y aquella deuda. Por el momento, las informaciones disponibles no establecen una relación causal entre su muerte y las agresiones sufridas meses atrás.

La víctima apareció muerta cuando trataban de localizarla

El fallecimiento salió a la luz precisamente porque la Justicia intentaba localizar al perjudicado para la nueva convocatoria de la audiencia preliminar. La vista debía celebrarse el 29 de octubre en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, pero tuvo que ser suspendida al conocerse que el hombre había sido encontrado sin vida en su domicilio.

No era el primer aplazamiento. La audiencia ya había sido fijada la semana anterior, pero entonces no comparecieron ni la víctima ni uno de los procesados. Este último continúa en paradero desconocido y ha sido declarado en rebeldía.

El fallecimiento introduce ahora una cuestión procesal adicional. El tribunal debe comprobar si existen herederos del perjudicado y, en caso afirmativo, si alguno quiere continuar ejerciendo la acusación particular. Hasta aclararlo, el acuerdo alcanzado entre las partes tampoco puede quedar definitivamente ratificado.

Una deuda de 20 euros que acabó en días de cautiverio

Los hechos que examina la Audiencia se remontan al 6 de enero de 2026. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, la víctima acudió a una vivienda de Santiago de Compostela donde se encontraba con los procesados y donde consumieron drogas. En algún momento surgió una discusión por una supuesta deuda de 20 euros.

El principal acusado habría advertido al hombre de que no podría marcharse hasta pagar. Después llegaron las amenazas y la violencia. La Fiscalía sostiene que lo inmovilizó con cinta adhesiva en pies y manos y llegó a cubrirle parte del rostro, incluida la nariz y la boca, dificultándole la respiración.

La situación fue todavía más grave. Según la acusación pública, con ayuda de los otros implicados introdujo al hombre en una gran bolsa de tela con cremallera y, una vez dentro, le propinó numerosas patadas mientras le amenazaba con enterrarlo.

De la cinta adhesiva a las bridas

La víctima permaneció durante horas en esas condiciones. Al día siguiente, siempre según el relato de la Fiscalía, la cinta adhesiva fue sustituida por bridas de plástico y el hombre siguió encerrado en el salón de la vivienda.

El cautiverio se prolongó hasta el 13 de enero, cuando intervino la Policía Nacional y consiguió liberarlo. Habían transcurrido varios días de retención desde el inicio de los hechos.

Las lesiones tampoco fueron menores. Las informaciones del procedimiento señalan que el perjudicado perdió dos dientes y sufrió múltiples golpes y fracturas. La Fiscalía atribuyó al principal procesado delitos de detención ilegal, lesiones con deformidad y contra la integridad moral.

Amenazas de muerte durante el encierro

El escrito de acusación recoge igualmente amenazas especialmente graves. El hombre habría sido advertido de que podían hacerle un hoyo y enterrarlo si no pagaba. Ese contexto es relevante porque el procedimiento no se limita a una agresión puntual: la acusación describe una privación prolongada de libertad, acompañada de violencia física, intimidación y humillaciones.

El origen económico del episodio resulta casi grotesco por su cuantía. Eran 20 euros. Pero la escasa cantidad no rebaja la gravedad penal de los hechos atribuidos a los procesados ni convierte la disputa en una simple pelea por dinero.

El principal acusado queda en libertad provisional

El fallecimiento de la víctima ha provocado otra consecuencia inmediata: la jueza acordó la puesta en libertad del principal acusado, que permanecía en prisión provisional por esta causa.

La decisión no supone una absolución ni el archivo del procedimiento. La magistrada consideró que, tras la muerte del perjudicado, había desaparecido uno de los riesgos que justificaban mantener la medida cautelar. El procesado deberá comparecer semanalmente ante el juzgado y someterse cada 15 días a controles vinculados a su tratamiento de deshabituación de drogas.

El acusado había permanecido en prisión preventiva desde enero. Antes de conocerse la muerte de la víctima, las partes habían avanzado hacia un acuerdo de conformidad que permitía evitar un juicio completo.

La Fiscalía reclamaba inicialmente 12 años de prisión para el principal procesado: cinco por detención ilegal, cinco por lesiones con deformidad y dos por un delito contra la integridad moral. El pacto planteado rebajaba sustancialmente esa petición si el acusado reconocía los hechos.

Un acusado continúa huido y la causa sigue abierta

El procedimiento está lejos de terminar. Otra de las personas procesadas sí compareció ante la Audiencia, mientras que un tercer acusado permanece en paradero desconocido y declarado en rebeldía.

La nueva fecha fijada es el 4 de febrero de 2027. Para entonces, el tribunal espera haber aclarado si existen familiares o herederos de la víctima con derecho a personarse y si desean mantener la acusación particular.

Si el procesado huido sigue sin aparecer, el tribunal podrá estudiar la apertura de una pieza separada para que su situación no bloquee indefinidamente el procedimiento contra quienes sí están a disposición de la Justicia.

El fallecimiento del perjudicado, por tanto, modifica el desarrollo del proceso, pero no borra los hechos investigados ni las responsabilidades penales que deberá resolver la Audiencia.

Un proceso pendiente tras meses de violencia y tribunales

El caso comenzó con una deuda insignificante y terminó convertido en una acusación por delitos graves. Entre medias quedaron días de encierro, golpes, amenazas y lesiones que llevaron a uno de los procesados a prisión preventiva y situaron a otros dos ante la Audiencia Provincial.

Ahora la muerte de la víctima añade una circunstancia inesperada al procedimiento. La Justicia tendrá que resolver primero quién puede asumir su posición procesal y después decidir cómo continúa una causa en la que ya existía un principio de acuerdo.

Lo que permanece intacto es el núcleo de la acusación: un hombre fue privado de libertad durante varios días en Santiago de Compostela y tuvo que ser rescatado por la Policía Nacional. Todo, según la Fiscalía, por una deuda de apenas 20 euros.