La UCO ve legal la cátedra de Begoña Gómez, pero cuestiona contratos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que la cátedra universitaria que codirigió Begoña Gómez se constituyó conforme a la normativa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los investigadores tampoco encontraron movimientos bancarios opacos que acreditasen un enriquecimiento ilícito de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas conclusiones, recogidas en un informe remitido el 25 de mayo de 2026 al entonces juez instructor Juan Carlos Peinado, cuestionan parte de las sospechas que dieron origen a la investigación. Sin embargo, la Guardia Civil sí detectó anomalías en la contratación de empresas para desarrollar el programa informático de la cátedra, especialmente en las adjudicaciones a la consultora Deloitte.

El informe no impidió que el procedimiento continuara. En septiembre, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, una decisión respaldada previamente por la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía, por su parte, solicitó en octubre su absolución al considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

El resultado es una situación judicial que exige distinguir tres cuestiones: la legalidad de la creación de la cátedra, las posibles irregularidades en la gestión de sus proyectos y la existencia de responsabilidades penales. No son lo mismo, aunque formen parte de una misma investigación.

La UCO confirma que la cátedra siguió las normas de la Complutense

La Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva nació mediante un convenio firmado el 30 de octubre de 2020 entre la Universidad Complutense de Madrid y entidades colaboradoras. Su actividad se prolongó hasta octubre de 2024.

El proyecto buscaba impulsar iniciativas de transformación social en empresas mediante investigación, formación y herramientas tecnológicas. Entre sus objetivos figuraba desarrollar una plataforma para medir el impacto social y medioambiental de pequeñas y medianas empresas.

Según el informe de la UCO, el procedimiento utilizado para constituir la cátedra respetó los cauces establecidos por la universidad. También se ajustaba a su normativa el sistema de colaboración con empresas privadas, responsables de aportar los recursos económicos necesarios para financiar sus actividades.

Otro de los aspectos examinados fue el nombramiento de Begoña Gómez como codirectora pese a no mantener una relación laboral con la Complutense.

Los investigadores comprobaron que el reglamento universitario permitía designar a profesionales externos para dirigir cátedras extraordinarias, siempre que existiera un codirector vinculado a la institución. En este caso, esa función correspondía al profesor José Manuel Ruano.

La normativa tampoco exigía disponer de una titulación universitaria superior para ejercer esa dirección.

Por tanto, la falta de vinculación laboral de Gómez con la UCM no constituía, por sí misma, una irregularidad en su nombramiento.

El software de la cátedra concentra las principales irregularidades

La valoración favorable sobre la creación de la cátedra no se extiende a todas las actuaciones desarrolladas durante su funcionamiento.

La UCO identificó problemas en los procedimientos de contratación de determinados servicios relacionados con Transforma TSC, una plataforma tecnológica concebida para medir el impacto social y medioambiental de las empresas.

El proyecto supuso un gasto directo para la universidad de aproximadamente 108.766 euros, financiado principalmente mediante los fondos procedentes de las entidades colaboradoras.

Los agentes examinaron tanto las adjudicaciones a empresas externas como los trámites relacionados con la propiedad intelectual, el registro de marcas y el dominio utilizado para alojar la herramienta.

Deloitte y las adjudicaciones bajo sospecha

Uno de los hallazgos más relevantes afecta a la contratación de Deloitte.

La Guardia Civil sostiene que la consultora había comenzado a participar en el proyecto antes de que se formalizaran determinados procedimientos de adjudicación. Los investigadores encontraron coincidencias entre documentos intercambiados previamente y las condiciones que posteriormente aparecieron en los expedientes de contratación.

También detectaron circunstancias que, según su análisis, pudieron limitar la competencia entre posibles proveedores.

Un ejemplo concreto aparece en una invitación enviada en diciembre de 2022 a tres empresas para presentar ofertas. El plazo concedido fue de apenas un día y Deloitte fue la única que respondió dentro del tiempo establecido.

Para la UCO, la secuencia de actuaciones apunta a que determinadas contrataciones se habían decidido previamente y que los procedimientos administrativos posteriores pudieron utilizarse para formalizarlas.

Se trata de indicios recogidos en un informe policial, no de irregularidades penales declaradas probadas por un tribunal.

Los investigadores también señalaron la ausencia de documentación que acreditase el cumplimiento de algunos protocolos internos de la Complutense relacionados con el registro de los derechos de propiedad intelectual del programa informático.

Estas cuestiones adquirieron especial importancia por la creación, en noviembre de 2023, de una sociedad privada denominada Transforma TSC, vinculada a Begoña Gómez, y por el registro de marcas relacionadas con el proyecto universitario.

La Guardia Civil no encuentra ingresos opacos en las cuentas de Gómez

El análisis económico constituye otro de los apartados relevantes de la investigación.

La UCO examinó los movimientos bancarios de Begoña Gómez y su relación con las distintas entidades para las que había desarrollado actividades profesionales.

Su conclusión principal fue que los ingresos identificados resultaban coherentes con esas actividades y que no aparecían movimientos injustificados que acreditasen una trama de enriquecimiento personal.

El informe también reconstruyó la financiación de la cátedra universitaria.

Las aportaciones de entidades como Telefónica, Reale, Google y otras organizaciones colaboradoras sumaron aproximadamente 176.000 euros.

De acuerdo con el sistema de financiación establecido por la universidad, el 90 % de esos fondos se destinaba a la actividad de la cátedra y el 10 % restante correspondía a los servicios centrales de la Complutense.

Los investigadores examinaron asimismo movimientos vinculados a la sociedad privada Transforma TSC, entre ellos pagos cuya documentación comercial no estaba completamente aclarada. No obstante, el análisis bancario no permitió establecer la existencia de ingresos opacos en las cuentas personales de Gómez.

Hay otra distinción importante: los fondos recibidos por la cátedra no equivalen a remuneraciones personales de su codirectora. De hecho, la Fiscalía sostiene que Begoña Gómez no cobró por desempeñar la codirección de esta iniciativa universitaria.

Por qué Begoña Gómez irá a juicio pese a las conclusiones de la UCO

El informe policial no puso fin a la causa porque las conclusiones de los investigadores y las decisiones judiciales responden a funciones diferentes.

La Guardia Civil analiza documentación, movimientos económicos y actuaciones concretas. Corresponde a los tribunales determinar si los hechos examinados pueden constituir delitos y, posteriormente, si existen pruebas suficientes para condenar.

En julio de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid acordó que la investigación contra Begoña Gómez continuara por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero descartó mantener en ese procedimiento las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La Audiencia también anuló las medidas cautelares personales que se le habían impuesto, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.

El tribunal consideró que existían indicios suficientes para que determinadas actuaciones fueran examinadas en juicio, especialmente por la posible utilización de la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno y por el destino de los recursos vinculados al proyecto universitario.

El 21 de septiembre, poco antes de jubilarse, el juez Juan Carlos Peinado acordó definitivamente la apertura de juicio oral.

Begoña Gómez deberá responder ante un tribunal del jurado por los dos delitos que permanecen en el procedimiento. También será juzgada Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, por presunta malversación.

La apertura de juicio oral no implica una declaración de culpabilidad. Significa que el procedimiento ha superado la fase de instrucción y que las acusaciones deberán sostener sus argumentos ante el tribunal.

La Fiscalía pide la absolución y el juicio sigue sin fecha

La posición del Ministerio Fiscal contrasta con la mantenida por el juez instructor y la acusación popular.

En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el 7 de octubre de 2026, la Fiscalía solicitó la absolución de Begoña Gómez y Cristina Álvarez al entender que las conductas investigadas no constituyen infracción penal.

El ministerio público considera que la dirección de la cátedra era una actividad no remunerada y que las actuaciones relacionadas con su funcionamiento no permiten acreditar los delitos atribuidos a Gómez.

También rechaza que las gestiones realizadas por Cristina Álvarez demuestren necesariamente un uso delictivo de recursos públicos, teniendo en cuenta las funciones de asistencia organizativa vinculadas a su puesto.

La acusación popular, coordinada por Hazte Oír, mantiene una interpretación diferente y solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Ambas defensas reclaman la absolución.

A 10 de noviembre de 2026, el juicio sigue pendiente de señalamiento. La preparación de la documentación que debe remitirse al tribunal ha generado nuevas incidencias procesales, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para su celebración.

El informe de la UCO conocido en mayo conserva así toda su relevancia: acredita que los investigadores no apreciaron irregularidades en el procedimiento de constitución de la cátedra ni encontraron movimientos bancarios opacos, pero también recoge anomalías en determinadas contrataciones.

La legalidad de la creación de la cátedra está respaldada por el análisis policial; las responsabilidades penales relacionadas con su gestión siguen pendientes de resolución judicial. Esa es la diferencia que deberá quedar delimitada cuando el caso llegue finalmente ante el jurado.