España
Exigen justicia por 7.291 muertos en residencias de Madrid y una ley
Unas 300 personas reclaman en Madrid justicia por las 7.291 muertes en residencias y una nueva ley, a dos días de una reunión judicial decisiva.
Resumen
- Unas 300 personas marchan en Madrid para exigir justicia por 7.291 muertes
- Las familias piden una nueva ley que garantice plazas públicas en residencias
- El lunes, los jueces estudiarán si agrupan las investigaciones en una causa
Cientos de personas se han manifestado este sábado, 21 de noviembre de 2026, en el centro de Madrid para exigir justicia por los 7.291 mayores fallecidos en residencias durante los primeros meses de la pandemia. La movilización, convocada por Marea de Residencias, ha reclamado también una nueva legislación que garantice los derechos de los residentes, amplíe las plazas públicas y mejore las condiciones de atención y trabajo en estos centros.
La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de Cibeles y ha finalizado en la Puerta del Sol. La Delegación del Gobierno ha calculado una asistencia de unas 300 personas. Familiares de fallecidos, pensionistas, trabajadores y colectivos sociales han participado en una marcha que llega en un momento especialmente significativo: el próximo lunes 23 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid abordará la posibilidad de reunir en una macrocausa judicial los procedimientos relacionados con las muertes en las residencias.
La jornada ha reunido reivindicaciones que van más allá de lo ocurrido en 2020. Los convocantes denuncian que persisten problemas estructurales en el sistema de cuidados, desde la insuficiencia de personal hasta las dificultades para acceder a una plaza pública. También cuestionan la creciente participación de empresas privadas en la gestión residencial y reclaman que los mayores reciban una atención adecuada con independencia de sus ingresos.
El significado de las 7.291 muertes en las residencias madrileñas
La cifra de 7.291 fallecidos se ha convertido en uno de los principales símbolos de la controversia sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. Procede de datos facilitados por la propia Comunidad de Madrid en 2020 y corresponde a personas que murieron dentro de centros residenciales durante marzo y abril de aquel año, sin haber sido trasladadas previamente a un hospital.
Conviene precisar que el dato incluye fallecimientos por distintas causas, no exclusivamente por coronavirus. Según aquellos registros, en marzo y abril de 2020 murieron 9.470 residentes, de los que 2.179 fallecieron en hospitales y 7.291 en los propios centros.
La controversia se centra especialmente en los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la emergencia sanitaria. Familiares y organizaciones sociales cuestionan los criterios utilizados para decidir qué residentes podían ser trasladados a un hospital y sostienen que numerosas personas quedaron privadas de una atención sanitaria adecuada.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido su actuación durante la crisis y ha cuestionado la utilización política de la cifra de 7.291, contraponiéndola a otros registros de fallecimientos por covid. Sin embargo, esas estadísticas emplean periodos y criterios diferentes, por lo que no pueden compararse directamente.
Que una persona falleciera sin traslado hospitalario no demuestra, por sí solo, que su muerte fuera evitable. Precisamente por eso, las familias reclaman investigaciones que permitan aclarar las circunstancias de cada caso y determinar si existieron responsabilidades.
Una manifestación por las residencias públicas y los derechos de los mayores
La marcha ha estado encabezada por Marea de Residencias, organización que lleva años reclamando mejoras en el sistema de atención a las personas mayores. Entre las pancartas figuraban mensajes como «7291, no os olvidamos», mientras los participantes exigían unas residencias públicas y de calidad.
Una de las principales reivindicaciones es la aprobación de una ley marco estatal de residencias que establezca garantías comunes para los usuarios, refuerce la supervisión de los centros y proteja sus derechos. Los convocantes defienden, además, un modelo de gestión íntegramente pública.
La protesta también ha denunciado los problemas laborales del sector. La falta de personal suficiente, las condiciones salariales y la elevada carga de trabajo forman parte de las preocupaciones expresadas por las organizaciones participantes. Su argumento es que la calidad de los cuidados depende directamente de las condiciones en las que trabajan quienes los prestan.
Las listas de espera y el acceso a los cuidados
El acceso a una residencia pública ha ocupado otro lugar destacado en las reivindicaciones. Durante la manifestación, representantes de los colectivos participantes han denunciado que más de 3.000 personas esperan una plaza pública en Madrid y que más de 10.700 familias aguardan asistencia domiciliaria.
Estas cifras, expuestas por los participantes, reflejan la preocupación por las dificultades de acceso a servicios esenciales para las personas dependientes.
A la convocatoria se han sumado el Sindicato de Inquilinas, organizaciones de pensionistas, colectivos educativos y representantes de Amnistía Internacional. La movilización ha conectado así la situación de las residencias con otras demandas relacionadas con los servicios públicos, la vivienda y las pensiones.
La Justicia abordará el lunes la posible macrocausa
La manifestación se ha celebrado apenas dos días antes de una cita judicial relevante. La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el lunes 23 de noviembre, a las 11.00 horas, una junta de jueces para unificar criterios sobre los procedimientos abiertos por las muertes en residencias durante la pandemia.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, existen más de medio centenar de procedimientos en distintos partidos judiciales madrileños relacionados con posibles discriminaciones en el acceso a la asistencia sanitaria de personas mayores que residían en estos centros.
Parte de las investigaciones tiene su origen en una denuncia colectiva presentada en 2024 por 109 familiares de 115 víctimas, coordinada por Marea de Residencias y la asociación 7.291: Verdad y Justicia.
La cuestión que deben resolver los magistrados es si las distintas investigaciones pueden agruparse en un único procedimiento o si deben continuar de manera independiente.
No existe unanimidad judicial sobre esta posibilidad. Algunas secciones de la Audiencia han defendido la investigación individualizada de cada fallecimiento, atendiendo a las circunstancias particulares de las víctimas. Otras consideran que una instrucción conjunta permitiría examinar los posibles elementos comunes y evitar resoluciones contradictorias.
La Fiscalía y las asociaciones de familiares respaldan la acumulación de las investigaciones. La decisión, cuya resolución se conocerá después de la reunión, será importante para determinar cómo continúa la instrucción del denominado caso residencias.
En cualquier caso, la eventual creación de una macrocausa no supondría por sí misma una declaración de culpabilidad. Su finalidad sería establecer el procedimiento judicial adecuado para investigar los hechos.
El plan de residencias de Ayuso también provoca críticas
La movilización ha servido para cuestionar el Plan 40-40 del Gobierno autonómico, una iniciativa que contempla la apertura de 40 residencias y otros 40 centros de día mediante un modelo de colaboración público-privada.
Según la planificación presentada por la Comunidad de Madrid, el proyecto prevé crear 6.000 plazas residenciales y 2.000 de atención diurna, con una inversión superior a 500 millones de euros. El Ejecutivo regional reserva al menos el 40 % de las 8.000 plazas previstas al uso de la red pública, mientras que para el resto contempla el acceso mediante ayudas como el denominado cheque servicio.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha participado en la protesta y ha criticado este modelo, al considerar que favorece la privatización del sistema. También ha reclamado una legislación que garantice que las nuevas plazas ofrecidas por la Administración autonómica sean públicas.
Frente a estas críticas, la Comunidad de Madrid presenta el Plan 40-40 como una ampliación de los recursos destinados a la dependencia y una vía para modernizar la atención residencial.
El desacuerdo afecta al propio modelo de cuidados: mientras el Ejecutivo regional apuesta por combinar recursos públicos y privados, las organizaciones convocantes reclaman titularidad y gestión públicas como garantía de acceso y control.
Justicia por las víctimas y garantías para quienes viven hoy en residencias
Más de seis años después de la primera ola de la pandemia, las familias de los fallecidos continúan reclamando respuestas sobre lo sucedido en los centros madrileños. Las investigaciones judiciales siguen abiertas y todavía quedan cuestiones esenciales por resolver, especialmente sobre la aplicación de los protocolos sanitarios y las circunstancias de las muertes.
La protesta de este sábado ha situado junto a esa exigencia otra preocupación: las condiciones actuales de vida en las residencias. El número de plazas disponibles, la atención médica, los recursos humanos y la supervisión de los centros son asuntos que afectan directamente a miles de mayores y sus familias.
La reunión judicial del 23 de noviembre marcará el siguiente paso en la investigación de los fallecimientos. La reforma del sistema residencial, entretanto, continúa siendo objeto de disputa política y social. Son dos debates distintos, aunque estrechamente relacionados: esclarecer lo ocurrido durante la pandemia y establecer garantías para que las personas dependientes reciban los cuidados y la atención sanitaria que necesitan.
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