Los bajos sueldos llevan a más militares a un segundo empleo en España

Cada vez más militares españoles recurren a un segundo empleo para complementar sus ingresos debido a los bajos salarios que perciben en las Fuerzas Armadas. Así lo advierte el Observatorio de la Vida Militar, órgano adscrito a las Cortes Generales, en su último informe, correspondiente a 2025, donde alerta de que esta situación puede llegar a condicionar la disponibilidad de los efectivos para cumplir sus obligaciones profesionales.

El diagnóstico es especialmente preocupante porque las mejoras salariales aplicadas durante 2025 no han conseguido resolver el problema. El organismo considera que las retribuciones continúan siendo insuficientes y están desfasadas, mientras que los gastos de vivienda, los traslados y las dificultades para conciliar la vida familiar agravan la situación económica de numerosos profesionales. La falta de atractivo salarial también coincide con un descenso de las solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas.

Los bajos salarios ponen en riesgo la disponibilidad militar

El informe del Observatorio de la Vida Militar, publicado el 28 de octubre de 2026, describe una situación que trasciende las reclamaciones salariales habituales. El organismo constata que cada vez más efectivos buscan ingresos adicionales fuera de su actividad militar, una tendencia que puede repercutir en su capacidad para responder a las exigencias del servicio.

La advertencia resulta significativa por las particularidades de la profesión. A diferencia de otros trabajadores, los militares están sujetos a un régimen de disponibilidad permanente, con obligaciones que pueden incluir guardias, maniobras, desplazamientos y cambios de destino.

Compatibilizar estas exigencias con otra actividad remunerada no siempre es sencillo. El problema no es únicamente encontrar horas libres para trabajar, sino mantener la disponibilidad exigida por una profesión cuya jornada no siempre puede organizarse con antelación.

El Observatorio califica las retribuciones de «muy bajas» y considera que la estructura salarial sigue descompensada respecto a las responsabilidades y exigencias de la carrera militar. Su análisis apunta a una pérdida sostenida de poder adquisitivo durante la vida profesional, pese a los incrementos aprobados en los últimos años.

La información difundida sobre esta cuestión no concreta cuántos militares desempeñan actualmente un segundo trabajo. Por tanto, la tendencia señalada por el organismo no permite establecer qué porcentaje de las Fuerzas Armadas se encuentra en esta situación.

Las subidas salariales no solucionan el problema de las dietas

Las mejoras retributivas de 2025 han supuesto un incremento de los ingresos de los militares, pero el Observatorio considera que no bastan para corregir los desequilibrios acumulados.

El problema tampoco termina en la nómina. Las dietas por desplazamiento y manutención constituyen otra de las principales quejas recogidas en el informe.

Las cuantías ordinarias llevan décadas sin una actualización general suficiente, mientras que los precios del alojamiento y la alimentación han aumentado considerablemente. Esto provoca dificultades durante determinadas comisiones de servicio, cuando los profesionales deben desplazarse temporalmente por motivos laborales.

La diferencia puede resultar especialmente problemática en destinos donde encontrar alojamiento dentro de los límites establecidos resulta complicado. En esos casos, los gastos reales pueden superar las cantidades reconocidas por la Administración.

El Observatorio reclama atención a este desequilibrio porque las indemnizaciones por razón del servicio deberían permitir afrontar los gastos derivados de las obligaciones profesionales, sin convertirse en una carga económica añadida.

Vivienda y traslados: otro problema económico para los militares

La vivienda aparece como uno de los factores que más condicionan la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La movilidad geográfica forma parte de la carrera militar, pero cambiar de destino puede obligar a asumir nuevos alquileres, mantener dos residencias o reorganizar por completo la economía familiar.

Según el informe, la escasez de viviendas militares y las ayudas limitadas del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) dificultan que numerosos profesionales puedan afrontar estos cambios sin un perjuicio económico importante.

El organismo también advierte de que muchos militares terminan compartiendo piso, en ocasiones con personas desconocidas, porque no encuentran alternativas asequibles cerca de sus destinos.

Lo que inicialmente se plantea como una solución temporal puede prolongarse durante años.

Los llamados «solteros geográficos»

Una de las consecuencias más llamativas de esta situación es la figura del «soltero geográfico», expresión utilizada para describir a los militares que se trasladan a su nuevo destino sin llevar consigo a su familia.

No se trata necesariamente de una separación personal. En muchos casos, el cónyuge permanece en la ciudad de origen para conservar su empleo, mientras el militar vive cerca de la unidad a la que ha sido destinado.

Esta organización obliga a mantener dos lugares de residencia y puede incrementar los gastos de desplazamiento, alquiler y manutención.

El Observatorio considera que las dificultades para acceder a una vivienda adecuada afectan tanto al bienestar de los profesionales como a su movilidad y desarrollo de carrera. También pueden generar inseguridad habitacional y problemas de conciliación familiar.

Durante 2025, 28.828 militares se acogieron a alguna medida de conciliación, una cifra ligeramente inferior a la registrada en ejercicios anteriores.

El organismo reconoce la importancia de estas medidas, aunque también señala las dificultades que su aplicación puede generar para organizar el trabajo y garantizar la operatividad de determinadas unidades.

Trabajar fuera del Ejército requiere cumplir las incompatibilidades

La posibilidad de tener un segundo empleo no significa que los militares puedan desempeñar libremente cualquier actividad profesional fuera de las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 517/1986, que regula las incompatibilidades del personal militar, establece las condiciones aplicables a quienes desean desarrollar otra actividad laboral.

En términos generales, el ejercicio de trabajos privados requiere el reconocimiento de compatibilidad por parte de la Administración, salvo las actividades expresamente exceptuadas. También existen restricciones sobre los horarios, las funciones desempeñadas y los posibles conflictos de intereses.

La normativa impide, entre otros supuestos, reconocer compatibilidad para una actividad privada cuya jornada supere las 20 horas semanales, y contempla limitaciones adicionales relacionadas con determinados puestos y complementos retributivos.

La autorización corresponde al Ministerio de Defensa cuando se trata de actividades privadas de su personal militar.

En cualquier caso, el segundo empleo no puede servir de justificación para incumplir las obligaciones del destino ni menoscabar el deber de disponibilidad permanente.

Aquí aparece una de las contradicciones señaladas por el informe: los salarios llevan a algunos militares a buscar ingresos complementarios, pero las exigencias propias del servicio limitan sus posibilidades de conseguirlos.

Las Fuerzas Armadas pierden atractivo y dejan miles de plazas vacantes

Las dificultades económicas coinciden con otro fenómeno que preocupa al Observatorio: el descenso del interés por ingresar en las Fuerzas Armadas.

Según los datos recogidos en el informe, España contaba el 1 de enero de 2026 con 116.852 militares en servicio activo, apenas 113 más que un año antes.

De ellos, 40.816 pertenecían a las escalas de oficiales y suboficiales, mientras que otros 76.036 formaban parte de tropa y marinería.

El problema es especialmente visible en los procesos de selección.

Las solicitudes de acceso directo a las escalas de oficiales disminuyeron un 4,3 % respecto a 2024. La relación entre aspirantes y plazas pasó de 3,55 a 3, frente a los 6,25 candidatos por plaza registrados cuatro años antes.

En tropa y marinería, la situación tampoco mejora. Durante 2025 se ofertaron 8.884 plazas, 822 más que el año anterior, pero el número de solicitantes descendió en 4.220.

Como consecuencia, la relación de candidatos por plaza pasó de 4,20 a 3,32 en apenas un año. En 2022 había alcanzado los 8,60 aspirantes por vacante.

El dato más significativo aparece al finalizar los procesos de selección: solo se cubrieron 6.245 plazas y quedaron 2.639 vacantes.

El Observatorio considera esta evolución muy preocupante porque reduce las posibilidades de seleccionar candidatos entre un número suficientemente amplio de aspirantes.

La necesidad de mejorar las condiciones para mantener la plantilla

Ante esta situación, el Observatorio de la Vida Militar plantea elevar el número de efectivos hasta los 140.000 militares, con el objetivo de garantizar la operatividad de las unidades, compensar el impacto organizativo de las medidas de conciliación y acercar la dotación española a la media de la Unión Europea.

La propuesta implica un incremento considerable respecto a la plantilla actual y plantea un desafío que no puede resolverse únicamente convocando más plazas.

Para aumentar el personal también resulta necesario atraer suficientes candidatos y ofrecer condiciones que favorezcan su permanencia en las Fuerzas Armadas.

Los problemas salariales, la movilidad geográfica, el acceso a la vivienda y las dificultades de conciliación forman parte de una misma realidad profesional. Resolver uno de estos aspectos sin atender a los demás podría limitar el alcance de cualquier mejora.

El último informe deja así una advertencia que va más allá de las nóminas: la situación económica de los militares también afecta a la capacidad de las Fuerzas Armadas para disponer de personal suficiente.

Que cada vez más profesionales busquen un segundo empleo para completar sus ingresos no constituye únicamente una cuestión laboral. Es también un síntoma de las dificultades que afronta España para atraer, mantener y garantizar la disponibilidad de quienes prestan servicio en su defensa.