Profesores de Cornell censuran la gestión de una denuncia de violación

El profesorado de la Universidad de Cornell, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, ha aprobado una moción de censura contra su dirección por la gestión de una denuncia de agresión sexual presentada por una antigua estudiante. La resolución, adoptada el viernes 6 de noviembre de 2026, supone una desautorización pública del equipo que encabeza el presidente de la universidad, Michael I. Kotlikoff, aunque carece de consecuencias ejecutivas.

La decisión llega después de semanas de protestas y discusiones internas provocadas por una demanda judicial en la que una exalumna acusa a siete antiguos integrantes de una fraternidad universitaria de haberla violado en grupo en octubre de 2024. La denunciante también sostiene que Cornell no respondió adecuadamente a lo ocurrido. Los hombres señalados niegan las acusaciones, mientras la investigación penal permanece abierta.

El resultado de la votación refleja una división considerable dentro de la comunidad académica: 75 profesores votaron a favor, 50 en contra, cinco se abstuvieron y otros cinco no participaron. Pese al revés, el órgano de gobierno de la universidad ha reiterado su confianza en Kotlikoff y descarta, por el momento, un cambio en la dirección.

Cornell aprueba la moción de censura por 75 votos frente a 50

El Senado del Profesorado de Cornell, integrado por 135 representantes docentes, aprobó una resolución que cuestiona expresamente la capacidad de la administración central para afrontar los problemas relacionados con las agresiones sexuales en el campus.

La propuesta obtuvo el respaldo del 55,6 % de los miembros del órgano de representación, frente al 37 % que se opuso. El 7,4 % restante corresponde a abstenciones y miembros que no emitieron su voto.

El texto había sido presentado el 7 de octubre y atravesó varias semanas de debate. Una primera votación prevista para mediados de ese mes quedó aplazada ante las discrepancias entre los representantes académicos. Finalmente, el 28 de octubre se autorizó un proceso de votación electrónica que desembocó en la aprobación de la censura.

El profesor Paul Ortiz, uno de los impulsores de la iniciativa, ha defendido que la denuncia de la antigua estudiante refleja un problema más amplio relacionado con el tratamiento de las agresiones sexuales y la confianza de las víctimas en los mecanismos internos de la universidad.

No todo el profesorado compartía esa interpretación. Algunos representantes consideraban que la resolución resultaba demasiado general y que debía identificar con mayor precisión los errores cometidos y las reformas necesarias.

Una reprobación que no obliga al presidente a dimitir

La moción tiene un carácter exclusivamente simbólico. El Senado del Profesorado puede expresar su desconfianza hacia la administración universitaria, pero carece de competencias para destituir a su presidente o imponer modificaciones en el equipo directivo.

Tampoco exige formalmente la dimisión de Kotlikoff ni establece medidas concretas que deban aplicarse tras su aprobación.

La facultad para decidir sobre la continuidad del presidente corresponde al Consejo de Administración de Cornell, conocido como Board of Trustees. Por eso, aunque la votación representa un importante revés institucional, no altera automáticamente el reparto de responsabilidades dentro de la universidad.

Su importancia reside en otro aspecto: una mayoría del órgano representativo del profesorado ha declarado públicamente que no confía en la capacidad de los actuales responsables para afrontar la situación.

La denuncia de violación múltiple que desencadenó la crisis

El origen de la controversia se remonta a octubre de 2024, cuando una estudiante denunció haber sufrido una agresión sexual múltiple en una vivienda vinculada a la fraternidad Chi Phi, situada en el entorno universitario de Ithaca, en el estado de Nueva York.

La joven, identificada en los documentos judiciales mediante el seudónimo Jane Doe para preservar su identidad, presentó una demanda civil en septiembre de 2026 contra Cornell y siete antiguos integrantes de la fraternidad.

Según su relato, fue drogada con ketamina y sometida a agresiones sexuales durante una reunión en la vivienda. La demanda cuestiona tanto la actuación de los presuntos agresores como la respuesta de la institución académica, a la que atribuye deficiencias en la investigación y en la protección de la estudiante.

Los siete acusados rechazan las imputaciones. Algunos sostienen que las relaciones fueron consentidas, mientras otros niegan haber participado en los hechos denunciados.

La universidad realizó una investigación disciplinaria conforme a sus procedimientos internos y a las disposiciones del Título IX, la legislación estadounidense que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben financiación federal.

Como resultado, Cornell impuso distintas sanciones a los estudiantes investigados, incluidas dos expulsiones y dos suspensiones. Otros implicados recibieron medidas disciplinarias de menor gravedad y un antiguo alumno quedó apartado del campus.

Estas actuaciones universitarias son diferentes de las responsabilidades penales que puedan establecer los tribunales. Hasta el 7 de noviembre de 2026, el caso no se había traducido en cargos penales contra los denunciados.

Nueva York reabre la investigación penal del caso Cornell

La polémica también ha alcanzado a las autoridades del estado de Nueva York.

La investigación penal inicial terminó sin acusaciones después de que las autoridades locales considerasen que no existían elementos suficientes para perseguir los hechos como delito. Aquella decisión recibió nuevas críticas cuando la demanda civil de la antigua estudiante devolvió el caso a la actualidad.

La gobernadora Kathy Hochul cuestionó la respuesta de la policía universitaria, especialmente por no haber remitido a los fiscales determinados testimonios de la denunciante durante la investigación original.

El 1 de octubre de 2026, Hochul designó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para revisar las acusaciones y determinar si procedía impulsar actuaciones penales.

Posteriormente, el 4 de noviembre, James nombró a Jacqueline Kelly, antigua fiscal federal especializada en investigaciones complejas, para dirigir las pesquisas como asesora externa.

Kelly encabeza un equipo integrado por profesionales de la Fiscalía General de Nueva York y del despacho Boies Schiller Flexner. Su trabajo comprende la revisión de pruebas, los informes de la investigación anterior y las declaraciones de posibles testigos.

La investigación continúa bajo la autoridad de la Fiscalía General, a la que Kelly debe rendir cuentas. El objetivo es establecer qué ocurrió realmente en octubre de 2024 y si existen pruebas que justifiquen una acusación penal, respetando las garantías procesales de todas las partes.

Cornell suspende las fiestas de fraternidades y revisa sus protocolos

La universidad ha anunciado distintas medidas para responder a las críticas y reforzar la seguridad de sus estudiantes.

Entre las decisiones más relevantes figura la suspensión de fiestas y actos sociales en las viviendas de las fraternidades pertenecientes al Consejo Interfraternidades, conocido por sus siglas inglesas IFC.

La prohibición se mantendrá durante el resto del curso académico 2026-2027, hasta el 31 de mayo de 2027. No supone la disolución de todas las fraternidades ni afecta de la misma manera a otras organizaciones estudiantiles.

Cornell también ha reforzado los recursos destinados a quienes denuncian agresiones sexuales, con más personal especializado, apoyo a las víctimas y nuevas iniciativas educativas de prevención.

Otro cambio permite que las personas que quieran presentar una denuncia penal por agresión sexual puedan elegir entre la Policía de Cornell y la Policía estatal de Nueva York como organismo encargado de investigar.

Paralelamente, el Consejo de Administración encargó a la antigua número dos del Departamento de Justicia estadounidense, Sally Yates, una revisión independiente de los procedimientos utilizados por Cornell para prevenir, investigar y responder a las denuncias de violencia sexual.

Ese examen incluye la actuación de la universidad ante el caso de 2024 y la adecuación de sus protocolos de prevención e investigación a la legislación aplicable.

El Consejo de Administración mantiene su respaldo a Kotlikoff

La reacción del órgano de gobierno universitario ha sido distinta de la expresada por la mayoría del Senado del Profesorado.

Su presidenta, Anne Meinig Smalling, ha reconocido el malestar existente en Cornell y la gravedad de las acusaciones que rodean el caso. Sin embargo, ha reiterado que el Consejo mantiene su confianza en Michael Kotlikoff y en su equipo.

Los responsables universitarios consideran que las reformas anunciadas constituyen una respuesta a los problemas detectados y que la dirección actual puede llevarlas adelante.

Kotlikoff, por su parte, ha defendido su actuación y ha pedido tiempo para aplicar cambios estructurales. También ha sostenido que cualquier decisión sobre el futuro de las fraternidades debe apoyarse en pruebas y en una evaluación de sus riesgos.

La discrepancia es evidente. Mientras una mayoría de representantes docentes considera insuficiente la capacidad de respuesta de la administración, el órgano con poder para sustituir a sus responsables sigue respaldándolos.

La presión sobre Cornell pasa de las aulas a sus órganos de gobierno

La aprobación de la censura no resuelve la demanda de la antigua estudiante, no determina la responsabilidad penal de los denunciados y tampoco implica la salida del presidente de Cornell.

Lo que sí modifica es el escenario institucional. La crítica a la dirección ha dejado de expresarse únicamente mediante protestas, declaraciones individuales o cartas abiertas para convertirse en una resolución formal del profesorado.

Quedan pendientes tres cuestiones fundamentales: el resultado de la investigación penal dirigida por Jacqueline Kelly, las conclusiones de la revisión independiente encargada a Sally Yates y la eficacia de las medidas anunciadas por la universidad.

Cornell mantiene su estructura directiva, pero afronta una crisis de confianza que afecta a su comunidad académica y a la forma en que protege a sus estudiantes. La moción no obliga legalmente a cambiar de responsables. Sí deja constancia de que, para una parte mayoritaria de la representación docente, las respuestas ofrecidas hasta ahora no bastan.