Anulan una multa de 60.001 euros por Airbnb por fallos al notificar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nula una multa de 60.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona al propietario de una vivienda anunciada en Airbnb. La sanción estaba relacionada con una presunta actividad de alquiler turístico sin licencia en el distrito de Ciutat Vella, pero el tribunal ha determinado que el consistorio no acreditó haber notificado correctamente el procedimiento al afectado.

La sentencia 886/2026, de 28 de octubre, considera que las irregularidades en las notificaciones impidieron al propietario defenderse, presentar alegaciones y recurrir la sanción dentro de los plazos establecidos. El fallo reconoce una situación de indefensión material que justifica la nulidad de pleno derecho de la multa.

El caso tiene una particularidad: el afectado aseguró que desconocía por completo la existencia del expediente hasta agosto de 2023, cuando recibió una providencia de apremio del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona. La cantidad reclamada ascendía a 66.004,03 euros, incluidos los intereses correspondientes.

La resolución judicial no determina si el inmueble se utilizaba realmente para alojar turistas sin autorización. Tampoco cuestiona la potestad municipal para sancionar los alquileres ilegales. Lo que establece es que una Administración no puede mantener una sanción cuando los defectos de comunicación han privado al ciudadano de su derecho de defensa.

Una sanción de 60.001 euros que el propietario desconocía

El procedimiento comenzó por la supuesta explotación de una vivienda turística sin licencia en Ciutat Vella, uno de los distritos de Barcelona donde existe una especial presión sobre el mercado del alquiler.

El 10 de marzo de 2023, el concejal del distrito dictó una resolución sancionadora por importe de 60.001 euros. El Ayuntamiento consideraba que el inmueble había sido anunciado en Airbnb sin disponer de la correspondiente habilitación administrativa.

Sin embargo, según recoge la sentencia, el propietario no tuvo conocimiento efectivo del expediente durante su tramitación.

Los intentos de notificación del acuerdo de inicio, la propuesta de resolución y la propia sanción se realizaron en dos domicilios diferentes. En los justificantes aparecían anotaciones como «desconocido» o «ausente», sin que el Ayuntamiento pudiera demostrar que las comunicaciones se habían practicado con todas las garantías exigidas.

Tras esos intentos, la Administración recurrió a la publicación de edictos y continuó adelante con el procedimiento.

La situación cambió a principios de agosto de 2023. El afectado encontró en su buzón una reclamación de Hacienda municipal por más de 66.000 euros. No era una comunicación ordinaria sobre una posible infracción: la multa ya se encontraba en fase de recaudación ejecutiva.

El propietario solicitó una copia del expediente y comenzó a impugnar una sanción sobre la que, según sostuvo, nunca había podido defenderse.

El fallo en las notificaciones que invalida la multa

El elemento decisivo de la sentencia no está en el anuncio de Airbnb, sino en una documentación administrativa aparentemente rutinaria: los justificantes de entrega de las notificaciones.

El Ayuntamiento defendió que sus comunicaciones habían sido realizadas por un empleado municipal y que los documentos correspondientes gozaban de presunción de veracidad.

También alegó que se habían depositado avisos en el buzón del destinatario.

El TSJC examinó esos justificantes y detectó una carencia fundamental. En ellos figuraba una X en la casilla que indicaba que se había dejado un aviso, pero faltaban datos necesarios para acreditar adecuadamente el trámite.

Una X en el buzón no demuestra que se notificara correctamente

La Sala observó que no constaba información suficiente sobre la oficina en la que el destinatario podía recoger la comunicación ni sobre el plazo durante el cual permanecería disponible.

Tampoco se había aportado el modelo concreto del aviso supuestamente depositado. Los justificantes carecían, asimismo, de identificación del empleado y del sello de la oficina.

El tribunal recordó que la Administración debe demostrar que los intentos de notificación se han realizado conforme a las exigencias legales. Marcar una casilla no sustituye esa acreditación.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 42 las notificaciones en papel. Cuando nadie puede hacerse cargo de una comunicación en el domicilio, deben documentarse las circunstancias del intento y repetirse la entrega en las condiciones previstas legalmente.

La sentencia también toma en consideración las garantías recogidas en la normativa postal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los avisos de llegada.

Estas exigencias tienen una finalidad concreta: permitir que el destinatario conozca la existencia del procedimiento y disponga de una oportunidad real para intervenir.

La publicación mediante edictos constituye un mecanismo legal para determinados supuestos de notificación infructuosa, pero no permite subsanar automáticamente unos intentos previos defectuosos.

En este caso, el TSJC concluye que el Ayuntamiento no había acreditado correctamente las comunicaciones y que el propietario quedó privado de sus posibilidades de defensa.

El Ayuntamiento tampoco respondió a la solicitud de revisión

La controversia judicial no terminó con los problemas de notificación.

El 7 de septiembre de 2023, después de conocer la sanción, el propietario presentó dos solicitudes: una revisión de oficio por nulidad de pleno derecho y un recurso extraordinario de revisión.

Son mecanismos diferentes dentro del procedimiento administrativo. La revisión de oficio permite examinar determinadas irregularidades especialmente graves, incluso respecto de actos que ya no fueron recurridos dentro del plazo ordinario.

El Ayuntamiento no respondió expresamente a las peticiones.

El afectado acudió entonces a los tribunales, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona desestimó su recurso el 7 de abril de 2025 y le impuso las costas.

El juzgado entendió que las alegaciones planteadas no encajaban en las causas tasadas del recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, no examinó adecuadamente la solicitud de revisión de oficio presentada al mismo tiempo.

El TSJC corrigió esa interpretación.

La Sala consideró que ambas vías podían plantearse simultáneamente y que dejar sin respuesta una de las pretensiones constituía una incongruencia omisiva, es decir, la falta de pronunciamiento judicial sobre una cuestión que debía resolverse.

También recordó que la Administración estaba obligada a responder de forma expresa y motivada a la solicitud, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015.

Finalmente, el tribunal decidió declarar directamente la nulidad de la sanción, sin devolver el procedimiento al Ayuntamiento para que tramitara nuevamente la revisión solicitada.

Qué significa la sentencia para otras multas administrativas

La resolución tiene interés más allá de los alquileres turísticos de Barcelona porque aborda una garantía básica de cualquier procedimiento sancionador: el derecho a conocer la acusación y poder defenderse antes de recibir una sanción.

El artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015 contempla la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que lesionen derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional.

En este supuesto, el tribunal aprecia esa causa de nulidad por la indefensión sufrida durante el procedimiento.

No significa que cualquier error formal obligue a cancelar una multa. Para alcanzar una consecuencia de esta gravedad es necesario valorar la irregularidad y su repercusión efectiva sobre los derechos del afectado.

La sentencia también muestra que recibir una reclamación ejecutiva no significa necesariamente que hayan desaparecido todas las posibilidades de impugnación.

Cuando un ciudadano descubre una sanción que desconocía, resulta especialmente importante comprobar cómo, cuándo y dónde intentó notificarla la Administración.

Los justificantes de entrega, las fechas, los domicilios utilizados y la documentación de los avisos permiten determinar si se respetaron las garantías legales.

La revisión de oficio prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015 puede solicitarse respecto de actos firmes cuando concurre alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. No obstante, es una vía excepcional y no sirve para reabrir cualquier desacuerdo con una sanción.

También conviene distinguir entre impugnar la multa y combatir su ejecución. Son actuaciones relacionadas, pero tienen objetos y cauces jurídicos distintos.

Precisamente por eso, el TSJC no anuló la providencia de apremio por la que se reclamaban los 66.004,03 euros. Consideró que esa actuación no formaba parte del objeto del proceso y que solicitar su anulación en la demanda suponía introducir una pretensión nueva.

La sentencia no decide si existió alquiler turístico ilegal

Aunque el fallo favorece al propietario, el tribunal no lo declara inocente de la infracción turística investigada.

Durante el procedimiento, el recurrente sostuvo que el anuncio publicado en Airbnb era la única prueba de la presunta actividad irregular. También alegó que, en determinadas ocasiones, había alquilado la vivienda por periodos superiores a 32 días.

La Sala no entró a valorar esas alegaciones porque consideró suficiente la vulneración de las garantías procedimentales para declarar la nulidad de la sanción.

Por tanto, no existe un pronunciamiento judicial sobre si el inmueble funcionaba como alojamiento turístico ilegal ni sobre la suficiencia del anuncio para demostrar esa actividad.

La estimación del recurso es parcial. El tribunal deja sin efecto la multa de 60.001 euros, pero no concede todas las pretensiones formuladas por el recurrente.

La sentencia tampoco impone costas en ninguna de las dos instancias y permite presentar recurso de casación en el plazo de 30 días hábiles.

Una obligación municipal que no desaparece por publicar un edicto

El pronunciamiento del TSJC subraya que las garantías administrativas no son una cuestión secundaria, incluso cuando se investigan infracciones relacionadas con el alquiler turístico.

Los ayuntamientos pueden inspeccionar viviendas, perseguir la actividad turística sin licencia e imponer sanciones previstas en la legislación aplicable. Pero también deben demostrar que han respetado el procedimiento y las posibilidades de defensa de los afectados.

En Barcelona, la multa de 60.001 euros ha quedado anulada no porque el tribunal haya descartado una actividad ilegal, sino porque el Ayuntamiento no consiguió acreditar que el propietario hubiera recibido las oportunidades de defensa que le correspondían.

La diferencia es importante. La legalidad de una sanción no depende únicamente de que exista una infracción, sino también de que la Administración respete los derechos del ciudadano al investigarla y castigarla.