Pardo de Vera, bajo la lupa de la UCO por contratos de 36 millones

La investigación del caso Koldo vuelve a situar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en el centro de las sospechas sobre la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina las gestiones realizadas por Koldo García y el empresario Cristian Corvillo alrededor de una obra del AVE a Extremadura adjudicada por 28,27 millones de euros, que posteriormente registró un sobrecoste de casi 4,4 millones.

El informe policial recoge mensajes, reuniones y contactos que, según los investigadores, apuntan a una posible intervención para favorecer a determinadas empresas. Las pesquisas abarcan tres contratos públicos por un importe conjunto de casi 36 millones de euros, relacionados con la alta velocidad ferroviaria, la conservación de carreteras y los servicios de limpieza de Adif. La Fiscalía Anticorrupción respalda la investigación sobre esas adjudicaciones, aunque todavía no está acreditado judicialmente que se produjera un amaño.

La figura de Pardo de Vera resulta especialmente relevante por su responsabilidad al frente del administrador ferroviario entre junio de 2018 y julio de 2021. Durante ese periodo se tramitaron algunas de las adjudicaciones que examina la Guardia Civil. El elemento que llama la atención de los agentes es la aparente capacidad de Koldo García, entonces asesor del ministro Ábalos, para acceder a la máxima responsable de Adif mientras determinados empresarios buscaban obtener contratos de obra pública.

La investigación reconstruye una sucesión de comunicaciones que comienza en 2018 y desemboca en adjudicaciones formalizadas en 2019. También examina relaciones empresariales posteriores, entre ellas la contratación de Koldo García como asesor de una constructora beneficiaria de uno de los concursos.

Los mensajes entre Koldo García y Pardo de Vera que investiga la UCO

Uno de los principales episodios investigados corresponde al contrato para construir la plataforma ferroviaria del acceso a Mérida, en el tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura.

Adif Alta Velocidad adjudicó las obras el 31 de julio de 2019 a una unión temporal de empresas integrada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi, por un importe de 28.271.088,80 euros.

Según la reconstrucción policial, Pardo de Vera comunicó a Koldo García información relativa a la licitación antes de su anuncio oficial, publicado en noviembre de 2018. Los investigadores sostienen que el exasesor ministerial mantuvo contactos con Cristian Corvillo, empresario vinculado al PSOE que había ejercido como conductor durante las primarias socialistas de 2017, para favorecer los intereses de Azvi.

La UCO concede especial importancia a los acontecimientos del 12 de diciembre de 2018. Aquel día, Adif modificó los plazos del procedimiento de contratación y Koldo García mantuvo una reunión con Pardo de Vera.

En esa misma jornada, García envió a Corvillo varios mensajes que los agentes consideran relevantes para reconstruir las gestiones realizadas alrededor de la licitación.

Entre ellos figura una promesa especialmente significativa: «Te voy a solucionar la vida». En otra comunicación, el entonces asesor de Ábalos trasladaba su entusiasmo por una noticia que había recibido y anticipaba a su interlocutor que iba a sorprenderle.

Los investigadores relacionan temporalmente estos intercambios con la modificación del procedimiento de contratación. Sin embargo, esa coincidencia no demuestra por sí sola que el cambio de los pliegos respondiera a una intervención ilícita.

La secuencia continúa en julio de 2019. La Guardia Civil identifica nuevas reuniones entre Koldo García, Corvillo y responsables del Ministerio en fechas próximas a la propuesta de adjudicación del contrato ferroviario.

Para la UCO, el conjunto de esos contactos constituye un indicio de posibles gestiones destinadas a influir en el concurso público.

El contrato del AVE se encareció casi 4,4 millones de euros

La adjudicación del AVE extremeño presenta otro elemento que ha despertado el interés de los investigadores: el incremento de su presupuesto durante la ejecución de las obras.

El 8 de agosto de 2022, Adif Alta Velocidad aprobó una modificación contractual por 4.398.576,04 euros adicionales, impuestos incluidos.

El importe pasó de los 28,27 millones de euros iniciales a aproximadamente 32,67 millones, lo que representa un encarecimiento del 15,6%.

El terreno y las modificaciones del proyecto ferroviario

La entidad pública justificó la modificación por la aparición de circunstancias que no podían haberse previsto con la diligencia exigible al preparar el contrato. Esta posibilidad está contemplada en la normativa de contratación pública, que permite modificar determinados proyectos cuando aparecen necesidades técnicas sobrevenidas y se cumplen las condiciones legales.

Entre las explicaciones técnicas difundidas sobre las obras figura la existencia de diferencias entre las condiciones reales del terreno y las reflejadas en los planos iniciales. Estas discrepancias pueden obligar a cambiar soluciones constructivas, aunque su alcance debe justificarse documentalmente.

El anuncio de modificación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público no detallaba todas las actuaciones adicionales que motivaron el incremento. Por ello, resulta especialmente importante examinar la memoria justificativa y el proyecto modificado.

Hay una circunstancia temporal que conviene precisar: Pardo de Vera ya no presidía Adif cuando se aprobó el sobrecoste de agosto de 2022. Su etapa al frente del organismo había terminado un año antes.

La existencia de un incremento presupuestario tampoco constituye, por sí misma, una prueba de corrupción. La investigación deberá determinar si la modificación estaba técnicamente justificada y si guarda alguna relación con las presuntas irregularidades examinadas en la adjudicación original.

Los otros contratos que investiga la Guardia Civil

La nueva pieza del caso Koldo no se limita a las infraestructuras ferroviarias de Extremadura.

Los investigadores también analizan un contrato para la conservación y explotación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera, adjudicado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a la unión temporal de empresas Aquaterra Servicios Infraestructuras y Servicios Técnicos Napal.

La adjudicación ascendió a unos 6,18 millones de euros antes de impuestos, equivalentes a aproximadamente 7,48 millones con IVA. La UCO examina los encuentros y comunicaciones mantenidos por Koldo García y Corvillo durante la tramitación del expediente, especialmente su coincidencia temporal con determinadas modificaciones de los pliegos.

El tercer contrato corresponde al servicio de limpieza de las dependencias de Adif en la calle Méndez Álvaro de Madrid, adjudicado a Limpiezas Castilla de Salamanca por 211.978 euros.

En este último procedimiento también aparecen comunicaciones entre los investigados que, según la hipótesis policial, podrían revelar intentos de favorecer a una empresa concreta.

La suma de las tres adjudicaciones se sitúa en torno a los 35,96 millones de euros.

Es importante distinguir el valor económico de los contratos de las posibles cantidades obtenidas ilegalmente. Los casi 36 millones representan el importe de los procedimientos examinados, no el dinero supuestamente desviado ni una cifra de comisiones acreditadas.

La investigación trata de establecer si existió una actuación coordinada para intervenir en concursos públicos y si esa intervención produjo beneficios económicos indebidos.

La relación de Azvi con Koldo García añade nuevas sospechas

Uno de los aspectos que conecta las adjudicaciones con el entorno del exministro Ábalos es la relación profesional posterior entre la constructora Azvi y Koldo García.

La empresa contrató servicios de asesoramiento vinculados al antiguo colaborador ministerial y a su esposa, Patricia Uriz, a través de la sociedad Erikapat Consultoría Internacional.

La relación contractual contemplaba una remuneración fija de 6.000 euros mensuales y posibles incentivos ligados a la obtención de proyectos que podían alcanzar cantidades considerablemente superiores.

Azvi rescindió el acuerdo el 27 de febrero de 2024, coincidiendo con los primeros días de la investigación pública del caso Koldo.

La Guardia Civil y Anticorrupción examinan si esos servicios respondían a actividades profesionales efectivas o si pudieron constituir una forma de compensación por gestiones relacionadas con contratos públicos.

La existencia de una relación comercial no acredita automáticamente el pago de comisiones ilegales. Para determinar su naturaleza será necesario contrastar los servicios prestados, la documentación contractual y los movimientos económicos.

La Audiencia Nacional amplía las pesquisas del caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió a comienzos de noviembre una nueva pieza separada de la investigación, inicialmente declarada secreta, después de recibir información de la UCO sobre posibles irregularidades relacionadas con contratos de obra pública.

El 5 de noviembre de 2026, los agentes acudieron a la sede de Adif para solicitar documentación y realizaron registros en diferentes provincias.

El operativo se saldó con seis detenciones, entre ellas la del empresario Cristian Corvillo. Los arrestados quedaron posteriormente en libertad, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios suficientes para profundizar en una posible estructura de intermediación entre empresarios y responsables vinculados al antiguo Ministerio de Transportes.

Las sospechas abarcan posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, sin que esa calificación provisional implique que se hayan demostrado responsabilidades penales.

Pardo de Vera ya figuraba entre las personas investigadas en otras actuaciones relacionadas con las adjudicaciones públicas del caso Koldo. La nueva documentación vuelve a examinar su papel como presidenta de Adif y la influencia que habría podido ejercer sobre ella el entonces asesor ministerial.

El papel de Pardo de Vera y las adjudicaciones que siguen bajo examen

Las nuevas pesquisas colocan el funcionamiento interno de la contratación pública en el centro de la investigación. No se trata únicamente de determinar quién ganó determinados concursos, sino de esclarecer cómo se prepararon los expedientes, quién tuvo acceso a información relevante y si existieron interferencias externas.

En el contrato del AVE extremeño confluyen varios elementos: comunicaciones anteriores a la licitación, reuniones entre intermediarios y responsables públicos, una adjudicación millonaria, vínculos empresariales posteriores y una modificación presupuestaria de casi 4,4 millones.

La Guardia Civil considera que esa secuencia merece una investigación en profundidad. Los tribunales deberán determinar qué parte de las sospechas está respaldada por pruebas suficientes y qué actuaciones, en su caso, pudieron vulnerar la legalidad.

Para Isabel Pardo de Vera, el nuevo informe supone otro frente judicial relacionado con su etapa al frente de Adif. Su eventual responsabilidad dependerá de que se demuestre una intervención consciente e irregular en los procedimientos examinados, no simplemente de que mantuviera contactos con otros cargos del Ministerio.

El expediente del AVE a Extremadura será especialmente relevante: permitirá contrastar los mensajes y reuniones investigados con las decisiones administrativas adoptadas durante la adjudicación y la posterior ejecución de las obras. Ahí se encuentra una parte fundamental de lo que todavía debe esclarecerse.