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Pedro Alliana asume en Paraguay y promete compensar a los ahorradores

Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y promete devolver los ahorros afectados.

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Pedro Alliana

Foto: Autor desconocido, CC0 (dominio público).

Resumen

  • Alliana asume la presidencia tras la destitución de Santiago Peña
  • El cierre de Ueno Bank bloqueó los ahorros de millones de clientes
  • El nuevo mandatario promete compensaciones, pero aún falta concretarlas

Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank. El hasta ahora vicepresidente juró el cargo el viernes 6 de noviembre y prometió que los afectados por el cierre de la entidad bancaria «serán compensados plenamente», en un intento de responder a una crisis que ha dejado millones de cuentas bloqueadas y ha precipitado un cambio de Gobierno.

La llegada de Alliana a la presidencia se produce después de que el Senado paraguayo aprobara por unanimidad la destitución de Peña en un juicio político relacionado con sus vínculos con el banco intervenido. El nuevo mandatario deberá completar el periodo presidencial previsto hasta agosto de 2028, mientras las autoridades intentan recuperar los depósitos y esclarecer las responsabilidades por el colapso financiero.

El relevo presidencial no resuelve, por sí solo, las dificultades de los clientes de Ueno Bank. La entidad contaba con unos 2,94 millones de clientes y gestionaba importantes recursos de organismos públicos, incluidos fondos vinculados al sistema de pensiones. La prioridad inmediata es que los afectados puedan recuperar su dinero y que el Estado establezca qué ocurrió con los recursos depositados.

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Alliana llega al poder tras la destitución de Santiago Peña

El nuevo presidente prestó juramento ante el Congreso paraguayo después de que los 44 senadores presentes votaran a favor de la destitución de Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones. La decisión culminó una crisis política que se había acelerado durante la semana, a medida que se conocían las consecuencias de la intervención de Ueno Bank.

Peña había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre, alegando la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la paz social. Sin embargo, el Congreso no aceptó su salida voluntaria y continuó adelante con el procedimiento de juicio político.

La diferencia entre una renuncia y una destitución no era un simple formalismo. El mecanismo elegido tenía consecuencias sobre la condición jurídica del expresidente y su eventual acceso a un escaño vitalicio en el Senado, una figura prevista por la Constitución paraguaya para determinados antiguos jefes del Estado.

La caída de Peña se produjo después de que perdiera apoyos dentro del propio Partido Colorado, la formación conservadora que gobierna Paraguay. El escándalo bancario terminó por quebrar el respaldo parlamentario del mandatario, que había llegado al poder en agosto de 2023.

El Congreso había rechazado apartar también a Alliana

La continuidad del vicepresidente tampoco estaba completamente asegurada. Durante la crisis se impulsó una acusación política contra Pedro Alliana, pero la Cámara de Diputados rechazó abrir ese procedimiento el jueves, por 48 votos frente a 30.

Esa decisión despejó el camino para la sucesión constitucional. Alliana, integrante del Partido Colorado y compañero de candidatura de Peña en las elecciones generales de 2023, pasó a encabezar el Ejecutivo sin necesidad de convocar inmediatamente unas nuevas elecciones presidenciales.

El nuevo presidente, de 52 años, cuenta con una trayectoria política vinculada al oficialismo paraguayo. Fue gobernador del departamento de Ñeembucú y presidente de la Cámara de Diputados. Antes del estallido del escándalo financiero había anunciado que dejaba en pausa sus aspiraciones a la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2028.

El colapso de Ueno Bank que ha sacudido Paraguay

La crisis comenzó a agravarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia.

El regulador comprobó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, después de los ajustes realizados a sus estados financieros. La medida provocó el cierre de las sucursales, la suspensión de los servicios bancarios y el bloqueo de los depósitos.

Ueno había experimentado una expansión extraordinaria. Desde su transformación en banco en noviembre de 2023, se convirtió en una de las entidades digitales más populares de Paraguay. Su crecimiento, apoyado en una amplia oferta de servicios financieros, permitió que alcanzara casi tres millones de clientes.

Pero el problema no afecta únicamente a particulares. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones por unos 355 millones de dólares en la entidad, aproximadamente el 9 % de su cartera. También estaban vinculadas al banco las cuentas utilizadas para abonar las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Otras instituciones públicas, entre ellas la Administración Nacional de Electricidad y la entidad binacional Itaipú, también tenían recursos depositados en Ueno. La intervención ha puesto bajo examen tanto la gestión del banco como la supervisión de las inversiones públicas.

Cuánto dinero pueden recuperar los clientes de Ueno Bank

La promesa de compensación anunciada por Alliana llega cuando el Banco Central ya ha iniciado las primeras devoluciones de dinero.

El jueves 5 de noviembre comenzaron los pagos destinados a un primer grupo de depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a 1.565 dólares. El procedimiento se dirigió inicialmente a clientes sin deudas con Ueno que disponían de cuentas en otras entidades para recibir las transferencias.

La legislación paraguaya establece un sistema de garantía de depósitos que cubre hasta unos 228,3 millones de guaraníes por depositante, aproximadamente 37.600 dólares. También se ha aprobado una medida para anticipar devoluciones de hasta 121,76 millones de guaraníes, alrededor de 20.000 dólares, en determinadas condiciones.

Estas cifras son importantes porque la garantía legal y la promesa presidencial de compensación completa no tienen exactamente el mismo alcance. La primera cuenta con límites establecidos; la segunda representa un compromiso político cuya aplicación todavía debe concretarse.

No existe un calendario completo confirmado para que todos los afectados recuperen sus fondos. Tampoco se han detallado las medidas adicionales que permitirían garantizar una compensación íntegra a quienes tengan depósitos superiores a los límites protegidos.

Los vínculos de Santiago Peña con Ueno Bank

El escándalo financiero alcanzó directamente al anterior presidente por sus relaciones empresariales con el grupo propietario del banco.

Santiago Peña había sido accionista del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, aunque aseguró haber vendido sus participaciones en marzo de 2025. El expresidente ha rechazado haber cometido irregularidades y ha defendido que las acusaciones deben esclarecerse ante la Justicia.

Los parlamentarios que promovieron su destitución cuestionaron la existencia de posibles conflictos de intereses y la utilización de recursos públicos para favorecer a la entidad. También denunciaron una presunta falta de vigilancia de los organismos reguladores.

Otro elemento relevante es la trayectoria de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central cuando se desencadenó la crisis y anteriormente había dirigido la financiera Ueno. Carvallo abandonó el organismo regulador después de la intervención bancaria.

La situación adquirió especial gravedad por la dimensión de los fondos públicos comprometidos. Ueno gestionaba alrededor de 850 millones de dólares procedentes de instituciones estatales y organismos relacionados con las pensiones.

Las acusaciones políticas, sin embargo, no equivalen a responsabilidades penales acreditadas. La investigación judicial deberá determinar si se cometieron delitos y qué participación pudo tener cada uno de los implicados.

La detención de Peña agrava la crisis institucional

La destitución presidencial estuvo acompañada de una nueva actuación judicial. La Fiscalía paraguaya ordenó el viernes 6 de noviembre la detención de Santiago Peña por una presunta lesión de confianza, una figura del derecho penal paraguayo relacionada con perjuicios patrimoniales causados mediante el incumplimiento de deberes de administración.

La Policía confirmó posteriormente que el expresidente había sido detenido en su domicilio, donde debía permanecer hasta quedar a disposición de la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción.

La orden de detención también alcanzó al antiguo presidente del Banco Central, Carlos Carvallo. Paralelamente, la investigación sobre Ueno Bank ha dado lugar a actuaciones contra antiguos responsables y directivos de la entidad, algunos de los cuales han ingresado en prisión preventiva.

Peña mantiene su rechazo a las acusaciones. Su destitución y detención no constituyen, por sí mismas, una condena penal, y corresponde a los tribunales determinar las posibles responsabilidades.

El impacto político ha sido considerable. Paraguay no destituía a un presidente mediante juicio político desde Fernando Lugo en 2012, un antecedente que también estuvo marcado por una profunda confrontación institucional.

La intervención bancaria ha provocado asimismo movilizaciones ciudadanas en Asunción y protestas de clientes que reclaman la devolución de sus ahorros. La preocupación se extiende a trabajadores y pensionistas cuyos recursos dependen de las entidades afectadas.

El nuevo Gobierno se juega su credibilidad en la devolución del dinero

Pedro Alliana comienza su mandato con una prioridad que difícilmente admite demoras: convertir su compromiso de compensación en devoluciones efectivas para quienes han perdido el acceso a sus cuentas.

La situación exige resolver problemas distintos, aunque relacionados. Por un lado, proteger a los pequeños depositantes y los fondos de pensiones. Por otro, establecer las responsabilidades empresariales, políticas y regulatorias que pudieron contribuir a la caída de Ueno Bank.

El Banco Central sostiene que la crisis está concentrada en la entidad intervenida y que no representa un problema general de solvencia para todo el sistema financiero paraguayo. Mantener esa confianza será otra de las obligaciones del nuevo Ejecutivo.

Alliana dispone, en principio, de mandato hasta agosto de 2028. Su llegada a la presidencia garantiza la continuidad constitucional del Gobierno, pero no elimina las consecuencias económicas y sociales del escándalo.

La promesa de compensar plenamente a los afectados será, por tanto, una de las primeras pruebas de su presidencia. Paraguay ha cambiado de jefe del Estado en apenas unos días. Recuperar el dinero y la confianza en sus instituciones financieras será un proceso bastante más complejo.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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