PP y Vox frenan en València el tope al alquiler y la subida del IBI

El gobierno municipal de PP y Vox ha rechazado en el Ayuntamiento de València las propuestas para declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado, limitar el precio de determinados alquileres y reforzar la presión fiscal sobre viviendas vacías y grandes propietarios. El pleno extraordinario dedicado a la vivienda terminó así con dos modelos bastante nítidos sobre la mesa: intervenir sobre precios y patrimonio inmobiliario, como planteaban Compromís y PSPV, o aumentar la oferta mediante nuevas promociones, suelo y licencias, la vía defendida por el ejecutivo de María José Catalá.

No es una discusión menor ni puramente ideológica. La declaración de zona tensionada habría abierto la puerta a aplicar los mecanismos previstos en la legislación estatal para contener las rentas de nuevos contratos en determinados supuestos. PP y Vox votaron en contra. También quedaron fuera otras medidas planteadas para movilizar vivienda vacía, recuperar instrumentos municipales frente a la especulación y elevar la carga fiscal sobre determinados propietarios.

València seguirá fuera de las zonas tensionadas

Compromís llevó al pleno la petición de instar a la Generalitat a declarar València zona de mercado residencial tensionado, una figura prevista para aquellas áreas donde el coste de la vivienda ha alcanzado niveles especialmente difíciles de asumir para los hogares.

El PSPV respaldó la iniciativa. La mayoría formada por PP y Vox bastó para tumbarla. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, defendió que limitar las rentas no resolvería el problema de fondo y sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la oferta de vivienda. Vox votó junto al PP, aunque sus concejales no intervinieron en ese pleno extraordinario.

La consecuencia práctica es sencilla: València continuará sin utilizar las herramientas de contención de precios ligadas a esa declaración. Dentro de una zona tensionada, el precio de determinados nuevos contratos puede quedar vinculado al alquiler anterior y, cuando intervienen grandes tenedores, entrar en juego el sistema estatal de índices de referencia.

Eso no equivale a congelar automáticamente todos los alquileres de una ciudad. La regulación afecta a contratos y propietarios concretos bajo determinadas condiciones. Conviene precisarlo porque el debate político suele convertir una normativa bastante técnica en un interruptor de dos posiciones: tope sí o tope no. La realidad jurídica es bastante menos limpia.

El IBI abre otro frente entre gobierno y oposición

La fiscalidad de la vivienda fue la segunda pata del debate. Compromís reclamó recuperar cargas sobre inmuebles que permanecen injustificadamente fuera del mercado y endurecer el tratamiento fiscal de determinados grandes propietarios. La normativa permite a los ayuntamientos aplicar recargos del IBI a viviendas desocupadas de forma permanente, con incrementos mayores cuando concurren determinadas circunstancias.

València ya dispone de una regulación para aplicar un recargo a determinadas viviendas vacías. El problema está en su ejecución. El Ayuntamiento sostiene que la normativa presenta una gran complejidad administrativa y que los requisitos exigidos dificultan encontrar inmuebles a los que pueda girarse de manera efectiva ese incremento fiscal.

El asunto adquiere otra dimensión al mirar la concentración de propiedad. En la ciudad constan miles de titulares con más de cinco viviendas y una parte relevante son sociedades mercantiles. Es precisamente ahí donde la oposición coloca el foco: considera que la política fiscal debe diferenciar entre el pequeño propietario y quienes acumulan un patrimonio inmobiliario mucho mayor.

Pisos vacíos y viviendas turísticas

La batalla fiscal se cruza también con los apartamentos turísticos. Compromís había planteado estudiar recargos reforzados para grandes titulares de este tipo de inmuebles y defendió durante el pleno una mayor presión sobre las viviendas destinadas al turismo para intentar devolver parte de ese parque al uso residencial.

PP y Vox optaron por otra vía. El acuerdo aprobado mantiene las normas urbanísticas vigentes, prevé ayudas para que las comunidades de propietarios puedan modificar sus estatutos y oponerse a nuevos apartamentos turísticos en bajos, y mantiene las inspecciones y las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.

No es exactamente lo mismo. Una política intenta encarecer fiscalmente ciertos usos de la vivienda para empujarlos de vuelta al mercado residencial; la otra busca regular dónde pueden funcionar y perseguir los que incumplen las normas. El resultado sobre la oferta real de pisos, en ambos casos, tardará en poder medirse.

PP apuesta por construir: 13.000 viviendas en 18 desarrollos

El gobierno de Catalá contrapone a los límites de precios un argumento que viene repitiendo desde el inicio del mandato: hace falta construir más. Su propuesta alternativa contempla continuar la tramitación de 18 programas de actuación integrada con capacidad para generar suelo para unas 13.000 viviendas.

De ese volumen, alrededor de 2.855 serían viviendas protegidas. El Ayuntamiento también quiere mantener la concesión de licencias, facilitar que antiguos despachos puedan convertirse en viviendas y permitir la reversión de apartamentos turísticos hacia el uso residencial.

El razonamiento económico es conocido: si la demanda crece más rápido que la oferta, los precios tienden a subir; incrementar el parque disponible debería aliviar esa presión. La dificultad está en los tiempos. Tramitar suelo, reparcelar, urbanizar y construir son procesos largos, mientras que quien tiene que renovar un contrato dentro de unos meses vive en un calendario bastante menos paciente. Esa diferencia entre tiempo urbanístico y tiempo doméstico es una de las grietas del debate.

Benimaclet, uno de los grandes desarrollos

Uno de los proyectos de mayor tamaño es Benimaclet, cuyo planeamiento contempla más de un millar de viviendas, una parte de ellas protegidas, además de suelo público con capacidad para aumentar el parque destinado a alquiler asequible y otros usos residenciales.

La cuestión no es únicamente cuántas viviendas se anuncian, sino cuántas llegan finalmente al mercado, a qué precio y en qué plazo. Una promoción que tarda varios años en materializarse puede mejorar la oferta estructural, pero apenas modifica el problema inmediato de quien dedica una porción creciente del salario al alquiler mensual.

Los alquileres siguen en niveles elevados en la ciudad

El debate municipal se produce con un mercado todavía muy presionado. El precio anunciado del alquiler residencial en València ronda niveles superiores a los 16 euros por metro cuadrado, después de varios años de encarecimiento que han situado a la capital entre los grandes mercados españoles con mayores dificultades de acceso.

Una subida anual menos intensa que en ejercicios anteriores tampoco significa que el problema haya desaparecido. Los incrementos se aplican sobre precios que ya venían de niveles elevados. El termómetro puede subir más despacio y, aun así, la habitación continuar demasiado caliente. Para muchas familias, jóvenes y trabajadores que viven solos, el obstáculo no es únicamente cuánto sube el alquiler, sino el nivel absoluto de la renta que deben pagar cada mes.

Compromís y PSPV sostienen que esperar únicamente a la construcción deja desprotegidos a quienes necesitan alquilar mientras llegan las nuevas promociones. PP y Vox replican que imponer límites o más cargas fiscales puede retirar viviendas del mercado y reducir todavía más la oferta. Ese es el verdadero choque, bastante más profundo que la habitual colección de reproches de un pleno municipal.

Dos recetas para una misma ciudad cada vez más cara

Después de la votación, València mantiene intacta su orientación: sin declaración de zona tensionada, sin límites vinculados a esa figura y sin un endurecimiento general del IBI dirigido a grandes propietarios. A cambio, el Ayuntamiento concentra su política en nuevas promociones, vivienda protegida, movilización de suelo, licencias y control urbanístico de los apartamentos turísticos.

La oposición apuesta por intervenir antes y con más intensidad sobre el parque existente: fiscalidad sobre pisos vacíos, instrumentos frente a operaciones especulativas, ampliación del alquiler asequible y límites en las zonas donde los precios se han separado de los ingresos. Son dos diagnósticos que parten del mismo problema, pero colocan el remedio en lugares distintos: regular lo que ya existe o aumentar lo que todavía falta por construir.

La vivienda seguirá marcando el pulso político de València

La discusión continuará porque ninguna votación municipal hace desaparecer el problema al levantar la mano. El alquiler sigue caro, la vivienda protegida continúa siendo insuficiente para absorber toda la demanda y las nuevas promociones necesitan años para completar su recorrido desde el planeamiento hasta la entrega de llaves.

PP y Vox han elegido no intervenir los precios mediante la declaración de zona tensionada y confiar buena parte de la respuesta a aumentar la oferta. Compromís y PSPV querían actuar también sobre el mercado que ya existe y sobre la fiscalidad de los grandes propietarios. València será, en la práctica, el lugar donde se comprobará cuál de esas dos recetas consigue llegar antes a la puerta de casa.