Delcy Rodríguez se querella por el sobre que Aldama vincula al PSOE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado este lunes, 9 de noviembre de 2026, una querella por presuntas injurias graves con publicidad contra Víctor de Aldama, empresario vinculado al caso Koldo. La acción judicial responde a las declaraciones en las que el comisionista aseguró que la dirigente venezolana le había entregado un sobre de la petrolera estatal PDVSA relacionado, según su versión, con una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Rodríguez niega categóricamente haber entregado ese sobre y sostiene que tampoco conocía su existencia ni su contenido. La querella, presentada a través del despacho de abogados ILOCAD, vinculado al exjuez Baltasar Garzón, considera que Aldama le atribuyó públicamente una participación en posibles actividades delictivas sin fundamento suficiente. La dirigente recuerda, asimismo, que no figura como investigada en el procedimiento judicial al que se refirió el empresario.

El enfrentamiento llega a los tribunales después de varios meses de declaraciones, actuaciones judiciales y un intento fallido de conciliación. Aldama mantiene su versión de los hechos y ya entregó el controvertido sobre a la Audiencia Nacional, donde se investigan posibles irregularidades relacionadas con los pagos en efectivo del PSOE.

Conviene distinguir dos cuestiones. La existencia del sobre no demuestra por sí misma una financiación ilegal, del mismo modo que su posible relación con la petrolera venezolana tampoco acredita quién lo entregó ni qué conocimiento tenía Rodríguez de las operaciones que Aldama denuncia. Precisamente sobre esa atribución personal gira la nueva querella.

Las declaraciones de Aldama que originaron la querella

La acción judicial tiene su origen en dos intervenciones televisivas realizadas por Víctor de Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026. La primera tuvo lugar en el programa Diario de la Noche, de Telemadrid, y la segunda en Horizonte, emitido por Cuatro.

Durante aquellas apariciones, el empresario habló de un sobre identificado con símbolos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía petrolera estatal venezolana. Según su relato, la documentación estaría relacionada con operaciones de hidrocarburos y con una presunta financiación irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista.

Aldama también aseguró que había recibido personalmente ese sobre de Delcy Rodríguez. Esta última afirmación constituye el principal motivo de la querella, puesto que la mandataria considera que el empresario la involucró directamente en unos hechos potencialmente delictivos que rechaza haber protagonizado.

Los abogados de Rodríguez sostienen que las declaraciones proyectaron sobre ella una vinculación pública con una posible financiación ilegal que no se corresponde con la realidad. No discuten únicamente el alcance político de las palabras de Aldama, sino su posible relevancia penal por atribuirle actuaciones que, según la querellante, nunca realizó.

Qué se sabe del sobre de PDVSA y de su supuesta entrega

El documento no apareció por primera vez en las entrevistas televisivas. Su existencia ya figuraba en las investigaciones relacionadas con el caso de los hidrocarburos, en el que Aldama está siendo investigado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había localizado referencias a un sobre de color marrón relacionado con la petrolera venezolana. En la documentación aparecía identificado como remitente Manuel Quevedo, expresidente de PDVSA, mientras que Delcy Rodríguez figuraba como destinataria.

Los investigadores también comprobaron que Luis Alberto Escolano, colaborador de Aldama, custodiaba documentación considerada sensible relacionada con el empresario. Entre los archivos examinados aparecían imágenes del controvertido sobre.

En marzo de 2026, Aldama entregó el documento al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, después de que este se lo requiriera en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Koldo.

El sello de recepción y las discrepancias sobre el documento

Uno de los elementos más discutidos es un sello fechado el 4 de febrero de 2020 que aparece en el sobre.

La UCO recogió en sus investigaciones que ese sello, correspondiente a la Vicepresidencia venezolana, indicaba la recepción de la documentación por Víctor de Aldama.

La defensa de Rodríguez cuestiona que esa circunstancia permita concluir que fue ella quien entregó personalmente el sobre. En su argumentación, subraya que el documento no contiene una evidencia que identifique a la mandataria como la persona que realizó la supuesta entrega.

Es una distinción relevante. Que exista constancia documental de una recepción no identifica necesariamente a quien efectuó la entrega. Para establecer esa responsabilidad personal resulta necesario valorar otras pruebas y contrastarlas con las declaraciones de los implicados.

La querella también pone el foco en el tiempo transcurrido entre la supuesta recepción del documento, en febrero de 2020, y su aparición en las actuaciones judiciales de 2026.

Del intento de conciliación de julio a la querella de noviembre

La presentación de la querella supone un nuevo paso en una controversia judicial que comenzó hace varios meses.

El 6 de julio de 2026, Rodríguez inició los trámites para exigir que Aldama rectificara sus afirmaciones. Sus abogados solicitaron un acto de conciliación, mecanismo previsto para intentar resolver este tipo de conflictos antes de acudir a la vía penal.

La comparecencia se celebró el 16 de julio en Madrid, con la participación de los representantes legales de ambas partes. El abogado de Aldama manifestó que su cliente no tenía intención de retractarse.

Ante esa negativa, el equipo jurídico de Rodríguez anunció que seguiría adelante con la querella. La presentación formal se ha producido finalmente este 9 de noviembre.

El escrito atribuye al empresario un presunto delito de injurias graves con publicidad, al considerar que sus afirmaciones se difundieron a través de medios de comunicación y perjudicaron la reputación de la dirigente venezolana.

La presentación no implica que Aldama haya cometido el delito. Corresponderá al órgano judicial competente examinar la querella y determinar si procede admitirla a trámite y practicar diligencias.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre el PSOE

El enfrentamiento entre Rodríguez y Aldama está relacionado con otras investigaciones judiciales que afectan al entorno del caso Koldo, aunque ambas cuestiones deben distinguirse.

El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para examinar los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. Las diligencias buscan esclarecer si determinadas operaciones pudieron facilitar el blanqueo de fondos procedentes de actividades ilícitas o revelar irregularidades en la financiación.

Dentro de esas investigaciones aparecen los pagos relacionados con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

El PSOE ha rechazado las acusaciones de financiación ilegal y ha aportado documentación sobre sus movimientos de efectivo para colaborar con la investigación judicial.

Por su parte, Aldama sostiene que el sobre relacionado con PDVSA contiene información relevante sobre presuntas operaciones vinculadas a la financiación del partido y de la Internacional Socialista.

Sin embargo, el contenido del sobre y las afirmaciones del empresario no equivalen a una acreditación judicial de financiación irregular. El alcance probatorio de la documentación corresponde a los tribunales, que deben contrastarla con el resto de las diligencias.

Tampoco debe confundirse la investigación sobre el origen y destino de determinados fondos con la querella presentada por Rodríguez, cuyo objeto es determinar si Aldama lesionó penalmente su honor mediante las declaraciones denunciadas.

Qué consecuencias penales puede tener la querella contra Aldama

El Código Penal español contempla las injurias como expresiones o actuaciones capaces de lesionar la dignidad de una persona y perjudicar su reputación.

No cualquier afirmación ofensiva constituye un delito. Para que exista responsabilidad penal deben concurrir las circunstancias exigidas por la legislación, especialmente cuando se atribuyen hechos que pueden desacreditar gravemente a alguien.

En este caso, los abogados de Rodríguez consideran que Aldama difundió públicamente imputaciones falsas o formuladas con un temerario desprecio hacia la verdad.

El artículo 209 del Código Penal establece para las injurias graves cometidas con publicidad una pena de multa de entre seis y catorce meses. No se trata de una pena de prisión por ese delito, y la eventual cuantía económica dependería de la cuota diaria que fijase el tribunal.

Para que existiera una condena, tendría que acreditarse que las manifestaciones concretas del empresario reúnen los requisitos legales del delito. También deberán valorarse el contexto de las declaraciones, las pruebas disponibles y los derechos fundamentales implicados.

La libertad de expresión y el derecho al honor son dos elementos esenciales de este tipo de procedimientos. La protección de la crítica pública, especialmente cuando afecta a dirigentes políticos y asuntos de interés general, no convierte automáticamente en legítima cualquier imputación de hechos.

El origen del sobre y las acusaciones siguen pendientes de aclaración

La querella presentada por Delcy Rodríguez introduce un nuevo procedimiento judicial alrededor de una documentación que ya había adquirido relevancia en las investigaciones sobre el caso Koldo y los hidrocarburos.

Aldama sostiene que recibió el sobre de la mandataria venezolana y que su contenido guarda relación con una presunta financiación irregular del PSOE. Rodríguez rechaza tajantemente esa versión y ha decidido llevar al empresario ante la Justicia por las acusaciones difundidas en televisión.

Por el momento, no existe una resolución judicial que acredite la participación de Rodríguez en la supuesta financiación irregular mencionada por Aldama. La dirigente tampoco figura como investigada en el procedimiento al que hacen referencia las declaraciones denunciadas, según subraya su defensa.

El recorrido judicial dependerá de dos asuntos diferentes: la valoración penal de las palabras de Aldama y el resultado de las pesquisas sobre la documentación de PDVSA.

La existencia de un sobre, por llamativa que resulte su procedencia y por relevante que pueda ser su contenido, no permite dar por demostrada una operación de financiación ilegal. Esa es una cuestión que exige pruebas. Y las acusaciones, por muchas veces que se repitan, no sustituyen a una sentencia.