Sabotean 300 cajetines turísticos en Granada ante la huelga del 11N

Granada ha amanecido este martes, 10 de noviembre, con unos 300 cajetines de acceso a pisos turísticos inutilizados y al menos quince inmobiliarias afectadas por pintadas y otros actos vandálicos. Los ataques se han producido apenas 24 horas antes de la huelga general del 11 de noviembre, convocada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y mejoras salariales.

El Sindicato de Vivienda de Granada ha reivindicado el sabotaje como parte de las movilizaciones previas a la huelga. Los dispositivos afectados, que permiten a los turistas recoger las llaves de sus alojamientos sin contacto presencial con los propietarios, aparecieron inutilizados y señalados con pegatinas del colectivo. La acción se ha concentrado principalmente en el Albaicín, el Realejo y el centro de la ciudad, tres zonas especialmente vinculadas al crecimiento de los apartamentos turísticos.

No se trata de un incidente aislado. Granada ya registró una oleada de ataques similares el pasado febrero, cuando centenares de cerraduras y cajas de llaves de viviendas vacacionales quedaron inutilizadas. La repetición de estos episodios refleja el enfrentamiento que existe en la ciudad en torno al uso turístico de las viviendas, el encarecimiento de los alquileres y las dificultades de los residentes para permanecer en determinados barrios.

La protesta llega, además, en un momento de especial tensión social. La huelga del miércoles pretende trasladar a las calles un problema que afecta tanto a quienes buscan una vivienda como a quienes, pese a tener trabajo, encuentran cada vez más complicado afrontar el coste de un alquiler. El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de la convocatoria.

Cajetines inutilizados y quince inmobiliarias afectadas

La intervención se ha dirigido fundamentalmente contra los pequeños dispositivos instalados en fachadas y portales que permiten gestionar la entrada autónoma de huéspedes a apartamentos turísticos.

En muchos casos, estas cajas de seguridad son utilizadas por propietarios y empresas gestoras para facilitar las llegadas sin necesidad de entregar personalmente las llaves. Su inutilización obliga a modificar ese sistema de acceso y puede ocasionar molestias a los viajeros y gastos a los responsables de los alojamientos.

Según las informaciones conocidas, algunos cajetines fueron bloqueados mediante silicona, mientras que otros aparecieron identificados con el logotipo del Sindicato de Vivienda de Granada y mensajes relacionados con la huelga.

Las actuaciones también alcanzaron a al menos quince agencias inmobiliarias, cuyos escaparates y fachadas aparecieron con carteles, pintadas y consignas contra el negocio de la vivienda.

La Policía Local ha descrito los incidentes registrados en estos establecimientos como daños menores, entre ellos la colocación de carteles en escaparates. No obstante, la dimensión de los ataques a los dispositivos turísticos ha generado una respuesta especialmente crítica entre los propietarios afectados.

Los propietarios elevan a más de 400 los cajetines afectados

La Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada, AvitarGranada, ha ofrecido una cifra superior a la inicialmente comunicada.

Según sus datos, más de 400 cajetines turísticos habrían resultado vandalizados durante la jornada del martes. La asociación también recuerda que en febrero se registraron ataques contra más de 500 dispositivos, por lo que contabiliza más de 900 afectados entre ambas oleadas.

Estas cantidades corresponden a las estimaciones de las organizaciones implicadas y no constituyen, por el momento, un balance único confirmado por las autoridades.

La asociación ha condenado los hechos y ha denunciado lo que considera una situación de impunidad. Aunque reconoce el derecho a manifestarse y a reclamar una vivienda digna, rechaza que esas reivindicaciones puedan justificar daños contra propiedades privadas.

Albaicín y Realejo, los barrios donde se concentra el conflicto

Los ataques se han producido especialmente en el Albaicín, el Realejo y el centro histórico, zonas donde el alojamiento turístico tiene una presencia destacada.

Granada es uno de los grandes destinos culturales españoles. La Alhambra, el patrimonio monumental y la actividad universitaria sostienen buena parte de su atractivo, pero la expansión del alquiler vacacional también ha abierto un debate sobre sus consecuencias para el mercado residencial.

La ciudad cuenta con alrededor de 3.735 viviendas de uso turístico, según los datos recogidos en la información sobre los sabotajes. En el Albaicín, la proporción de pisos destinados a esta actividad se sitúa en torno al 24 %, mientras que en el Realejo alcanza el 20,24 %.

Estas cifras ayudan a explicar por qué determinados barrios se han convertido en el centro de las protestas. Para las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, el crecimiento de los alojamientos vacacionales reduce las posibilidades de acceder a un alquiler residencial en las zonas más demandadas.

El conflicto, sin embargo, tiene varias dimensiones. El turismo genera actividad económica y empleo, mientras que la transformación de viviendas residenciales en alojamientos temporales puede incrementar la presión sobre una oferta que ya resulta insuficiente.

El problema no se limita al número de visitantes, sino también a la disponibilidad de viviendas, su precio y las condiciones que permiten a los vecinos seguir viviendo en sus barrios.

La huelga general del 11 de noviembre llega con los sindicatos divididos

Los sabotajes coinciden con las horas previas a una huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre de 2026, con el acceso a la vivienda como una de sus principales reivindicaciones.

La movilización cuenta con el respaldo de organizaciones como CCOO, UGT, CGT, CNT y distintos colectivos de inquilinos, aunque existen diferencias importantes entre las estrategias de algunas entidades participantes.

En Granada, el Sindicato de Vivienda, CNT y otras organizaciones anunciaron a finales de octubre su decisión de movilizarse por separado de CCOO y UGT, a quienes acusan de utilizar la convocatoria con fines políticos.

Las discrepancias no afectan únicamente al recorrido de las manifestaciones. También reflejan distintas posiciones sobre cómo afrontar la crisis habitacional, qué responsabilidades deben exigirse a las administraciones y hasta dónde deben llegar las medidas de presión.

Mientras las centrales mayoritarias reclaman mejoras salariales, políticas públicas de vivienda y protección frente a los desahucios, los colectivos más combativos plantean una confrontación más directa con el negocio inmobiliario y el modelo económico que consideran responsable de la situación.

La ruptura sindical en Granada quedó formalizada antes de la huelga, aunque todas estas organizaciones mantienen entre sus reivindicaciones la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Piquetes desde primera hora y manifestaciones en Granada

El Sindicato de Vivienda de Granada ha anunciado movilizaciones propias desde las primeras horas del miércoles.

Su programación contempla el comienzo de los piquetes a las 6.30 horas en la Alhambra, seguido de nuevas concentraciones a las 10.00 horas en Plaza Nueva y a las 11.30 horas en la zona de Correos y El Corte Inglés.

Por otra parte, las organizaciones sindicales que mantienen una convocatoria conjunta han previsto una manifestación a las 17.30 horas desde los Jardines del Triunfo.

La jornada estará marcada por reivindicaciones que van más allá del alquiler turístico. Los sindicatos también reclaman salarios que permitan afrontar el coste de la vida, mejoras en las condiciones laborales y una mayor protección de los servicios públicos.

El objetivo compartido es situar la crisis de acceso a la vivienda en el centro del debate político y social, aunque las diferencias entre los convocantes evidencian que no existe una única estrategia para abordar el problema.

Granada afronta el 11N con el conflicto de la vivienda abierto

La aparición de centenares de cajetines inutilizados ha trasladado el enfrentamiento por la vivienda a las calles de Granada antes incluso del inicio de la huelga.

El Sindicato de Vivienda ha asumido la autoría de los sabotajes, mientras que los propietarios de alojamientos turísticos reclaman protección frente a unos ataques que consideran reiterados. Son dos posiciones enfrentadas en una ciudad donde el crecimiento turístico y las dificultades de acceso a la vivienda forman parte del mismo debate.

Reclamar una vivienda asequible es un derecho; causar daños a bienes ajenos no queda legitimado por esa reivindicación. La distinción importa tanto como el problema que ha desencadenado las protestas, porque el derecho a manifestarse y el respeto a la propiedad privada no son principios incompatibles.

La huelga del 11 de noviembre pondrá a prueba la capacidad de movilización de los colectivos y sindicatos. Pero la cuestión seguirá presente cuando terminen las manifestaciones: cómo garantizar que Granada pueda recibir turistas sin que vivir en sus barrios resulte cada vez más difícil para sus propios vecinos.