España
El sustituto de Peinado ordena a Google conservar el software de Gómez
El sustituto de Juan Carlos Peinado ordena a Google preservar los datos del software de Begoña Gómez mientras se decide si se desconecta el servicio.
Resumen
- El sustituto de Peinado ordena a Google conservar los datos del software
- El caso de Begoña Gómez irá a juicio con jurado, todavía sin fecha fijada
- La desconexión podría causar la pérdida de archivos en un plazo de 30 días
El juez Carlos Valle, que ha asumido provisionalmente la instrucción del caso Begoña Gómez tras la jubilación de Juan Carlos Peinado, ha ordenado a Google que no elimine los datos de los proyectos informáticos vinculados a la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La decisión, conocida este lunes 16 de noviembre de 2026, pretende evitar que desaparezca información que podría resultar relevante para el juicio.
La medida afecta a los contenidos almacenados en Google Cloud, donde se alojaron los proyectos relacionados con el programa desarrollado para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. El magistrado ha intervenido ante el riesgo de que una desconexión de los servicios contratados provoque la eliminación de archivos y registros antes de que puedan examinarse judicialmente.
La orden llega después de que la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, recurriera la autorización concedida a la consultora tecnológica Devoteam para desvincularse del servicio. El juzgado deberá resolver ese recurso, pero mientras tanto ha decidido preservar la información. No supone una nueva imputación contra Gómez ni modifica los delitos por los que está pendiente de juicio.
Carlos Valle interviene para evitar la pérdida de los archivos
La resolución judicial adopta la forma de una providencia, una decisión procesal mediante la que el magistrado dispone que Google mantenga los contenidos de los proyectos afectados.
Valle justifica la actuación por la urgencia de impedir una pérdida de información potencialmente irreversible. El juzgado tampoco había recibido una respuesta de Devoteam Drago sobre la desconexión de la consola de Google Cloud utilizada para alojar los proyectos relacionados con el software.
El riesgo no es meramente hipotético. La Universidad Complutense había advertido de que la desvinculación de los servicios podía ocasionar la eliminación definitiva de los contenidos en un plazo de 30 días, sin posibilidad de recuperación posterior.
Por ese motivo, el juez ha optado por mantener los archivos mientras estudia las alegaciones de las partes y determina si debe permitirse la interrupción del servicio tecnológico.
Una deuda de 27.000 euros detrás del conflicto
El origen inmediato del problema se encuentra en la relación entre la Universidad Complutense y Devoteam, una de las empresas que participaron en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma informática.
La consultora solicitó autorización judicial para desvincularse de los servicios de Google Cloud asociados al proyecto. Según la información incorporada al procedimiento, el mantenimiento genera un coste mensual cercano a los 490 euros y existe una factura pendiente superior a los 27.000 euros.
La Complutense comunicó al juzgado que no se oponía a la desconexión porque actualmente no existe ningún contrato a su nombre que justifique mantener el servicio. También señaló que carece de acceso a la información almacenada en esos proyectos.
Con estos antecedentes, Carlos Valle resolvió el pasado 21 de octubre que no existían inconvenientes para permitir la desvinculación solicitada.
Hazte Oír recurrió la decisión al considerar que desconectar el servicio podía comprometer la conservación de información necesaria para el juicio. La Fiscalía se ha adherido parcialmente al recurso.
Las copias aportadas al juzgado no zanjan la controversia
Devoteam había entregado previamente al juzgado, el 4 de agosto, una copia del contenido de los proyectos mediante dos DVD y una memoria USB. La compañía sostuvo que los materiales entregados eran idénticos a los almacenados en la nube.
Sin embargo, la acusación popular considera que esas copias podrían resultar insuficientes para comprobar determinados aspectos del funcionamiento del sistema.
Entre la información cuya conservación reclama figuran los registros de actividad, los cambios de permisos y los datos que permitirían identificar quién tuvo acceso a la plataforma y en qué momentos.
La distinción tiene importancia técnica y judicial: conservar una copia de los archivos no siempre equivale a preservar todos los registros históricos de un entorno informático.
Los acusadores quieren que se garantice una reproducción íntegra y verificable antes de cualquier eliminación. La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, ha interpretado la documentación presentada por la universidad y la consultora como favorable a su posición, al entender que evidencia que la plataforma permaneció alojada a disposición de la Complutense.
Por qué es importante el software de Begoña Gómez
La plataforma tecnológica se desarrolló en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que Begoña Gómez codirigió.
Su finalidad era ofrecer herramientas para medir y gestionar el impacto social de pequeñas y medianas empresas. En distintas fases de su desarrollo participaron compañías tecnológicas, entre ellas Google, Indra, Telefónica y Devoteam.
El programa terminó convirtiéndose en uno de los elementos examinados durante la investigación judicial sobre las actividades profesionales y académicas de Gómez.
Las acusaciones sostienen que pudieron producirse irregularidades relacionadas con la utilización del software y con la intervención de Cristina Álvarez, asesora contratada por la Presidencia del Gobierno, en tareas vinculadas a la actividad de la esposa de Pedro Sánchez.
Una parte de la investigación se centró precisamente en determinar si se habían destinado recursos públicos a actividades privadas y cuál había sido la participación de Álvarez en la gestión del proyecto.
La conservación de los archivos puede resultar relevante para examinar la evolución de la plataforma, sus responsables y las actuaciones realizadas durante su desarrollo.
En cualquier caso, preservar una prueba no demuestra la comisión de un delito. La utilidad y el valor probatorio de esos materiales deberán determinarse durante el procedimiento judicial.
Begoña Gómez irá a juicio por malversación y tráfico de influencias
El caso llega a esta nueva fase después de que Juan Carlos Peinado acordara, el 21 de septiembre de 2026, la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
También fue enviada a juicio Cristina Álvarez, en su caso por presunta malversación, en calidad de cooperadora necesaria.
La resolución llegó después de que la Audiencia Provincial de Madrid limitara el alcance de las acusaciones que inicialmente había planteado el instructor. Los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios quedaron fuera de ese juicio.
El procedimiento se celebrará ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque a 16 de noviembre todavía no se ha fijado una fecha para la vista oral.
La acusación popular solicita penas de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Tanto las defensas como el Ministerio Fiscal sostienen que deben ser absueltas.
La esposa del presidente del Gobierno mantiene su derecho a la presunción de inocencia y ninguna de las acusaciones constituye, por sí misma, un hecho probado.
El futuro de la plataforma, pendiente de otra decisión judicial
La orden dirigida a Google no resuelve definitivamente el conflicto sobre el mantenimiento del programa informático. Su objetivo inmediato es impedir que se pierdan datos mientras el juzgado examina el recurso presentado contra la desconexión.
Carlos Valle deberá determinar si mantiene la autorización concedida a Devoteam o si considera necesario establecer otras medidas de conservación antes de permitir que deje de prestar el servicio.
El asunto tiene una consecuencia práctica importante: el tribunal debe poder examinar las pruebas disponibles, sin que una decisión técnica o contractual provoque su desaparición antes del juicio.
La jubilación de Peinado no ha detenido el procedimiento. Su sustituto afronta decisiones relacionadas con la preservación de las pruebas y la continuidad procesal de una causa que todavía debe superar la fase de enjuiciamiento.
Mientras se resuelve la controversia, el software vinculado a la cátedra de Begoña Gómez permanecerá protegido frente a su eliminación de Google Cloud por orden judicial.
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