El teniente coronel Lobo declara por la cancela del Tarajal en Ceuta

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, está citado este lunes 26 de octubre ante la Audiencia Nacional para explicar su actuación durante la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. La magistrada María Tardón quiere esclarecer quién ordenó abrir una cancela situada junto al espigón del Tarajal, una decisión que provocó un duro enfrentamiento entre mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional mientras miles de personas accedían a la ciudad autónoma.

Lobo comparece en calidad de testigo, al igual que Lorenzo Juan Fages, el inspector jefe de la Policía Nacional con quien mantuvo una acalorada discusión aquella mañana. Sus declaraciones cobran especial relevancia después de que varios agentes presentes en la zona hayan asegurado que, tras abrirse el acceso, algunos guardias civiles animaron a los migrantes a avanzar hacia la ciudad. La investigación deberá contrastar estos testimonios y determinar qué instrucciones recibieron los responsables del dispositivo.

El episodio ha vuelto a colocar bajo escrutinio la gestión de la crisis fronteriza de Ceuta, que desbordó a las fuerzas de seguridad y puso a prueba la coordinación entre administraciones. Según la cifra comunicada por el Gobierno en agosto, unas 72.000 personas entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria. La apertura de la cancela es uno de los acontecimientos que la Audiencia Nacional trata de reconstruir para establecer qué sucedió y por qué.

Una cancela abierta y dos mandos enfrentados en el Tarajal

La discusión entre Lobo y el responsable policial se produjo el 30 de julio, cuando una multitud se concentraba en las inmediaciones del espigón del Tarajal. La Guardia Civil y la Policía Nacional tenían ante sí un problema extraordinario, pero sus mandos discrepaban sobre cómo afrontar la emergencia.

Los policías desplegados en la zona pretendían mantener cerrada la cancela para contener el avance de personas hacia el interior de Ceuta. La posición defendida desde la Guardia Civil era distinta: abrir el acceso permitiría aliviar la acumulación de gente en un espacio reducido y evitar un posible aplastamiento.

El desencuentro llegó a convertirse en una discusión a gritos, recogida en un vídeo difundido posteriormente. Según testimonios de agentes presentes en el lugar, el responsable policial reprochó a Lobo que aquella decisión podía agravar la situación y facilitar nuevas entradas desde Marruecos.

Esos testimonios sostienen que el teniente coronel y algunos de sus subordinados gritaron «¡A la ciudad, todos a la ciudad!» después de abrirse el acceso. Se trata de una afirmación atribuida a testigos, no de un hecho establecido judicialmente.

Los relatos también describen cómo los agentes de la Policía intentaron cerrar la puerta y llegaron a guardar la llave, aunque el acceso fue abierto posteriormente. Esa sucesión de decisiones forma parte de los acontecimientos que la magistrada pretende aclarar.

La discrepancia iba más allá de una discusión entre dos mandos. Mientras la Guardia Civil trataba de gestionar la presión de la multitud junto al perímetro fronterizo, la Policía Nacional temía que permitir su avance agravase una situación de orden público que ya resultaba difícil de controlar.

La Guardia Civil sostiene que abrir la puerta evitó una tragedia

Hay un detalle importante para comprender la polémica: la cancela no constituía por sí misma la frontera entre España y Marruecos. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), estaba situada unos 200 metros después del espigón del Tarajal, en territorio español, y separaba dos recintos ubicados dentro de Ceuta.

La asociación ha defendido la actuación de Lobo y de los agentes que participaron en el operativo. Argumenta que centenares de personas ya habían superado la línea fronteriza y se encontraban atrapadas en una zona de difícil evacuación.

Mantener cerrado aquel acceso, según esta versión, podía provocar caídas, aplastamientos y otras situaciones de extrema gravedad. Abrirlo habría permitido descongestionar el recinto y reducir el peligro inmediato para quienes estaban dentro.

Es una distinción fundamental. Abrir una cancela interior para evitar daños personales no equivale necesariamente a ordenar la apertura de una frontera internacional. Tampoco excluye que esa medida pudiera tener consecuencias sobre el posterior movimiento de personas hacia la ciudad.

La Policía advirtió de un posible efecto llamada

La interpretación de varios responsables policiales es diferente. Según sus testimonios, facilitar el paso transmitió a quienes aguardaban en el lado marroquí la impresión de que podían acceder a Ceuta sin obstáculos.

Esa preocupación también aparece en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la investigación judicial. El documento relaciona la apertura de la puerta con la difusión de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería que anunciaban que el acceso estaba abierto.

Para los mandos policiales que defendían mantener cerrada la cancela, aquella decisión dificultó la contención de la multitud. La entrada de personas continuó durante las horas siguientes y obligó a reorganizar los dispositivos de seguridad.

Queda, no obstante, una cuestión decisiva: que la apertura pudiera facilitar nuevos desplazamientos no demuestra por sí solo que mantener cerrada la cancela hubiera evitado la crisis. La valoración de aquella intervención exige tener en cuenta tanto el riesgo para las personas concentradas allí como las consecuencias posteriores.

Quién ordenó abrir la puerta de Ceuta y qué sabía Interior

Una de las principales incógnitas es de dónde partió la orden que llevó a Lobo a abrir la cancela. Diversas informaciones apuntan a que el mando actuó siguiendo instrucciones de la Delegación del Gobierno, pero la investigación judicial debe precisar cómo se transmitió esa decisión y qué autoridades participaron en ella.

También existen versiones enfrentadas sobre las instrucciones que recibieron los agentes. Mandos de la Policía Nacional aseguran que, pese a las advertencias sobre una posible entrada masiva, no contaron con un dispositivo suficiente ni con directrices operativas claras.

Según esos testimonios, la indicación que recibieron de sus superiores fue: «Con lo que tenéis, haced lo que podáis». Una descripción que contrasta con la valoración pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien defendió la coordinación entre los cuerpos de seguridad durante la crisis.

El enfrentamiento entre Lobo y Fages resulta particularmente relevante porque ambos tenían responsabilidades distintas sobre el terreno. La Guardia Civil intervenía en el control fronterizo, mientras que la Policía Nacional debía afrontar las consecuencias del desplazamiento masivo de personas hacia el interior de la ciudad.

La comparecencia de este lunes permitirá conocer mejor las instrucciones que manejaba cada responsable, si existieron órdenes contradictorias y hasta qué punto las decisiones se adoptaron por iniciativa propia ante una situación de emergencia.

La Audiencia Nacional amplía la investigación sobre Ceuta

Las declaraciones de Lobo y Fages forman parte de una investigación más extensa dirigida por la magistrada María Tardón, que examina las circunstancias de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

La jueza trata de determinar si aquella movilización fue espontánea o respondió a una actuación organizada. En resoluciones incorporadas a la causa ha planteado la posibilidad de que existiera una operación destinada a desbordar la capacidad de respuesta española. Son consideraciones judiciales formuladas durante la instrucción, no hechos declarados probados.

La magistrada ha solicitado documentación a distintas administraciones, incluidos informes de inteligencia, comunicaciones internas, grabaciones de cámaras y registros de vigilancia. También quiere conocer qué advertencias existían antes de la crisis y quién tuvo conocimiento de ellas.

Entre las nuevas diligencias figura la identificación de un informante que, según declaraciones recogidas en la causa, habría alertado de concentraciones de personas y movimientos inusuales en la zona marroquí de Castillejos antes de los acontecimientos.

Más declaraciones judiciales el 27 y 28 de octubre

La investigación continuará durante los próximos días. Para el martes 27 de octubre están citados tres consejeros del Gobierno de Ceuta: Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez.

Los tres fueron mencionados por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, durante su declaración como testigo, por haber tenido presencia directa en las zonas afectadas o participado en la gestión de la emergencia.

El miércoles 28 de octubre será el turno de otros tres agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio en la frontera el día de la entrada masiva.

Las diligencias también abarcan las consecuencias humanas, económicas y administrativas de la crisis. La Audiencia Nacional ha solicitado datos sobre las personas que entraron en Ceuta, los retornos a Marruecos, los rescates, la atención a menores y las repercusiones sobre los servicios públicos.

El objetivo es reconstruir no solo las decisiones adoptadas durante las horas más críticas, sino también la información disponible antes de la avalancha y la respuesta de las instituciones cuando comenzaron a materializarse las advertencias.

La responsabilidad sobre la crisis de Ceuta sigue bajo examen

La declaración del teniente coronel Lobo tiene una importancia que trasciende la polémica sobre la apertura de una puerta. Puede ayudar a esclarecer si los agentes actuaron siguiendo instrucciones suficientemente definidas o si tuvieron que tomar decisiones urgentes ante una situación para la que no existía una respuesta coordinada.

La diferencia importa. También desde el punto de vista jurídico. Comparecer como testigo no significa estar investigado ni implica responsabilidad penal. La magistrada deberá contrastar las declaraciones con los documentos, las grabaciones y los demás elementos incorporados al procedimiento.

La discusión entre los dos mandos dejó al descubierto un conflicto operativo: quienes defendían impedir el avance de la multitud y quienes consideraban prioritario evitar una tragedia en el recinto donde se acumulaban las personas.

Pero el problema más amplio sigue siendo determinar qué se sabía antes del 30 de julio, qué medidas se prepararon y quién tenía capacidad para coordinar la respuesta cuando la frontera quedó desbordada.

La Audiencia Nacional tiene ante sí una investigación que afecta a la seguridad fronteriza, la actuación de los cuerpos policiales y las responsabilidades institucionales en una crisis sin precedentes recientes para Ceuta. La comparecencia de Lobo constituye una pieza relevante para reconstruir aquella jornada, aunque todavía quedan decisiones y órdenes por esclarecer.