Canarias: denuncian que 68.000 hogares quedan fuera de la VPO general

La vivienda pública en Canarias se enfrenta a una nueva controversia judicial. Las organizaciones Derecho al Techo y Observatori DESCA denuncian que los requisitos económicos establecidos por el Gobierno autonómico impiden acceder a pisos protegidos del régimen general a 68.144 hogares inquilinos con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales. La paradoja es evidente: familias que no pueden pagar una vivienda en el mercado privado tampoco alcanzan el nivel mínimo de renta exigido para optar al régimen general de vivienda pública.

Los datos, presentados el 3 de noviembre de 2026, forman parte de un informe técnico incorporado a la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 23/2026. Según el estudio, el 26,2 % de los hogares españoles encabezados por personas de entre 35 y 65 años no reuniría los ingresos necesarios. Entre los hogares de origen extranjero de ese grupo de edad, la proporción asciende al 52,3 %.

Las entidades consideran que la normativa, aprobada en marzo por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, establece barreras económicas y administrativas que perjudican especialmente a las personas vulnerables. Su objetivo es que la Justicia declare ilegal el decreto por su posible incompatibilidad con los principios de igualdad y no discriminación.

La cifra de 68.144 hogares procede de una estimación elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). No significa que todas esas familias hayan solicitado formalmente una vivienda y recibido una denegación, sino que sus ingresos quedarían por debajo de los umbrales establecidos para el régimen general.

Los ingresos mínimos que pueden impedir acceder a una vivienda protegida

Uno de los puntos más controvertidos del Decreto 23/2026 es la exigencia de una renta mínima para acceder a las viviendas protegidas de promoción pública en régimen general.

La normativa no se limita a fijar un máximo de ingresos para evitar que personas con una situación económica holgada obtengan una vivienda subvencionada. También establece un mínimo de renta, de manera que las familias con menos recursos pueden quedar excluidas de determinadas adjudicaciones.

El límite inferior depende del número de integrantes de la unidad familiar y se calcula utilizando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referencia económica empleada para determinar el acceso a numerosas ayudas públicas.

Cuánto debe ingresar una familia para optar a una VPO en Canarias

Con el IPREM vigente en 2026, de 8.400 euros anuales en 14 pagas, los ingresos netos computables mínimos del régimen general son los siguientes:

Una persona que viva sola necesita acreditar 12.600 euros anuales, equivalentes a una media de 1.050 euros mensuales distribuidos en doce meses. Para una unidad familiar de dos miembros, el mínimo asciende a 15.960 euros anuales, mientras que una familia de tres integrantes debe alcanzar 20.160 euros. Cuando conviven cuatro o más personas, el umbral establecido es de 21.000 euros anuales.

Estas cantidades corresponden a los ingresos netos computables definidos por la normativa, por lo que no deben confundirse directamente con el salario bruto de una nómina.

El límite máximo general es de cinco veces el IPREM, equivalente a 42.000 euros anuales, aunque puede alcanzar los 50.400 euros para determinadas familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad.

Así, una persona que perciba 900 euros netos computables mensuales de forma estable podría encontrarse por debajo del mínimo exigido para optar a una vivienda pública de régimen general. Para una familia con hijos, el umbral es todavía mayor.

Es precisamente ese mecanismo el que cuestionan las organizaciones demandantes: cuanto menor es la capacidad económica de una familia, mayores pueden ser sus dificultades para cumplir las condiciones de acceso.

El régimen especial permite ingresos inferiores, pero tiene limitaciones

La normativa canaria contempla también viviendas de régimen especial, que no están sometidas al mismo requisito de ingresos mínimos. En esta modalidad se establece un máximo de 2,5 veces el IPREM anual, pero no un suelo equivalente al del régimen general.

Esta diferencia es importante. No todos los hogares con ingresos inferiores a los umbrales anteriores están excluidos de cualquier modalidad de vivienda protegida.

Sin embargo, Derecho al Techo y Observatori DESCA advierten de que el acceso mediante los cupos especiales está condicionado a circunstancias concretas. Entre los colectivos contemplados figuran las personas de hasta 35 años, las mayores de 65, las víctimas de violencia de género, las personas con limitaciones funcionales graves y determinados emigrantes retornados.

Las organizaciones sostienen que esta estructura perjudica especialmente a quienes tienen entre 35 y 65 años, no pertenecen a ninguno de los colectivos protegidos por esos cupos y, pese a necesitar una vivienda asequible, no alcanzan los ingresos mínimos del régimen general.

El decreto permite reservar hasta un 54 % de las viviendas de cada promoción para los distintos cupos especiales. La posibilidad real de acceder a una vivienda depende, por tanto, de las características de cada convocatoria, de las plazas disponibles y de las circunstancias de los solicitantes.

Las familias con hijos y la población migrante, entre las más afectadas

El informe incorporado al procedimiento judicial identifica un impacto especialmente importante entre las familias monomarentales, encabezadas por mujeres con hijos a cargo.

Según los datos difundidos por las organizaciones, el 41,76 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 21,59 % del conjunto de los hogares considerados en el análisis.

La combinación de ingresos insuficientes, responsabilidades familiares y dificultades para acceder al alquiler privado puede convertirse en un obstáculo para conseguir una vivienda estable.

Las entidades también alertan de la situación de la población migrante. Según sus cálculos, más de la mitad de los hogares de origen extranjero encabezados por personas de mediana edad no alcanzaría los ingresos mínimos del régimen general.

Este problema económico se suma a otros obstáculos vinculados al tiempo de residencia, la movilidad laboral y las dificultades de acceso al mercado inmobiliario.

No se trata únicamente de personas desempleadas. Las organizaciones señalan que las condiciones también pueden perjudicar a trabajadores de la hostelería, la alimentación y otros sectores esenciales, especialmente cuando sus ingresos son reducidos o su situación residencial es inestable.

Doce años de residencia en Canarias para acceder a una vivienda pública

Los requisitos económicos no son el único motivo de impugnación. El decreto establece condiciones de arraigo territorial que las organizaciones consideran desproporcionadas.

Con carácter general, para resultar adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública es necesario acreditar 12 años de residencia ininterrumpida en Canarias, o 15 años cuando esa residencia haya sido interrumpida.

También se exige haber residido o trabajado durante al menos cinco años consecutivos en el municipio donde se encuentre la promoción, aunque existen excepciones previstas en la propia normativa.

Conviene distinguir este requisito del necesario para inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, que exige, con carácter general, cuatro años de residencia continuada en el archipiélago. La inscripción es un trámite previo y no garantiza que se cumplan las condiciones posteriores para obtener un piso público.

Según los datos del Censo de Población de 2021 utilizados en la demanda, el 51,42 % de la población extranjera y el 14 % de la española no cumplirían el requisito de doce años de residencia.

Derecho al Techo y Observatori DESCA consideran que estas condiciones pueden producir una discriminación indirecta, aunque estén formuladas sin distinguir expresamente por nacionalidad. Argumentan que perjudican de manera desigual a determinados grupos sociales por sus circunstancias laborales, familiares y residenciales.

La demanda también cuestiona las restricciones que afectan a personas que hayan ocupado viviendas públicas sin título legal, al considerar que pueden penalizar situaciones de vulnerabilidad sin valorar suficientemente sus causas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estudia la impugnación

La demanda contra el Decreto 23/2026 se presentó en mayo y ha incorporado posteriormente el informe técnico sobre sus consecuencias sociales.

Las organizaciones desarrollan diez motivos de impugnación, entre los que figuran las exigencias de residencia, los límites económicos, el posible impacto discriminatorio y el procedimiento seguido para aprobar la normativa.

Cuestionan especialmente que durante la tramitación se modificaran las condiciones de antigüedad residencial. Según explican, el primer borrador contemplaba siete años de residencia, una exigencia que posteriormente se elevó hasta los doce años recogidos en la versión definitiva.

Los demandantes consideran que un cambio de esa importancia debería haber dado lugar a nuevas actuaciones de participación y consulta.

La Ley de Vivienda de Canarias establece que las adjudicaciones de vivienda protegida deben atender a principios de justicia, equidad y solidaridad, favoreciendo el acceso de las familias más necesitadas. Las asociaciones sostienen que determinados requisitos del decreto pueden entrar en contradicción con esa finalidad.

La demanda ha sido trasladada al Gobierno autonómico para que presente su respuesta. Hasta el momento, no consta una sentencia que haya declarado ilegal el decreto, por lo que sus requisitos de acceso continúan siendo la referencia aplicable a los procedimientos de adjudicación correspondientes.

Canarias también afronta una oferta insuficiente de vivienda pública

La controversia judicial se produce en un contexto de escasez de vivienda asequible en el archipiélago.

Derecho al Techo y Observatori DESCA denuncian que, entre 2014 y 2025, el promotor público obtuvo la calificación definitiva de únicamente 184 viviendas protegidas en Canarias.

Las organizaciones contrastan esa cifra con las 211.452 viviendas vacías contabilizadas en las islas según datos del INE correspondientes a 2021. Se trata, no obstante, de indicadores distintos: una vivienda vacía no tiene por qué estar disponible, reunir condiciones adecuadas o poder incorporarse directamente al parque público.

El debate sobre las condiciones de adjudicación coincide así con otro problema de fondo: la necesidad de ampliar la oferta residencial destinada a quienes no pueden asumir los precios del mercado.

Las entidades reclamantes defienden aumentar el parque público de vivienda, movilizar viviendas desocupadas, combatir la especulación y establecer criterios de adjudicación que tengan más en cuenta la vulnerabilidad económica.

Para las familias interesadas en solicitar una vivienda protegida, el procedimiento vigente sigue pasando por el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y por la comprobación de los requisitos específicos de cada promoción. También deben tenerse en cuenta las modalidades especiales y las excepciones previstas para determinadas situaciones de urgencia habitacional.

La resolución judicial determinará si el decreto puede mantenerse con sus condiciones actuales o debe modificarse. Entretanto, la denuncia ha puesto sobre la mesa una contradicción que afecta directamente a miles de hogares canarios: tener ingresos demasiado bajos puede convertirse en un impedimento para acceder precisamente a las viviendas destinadas a facilitar un alquiler asequible.