EE. UU. acusa a 63 por fraude electoral, incluidos latinoamericanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes 2 de noviembre la presentación de cargos contra 63 personas por presuntos delitos electorales, entre ellas numerosos ciudadanos latinoamericanos. Las acusaciones abarcan desde la participación ilegal en elecciones hasta la falsificación de declaraciones de ciudadanía estadounidense para inscribirse en el censo electoral. El anuncio llega apenas unas horas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en un clima de creciente tensión política por la integridad del voto.

Entre los investigados figuran ciudadanos de México, Colombia, Argentina, Cuba y Honduras, varios de ellos residentes permanentes legales en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump sostiene que estas actuaciones forman parte de una ofensiva federal contra el fraude electoral. Sin embargo, los 63 procedimientos anunciados incluyen conductas diferentes y no constituyen, por sí mismos, una demostración de irregularidades generalizadas en el sistema electoral estadounidense.

El comunicado oficial distingue cuatro acusados en situación migratoria irregular de otros investigados que disponen de residencia legal. También recoge un caso relacionado con una solicitud de inscripción electoral que habría incluido información falsa sobre el estado de residencia, sin vincular expresamente esa acusación con la nacionalidad extranjera.

La ofensiva judicial coincide con una jornada decisiva para la política estadounidense. Este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, mientras republicanos y demócratas disputan el control del Congreso. La cuestión del voto de los extranjeros ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el discurso de la Administración Trump.

Colombianos, mexicanos, cubanos y argentinos entre los acusados

La relación de imputados incluye personas de distintas nacionalidades, edades y estados de residencia. Algunos expedientes se refieren a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, mientras que otros investigan registros electorales o votaciones anteriores.

Uno de los casos señalados es el de Patricia Elena Valencia Cardona, colombiana de 56 años y residente permanente legal en Estados Unidos. La Fiscalía federal la acusa de haber declarado falsamente que tenía la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en Carolina del Norte en 2024. Según la acusación, posteriormente participó en las elecciones generales de ese año.

En el mismo estado aparece la argentina Yamila Ávalos, también residente permanente legal, imputada por presuntamente votar sin disponer de la ciudadanía estadounidense. Otra ciudadana argentina, Mariela Delia Mendoza, figura entre los acusados en Nevada por su supuesta participación irregular en los comicios de noviembre de 2024.

El ciudadano cubano Juan Florencio Ramos, igualmente residente legal, afronta dos cargos relacionados con una presunta declaración falsa de ciudadanía estadounidense y la participación electoral de una persona extranjera.

Los expedientes también afectan a tres mexicanos residentes en Texas: Diego Benavides Rodríguez, de 29 años; José Vásquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martínez, de 37. Las acusaciones incluyen supuestos votos ilegales, declaraciones falsas de ciudadanía y posibles irregularidades en documentación migratoria.

En Tennessee, Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, hondureña de 33 años, está acusada de haber votado en las elecciones de 2024 pese a carecer de la ciudadanía estadounidense. La Fiscalía sostiene que también habría declarado falsamente su nacionalidad en una solicitud de inscripción electoral.

La lista se extiende a ciudadanos de Guatemala, República Dominicana, Canadá, Filipinas, Portugal y Alemania, entre otros países. No existe, por tanto, una única nacionalidad implicada ni un procedimiento judicial común para todos los acusados.

Qué delitos electorales investiga Estados Unidos

Las acusaciones anunciadas por el Departamento de Justicia se concentran principalmente en tres conductas: votar sin tener derecho legal, declarar falsamente la ciudadanía estadounidense e introducir información fraudulenta en los documentos necesarios para participar en unas elecciones.

Algunos expedientes incorporan otro elemento. Determinados acusados habrían negado posteriormente, durante sus trámites de naturalización, haberse registrado o haber votado en elecciones estadounidenses.

Este último supuesto puede tener consecuencias penales distintas de las correspondientes al voto ilegal. Las declaraciones falsas bajo juramento realizadas durante un procedimiento de adquisición de ciudadanía pueden constituir delitos federales castigados con penas de prisión.

La gravedad depende de cada imputación. Por ejemplo, el voto ilegal de una persona extranjera en unas elecciones federales puede castigarse con hasta un año de prisión, mientras que determinadas falsedades relacionadas con la ciudadanía pueden alcanzar penas superiores.

Tener residencia permanente no significa poder votar

Una parte importante de los acusados dispone de la conocida green card, el documento que acredita la residencia permanente legal en Estados Unidos.

Esta situación migratoria permite vivir y trabajar legalmente en el país, pero no equivale a poseer la ciudadanía estadounidense.

La legislación federal establece que los extranjeros no pueden votar en las elecciones federales, aunque residan legalmente en el país desde hace años. Algunas jurisdicciones contemplan excepciones limitadas para determinados comicios locales, pero esas posibilidades no se extienden a las elecciones presidenciales ni a las legislativas federales.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar los procedimientos. Una persona puede encontrarse completamente regularizada desde el punto de vista migratorio y, aun así, carecer del derecho a participar en una elección federal.

California, uno de los principales focos de la investigación

California ocupa un lugar destacado en la actuación del Departamento de Justicia. Las autoridades federales desarrollan allí la denominada Operación Protect the Vote, una iniciativa coordinada para investigar posibles irregularidades en la inscripción de electores y en la emisión de votos.

El 2 de noviembre, la Fiscalía anunció seis nuevas acusaciones contra extranjeros residentes en el condado de Los Ángeles. Los investigados habrían participado irregularmente en elecciones y, posteriormente, ocultado esos antecedentes en solicitudes para obtener la ciudadanía.

Entre ellos figuran dos mexicanos, Krystel Capi Valle y Gilberto Ruiz, además de ciudadanos de Filipinas, Israel, Canadá e Irán.

Con estos nuevos expedientes, la operación alcanza 34 acusados en California, según las cifras comunicadas por las autoridades federales.

Los investigadores sostienen que los casos revelan deficiencias en los controles de inscripción electoral. No obstante, una acusación penal acredita la existencia de un procedimiento judicial, no la culpabilidad de las personas investigadas.

Tampoco permite concluir automáticamente que las irregularidades hayan alterado el resultado de una elección.

Trump intensifica la ofensiva: 239 acusados durante su mandato

El anuncio de los 63 procedimientos forma parte de una campaña de investigación más amplia impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

Según los datos difundidos por el Departamento de Justicia, 195 extranjeros han sido imputados en 25 estados durante las últimas nueve semanas por presuntos delitos relacionados con el voto ilegal y el registro fraudulento.

Desde el inicio del segundo mandato presidencial de Trump, la cifra comunicada por las autoridades asciende a 239 personas acusadas de infracciones relacionadas con el fraude electoral.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, presentó el nuevo anuncio como la mayor oleada de detenciones por presunto fraude electoral desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. También defendió la necesidad de investigar estas conductas para proteger la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

Las cifras, sin embargo, requieren una lectura cuidadosa. Personas imputadas, detenidas y condenadas no son categorías equivalentes. Tampoco puede deducirse que todas las acusaciones correspondan a votos emitidos en 2026, puesto que numerosos expedientes investigan hechos registrados en 2022 y 2024, e incluso anteriormente.

La Administración republicana ha convertido la supuesta participación irregular de extranjeros en una de sus principales preocupaciones electorales. Trump lleva años denunciando la existencia de fraude en las elecciones estadounidenses, aunque sus afirmaciones más amplias sobre votaciones masivas de personas sin derecho a sufragio no han quedado demostradas.

El alcance real del fraude electoral sigue sin estar demostrado

La presentación de 63 acusaciones constituye una actuación judicial relevante, pero su significado estadístico es diferente de lo que podría sugerir la dimensión política del anuncio.

Las investigaciones académicas disponibles han situado históricamente el voto de personas sin ciudadanía estadounidense en niveles extraordinariamente bajos respecto al total de sufragios emitidos.

Un estudio publicado en 2017 por el Brennan Center for Justice analizó información de administradores electorales de 42 jurisdicciones estadounidenses correspondiente a las elecciones presidenciales de 2016.

En esos territorios, donde se contabilizaron aproximadamente 23,5 millones de votos, los responsables electorales identificaron unos 30 posibles casos de participación de personas sin ciudadanía que fueron remitidos para investigación o eventual procesamiento. La proporción equivalía aproximadamente al 0,0001 % de los sufragios.

Estos resultados no permiten establecer una tasa nacional exacta ni describen necesariamente la situación electoral de 2026. Sí aportan contexto para distinguir la existencia de casos individuales de la afirmación de que el fraude constituye un fenómeno generalizado.

Las acusaciones anunciadas el 2 de noviembre tampoco acreditan una operación coordinada entre todos los investigados ni demuestran que los resultados de las elecciones anteriores fueran alterados.

Cada procedimiento deberá resolverse conforme a las pruebas presentadas ante los tribunales y con pleno respeto a la presunción de inocencia.

La coincidencia temporal con las elecciones legislativas añade una evidente dimensión política al anuncio. Mientras millones de estadounidenses acuden a las urnas para decidir la composición del próximo Congreso, la Administración Trump sitúa nuevamente el fraude electoral en el centro del debate nacional.

La cuestión esencial permanece en el terreno judicial: determinar qué personas cometieron realmente una infracción, qué hechos pueden demostrarse y qué consecuencias corresponde aplicar en cada caso. La integridad electoral exige perseguir los delitos acreditados, pero también distinguirlos de las sospechas y de las afirmaciones políticas que todavía no se han probado.