El Likud acusa a los partidos árabes de robar las elecciones en Israel

El Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado este miércoles 28 de octubre a los partidos árabes de haber «robado» las elecciones legislativas celebradas el día anterior mediante sobornos, amenazas, violencia y presuntas irregularidades en la votación. La formación sostiene que esas fuerzas políticas apoyan el terrorismo y ha anunciado la entrega de pruebas a la Policía, al servicio de seguridad interior Shin Bet y a la Comisión Electoral Central, a los que exige una investigación inmediata.

La acusación llega en pleno escrutinio, cuando los resultados provisionales apuntan a un Parlamento sin mayorías claras y a un avance histórico de la representación árabe. La Comisión Electoral ha confirmado que examina la denuncia del Likud, aunque hasta el momento no ha constatado indicios de un fraude generalizado que permita cuestionar la validez de las elecciones. Las irregularidades denunciadas por el partido de Netanyahu no equivalen, por sí mismas, a delitos demostrados.

La disputa tiene una importancia política considerable. Con los datos disponibles este miércoles, el bloque de Netanyahu obtendría 53 de los 120 escaños de la Knéset, frente a los 48 de la oposición encabezada por Gadi Eisenkot. Los partidos árabes alcanzarían 19 diputados y podrían desempeñar un papel decisivo en la formación del próximo Gobierno. Ninguno de los dos grandes bloques consigue, por ahora, los 61 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

El Likud denuncia sobornos, amenazas y votos fraudulentos

En un comunicado especialmente duro, el partido gobernante asegura que las elecciones israelíes han sido robadas por formaciones árabes que, según sus propias acusaciones, respaldan el terrorismo y pretenden acabar con el Estado judío.

El Likud sostiene que dispone de centenares de testimonios y pruebas sobre presuntos delitos electorales. Entre las irregularidades que asegura haber detectado figuran la compra de votos, las amenazas a integrantes de las mesas electorales, episodios de violencia, la falsificación de documentación y la utilización de programas informáticos prohibidos para movilizar votantes.

También denuncia posibles casos de voto duplicado, discrepancias entre el número de electores registrados y las papeletas depositadas, así como situaciones en las que varias personas habrían accedido simultáneamente a las cabinas de votación.

La formación afirma haber identificado miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas de Ra’am, el partido árabe dirigido por Mansour Abbas. Sin embargo, esa afirmación no ha sido acreditada públicamente en la magnitud descrita por el Likud.

El partido reclama una investigación exhaustiva y sostiene que los hechos denunciados constituyen un ataque contra la democracia israelí y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

La ofensiva no comenzó después de conocerse los resultados. Durante la jornada electoral del martes, el Likud ya había comunicado a las autoridades 775 incidencias sospechosas registradas principalmente en colegios electorales de localidades de mayoría árabe.

Aquellas reclamaciones incluían problemas con sobres y papeletas, dificultades para identificar votantes y denuncias de amenazas. La existencia de una comunicación electoral, no obstante, no significa necesariamente que la irregularidad denunciada se haya producido.

Tres detenidos por un presunto intento de compra de votos

Uno de los episodios que alimentan las acusaciones del partido de Netanyahu sí ha dado lugar a una investigación policial.

La Policía israelí detuvo el martes a tres residentes de comunidades beduinas del Néguev, en el sur del país, por su presunta participación en un intento de compra de votos a favor de Ra’am.

Durante los registros, los agentes encontraron sobres con decenas de miles de séqueles en efectivo, junto con papeletas electorales y otros materiales que podrían estar relacionados con los hechos investigados.

Según las sospechas policiales, el dinero estaba destinado a ciudadanos que recibirían una compensación económica a cambio de votar por esa formación.

La investigación fue trasladada a la unidad especializada Lahav 433. Por ahora, las detenciones no prueban la existencia de una operación organizada de fraude electoral a escala nacional ni establecen una responsabilidad penal del partido Ra’am.

La formación de Mansour Abbas ha rechazado las acusaciones y ha denunciado que las actuaciones policiales buscan perjudicar su imagen y desmovilizar al electorado árabe.

El director general en funciones de la Comisión Electoral Central, Dean Livne, consideró el episodio un caso aislado y señaló que las autoridades no habían detectado otros hechos semejantes.

La Comisión Electoral investiga las denuncias sin avalar un fraude generalizado

La Comisión Electoral Central ha confirmado que recibió la reclamación presentada por el Likud y que está examinándola mediante el procedimiento previsto para revisar posibles irregularidades.

El organismo ha recordado que este mecanismo de supervisión se utiliza en cada convocatoria electoral y que las reclamaciones de los partidos se someten a comprobaciones.

Su respuesta es relevante porque, antes de las nuevas acusaciones, ya había señalado que no existían indicios de manipulación sistemática de las papeletas.

Las autoridades electorales recibieron aproximadamente 10.000 comunicaciones sobre posibles incidencias durante la jornada del 27 de octubre. Sin embargo, una parte considerable no correspondía a infracciones relacionadas directamente con la limpieza de los comicios.

Alrededor de 2.000 avisos fueron descartados en una primera revisión. De los aproximadamente 8.000 restantes, más del 70% resultaron ajenos a problemas de integridad electoral, según el balance difundido por la comisión.

Entre las incidencias notificadas figuraban fotografías realizadas dentro de los colegios electorales, posibles obstáculos al ejercicio del voto y daños en papeletas. Todos los avisos recibidos durante la jornada fueron tramitados y cerrados tras su revisión, aunque esa circunstancia no excluye investigaciones policiales posteriores sobre hechos concretos.

La distinción importa. Una sospecha merece ser investigada cuando existen elementos que la justifican, pero para demostrar que unas elecciones han sido alteradas hace falta acreditar irregularidades y determinar su alcance real sobre los resultados.

Los 19 escaños árabes complican la formación del Gobierno israelí

La controversia estalla precisamente cuando los partidos que representan principalmente a los ciudadanos árabes de Israel registran uno de sus mejores resultados electorales.

Las proyecciones basadas en el escrutinio de los votos ordinarios atribuyen 12 escaños a la Lista Conjunta y siete a Ra’am, lo que supondría una representación conjunta de 19 diputados.

El Likud se mantiene como primera fuerza política, con una estimación de 26 escaños, mientras que Yashar, el partido del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, alcanzaría 21.

La distribución provisional deja al bloque de Netanyahu con 53 diputados y al llamado bloque del cambio con 48. Los restantes 19 corresponderían a las dos formaciones árabes.

La participación electoral ha alcanzado el 77,7%, una de las cifras más elevadas de las últimas décadas. La movilización en las localidades árabes ha contribuido al crecimiento de sus representantes parlamentarios.

No obstante, el recuento todavía no es definitivo. Quedan por contabilizar cientos de miles de votos emitidos mediante procedimientos especiales, entre ellos los de militares, diplomáticos, personas hospitalizadas y otros ciudadanos que no pudieron votar en su colegio habitual.

Esos sufragios pendientes podrían modificar el reparto final de escaños.

La situación plantea un problema político para ambos bloques. Netanyahu ha rechazado expresamente la formación de un Ejecutivo que dependa de los partidos árabes, mientras que la oposición necesitaría ampliar considerablemente sus apoyos para reunir una mayoría parlamentaria.

Eisenkot tampoco tiene garantizado un acuerdo con esas formaciones. Las diferencias sobre el carácter del Estado israelí, el conflicto palestino y las condiciones de una posible colaboración hacen especialmente complicada cualquier negociación de Gobierno.

Así, el crecimiento del voto árabe no garantiza un cambio de Gobierno, pero sí altera los equilibrios parlamentarios y reduce las posibilidades de formar una mayoría sin contar, de alguna manera, con sus representantes.

Netanyahu ya había advertido de un supuesto robo electoral

Las acusaciones del Likud tienen antecedentes inmediatos.

Antes de la apertura de las urnas, trascendió que dirigentes del partido habían estudiado la posibilidad de impugnar resultados en colegios electorales de localidades árabes.

También trascendió que el Likud y sus aliados de Sionismo Religioso planeaban desplegar alrededor de 2.000 activistas en zonas de mayoría árabe para vigilar posibles irregularidades.

La iniciativa provocó críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles, que recordaron que los militantes políticos no tienen competencias oficiales para identificar a los electores ni interferir en el procedimiento de votación.

Durante la jornada electoral, Netanyahu insistió en la elevada participación de los ciudadanos árabes y pidió a sus seguidores que acudieran a votar para impedir un Gobierno apoyado por esas formaciones.

Mansour Abbas respondió acusando al primer ministro de mentir e incitar contra Ra’am para movilizar al electorado de derechas.

El enfrentamiento refleja una fractura que va más allá de la disputa por unos cuantos escaños. Los ciudadanos árabes representan aproximadamente una quinta parte de la población israelí y sus partidos participan legalmente en las elecciones a la Knéset.

Su presencia parlamentaria puede resultar incómoda para determinadas coaliciones, pero el derecho al voto de los ciudadanos árabes israelíes tiene exactamente el mismo valor legal que el de cualquier otro elector.

Las discrepancias políticas con sus representantes son una cuestión distinta de la existencia de delitos electorales. Confundir ambas cosas tiene consecuencias en un país donde la relación entre la mayoría judía y la minoría árabe constituye uno de los asuntos más delicados de la vida pública.

Israel sigue sin una mayoría clara y con el escrutinio pendiente

La denuncia del Likud añade tensión a unas elecciones que todavía no han determinado quién gobernará Israel.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha anunciado que recibirá los resultados oficiales la próxima semana y comenzará las consultas con los partidos para determinar qué dirigente tiene mayores posibilidades de formar una coalición.

Herzog ha pedido flexibilidad y disposición al diálogo para evitar una nueva convocatoria electoral. El sistema parlamentario israelí exige acuerdos entre distintas fuerzas políticas, y ninguna de las dos grandes alianzas parece reunir por sí sola los apoyos necesarios.

La Policía y la Comisión Electoral deberán determinar si las denuncias del Likud se corresponden con infracciones acreditadas y si alguna pudo afectar al resultado. Hasta entonces, la acusación de unas elecciones robadas sigue siendo una afirmación del partido de Netanyahu, no una conclusión de las autoridades.

El primer ministro conserva opciones de continuar en el poder, pero su ventaja provisional tampoco le asegura una mayoría. Eisenkot, por su parte, necesita construir acuerdos parlamentarios que aún están lejos de cerrarse.

El escenario combina un Parlamento fragmentado, una representación árabe reforzada y una disputa abierta sobre la legitimidad de los resultados.

Y hay una realidad que ninguna denuncia política modifica por sí sola: los escaños se adjudican conforme a los votos válidos, no según la conveniencia de los partidos. La próxima mayoría israelí dependerá del escrutinio definitivo y de la capacidad de sus dirigentes para negociar, aunque algunos preferirían no tener que contar con determinados electores.