Sánchez garantiza el 4,5% a funcionarios para 2027 antes del 29-N

El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida beneficiará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas y forma parte de una batería de compromisos sociales que el Ejecutivo está situando en el centro de la precampaña. Su aplicación está prevista desde el 1 de enero, aunque todavía no se ha fijado la fecha de aprobación de la norma correspondiente.

La coincidencia electoral no es precisamente discreta. Sánchez ha decidido intensificar los anuncios sociales antes de acudir a las urnas, mientras distintas estimaciones sitúan el impacto presupuestario de los compromisos para 2027 cerca de los 20.000 millones de euros. El debate político está servido: el Gobierno defiende la continuidad de sus políticas sociales, pero su calendario plantea dudas sobre la utilización electoral de decisiones que comprometen recursos públicos durante los próximos años.

Hay, sin embargo, un detalle fundamental. La subida de los funcionarios no se ha negociado ahora. Estaba pactada desde noviembre de 2025 y su contenido se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 7 de febrero de 2026. Lo que ha ocurrido en octubre es que el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de aplicarla, precisamente cuando los partidos comienzan a disputarse el voto de millones de españoles.

Sánchez confirma el 4,5% a los funcionarios en plena precampaña

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, trasladó el pasado 20 de octubre a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que respetará el incremento salarial previsto para 2027.

El compromiso procede del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito a finales de 2025. Abarca cuatro ejercicios y establece incrementos del 2,5% para 2025, del 1,5% fijo para 2026 —con otro 0,5% condicionado a la inflación—, del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida del próximo año será fija y consolidable. Esto significa que se incorporará a la base retributiva sobre la que se calcularán los incrementos posteriores.

No afecta exclusivamente a los funcionarios de carrera. También comprende al personal laboral y otros empleados del sector público, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y entidades locales.

La incógnita está en el procedimiento. El Ejecutivo ha garantizado que cumplirá el acuerdo, pero no ha anunciado cuándo aprobará la disposición necesaria para hacer efectiva la subida. Los sindicatos reclaman que se formalice antes del 29 de noviembre para evitar retrasos tras las elecciones.

Cuánto dinero supondrá la subida en las nóminas de 2027

Para un empleado público con unas retribuciones computables de 2.000 euros brutos mensuales, un incremento uniforme del 4,5% supondría aproximadamente 90 euros brutos más al mes. Con una base de 2.500 euros, el aumento sería de 112,50 euros.

Son ejemplos orientativos. La cantidad final en la nómina dependerá de los conceptos retributivos aplicables, las pagas y las correspondientes retenciones fiscales.

A esta revisión podría añadirse el 0,5% pendiente de 2026, siempre que la variación interanual del IPC de ese ejercicio alcance al menos el 1,5%. Si se cumple la condición, se abonará durante el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde enero de 2026.

Conviene distinguir ambas cantidades: el 4,5% corresponde a 2027, mientras que el medio punto adicional sería una actualización pendiente del ejercicio anterior.

Los «martes sociales» multiplican los anuncios antes de las elecciones

La subida salarial no es una iniciativa aislada. Tras convocar las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez ha impulsado una estrategia de aprobación de medidas sociales en los Consejos de Ministros que restan hasta la votación.

El Ejecutivo pretende presentar nuevas actuaciones cada martes, una fórmula con evidente utilidad política: mantener sus propuestas sociales en la actualidad informativa mientras los partidos preparan la campaña.

El Consejo de Ministros del 20 de octubre aprobó un real decreto-ley que amplía distintas prestaciones de la Seguridad Social. Entre sus medidas figura una protección específica por incapacidad temporal para mujeres con determinadas patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género.

También introduce cambios en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con hijos en común. En estos casos, elimina la exigencia de inscripción formal, aunque mantiene la necesidad de acreditar una convivencia estable de al menos dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

El paquete contempla asimismo mejoras en las prestaciones para familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, en las pensiones extraordinarias para víctimas del terrorismo y en la protección económica de los huérfanos por violencia contra la mujer.

Estas reformas tienen consecuencias concretas para sus beneficiarios y algunas responden a situaciones de desprotección anteriores. Reducirlas todas a una maniobra electoral sería tan impreciso como ignorar el momento escogido para impulsarlas.

El Gobierno también ha aprobado 45 millones de euros para alojamientos universitarios, destinados a impulsar unas 2.000 plazas en universidades públicas y otros proyectos participantes.

La sucesión de anuncios permite a Sánchez exhibir iniciativa política frente a la oposición. Otra cuestión es cuánto de esta actividad constituye una novedad y cuánto corresponde al cumplimiento de compromisos que ya estaban sobre la mesa.

Casi 20.000 millones de impacto: el coste de los compromisos

La dimensión económica de estas decisiones es considerable. Las estimaciones difundidas en octubre sitúan cerca de los 20.000 millones de euros el impacto conjunto sobre las cuentas públicas de 2027.

Una de las partidas principales es la revisión de los salarios públicos. Su coste adicional se estima en más de 9.200 millones de euros, considerando el conjunto de las administraciones afectadas.

La otra gran partida corresponde a las pensiones. Con una revalorización estimada en torno al 3,6%, el incremento del gasto podría rondar los 8.600 millones de euros, sin contar íntegramente otros efectos derivados del aumento del número de pensionistas.

A ello se suman medidas de vivienda, deducciones fiscales y nuevas prestaciones sociales, con efectos presupuestarios de distinta naturaleza.

Pero hay un matiz económico importante: no todo ese dinero corresponde a decisiones nuevas adoptadas durante la precampaña.

Las pensiones contributivas ya están vinculadas por ley a la evolución del IPC. Su actualización no es una concesión discrecional que Sánchez haya decidido introducir ahora. Del mismo modo, el incremento salarial de los empleados públicos procede de un acuerdo previo con los sindicatos.

Las cifras, además, son estimaciones sujetas a las condiciones económicas y a su aplicación definitiva. Las deducciones fiscales tampoco equivalen exactamente a un gasto directo: reducen los ingresos públicos.

Esto no elimina su repercusión sobre las cuentas del Estado, pero impide presentar los casi 20.000 millones como si fueran una única partida extraordinaria aprobada para las elecciones.

El aspecto más relevante es su carácter recurrente. Una subida salarial consolidada o una prestación permanente no desaparecen cuando acaba la campaña. Sus efectos se trasladan a los presupuestos siguientes y condicionan el margen de actuación del próximo Gobierno, sea cual sea su composición.

El uso electoral del gasto público abre un debate legítimo

La concentración de anuncios sociales antes del 29 de noviembre permite una interpretación política evidente: Sánchez intenta reforzar su atractivo entre distintos grupos de electores, incluidos los empleados públicos, los pensionistas y los ciudadanos beneficiarios de nuevas prestaciones.

No obstante, una política pública favorable a determinados colectivos no equivale por sí misma a una compra de votos. La legislación electoral sanciona las recompensas o promesas de remuneración utilizadas para solicitar o condicionar el voto de los electores. No es lo mismo que aprobar una medida general de política económica o social.

Con los hechos conocidos, no existe base suficiente para calificar jurídicamente la subida de los funcionarios como una compra de votos.

Eso no impide cuestionar su oportunidad política.

El Gobierno ha elegido destacar sus compromisos sociales cuando faltan pocas semanas para las elecciones. Y resulta razonable examinar si el calendario de aprobación responde exclusivamente a necesidades administrativas y sociales o también a un cálculo electoral.

En democracia, los gobiernos pueden seguir tomando decisiones mientras ejercen sus competencias. También deben rendir cuentas sobre el coste, la financiación y las consecuencias de esas decisiones, especialmente cuando comprometen recursos de ejercicios futuros.

Los empleados públicos, por otra parte, no constituyen un electorado homogéneo. Una mejora salarial puede ser bien recibida sin determinar necesariamente el sentido del voto de quienes la perciben.

La proximidad de las elecciones tampoco convierte una subida pactada en 2025 en una promesa recién negociada. Esta distinción importa para valorar con rigor el alcance de los anuncios.

El calendario electoral no sustituye a la aprobación de las medidas

El próximo paso será comprobar si el Ejecutivo aprueba efectivamente la subida salarial del 4,5% antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La confirmación política del Ministerio de Función Pública tiene importancia, pero el acuerdo sindical y la garantía verbal no sustituyen a la norma necesaria para trasladar el incremento a las nóminas.

Las elecciones introducirán, además, un nuevo escenario institucional. Una vez celebradas, el Gobierno cesará y continuará en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor, con las limitaciones previstas legalmente.

Por eso los sindicatos presionan para que la revisión salarial quede formalizada antes de acudir a las urnas.

Sánchez dispone todavía de varias reuniones del Consejo de Ministros para desarrollar su agenda social. El Ejecutivo puede defender esas medidas por su utilidad, y la oposición puede discutir sus costes y su oportunidad. Ambas cosas forman parte del debate democrático.

Lo que no debería perderse entre anuncios y promesas es una distinción esencial: el dinero público no pertenece al partido que gobierna y los compromisos presupuestarios no terminan el día de las elecciones.

La subida del 4,5% ya estaba acordada. Su confirmación llega ahora, en un momento electoral especialmente sensible. Lo que falta por conocer es cuándo quedará definitivamente aprobada y cómo se integrarán sus costes, junto con los del resto de medidas, en las cuentas públicas de 2027.