PP y Vox facilitan urbanizar zonas inundables tras la dana de 2024

A punto de cumplirse dos años de la dana que dejó 233 víctimas mortales en Valencia, la Generalitat mantiene una política de flexibilización urbanística y ambiental que ha encontrado en Vox un aliado decisivo. El Gobierno valenciano ha eliminado la Agencia Valenciana de Cambio Climático, ha modificado las restricciones sobre la construcción en el litoral y ha abierto la puerta a continuar tramitando proyectos en terrenos catalogados como inundables.

Las decisiones, iniciadas durante la presidencia de Carlos Mazón y mantenidas bajo el actual Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, han provocado las críticas de organizaciones ecologistas y plataformas vecinales. Estas entidades denuncian más de 20 grandes proyectos urbanísticos que afectan a unos cinco millones de metros cuadrados en l’Horta Sud y la Hoya de Buñol, dos comarcas especialmente expuestas a las consecuencias de las lluvias torrenciales.

La polémica ha cobrado nueva fuerza tras el paso de la dana Adam, que el 19 de octubre de 2026 volvió a provocar inundaciones graves en el Mediterráneo y dejó cuatro fallecidos en España, tres de ellos en la Comunitat Valenciana. El temporal obligó a confinar temporalmente a la población de 145 municipios valencianos y movilizó a los servicios de emergencia para efectuar cientos de rescates.

El debate va más allá de las diferencias ideológicas sobre la política ambiental. Afecta a una cuestión concreta: qué actividades y construcciones deben permitirse en territorios donde las inundaciones ya han demostrado su capacidad destructiva. Y hasta qué punto la reconstrucción puede aprovecharse para revisar el modelo de ocupación del suelo.

La Generalitat permite tramitar proyectos en terrenos inundables

Uno de los cambios más relevantes figura en la Ley 2/2025, aprobada en abril de 2025 para facilitar la reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

La norma permite continuar la tramitación de determinados planes urbanísticos incluso cuando los terrenos aparecen clasificados como inundables en los mapas oficiales. También contempla esa posibilidad para suelos que quedaron anegados durante las inundaciones de octubre de 2024.

Existe, no obstante, una diferencia importante entre tramitar un proyecto y autorizar su construcción. La legislación mantiene las limitaciones del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA) y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, además de exigir evaluaciones y medidas preventivas según las características de cada actuación.

En los terrenos afectados por la riada de 2024, los informes deben considerar expresamente la información aportada por la nueva cartografía de inundaciones.

El cambio resulta significativo porque el decreto de diciembre de 2024 había establecido inicialmente la suspensión de determinados procedimientos urbanísticos en zonas inundables. La legislación posterior sustituyó ese régimen por otro que permite avanzar en los expedientes bajo condiciones.

La Generalitat justifica estas reformas por la necesidad de agilizar la reconstrucción, reducir obstáculos administrativos y recuperar la actividad económica. Sus críticos advierten de que acelerar los procedimientos no puede equivaler a rebajar la prevención en territorios especialmente vulnerables.

Más de 20 macroproyectos en cinco millones de metros cuadrados

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), creados después de la catástrofe de 2024, han identificado más de una veintena de grandes actuaciones urbanísticas en l’Horta Sud y la Hoya de Buñol.

Según sus estimaciones, los proyectos afectan a más de cinco millones de metros cuadrados destinados a usos residenciales, comerciales, industriales y logísticos.

Entre las actuaciones cuestionadas figuran ampliaciones de suelo industrial en Albal, Picanya y Torrent, desarrollos logísticos en Cheste y nuevas promociones residenciales en municipios como Massanassa.

Los colectivos también señalan el entorno comercial de Alfafar, la ampliación de instalaciones en Aldaia y un proyecto de centro de datos de más de 77 hectáreas en Picassent.

No todas estas actuaciones están aprobadas ni se encuentran en la misma fase administrativa. Tampoco puede darse por hecho que la totalidad de los terrenos incluidos en el inventario presente idéntico riesgo de inundación. La denuncia se centra en la acumulación de desarrollos y en sus posibles efectos sobre un territorio que ya ha sufrido una catástrofe extraordinaria.

El problema de impermeabilizar el suelo

Una de las principales preocupaciones es el aumento de superficies impermeables.

Cuando un terreno agrícola se transforma en una explanada asfaltada, un polígono industrial o una zona residencial, puede reducirse su capacidad de infiltración. Parte del agua que antes penetraba en el suelo pasa a circular superficialmente, con el consiguiente riesgo de incrementar las escorrentías.

El efecto depende de las características de cada cuenca, de las infraestructuras de drenaje y de las medidas correctoras implantadas. No todas las urbanizaciones generan las mismas consecuencias.

Los CLER reclaman una moratoria de los grandes desarrollos hasta disponer de estudios hidrológicos independientes, una evaluación de la capacidad de las infraestructuras y mecanismos efectivos de participación ciudadana.

Su planteamiento es que la recuperación económica debe ir acompañada de una revisión del modelo territorial. Construir más no garantiza necesariamente reconstruir mejor.

La Agencia Valenciana de Cambio Climático desapareció en 2025

La flexibilización urbanística coincide con otras decisiones que han reducido el entramado institucional diseñado por el anterior Gobierno del Botànic para abordar la crisis climática.

La Agencia Valenciana de Cambio Climático, creada mediante una ley de marzo de 2023, fue suprimida legalmente con efectos del 1 de junio de 2025.

El organismo estaba concebido para impulsar y evaluar las políticas autonómicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre sus funciones previstas figuraban el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el análisis de la vulnerabilidad territorial y la evaluación de las actuaciones públicas en esta materia.

Su eliminación no significa que la Generalitat haya perdido todas sus competencias climáticas, que continúan repartidas entre distintos órganos administrativos. Lo que desaparece es la estructura específica prevista para coordinar y evaluar esas políticas.

El Ejecutivo valenciano también había suprimido en 2024 la Unidad Valenciana de Emergencias, una estructura creada legalmente por el anterior Gobierno autonómico que todavía no había alcanzado su pleno desarrollo operativo.

En paralelo, el PP y Vox han promovido cambios en las obligaciones y los instrumentos fiscales relacionados con las emisiones contaminantes, dentro de su política de reducción de cargas administrativas y tributarias.

El resultado es una orientación política reconocible: menos organismos específicos, menos regulación ambiental y mayor flexibilidad para determinadas actividades económicas. Sus defensores la presentan como una simplificación necesaria; sus detractores consideran que debilita instrumentos de prevención y adaptación.

Hoteles a 200 metros de la costa y menos protección de la huerta

La revisión del modelo territorial también ha llegado al litoral valenciano.

El 29 de octubre de 2024, el mismo día de las inundaciones históricas, PP y Vox pactaron reducir de 500 a 200 metros la distancia mínima prevista para determinados establecimientos hoteleros en terrenos del litoral regulados por el Pativel, el plan territorial de protección de la costa. El acuerdo fue ratificado posteriormente en Les Corts.

La modificación no constituye una autorización general para construir hoteles a cualquier distancia superior a esos 200 metros, ya que siguen existiendo otras restricciones urbanísticas y ambientales. Sí representa una reducción de la protección territorial establecida por el anterior Ejecutivo.

La huerta de Valencia ha experimentado cambios igualmente controvertidos.

En febrero de 2025, el Consell aprobó una reforma que eliminó el Consejo de la Huerta y suprimió el carácter vinculante de determinados informes relativos a infraestructuras.

El Gobierno valenciano defendió la decisión como una manera de eliminar duplicidades y agilizar obras necesarias tras la dana. La asociación Per l’Horta, en cambio, sostiene que la reforma pone en peligro la protección de unas 3.800 hectáreas de suelo agrícola, aproximadamente un tercio de la superficie anteriormente protegida.

Esa cifra corresponde a la valoración de la organización ecologista, no a una constatación de que toda esa extensión vaya a urbanizarse.

A estas modificaciones se añade el proyecto de nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Consell en septiembre de 2026 y tramitado por la vía de urgencia en Les Corts.

El texto plantea ampliar las posibilidades de instalar actividades industriales, turísticas y de servicios en determinados terrenos no urbanizables, incluidas algunas categorías de suelo protegido cuando se cumplan los requisitos legales.

Se trata todavía de un proyecto legislativo, por lo que sus previsiones no deben confundirse con normas ya vigentes.

La ciencia confirma que el calentamiento agravó la dana

El debate político se desarrolla mientras las investigaciones científicas ofrecen nuevos datos sobre la influencia del cambio climático en las inundaciones de Valencia.

Un estudio difundido en febrero de 2026 por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), realizado con participación de investigadores de la Universidad de Valladolid y otros centros científicos, concluyó que el calentamiento provocado por la actividad humana intensificó las tormentas de octubre de 2024.

Según sus resultados, la intensidad de las precipitaciones aumentó alrededor de un 21 %, el volumen total de lluvia descargada sobre la cuenca del Júcar creció un 19 % y la extensión del territorio afectado por precipitaciones extremas superiores a 180 milímetros se incrementó un 55 %.

Estos resultados no significan que el cambio climático fuera la única causa de la catástrofe. Las lluvias torrenciales forman parte de la climatología mediterránea y los efectos de una inundación dependen también de la ocupación del territorio, las infraestructuras, las características de los cauces y la respuesta de los servicios de emergencia.

Pero las investigaciones sí refuerzan una conclusión: el calentamiento global puede aumentar considerablemente la gravedad de episodios de precipitaciones extremas.

La prevención exige, por tanto, actuar sobre dos frentes distintos. Por un lado, reducir las emisiones responsables del calentamiento. Por otro, adaptar las ciudades y los municipios a inundaciones que pueden superar las condiciones para las que fueron diseñadas muchas de sus infraestructuras.

Esto incluye revisar el planeamiento urbanístico, preservar espacios de drenaje, mejorar los sistemas de alerta y evitar nuevas situaciones de exposición innecesaria al riesgo.

El futuro de las zonas inundables se decide ahora

La Comunitat Valenciana afronta el segundo aniversario de la dana con buena parte de las tareas de reconstrucción todavía pendientes y con una discusión política que afecta directamente al futuro de sus municipios.

El Gobierno de Pérez Llorca mantiene una agenda de simplificación administrativa y flexibilización territorial apoyada por Vox. Frente a ella, las organizaciones vecinales y ecologistas reclaman que cualquier expansión urbanística incorpore una evaluación rigurosa del riesgo de inundación y de sus consecuencias acumuladas.

La cuestión no es únicamente cuántas viviendas, hoteles o polígonos industriales pueden construirse. Importa dónde se construyen, bajo qué condiciones y qué ocurrirá cuando vuelva a llover de forma extraordinaria.

La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 233 fallecidos, según la cifra reconocida judicialmente en septiembre de 2026. La reciente Adam ha vuelto a demostrar que el riesgo sigue presente.

Las leyes pueden acelerar expedientes y modificar las condiciones para utilizar el suelo. Lo que no pueden hacer es cambiar el comportamiento del agua. Y esa diferencia debería ocupar un lugar central en cualquier decisión urbanística tomada después de una tragedia de semejantes dimensiones.