Albiol critica 2.450 € en ayudas a una familia desahuciada en Vitoria

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y dirigente del Partido Popular, ha criticado duramente las ayudas públicas que recibe una familia marroquí desahuciada en Vitoria-Gasteiz. El político considera un «auténtico escándalo» que un matrimonio con seis hijos menores perciba alrededor de 2.450 euros mensuales en prestaciones sociales, mientras numerosos trabajadores ingresan cantidades inferiores. Sus declaraciones han reavivado la polémica sobre la inmigración, las ayudas sociales y el acceso a la vivienda.

La controversia surge después del desahucio ejecutado el viernes 23 de octubre en el barrio de Sansomendi, donde la familia residía de alquiler desde 2018. Según la información difundida sobre un informe municipal, la unidad familiar percibe 2.454,18 euros al mes en distintas prestaciones. El propietario también tiene reconocida una situación de vulnerabilidad y llevaba años reclamando judicialmente la recuperación de su vivienda.

El caso presenta una circunstancia especialmente delicada: las dos familias necesitan una vivienda. La desalojada asegura que dispone de recursos para pagar otro alquiler, pero que no consigue encontrarlo. El propietario, por su parte, reside en una habitación alquilada con su hijo y su mujer embarazada. El Ayuntamiento reconoce la vulnerabilidad de los inquilinos, aunque sostiene que no dispone de viviendas para adjudicarles directamente.

La situación ha terminado convirtiéndose en un enfrentamiento político que va mucho más allá de Vitoria. Albiol ha situado el origen marroquí de la familia en el centro de sus críticas y ha cuestionado el sistema de prestaciones, mientras las organizaciones de vivienda denuncian la falta de alternativas habitacionales para seis menores.

Albiol: «No puede ser que estemos manteniendo a familias de fuera»

El alcalde de Badalona difundió un vídeo en sus redes sociales en el que cuestiona la cantidad que recibe la familia. Comienza comparando esos ingresos con los salarios de quienes trabajan diariamente y asegura que muchos ciudadanos no alcanzan esa cifra a pesar de madrugar para acudir a sus empleos. La comparación entre salarios y ayudas públicas es el punto de partida de su discurso.

«A mí eso me parece un auténtico escándalo, me parece una vergüenza y me produce indignación», afirma Albiol. Su crítica se dirige especialmente a que los beneficiarios sean extranjeros: «No puede ser que en España estemos manteniendo a familias, en este caso marroquí, que ha venido de fuera», sostiene.

El dirigente popular también menciona que la familia viajó a Marruecos durante el verano y cuestiona su consideración como vulnerable. A su juicio, el problema refleja un modelo de protección social insostenible que, según denuncia, favorece a quienes llegan del extranjero.

Albiol vincula asimismo el asunto con la política electoral. Asegura que algunas personas beneficiarias de ayudas terminarán obteniendo la nacionalidad española y convirtiéndose en votantes del PSOE y de otras formaciones de izquierda. Se trata de una afirmación política, no de una consecuencia acreditada en este caso.

Sus palabras llegan después de que Santiago Abascal, presidente de Vox, también cuestionara las prestaciones que recibe la familia y defendiera el derecho del propietario a recuperar el inmueble.

De dónde salen los 2.454 euros mensuales en ayudas

La cifra que ha provocado la controversia no corresponde a una única prestación ni supone que cada integrante de la familia reciba esa cantidad. Según la información publicada sobre el informe de los servicios sociales municipales, los 2.454,18 euros corresponden al conjunto de ayudas asignadas a una unidad familiar de ocho personas.

Entre las prestaciones mencionadas figuran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco, la Prestación Económica de Vivienda y los complementos destinados a la infancia. El informe también recoge apoyos de emergencia y del Banco de Alimentos.

Conviene distinguir entre los ingresos mensuales y las ayudas puntuales o en especie. La documentación difundida no permite establecer que todas esas prestaciones adicionales constituyan pagos mensuales fijos.

El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado públicamente que la familia recibe asistencia económica y social desde hace años, pero ha evitado divulgar los detalles de su expediente por razones de privacidad.

Tampoco puede deducirse de la cantidad publicada que exista una percepción fraudulenta de prestaciones. El acceso al Ingreso Mínimo Vital depende, entre otros requisitos, de la residencia legal y efectiva en España, los ingresos, el patrimonio y la composición de la unidad de convivencia. La nacionalidad extranjera no concede automáticamente ese derecho ni determina por sí sola su importe.

La situación laboral también requiere matices. En declaraciones anteriores al desahucio recogidas públicamente, la familia afirmó que el padre trabajaba en una empresa de Vitoria. Cobrar determinadas prestaciones sociales y desarrollar una actividad laboral no son circunstancias necesariamente incompatibles.

El viaje a Marruecos y la penalización recogida en el informe

Otro de los puntos utilizados por Albiol para cuestionar la situación familiar es un viaje a Marruecos durante el verano de 2026.

Según la documentación municipal citada en las informaciones difundidas, la familia permaneció 38 días en su país de origen, circunstancia que habría provocado una penalización de 354,74 euros en una de sus prestaciones. El informe también cuestiona el seguimiento de determinadas pautas de búsqueda de empleo y vivienda planteadas por los servicios sociales.

Viajar al extranjero, sin embargo, no constituye por sí mismo una prueba de fraude. Las condiciones dependen de cada prestación. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, la normativa permite mantener la residencia habitual con estancias en el extranjero que no superen los 90 días por año natural, sin perjuicio de otras obligaciones aplicables.

Por eso, el viaje y la posible sanción deben valorarse conforme a las reglas concretas de la prestación afectada. No hay elementos suficientes para extender una eventual infracción administrativa a todas las ayudas que recibe la familia.

Por qué fue desahuciada la familia de Vitoria

El desahucio no se originó por una ocupación ilegal de la vivienda. La familia residía en el inmueble mediante un contrato de alquiler cuya renovación rechazó el propietario porque necesitaba recuperar la casa para uso personal.

De acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento, los inquilinos conocían desde octubre de 2019 la intención del dueño de recuperar la vivienda. El litigio judicial comenzó en 2021 y terminó con una resolución que permitió ejecutar el lanzamiento el pasado 23 de octubre.

La situación del propietario resulta determinante. Se trata de un particular que también tiene reconocida una situación de vulnerabilidad económica y habitacional. Según las informaciones difundidas, vive con su mujer embarazada y su hijo en una habitación alquilada mientras intenta recuperar su propia casa.

La familia desalojada sostiene que no había dejado de pagar el alquiler. El Sindicato Socialista de Vivienda, que la ha acompañado durante el proceso, asegura que el problema principal no era una falta de ingresos, sino la imposibilidad de encontrar otro propietario dispuesto a alquilarles una vivienda.

Sus integrantes atribuyen esas dificultades a la discriminación en el mercado del alquiler que, según denuncian, sufren por su origen y por tratarse de una familia numerosa.

El conflicto, por tanto, no enfrenta a un gran fondo inmobiliario con unos inquilinos sin recursos. En este caso hay dos familias vulnerables y una vivienda, con una resolución judicial favorable al propietario y seis menores afectados por el desalojo.

La alternativa del Ayuntamiento: un albergue municipal

La actuación de los servicios sociales de Vitoria constituye otro de los aspectos más discutidos.

El Ayuntamiento, gobernado por PSE-EE y PNV, explicó inicialmente que había ofrecido a la familia una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, pero que esta había rechazado la propuesta. También señaló que sus servicios sociales carecían de viviendas disponibles para adjudicar directamente.

Sin embargo, la situación evolucionó después del lanzamiento. La familia terminó aceptando alojamiento en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS), donde pasó el fin de semana, según la información publicada este lunes 26 de octubre.

El CMAS es un recurso destinado principalmente a personas adultas sin hogar, aunque también puede acoger excepcionalmente a familias. No equivale a disponer de una vivienda independiente y estable para un matrimonio con seis hijos.

El Sindicato Socialista de Vivienda considera insuficiente esta solución. Sostiene que la familia llevaba aproximadamente un año buscando un alquiler y que los servicios sociales no consiguieron facilitarle una alternativa residencial adecuada.

El Consistorio mantiene que ha realizado un seguimiento de su situación y que continuará ofreciéndole atención dentro de sus competencias. Reconoce, en cualquier caso, que no dispone de pisos para responder directamente a esta emergencia.

Dos detenidos y numerosas protestas contra el desahucio

El lanzamiento del 23 de octubre estuvo acompañado de una importante movilización social. Cientos de estudiantes, vecinos y activistas se concentraron ante el edificio de la avenida de los Huetos para intentar impedir la intervención judicial.

La Ertzaintza desplegó un dispositivo policial para permitir el acceso de la comitiva judicial. Durante la mañana se produjeron cargas y enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

El balance comunicado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco incluyó dos detenidos, 58 personas identificadas y 19 policías heridos. El Sindicato Socialista de Vivienda denunció, por su parte, hasta 90 manifestantes lesionados. Son cifras procedentes de distintas partes y no representan un balance conjunto verificado.

Horas después, miles de personas participaron en una manifestación contra los desahucios y la actuación policial.

La controversia ha provocado críticas desde distintos sectores políticos. EH Bildu, Sumar y Podemos han cuestionado la respuesta de las administraciones, mientras representantes locales del PP también han defendido que corresponde a los poderes públicos ofrecer soluciones habitacionales sin trasladar esa responsabilidad al pequeño propietario.

Una familia alojada de urgencia y un propietario que recupera su casa

El desahucio de Sansomendi deja una realidad más compleja que la discusión sobre los 2.450 euros mensuales en ayudas.

El propietario ha conseguido recuperar judicialmente una vivienda que necesitaba para su familia. Los anteriores inquilinos, entretanto, siguen buscando un alquiler para ocho personas y permanecen atendidos mediante un recurso municipal de emergencia que no resuelve su situación residencial a largo plazo.

La cantidad de ayudas recibidas merece una explicación rigurosa y, como cualquier prestación pública, debe someterse a controles. Pero no demuestra por sí misma la existencia de irregularidades ni garantiza que una familia pueda encontrar alojamiento en el mercado privado.

Las declaraciones de Albiol han trasladado el debate al terreno de la inmigración y el gasto social. Sobre el terreno, en Vitoria, el problema inmediato sigue siendo otro: una familia con seis menores necesita una vivienda estable, después de que otra familia vulnerable haya tenido que recurrir a los tribunales para recuperar la suya.

El derecho del propietario a disponer de su casa y la protección de los menores no son objetivos incompatibles. La dificultad está en hacerlos efectivos sin que la falta de vivienda pública termine convirtiendo un conflicto entre particulares en una crisis social.