La causa de la dana: 71 tomos, 646 resoluciones y 690 declaraciones

La investigación judicial sobre la dana del 29 de octubre de 2024 se acerca a su segundo aniversario con unas cifras que reflejan la magnitud del procedimiento: 71 tomos, 646 resoluciones judiciales, 449 piezas abiertas y 690 declaraciones. La causa, que examina la gestión de las inundaciones que dejaron 233 muertos en la provincia de Valencia, continúa abierta y tiene prorrogada su instrucción hasta el 30 de abril de 2027.

La jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra mantiene bajo investigación a dos antiguos responsables de Emergencias de la Generalitat Valenciana: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. El procedimiento trata de determinar si las decisiones que no se adoptaron, los retrasos en la respuesta institucional y las deficiencias en los avisos a la población contribuyeron a las muertes.

Casi dos años después de la catástrofe, la justicia sigue reconstruyendo lo ocurrido durante aquellas horas. Las declaraciones de responsables políticos, técnicos, bomberos, expertos y familiares de las víctimas han permitido establecer una cronología cada vez más detallada. También han abierto nuevas líneas de investigación.

La cantidad de documentación no garantiza, por sí sola, una resolución próxima. Abogados personados en el procedimiento consideran difícil que la instrucción judicial pueda terminar dentro del plazo previsto, aunque destacan la rapidez con la que la magistrada tramita las diligencias.

Del primer juzgado a una macrocausa de 449 piezas

La investigación comenzó el 30 de octubre de 2024, apenas un día después de las inundaciones. Ruiz Tobarra abrió diligencias por los 75 fallecimientos registrados inicialmente en su partido judicial. En enero de 2025 asumió la investigación conjunta de la tragedia y, desde marzo de aquel año, trabaja exclusivamente en este procedimiento.

El volumen del expediente permite hacerse una idea de su complejidad. De las 646 resoluciones judiciales contabilizadas, 592 corresponden al juzgado instructor, entre autos, providencias, diligencias de ordenación y decretos. Las otras 54 son autos de la Audiencia Provincial de Valencia relacionados con recursos de apelación.

A ello se añaden 449 piezas judiciales vinculadas a fallecidos, familiares perjudicados y personas lesionadas. También intervienen 13 acusaciones populares y numerosas acusaciones particulares, muchas de ellas representadas a través de asociaciones de víctimas.

Los 71 tomos reúnen miles de documentos. Si se utiliza una media orientativa de 500 folios por tomo, el expediente rondaría las 35.500 páginas, aunque esa cifra es una estimación y no un recuento exacto.

La causa investiga posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Su objeto no es establecer una responsabilidad penal por la aparición de un fenómeno meteorológico extremo, sino esclarecer si hubo actuaciones u omisiones relevantes de quienes tenían competencias en la protección de la población.

Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los dos investigados

El procedimiento mantiene desde el 10 de marzo de 2025 a dos personas formalmente investigadas. La primera es Salomé Pradas, que ocupaba la Conselleria de Justicia e Interior cuando se produjo la catástrofe y abandonó el cargo aproximadamente tres semanas después. La segunda es Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, destituido alrededor de un mes después de las riadas.

Pradas ha comparecido en tres ocasiones ante la jueza. Ambos antiguos cargos están sometidos a una investigación penal que todavía no ha desembocado en un juicio y en la que debe respetarse su presunción de inocencia.

Las 690 declaraciones registradas incluyen a los investigados y a centenares de testigos. Han pasado por el juzgado integrantes del antiguo equipo de Presidencia de la Generalitat, alcaldes de municipios afectados, bomberos forestales, responsables de los servicios de emergencia y especialistas que han analizado la evolución de las inundaciones.

Entre las personas que han declarado figuran la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero; la exdelegada del Gobierno Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y el responsable de Climatología de Aemet en Valencia, José Ángel Núñez.

También ha prestado declaración el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

No todas estas comparecencias tienen la misma relevancia procesal. Algunas permiten reconstruir decisiones concretas; otras aportan información sobre los avisos meteorológicos, la organización de los dispositivos o las comunicaciones entre administraciones.

El retraso del Es-Alert, en el centro del procedimiento

Una de las cuestiones fundamentales es el aviso masivo enviado a los teléfonos móviles a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, cuando las inundaciones ya habían provocado situaciones de extrema gravedad en distintos municipios valencianos.

La instructora ha considerado en sus resoluciones que el fenómeno no era imprevisible y que determinadas muertes podrían haberse evitado con medidas de protección adecuadas. Su análisis se centra especialmente en el momento del envío del Es-Alert y en el contenido del mensaje, que considera tardío y deficiente.

Durante la investigación se ha documentado que la posibilidad de enviar una alerta a la población ya se estaba estudiando hacia las 18.35 horas, más de una hora y media antes de su distribución definitiva.

La diferencia temporal resulta decisiva para reconstruir la actuación de los responsables de Emergencias. El procedimiento debe determinar quién disponía de la información, qué decisiones podía adoptar y si existió una relación causal jurídicamente relevante entre las posibles omisiones y las víctimas.

Las 19.821 llamadas al 112 antes y durante la emergencia

Los informes incorporados al expediente muestran que el servicio de emergencias 112 recibió 19.821 llamadas durante la jornada de la dana y gestionó 4.770 incidentes.

El mayor volumen de llamadas se concentró a las cinco de la tarde, con 2.438 comunicaciones en esa franja horaria. A las cuatro ya se habían registrado 1.833 llamadas.

Estos datos ayudan a reconstruir la información disponible antes del envío del aviso general a los móviles. También permiten analizar en qué momento se conocía la gravedad de las inundaciones y cómo circuló esa información entre los distintos organismos.

No basta con comprobar que existían llamadas de auxilio. La investigación debe establecer qué advertencias llegaron a los responsables competentes, cuándo las recibieron y qué medidas podían haberse adoptado con la información disponible en cada momento.

Carlos Mazón, personado en la causa pero no investigado

La situación judicial del expresidente valenciano Carlos Mazón constituye otro de los aspectos más relevantes del procedimiento.

Después de meses de diligencias y de ofrecerle en varias ocasiones la posibilidad de declarar, Ruiz Tobarra solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigara penalmente al antiguo jefe del Consell.

La magistrada consideró que su falta de participación en la gestión de la emergencia podía tener relevancia para explicar las consecuencias de la catástrofe. Sin embargo, no podía investigarlo directamente debido a su condición de diputado autonómico aforado.

El TSJCV rechazó en marzo de 2026 abrir una causa penal contra Mazón, al no apreciar los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad penal por omisión en la gestión de la emergencia.

Posteriormente, en junio, la Audiencia Provincial de Valencia permitió su personación en el procedimiento. Esta decisión le otorgó acceso a la actividad investigadora que pudiera afectarle, pero no supuso su incorporación a la causa como investigado.

En su primer escrito, Mazón defendió que no había incurrido en responsabilidad por omisión. La jueza, por su parte, consideró que el expresidente fundamentaba parte de su defensa en trasladar la responsabilidad a su antigua consellera.

La situación procesal de Mazón podría cambiar si aparecieran nuevos elementos jurídicamente relevantes, aunque actualmente no está investigado en esta macrocausa. Su personación tampoco equivale a una declaración de culpabilidad ni a una absolución.

Las pruebas pendientes alejan todavía la celebración del juicio

La investigación aún tiene diligencias importantes sin resolver. Una de ellas afecta a los mensajes intercambiados durante la dana por José Manuel Cuenca, antiguo jefe de gabinete de Mazón.

La instructora ha solicitado información a Estados Unidos para tratar de esclarecer las comunicaciones de aquella jornada. Aunque WhatsApp ha indicado que no conserva el contenido de determinados mensajes que permitiría recuperarlos tras su eliminación, siguen pendientes datos sobre los participantes y las fechas y horas de las comunicaciones.

También continúa el análisis de fallecimientos cuya relación con la catástrofe debe determinarse judicialmente. La cifra de víctimas incluidas en el procedimiento alcanzó las 233 personas en septiembre de 2026, después de que la jueza reconociera nuevos casos en los que las consecuencias de las inundaciones tuvieron una relación causal con la muerte.

Otros seis fallecimientos permanecen bajo estudio para determinar si deben incorporarse a las diligencias.

El 30 de abril de 2027 es el horizonte fijado para la actual prórroga de la instrucción, no una fecha prevista para celebrar el juicio. Antes tendrán que practicarse las pruebas pendientes y resolverse las cuestiones procesales necesarias para decidir si procede abrir juicio oral.

Los abogados que participan en la causa advierten de que cada nueva declaración puede dar lugar a peticiones de documentación, informes complementarios o nuevos interrogatorios. Ese proceso explica por qué el expediente continúa aumentando después de casi dos años de trabajo.

Las responsabilidades penales siguen pendientes de determinar

La investigación judicial de la dana ha permitido conocer con mayor precisión la secuencia de avisos, comunicaciones y decisiones de aquella jornada. Queda, sin embargo, la parte esencial desde el punto de vista penal: determinar qué responsabilidades individuales pueden acreditarse y si existen pruebas suficientes para sostener una acusación ante un tribunal.

A tres días del segundo aniversario de las inundaciones, la macrocausa sigue abierta. Para las familias de las 233 víctimas mortales, el avance de las diligencias todavía no se ha traducido en una sentencia que establezca las responsabilidades penales de aquella tragedia.