Cuba denuncia presiones de EE. UU. ante la votación sobre el embargo

Cuba afronta una nueva batalla diplomática con Estados Unidos en Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU debatirá los días 27 y 28 de octubre de 2026 una resolución que reclama el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla. Será la 34.ª votación sobre esta cuestión desde 1992, pero llega en un momento especialmente delicado: una crisis económica profunda, restricciones estadounidenses al suministro de petróleo y acusaciones de presiones diplomáticas para modificar el sentido del voto de varios países.

El Gobierno cubano sostiene que la Administración de Donald Trump está utilizando amenazas comerciales y políticas para reducir el respaldo internacional a La Habana. Washington, por su parte, defiende sus sanciones como un instrumento de presión contra el régimen comunista y acusa a las autoridades cubanas de utilizar el embargo para justificar la represión política y sus propios fracasos económicos. El enfrentamiento ha dejado de ser una discusión exclusivamente comercial. Se ha convertido en una disputa sobre derechos humanos, soberanía nacional y los límites de la influencia estadounidense.

La votación se celebrará después de un año particularmente duro para la población cubana, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible, inflación y dificultades para acceder a servicios básicos. La resolución cuenta con una larga tradición de apoyo internacional, aunque su aprobación no obligaría a Estados Unidos a retirar las sanciones. Esa es la principal contradicción de un conflicto que lleva más de seis décadas abierto: la comunidad internacional puede reclamar el fin del embargo, pero no tiene capacidad para imponerlo.

Cuba acusa a Washington de amenazar a otros países para cambiar su voto

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el 21 de octubre que Estados Unidos estaba desarrollando una campaña de presión sobre gobiernos extranjeros para alterar sus posiciones en Naciones Unidas. Según el responsable de la diplomacia cubana, las advertencias incluyen posibles restricciones de visados, aranceles comerciales, sanciones económicas y suspensión de programas de cooperación.

Rodríguez señaló directamente al Departamento de Estado estadounidense y a su secretario, Marco Rubio, al que acusa de intervenir personalmente para conseguir que determinados países retiren su apoyo a la resolución cubana. Se trata de denuncias formuladas por La Habana que no han sido verificadas de manera independiente en todos sus extremos.

Estados Unidos tampoco oculta su intención de modificar el resultado de la votación. Su embajador ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha pedido expresamente a los Estados miembros que rechacen el texto cubano. Washington considera que la resolución permite al Gobierno de Miguel Díaz-Canel presentar las sanciones estadounidenses como explicación de problemas que también responden a su política económica y a la falta de libertades.

La tensión se hizo visible durante un acto organizado por la representación estadounidense ante la ONU con opositores y antiguos presos políticos cubanos. El encuentro sirvió para denunciar violaciones de los derechos humanos bajo el Gobierno de La Habana. La delegación cubana respondió acusando a Washington de castigar colectivamente a la población mediante sus restricciones económicas.

Hay dos asuntos que no deberían confundirse. La existencia de presos políticos y la falta de pluralismo democrático en Cuba merecen una condena independiente de cualquier discusión comercial. Y los efectos de las sanciones sobre millones de ciudadanos tampoco desaparecen porque su Gobierno sea autoritario.

El apoyo internacional a Cuba se redujo en la última votación

El antecedente de 2025 explica buena parte de la tensión diplomática actual. La Asamblea General aprobó entonces la resolución contra el embargo con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Cuba consiguió una mayoría amplia, pero perdió apoyos respecto al año anterior.

En 2024, el texto había recibido 187 votos favorables, mientras que únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra y Moldavia se abstuvo. El cambio de 2025 fue considerable: además de Washington e Israel, rechazaron la resolución Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

España mantuvo su voto favorable, al igual que buena parte de los países europeos. Otros gobiernos optaron por abstenerse, reflejando que la posición internacional ante el embargo ya no era tan uniforme como durante años anteriores.

El historial también incluye una excepción significativa. En 2016, durante el acercamiento diplomático impulsado por Barack Obama, Estados Unidos e Israel se abstuvieron. Fue un gesto político excepcional que no se tradujo en la desaparición del embargo.

La votación de 2026 permitirá comprobar si Washington ha conseguido ampliar el grupo de países contrarios a la resolución o si La Habana logra recuperar parte de los apoyos perdidos. No se trata únicamente de contar votos. El resultado ofrecerá una medida del peso diplomático de ambos gobiernos en un escenario internacional cada vez más dividido.

El bloqueo petrolero agrava una crisis energética sin precedentes

El elemento que diferencia este debate de buena parte de los anteriores es el endurecimiento de las restricciones sobre el suministro de petróleo.

El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba y estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos de países que suministren petróleo a la isla, tanto directa como indirectamente.

La medida no implica que cualquier país proveedor reciba automáticamente un arancel concreto. Autoriza a Washington a estudiar esos suministros y adoptar represalias comerciales. Sin embargo, el riesgo económico que plantea puede disuadir a gobiernos y empresas de mantener sus operaciones energéticas con Cuba.

La interrupción de los suministros procedentes de Venezuela y México, dos proveedores importantes para la economía cubana, ha agravado una situación energética que ya era precaria. La falta de combustible afecta a las centrales eléctricas, al transporte, a la actividad industrial y a servicios tan esenciales como el abastecimiento de agua.

Los cortes de electricidad, que ya formaban parte de la vida cotidiana de muchos cubanos, se han prolongado y extendido. El deterioro de las infraestructuras eléctricas tampoco ayuda: una red envejecida, con problemas de mantenimiento e inversión, tiene escasa capacidad para resistir nuevas interrupciones de combustible.

Expertos independientes de Naciones Unidas en derechos humanos condenaron en febrero la orden estadounidense sobre el petróleo y consideraron que sus efectos extraterritoriales suponían una grave vulneración del derecho internacional. Su pronunciamiento refleja una preocupación humanitaria creciente, aunque no equivale a una sentencia judicial contra Estados Unidos.

Cuba calcula en más de 8.000 millones el impacto anual del embargo

El Gobierno cubano llegará a Nueva York con nuevas estimaciones económicas. Según los datos oficiales presentados por La Habana en septiembre, el impacto del embargo ascendió a 8.083,3 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord dentro de sus propios cálculos.

Las autoridades sitúan las pérdidas acumuladas en más de 178.700 millones de dólares durante las últimas seis décadas.

Estas cantidades corresponden a estimaciones oficiales cubanas, no a una auditoría económica independiente. Su cálculo depende de supuestos sobre comercio, financiación, inversiones y operaciones que podrían haberse realizado sin las restricciones estadounidenses.

Eso no significa que las sanciones carezcan de consecuencias. Las limitaciones financieras, los obstáculos para determinadas transacciones internacionales y los riesgos asociados a operar con entidades cubanas encarecen y dificultan la actividad económica.

Pero atribuir a Washington la totalidad de los problemas de producción, abastecimiento y gestión económica de Cuba tampoco permite comprender la situación.

Un embargo vigente desde 1962 que la ONU no puede levantar

Las restricciones comerciales estadounidenses contra Cuba comenzaron durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower y fueron ampliadas posteriormente por John F. Kennedy.

El 3 de febrero de 1962, Kennedy firmó la Proclamación 3447, que estableció un embargo comercial más amplio, con disposiciones que entraron en vigor el 7 de febrero. Aquella decisión quedó integrada en una política de enfrentamiento que sobrevivió a la Guerra Fría y a sucesivas administraciones estadounidenses.

Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas reclama periódicamente su levantamiento. Durante más de tres décadas, la inmensa mayoría de los países ha defendido que las diferencias políticas entre Washington y La Habana no justifican mantener unas restricciones económicas de semejante duración.

La resolución tiene, sin embargo, una limitación esencial: no es jurídicamente vinculante. Su aprobación expresa una posición política de la Asamblea General, pero no obliga al Gobierno estadounidense a modificar sus leyes ni establece sanciones automáticas por incumplirla.

Para eliminar completamente el entramado legislativo del embargo sería necesaria la intervención del Congreso de Estados Unidos, aunque el presidente dispone de determinadas facultades para flexibilizar o endurecer aspectos de su aplicación.

Conviene precisar también la diferencia entre embargo y bloqueo. Washington emplea el primer término para describir su régimen de restricciones comerciales y financieras. La Habana prefiere el segundo porque considera que las medidas alcanzan operaciones con terceros países y persiguen aislar económicamente a la isla. No se trata de un bloqueo naval general, sino de un conjunto de restricciones comerciales, financieras y sanciones con efectos internacionales.

El sistema contempla determinadas excepciones y autorizaciones para productos agrícolas, alimentos y medicamentos. Por eso no es exacto afirmar que Cuba tiene legalmente prohibido comerciar con todo el mundo, aunque las dificultades para realizar pagos y financiar operaciones puedan afectar también a transacciones permitidas.

La responsabilidad del Gobierno cubano en el deterioro económico

La crisis de Cuba no comenzó con las últimas medidas de Trump. El país arrastra problemas estructurales desde hace décadas, agravados por la pérdida de ingresos exteriores, la pandemia, las dificultades para importar y una prolongada falta de inversión productiva.

Las reformas económicas de los últimos años tampoco han ofrecido los resultados prometidos. Los desequilibrios monetarios, las restricciones sobre la actividad privada, los problemas de productividad y la ineficiencia de numerosas empresas estatales han contribuido al deterioro del poder adquisitivo.

El sistema político cubano continúa concentrando el poder en el Partido Comunista, sin elecciones nacionales competitivas entre distintos partidos ni garantías plenas para la oposición y la prensa independiente. La represión de la disidencia es una realidad que no puede quedar relegada cada vez que se discute el embargo estadounidense.

Ahora bien, reconocer esos problemas no elimina las consecuencias de las sanciones exteriores. Ambas realidades pueden coexistir: un Gobierno responsable de decisiones económicas fallidas y una política estadounidense que agrava determinadas dificultades de la población.

La propia relación bilateral demuestra hasta qué punto la confrontación se ha convertido en una dinámica persistente. Los dos gobiernos reconocieron contactos de alto nivel durante marzo de 2026, pero hasta el 26 de octubre no se conocen avances públicos capaces de transformar sus relaciones.

La perspectiva de una normalización diplomática sigue siendo lejana, especialmente cuando la Administración estadounidense condiciona buena parte de su política a cambios políticos en Cuba y La Habana rechaza las presiones exteriores sobre su sistema de gobierno.

Una votación que puede medir el aislamiento de Estados Unidos, pero no terminar con el embargo

La Asamblea General debatirá el 27 y 28 de octubre una resolución cuyo resultado tendrá importancia diplomática, aunque sus consecuencias prácticas inmediatas serán limitadas.

Si Cuba obtiene nuevamente una mayoría amplia, podrá presentar el respaldo internacional como un rechazo a la política estadounidense. Si Washington consigue aumentar el número de votos contrarios o abstenciones, la Administración Trump podrá argumentar que está erosionando un consenso internacional que durante años parecía prácticamente intocable.

Ninguno de esos escenarios supondrá automáticamente el fin del embargo. Las restricciones económicas continuarán dependiendo de las decisiones políticas y legales adoptadas en Estados Unidos.

Lo verdaderamente relevante para la población cubana será si el enfrentamiento diplomático da paso a cambios concretos en el suministro energético, las operaciones financieras, el comercio y las condiciones de vida.

Después de 33 resoluciones aprobadas desde 1992, Naciones Unidas vuelve a enfrentarse a una situación conocida: una mayoría internacional que pide levantar las sanciones y un Gobierno estadounidense que mantiene su política.

Esta vez, sin embargo, la discusión coincide con una crisis energética especialmente grave. Y mientras Washington y La Habana compiten por el respaldo de otros países, los cubanos siguen soportando las consecuencias de un conflicto que ninguno de los dos gobiernos ha conseguido resolver.