La izquierda apunta a ultras por los disturbios de Barcelona y Bilbao

Los graves disturbios de Barcelona y Bilbao han abierto una nueva controversia política sobre quién está detrás de la violencia callejera. Los Comunes, Podemos y Compromís plantean que sectores de la ultraderecha podrían haber intervenido en la organización o instrumentalización de los altercados. Sin embargo, las investigaciones policiales todavía no han acreditado esa vinculación ni han identificado una estructura común que coordinase los incidentes.

La sospecha más explícita procede del portavoz de los Comunes en el Congreso, Gerardo Pisarello, quien aprecia un posible patrón de actuación destinado a desacreditar las movilizaciones sociales. Su formación considera que determinados grupos de extrema derecha podrían haber desempeñado un papel de coordinación. Podemos admite distintas explicaciones, mientras que Compromís también observa indicios de una posible intervención ultra.

La discusión llega después de dos episodios especialmente violentos. El sábado 24 de octubre, una convocatoria difundida por redes sociales terminó en saqueos, incendios y 128 detenidos en Barcelona. Dos días después, Bilbao sufrió graves altercados tras una manifestación contra un acto de Vito Quiles que finalmente fue cancelado. Allí, la Ertzaintza anunció inicialmente 19 detenciones, aunque posteriormente revisó el balance a 17 detenidos y una persona investigada.

Los hechos han situado bajo vigilancia policial las convocatorias de Blocus, una plataforma anónima que utiliza TikTok y servicios de mensajería para movilizar a jóvenes. Lo que todavía no está demostrado es quién dirige esas cuentas, si existe una coordinación organizada entre ciudades y qué intereses políticos, si los hay, intervienen en su funcionamiento.

Los Comunes sospechan de una estrategia para desacreditar las protestas

Gerardo Pisarello ha sostenido este martes, 27 de octubre, que los disturbios podrían responder a una estrategia de sectores de derecha interesados en debilitar las movilizaciones ciudadanas. El diputado vincula sus sospechas al impacto que estos episodios pueden tener sobre protestas relacionadas con el acceso a la vivienda y la defensa de los derechos sociales.

El representante de los Comunes considera que existe un patrón sospechoso y plantea que fuerzas de ultraderecha podrían estar participando en la coordinación de determinados altercados. También relaciona esa posibilidad con estrategias de injerencia electoral, aunque sus declaraciones no constituyen una prueba sobre la identidad de los organizadores.

Pisarello ha reclamado investigar quién administra las cuentas de TikTok desde las que se difunden las convocatorias, cómo se organizan los participantes y quién puede obtener rédito de los incidentes. Su argumento distingue entre los motivos que llevan a los jóvenes a manifestarse y la eventual utilización de esas movilizaciones por actores políticos.

La diferencia importa. Una protesta puede surgir de un malestar social real y acabar siendo aprovechada por grupos ajenos a sus reivindicaciones. Pero que una fuerza política salga beneficiada de unos disturbios no demuestra que los haya organizado.

Podemos y Compromís plantean distintas hipótesis

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha optado por una interpretación más abierta. Considera que todavía no se sabe qué ha ocurrido y menciona distintas posibilidades: desde la participación de personas de extrema derecha o agentes policiales infiltrados hasta una reacción espontánea de jóvenes profundamente descontentos con la situación política y social.

Ninguna de esas hipótesis ha quedado acreditada por las investigaciones conocidas. Belarra sí sostiene que PP y Vox están utilizando los episodios violentos para criminalizar las manifestaciones y los movimientos sociales, al presentar como un mismo fenómeno las protestas pacíficas y los actos vandálicos.

Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez también sospecha de una posible conexión con posiciones de extrema derecha. Aunque reconoce que resulta prematuro establecer quién organiza los disturbios, considera que el desorden beneficia políticamente a las derechas.

Ibáñez ha extendido su preocupación a las convocatorias anunciadas para el 31 de octubre en ciudades como Valencia. A su juicio, los movimientos antifascistas tienen una trayectoria de movilización pacífica que no debería confundirse con actuaciones destinadas a provocar violencia y desesperanza.

Barcelona: 128 detenidos y una convocatoria nacida en TikTok

El episodio que desencadenó la polémica ocurrió el sábado 24 de octubre en Barcelona. Centenares de jóvenes acudieron al centro de la ciudad después de que distintas cuentas difundieran llamamientos a concentrarse bajo referencias al movimiento Blocus.

La movilización derivó en enfrentamientos, daños a establecimientos comerciales, incendios y actuaciones policiales. Los balances difundidos por los Mossos d’Esquadra situaron el número de arrestados en 128 personas, de las que 72 eran menores de edad.

Los incidentes afectaron a 23 comercios y obligaron a los bomberos a intervenir en 33 incendios. También hubo quince agentes policiales heridos, cuatro de ellos de gravedad.

La policía catalana investiga especialmente el mecanismo de convocatoria. Los mensajes circulaban por TikTok y dirigían a los interesados hacia grupos de WhatsApp y Telegram, donde se compartían instrucciones y se discutían posibles acciones.

Algunas conversaciones incluían propuestas explícitas de vandalismo y saqueos. Los investigadores tratan de identificar a las personas que controlan estos canales y determinar si los mensajes respondían a una coordinación centralizada o a iniciativas dispersas.

Por el momento, la difusión de convocatorias similares y el uso de una misma etiqueta no bastan para demostrar la existencia de una organización política detrás de los ataques.

Bilbao: 17 detenidos tras la cancelación del acto de Vito Quiles

La segunda jornada de violencia se produjo el lunes 26 de octubre en Bilbao, coincidiendo con las protestas contra la presencia anunciada de Vito Quiles en la Universidad de Deusto.

Miles de personas participaron en movilizaciones antifascistas antes de que se desencadenaran los incidentes. Quiles había suspendido su intervención alegando motivos de seguridad, pero grupos de encapuchados protagonizaron posteriormente ataques contra mobiliario urbano, vehículos y establecimientos.

Los disturbios incluyeron incendios de contenedores y coches, daños a una motocicleta policial, lanzamientos de objetos contra agentes y saqueos en comercios. La Ertzaintza comunicó inicialmente 19 detenciones y tres personas investigadas, pero el balance revisado del 27 de octubre establece finalmente 17 detenidos, diez de ellos menores, y una persona investigada.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado la gravedad de los hechos y ha advertido de la posible imitación de movimientos violentos registrados anteriormente en otros países europeos. También ha expresado su preocupación por la disposición de determinados jóvenes a utilizar la violencia independientemente de que el acto de Quiles llegara a celebrarse.

Su valoración introduce un matiz relevante frente a las sospechas de los partidos de izquierda: el Gobierno vasco ha advertido de posibles fenómenos de imitación, pero no ha establecido públicamente una dirección común con los incidentes de Barcelona.

Zupiria ha insistido en que la violencia no puede justificarse por razones ideológicas y ha expresado su preocupación por la aparición de movimientos extremistas que cuestionan las instituciones democráticas.

Blocus y las nuevas convocatorias que preocupan a la Policía

El movimiento Blocus se ha convertido en uno de los principales focos de atención de los investigadores. Su actividad se desarrolla principalmente en redes sociales, mediante perfiles anónimos que difunden convocatorias con una estética similar y mensajes dirigidos especialmente a jóvenes.

Los llamamientos detectados en España presentan coincidencias con movilizaciones difundidas anteriormente en otros países europeos, especialmente Francia. Algunos mensajes apelan al descontento juvenil y otros promueven directamente acciones violentas contra establecimientos comerciales.

La ausencia de dirigentes identificados complica determinar si existe una estructura organizada, una suma de grupos independientes o un fenómeno de imitación amplificado por las plataformas digitales.

Los Mossos pretenden avanzar en la identificación de los administradores de las cuentas y de los grupos de mensajería utilizados para organizar las convocatorias. Para ello, han planteado solicitar autorización judicial y colaboración de las plataformas tecnológicas.

La vigilancia también se ha intensificado ante nuevos llamamientos para el sábado 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y otras ciudades.

No todas esas convocatorias tienen por qué traducirse en concentraciones reales. En Cataluña ya se han registrado avisos difundidos por internet que obligaron a desplegar recursos policiales y que finalmente apenas reunieron participantes o no llegaron a materializarse.

Distinguir entre una convocatoria auténtica, una provocación digital y una llamada organizada a cometer delitos será fundamental para prevenir nuevos incidentes sin confundir automáticamente la protesta ciudadana con la violencia.

La batalla política se adelanta a las investigaciones

Mientras los cuerpos policiales intentan reconstruir lo ocurrido, los partidos han comenzado a disputar la interpretación política de los altercados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atribuido los sucesos de Bilbao a la izquierda violenta y ha utilizado los incidentes para defender sus propuestas de orden y seguridad ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde el Gobierno, la portavoz Elma Saiz ya había condenado los disturbios de Barcelona y advertido de que la extrema derecha sale beneficiada cuando se extienden el caos, el odio y la desinformación. No obstante, también pidió esperar al resultado de las investigaciones antes de atribuir responsabilidades.

En Bilbao, PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Podemos han suscrito una declaración conjunta de condena de los altercados. EH Bildu también ha rechazado la violencia, aunque no se ha adherido al documento por sus discrepancias con el apartado referido a los gritos de apoyo a ETA escuchados durante los incidentes.

Las diferencias políticas no alteran una cuestión básica: los responsables de los destrozos deben responder por sus actos, con independencia de la ideología que invoquen o de las organizaciones que eventualmente pudieran haberlos alentado.

Tampoco cabe identificar a todos los participantes en una manifestación con quienes cometen delitos después de ella. En Bilbao hubo concentraciones pacíficas antes de los ataques, y esa distinción resulta esencial para comprender lo ocurrido.

Una posible coordinación ultra que sigue sin acreditarse

La investigación sobre los disturbios de Barcelona y Bilbao mantiene abiertas varias incógnitas: quién impulsó las convocatorias, qué relación existía entre los participantes y si hubo organizaciones interesadas en dirigir o aprovechar la violencia.

Las sospechas expresadas por los Comunes y Compromís constituyen una hipótesis política, no una conclusión policial. La posibilidad de una intervención de la ultraderecha no está descartada, pero tampoco ha sido demostrada. Lo mismo ocurre con la existencia de una estructura que coordinase los incidentes entre ambas ciudades.

La identificación de los administradores de los canales digitales y el análisis de las comunicaciones podrían aportar información decisiva. Hasta entonces, conviene separar las declaraciones partidistas de los hechos acreditados.

Los incendios, los saqueos, los daños y las detenciones son reales. También lo es el malestar que pueden expresar algunas movilizaciones juveniles. Lo que continúa pendiente de esclarecerse es si alguien utilizó ese descontento para organizar una campaña de violencia callejera. Y, en caso afirmativo, quién lo hizo.