Clavijo amenaza con acudir a los tribunales por el repunte migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este martes, 27 de octubre, de que acudirá a los tribunales si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin responder a las peticiones de ayuda del archipiélago ante el aumento de las llegadas de migrantes por la ruta atlántica. El dirigente de Coalición Canaria considera que la situación exige medidas urgentes, especialmente en El Hierro, donde la presión sobre los servicios sanitarios y de acogida se ha intensificado durante las últimas semanas.

La advertencia llega después de que Clavijo remitiera una carta al presidente del Gobierno reclamando seis actuaciones urgentes para afrontar el repunte migratorio. Entre ellas figuran la convocatoria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado, un plan de contingencia y una mayor implicación de la Unión Europea. Según ha explicado, todavía no ha recibido una contestación directa a sus demandas, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Ejecutivo responderá a la misiva.

El presidente autonómico ha elevado así el tono de una disputa institucional que lleva semanas enfrentando a ambas administraciones. Su intención, sostiene, no es abrir otro conflicto político, sino conseguir una respuesta operativa antes de que la capacidad de atención de las islas vuelva a verse desbordada.

De momento, no se ha presentado ninguna nueva demanda relacionada con estas reclamaciones. La vía judicial continúa siendo una advertencia condicionada a la falta de respuesta del Estado.

El Hierro, al límite por el aumento de las llegadas de migrantes

La situación más delicada se concentra en El Hierro, convertida nuevamente en uno de los principales puntos de entrada de embarcaciones procedentes de la costa africana.

Según los datos difundidos por el Gobierno canario hasta el lunes 26 de octubre, durante este mes habían llegado 3.873 migrantes al archipiélago, de los cuales 2.835 desembarcaron en El Hierro. El volumen de llegadas resulta especialmente significativo en una isla que cuenta con alrededor de 11.000 habitantes empadronados.

Clavijo ha denunciado que la presión afecta a los dispositivos de primera acogida, los servicios sanitarios y la organización de los traslados. También ha advertido de las consecuencias que tiene para la actividad económica de La Restinga, localidad cuyo puerto recibe buena parte de las embarcaciones.

Durante el último fin de semana se trasladó a 380 migrantes adultos de El Hierro a Gran Canaria. El presidente autonómico considera que estas derivaciones entre islas no resuelven el problema de fondo y reclama que el Estado agilice los desplazamientos hacia centros de acogida de la Península.

El hospital reclama refuerzos, aunque descarta el colapso

La presión sanitaria ha abierto otro frente. Clavijo ha descrito el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes como un centro saturado, aunque su director médico, Luis González, ha matizado que no existe una situación de colapso asistencial.

Los datos permiten entender la preocupación. Durante octubre se habían atendido 86 migrantes en urgencias, frente a los cinco registrados en el mismo mes de 2025. Los ingresos hospitalarios aumentaron de dos a 21, según explicó la dirección del centro el 26 de octubre.

El problema no se limita al número de pacientes. El hospital necesita refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil para agilizar la salida de las personas que ya han recibido asistencia y deben ser trasladadas a otros dispositivos.

El responsable médico también ha señalado que la atención habitual a los residentes continúa garantizada. La situación es exigente, pero conviene distinguir entre una elevada presión asistencial y un colapso efectivo.

A ello se suman las dificultades denunciadas por el personal sanitario que trabaja en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde las deficiencias de las instalaciones complican las condiciones de atención.

Las seis medidas que Clavijo exige al Gobierno de Sánchez

La carta remitida el pasado domingo a Pedro Sánchez plantea actuaciones concretas que el Ejecutivo canario considera necesarias para afrontar los próximos meses.

La primera reclamación es convocar de manera extraordinaria la Junta de Seguridad Canarias-Estado, un órgano que permitiría examinar las previsiones de llegadas, compartir información y coordinar los dispositivos disponibles.

El Gobierno autonómico asegura que ha solicitado esa reunión hasta en tres ocasiones sin obtener la respuesta esperada.

También pide un plan extraordinario de contingencia que incluya refuerzos para Salvamento Marítimo, vigilancia, rescate, atención sanitaria de emergencia y centros de primera acogida. El documento reclama especial atención a El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, junto con financiación suficiente para sostener los dispositivos.

La dimensión internacional ocupa otra parte de las exigencias. Clavijo propone intensificar las gestiones diplomáticas con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para mejorar la cooperación, intercambiar información y combatir las redes de tráfico de personas.

En el ámbito europeo, Canarias reclama que España solicite los mecanismos de solidaridad disponibles en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, mayor apoyo financiero y operativo, y una participación reforzada de Frontex dentro de sus competencias.

Asimismo, pretende que el archipiélago quede expresamente contemplado en el futuro mecanismo europeo de respuesta a emergencias en las fronteras exteriores.

La última medida consiste en establecer reuniones técnicas semanales entre las dos administraciones mientras continúe el repunte migratorio.

Clavijo sostiene que estas actuaciones pueden ponerse en marcha mediante decisiones del Ejecutivo central, sin necesidad de modificar la legislación ni negociar nuevas mayorías parlamentarias.

El Gobierno responde a las críticas y señala al PP

El enfrentamiento también ha llegado al terreno político. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha considerado injustas las acusaciones del presidente canario y ha defendido que el Estado mantiene medidas de atención y acogida.

Torres ha asegurado que el Gobierno responderá a la carta enviada a Sánchez. Sin embargo, también ha cuestionado la actitud del Partido Popular, socio de Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico, por su oposición al sistema de distribución de menores migrantes entre comunidades.

El ministro considera que el PP ha dificultado la búsqueda de soluciones, mientras que Clavijo insiste en que está reclamando actuaciones correspondientes a las competencias estatales.

El presidente canario sostiene que su interlocutor debe ser el Gobierno de España y rechaza trasladar la discusión a las relaciones entre los partidos que integran su coalición.

La discrepancia tiene un componente especialmente sensible: el reparto de responsabilidades en la atención a los migrantes. Mientras el Estado ejerce competencias fundamentales en extranjería, control fronterizo y gestión de los procedimientos migratorios, las comunidades autónomas participan en ámbitos como la protección de menores y la asistencia sanitaria.

La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre añade tensión a este intercambio de reproches. Pero la disputa política no elimina las necesidades de coordinación que afrontan los servicios públicos de las islas.

Canarias vuelve a tener 2.700 menores migrantes bajo tutela

La atención a los menores extranjeros que llegan sin familiares constituye otro de los asuntos que preocupan al Gobierno autonómico.

Clavijo ha asegurado que Canarias vuelve a contar con alrededor de 2.700 menores migrantes bajo su tutela, una cifra que, a su juicio, obliga a anticiparse para evitar una nueva situación de sobreocupación.

El presidente regional ha recordado que el archipiélago llegó a atender a más de 6.400 menores y considera imprescindible utilizar los mecanismos legales de distribución entre comunidades autónomas.

En este punto, ha reclamado que intervenga la Fiscalía cuando una comunidad rechace cumplir las obligaciones de acogida establecidas legalmente.

La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería permite establecer procedimientos obligatorios de distribución de menores en determinadas situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Clavijo ha recordado que, cuando fue necesario aprobar esa reforma, el Gobierno central buscó apoyos parlamentarios entre distintas formaciones. Ahora, argumenta, las peticiones canarias dependen principalmente de decisiones administrativas y de la movilización de recursos.

Conviene distinguir ambas cuestiones: la acogida de menores y la derivación de migrantes adultos tienen procedimientos y responsabilidades diferentes. Resolver una no implica automáticamente solucionar la otra.

La amenaza judicial abre una nueva fase del conflicto

El anuncio de una posible actuación ante los tribunales representa un paso más en la presión institucional de Canarias sobre el Ejecutivo central.

Clavijo ha señalado que no desea recurrir a la Justicia, especialmente porque considera razonables sus peticiones. Entre ellas, reunirse periódicamente para coordinar la respuesta migratoria o solicitar más colaboración europea.

El presidente autonómico también ha recordado que Canarias ya tuvo que acudir al Tribunal Supremo en anteriores conflictos relacionados con los derechos y la atención de los migrantes.

Sin embargo, por el momento no se ha concretado qué procedimiento judicial se utilizaría en esta nueva controversia ni qué obligación estatal se consideraría incumplida.

Esa diferencia importa. Una advertencia política de acudir a los tribunales no equivale a la presentación de un recurso, y tampoco garantiza que una eventual reclamación prospere.

Clavijo ha anunciado, además, que este miércoles 28 de octubre viajará a primera hora a El Hierro para conocer directamente la situación y trasladar su respaldo a los servicios públicos y profesionales que intervienen en la atención a las personas recién llegadas.

La coordinación entre administraciones marcará los próximos días

La disputa entre Canarias y el Gobierno central se produce mientras la ruta atlántica vuelve a registrar un aumento significativo de llegadas. Las autoridades autonómicas reclaman anticipación ante los movimientos migratorios de los últimos meses del año, un periodo en el que determinadas condiciones marítimas pueden favorecer las travesías.

Para el archipiélago, lo inmediato es reforzar la asistencia sanitaria, mejorar las instalaciones de acogida y garantizar que los traslados se realicen con suficiente coordinación.

Para el Gobierno de Sánchez, el desafío consiste en responder a esas necesidades mientras defiende las actuaciones que asegura haber puesto en marcha.

La convocatoria de la Junta de Seguridad, el despliegue de medios adicionales y la agilización de las derivaciones permitirían comprobar hasta qué punto ambas administraciones pueden alcanzar acuerdos efectivos.

Canarias mantiene abierta la vía judicial, pero todavía apuesta por una respuesta del Ejecutivo que permita evitarla. El problema, entretanto, continúa en los puertos, los centros de acogida y los servicios sanitarios de las islas. Y allí las discusiones competenciales tienen consecuencias bastante más inmediatas que cualquier enfrentamiento entre partidos.