Ático del Gobierno de Ayuso: piden aclarar 437.000 € de posible daño

La polémica por la compra de un ático de lujo en el barrio madrileño de Chamberí vuelve al Tribunal de Cuentas. El abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo ha presentado un escrito para impedir que se archiven las actuaciones sobre la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid. El letrado sostiene que la operación pudo causar un perjuicio de 437.058,46 euros a los fondos públicos y reclama una investigación antes de que se tome una decisión definitiva.

El movimiento llega después de que la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid solicitaran el archivo del procedimiento al defender la legalidad de la compra. Flores Vaquerizo, personado como actor público, pide que se designe un delegado instructor y denuncia que no se ha dado audiencia a todos los interesados antes de valorar el cierre de las actuaciones. Por el momento, el Tribunal de Cuentas no ha declarado la existencia de un perjuicio económico ni ha resuelto el archivo.

La controversia afecta a un inmueble adquirido en abril de 2026, situado en el paseo del General Martínez Campos, cuya finalidad institucional ha generado numerosas críticas y explicaciones sucesivas por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La vivienda fue comprada por una sociedad pública, posteriormente salió a la venta y, pese a los intentos de encontrar comprador, sigue sin venderse.

El nuevo escrito, fechado el 19 de octubre y conocido este martes 27, introduce una disputa sobre dos cuestiones distintas: si existió un daño económico en la adquisición y si el procedimiento puede cerrarse sin permitir que quienes denunciaron los hechos examinen y respondan a las alegaciones de la Administración.

Los 437.000 euros que el abogado quiere investigar

El principal argumento económico de Flores Vaquerizo parte de las cantidades documentadas en la compraventa. Según expone en su escrito, Planifica Madrid desembolsó 6.679.942,65 euros, incluidos los impuestos y gastos asociados a la operación, por un inmueble cuya tasación establecía un valor de 6.242.884,19 euros.

La diferencia entre ambas cantidades asciende exactamente a 437.058,46 euros. Para el denunciante, este importe constituye un posible menoscabo de los fondos públicos que debe ser examinado mediante las actuaciones previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

La cifra, sin embargo, no acredita por sí sola un sobreprecio irregular. Una comparación entre el coste total de adquisición y el valor de tasación debe tener en cuenta los impuestos y otros gastos inherentes a la compraventa. Precisamente por eso, determinar si existió un perjuicio contable exige analizar la operación y justificar qué cantidades, en su caso, representan un daño real al patrimonio público.

El abogado defiende que conservar la propiedad del inmueble no elimina necesariamente ese posible perjuicio. Su razonamiento es que, si se hubiera pagado una cantidad injustificada, el daño podría haberse producido en el momento de la adquisición, con independencia de que la sociedad pública continúe siendo propietaria.

El escrito sitúa la operación en la escritura de compraventa del 14 de abril de 2026 y señala al consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, como posible responsable contable directo cuya actuación solicita investigar. Se trata de una petición del denunciante, no de una declaración de responsabilidad por parte del Tribunal.

La denuncia por la falta de audiencia a los afectados

La discrepancia no se limita al precio del ático. Flores Vaquerizo también cuestiona cómo se están tramitando las actuaciones y sostiene que los promotores de la acción pública no han tenido acceso a documentación relevante antes de que se valore el archivo.

El 16 de octubre, la Comunidad de Madrid presentó alegaciones en las que defendía la operación y solicitaba cerrar el procedimiento. La Administración regional actuaba también en representación de Planifica Madrid, que mantiene la misma posición.

Tres días después, el Tribunal de Cuentas acordó conceder un nuevo plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para pronunciarse sobre la posibilidad de designar un delegado instructor o archivar las actuaciones.

El letrado sostiene que esa decisión se adoptó sin haberle trasladado previamente las alegaciones de la Comunidad y de la empresa pública, ni la documentación que las acompañaba.

Para fundamentar su reclamación, invoca el artículo 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, relativo a la intervención de quienes ejercitan la acción pública. Según su interpretación, el procedimiento debe garantizar que todas las partes legitimadas puedan intervenir antes de decidir si las actuaciones continúan.

Por eso solicita recibir los escritos de la Administración, los documentos aportados y los informes de la Fiscalía. También reclama un plazo común de cinco días para presentar sus propias alegaciones.

La petición de nombrar un delegado instructor

El nombramiento de un delegado instructor permitiría avanzar en las actuaciones destinadas a esclarecer si existen indicios de responsabilidad contable. Su intervención podría servir para examinar la documentación económica, comprobar los hechos y determinar si procede continuar el procedimiento.

Flores Vaquerizo sostiene que todavía quedan cuestiones relevantes por investigar y que no concurren las circunstancias necesarias para cerrar el asunto en esta fase.

También plantea un problema relacionado con la representación jurídica de Planifica Madrid. Pide aclarar qué órgano de la sociedad decidió solicitar el archivo y bajo qué título la Comunidad de Madrid ejerce su defensa.

La cuestión tiene importancia porque la empresa pública es, al mismo tiempo, la propietaria del inmueble y una de las entidades cuyos fondos podrían haberse visto afectados por la operación denunciada.

El abogado reclama asimismo comprobar si los administradores potencialmente afectados respetaron los deberes de abstención que considera aplicables. Estas dudas forman parte de sus alegaciones y todavía no han sido resueltas mediante una declaración de responsabilidad.

La Comunidad de Madrid defiende la legalidad de la compra

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene una interpretación completamente distinta. Sus servicios jurídicos sostienen que la adquisición del ático se ajustó a la legalidad, a los estatutos y a las competencias de Planifica Madrid.

La Administración regional argumenta que la sociedad pública tiene entre sus funciones la adquisición y gestión de inmuebles para atender las necesidades de la Comunidad. También defiende que su consejero delegado disponía de facultades para realizar operaciones de compraventa y que el precio respondía al valor de mercado tasado.

Otro de los argumentos de la Comunidad es que el inmueble continúa formando parte del patrimonio de Planifica Madrid. Según su posición, la operación no ha provocado un deterioro económico que permita exigir responsabilidades contables.

Respecto al destino de la propiedad, el Ejecutivo autonómico ha explicado que se adquirió para disponer de espacios de apoyo institucional vinculados, entre otras necesidades, a las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, también defendió que el inmueble pudiera emplearse como zona de trabajo, descanso o alojamiento ocasional de autoridades, especialmente en situaciones que requirieran mantener la actividad institucional durante periodos prolongados.

La Comunidad niega que se comprara como residencia oficial de Ayuso. La presidenta visitó el inmueble después de su adquisición, según confirmó el propio Ejecutivo, pero ha sostenido públicamente que la propiedad no era suya ni estaba destinada a su uso particular como vivienda.

Un ático de más de seis millones que no encuentra comprador

La trayectoria posterior del inmueble añade otra circunstancia a la controversia: Planifica Madrid ha intentado venderlo dos veces sin recibir ofertas.

El ático, situado en una de las zonas residenciales más caras de Madrid, fue adquirido en abril. Su compra se conoció públicamente a finales de julio y, tras las críticas políticas y las dudas sobre su finalidad, la Comunidad decidió sacarlo a la venta.

El precio mínimo fijado para la operación fue de 6.694.201 euros. La primera convocatoria concluyó sin interesados el 17 de septiembre.

La segunda tampoco obtuvo resultados. El 23 de octubre se conoció que el nuevo procedimiento había quedado desierto y que la propiedad continuaría a la venta mediante una fórmula abierta y permanente.

La ausencia de compradores no demuestra automáticamente que el inmueble se adquiriera por encima de su valor real. Sí plantea, no obstante, una dificultad práctica para la Administración: recuperar el dinero invertido exige encontrar un comprador dispuesto a asumir el precio solicitado.

El Gobierno regional había anunciado su intención de destinar los fondos de la venta a la reconstrucción de la Sierra Oeste madrileña tras los incendios del verano. Mientras no se materialice la operación, esa previsión permanece pendiente.

El fracaso de los intentos de venta también aparece en la argumentación del abogado denunciante, que solicita preservar las pruebas periciales relacionadas con el inmueble mientras siga ofertándose en el mercado.

Las investigaciones abiertas por la compra del inmueble

El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas comenzó el 15 de septiembre de 2026, después de que el organismo recibiera cuatro denuncias relacionadas con la adquisición del ático. Posteriormente llegó una quinta, presentada el 30 de septiembre.

Entre quienes han promovido actuaciones se encuentran el PSOE y Más Madrid, que han reclamado esclarecer si la operación ocasionó un perjuicio a los recursos públicos.

La controversia tiene igualmente una vertiente judicial independiente. Un juzgado de Madrid abrió actuaciones relacionadas con posibles irregularidades administrativas en la compra y trasladó a la Fiscalía la cuestión de su competencia, teniendo en cuenta la presencia de personas aforadas entre las señaladas en las denuncias.

Ambas vías deben distinguirse. El Tribunal de Cuentas examina posibles responsabilidades contables derivadas de la gestión de fondos públicos, mientras que la jurisdicción penal puede investigar hechos que pudieran constituir delitos.

La mera presentación de una denuncia no determina la existencia de una irregularidad, como tampoco la apertura de diligencias equivale a una condena.

El futuro del ático depende de dos decisiones pendientes

La próxima decisión relevante corresponde al Tribunal de Cuentas, que deberá determinar si procede nombrar un delegado instructor o archivar las actuaciones, teniendo en consideración las alegaciones presentadas y el pronunciamiento de la Fiscalía.

El escrito de Flores Vaquerizo pretende impedir que se cierre el procedimiento sin investigar el posible perjuicio de 437.058,46 euros y sin garantizar la intervención de quienes ejercieron la acción pública.

También sigue pendiente la venta del inmueble. Tras dos convocatorias desiertas, Planifica Madrid conserva una propiedad adquirida con recursos públicos cuyo destino inicial quedó cuestionado y cuyo coste continúa siendo objeto de controversia.

El desenlace no depende únicamente de aclarar cuánto se pagó. Será necesario determinar si el desembolso estuvo justificado, si se respetaron las reglas aplicables y si hubo un perjuicio efectivo para las arcas públicas.

De momento, hay dos posiciones enfrentadas: la Comunidad de Madrid solicita el archivo porque considera legal y económicamente justificada la compra; el denunciante exige investigar antes de cerrar el expediente. El Tribunal de Cuentas tendrá que resolver esa discrepancia.