Trump estudia retirar las sanciones al fondo ruso vinculado a Putin

La Administración de Donald Trump estudia levantar las sanciones estadounidenses contra el Russian Direct Investment Fund (RDIF), uno de los principales instrumentos financieros del Kremlin para atraer inversiones internacionales. La medida supondría un cambio significativo en la política de Washington hacia Moscú, especialmente porque el fondo fue sancionado en 2022 por el Gobierno de Joe Biden, que lo presentó como un ejemplo de la corrupción vinculada al poder ruso.

La posibilidad ha sido revelada este martes, 27 de octubre de 2026, por The New York Times, que cita fuentes conocedoras de las deliberaciones. Todavía no existe una decisión definitiva ni se ha anunciado oficialmente la retirada de las sanciones. Sin embargo, el hecho de que la Casa Blanca esté considerando rehabilitar financieramente a una entidad estrechamente relacionada con Vladímir Putin refleja hasta dónde está dispuesto a explorar Trump la normalización económica con Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.

El fondo está dirigido por Kirill Dmitriev, uno de los hombres de confianza del presidente ruso y una figura destacada en los contactos económicos y diplomáticos entre Washington y Moscú. Su presencia al frente de la institución resulta especialmente relevante: Dmitriev también fue sancionado personalmente en 2022 por las autoridades estadounidenses.

La iniciativa llega en un momento delicado para las relaciones internacionales. Trump ha defendido la utilización de incentivos económicos para facilitar un acuerdo con Rusia, una estrategia que ha provocado discrepancias incluso entre legisladores republicanos. Para Ucrania, la reducción de la presión financiera sobre Moscú plantea un problema evidente: el Kremlin podría recuperar oportunidades económicas antes de comprometerse a realizar concesiones sustanciales.

El fondo ruso que Biden calificó como símbolo de la cleptocracia

El Russian Direct Investment Fund fue creado en 2011 por iniciativa de las autoridades rusas para captar capital extranjero y promover inversiones en sectores estratégicos de la economía nacional.

Su función va más allá de administrar recursos públicos. El RDIF establece relaciones con inversores internacionales, participa en proyectos empresariales y sirve como plataforma de cooperación económica con otros países.

Precisamente esa capacidad para establecer vínculos financieros en el extranjero motivó la respuesta estadounidense tras la invasión rusa de Ucrania.

El 28 de febrero de 2022, apenas cuatro días después del comienzo de la invasión a gran escala, el Departamento del Tesoro estadounidense incorporó al RDIF, a su sociedad gestora y a otra entidad vinculada a su estructura a su régimen de sanciones.

Washington sostuvo entonces que el fondo funcionaba como una especie de caja financiera vinculada a Putin y lo describió como un símbolo de la cleptocracia rusa, un sistema en el que las élites políticas utilizan su posición para apropiarse de recursos o favorecer intereses particulares.

Aquella valoración era una acusación formulada por el Gobierno estadounidense, no una resolución judicial que acreditase cada una de las prácticas atribuidas a la entidad.

Las sanciones bloquearon los activos afectados que estuvieran bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron, con las excepciones legalmente previstas, las operaciones de personas y empresas estadounidenses con las entidades señaladas.

El objetivo era limitar la capacidad del Kremlin para acceder al sistema financiero internacional y atraer capital occidental mientras mantenía su ofensiva militar contra Ucrania.

Cuatro años después, el mismo instrumento financiero podría recuperar parte de ese acceso si Trump decide modificar las restricciones.

Kirill Dmitriev, el hombre que conecta los negocios con la diplomacia

La trayectoria de Kirill Dmitriev ayuda a comprender por qué el posible levantamiento de las sanciones tiene una dimensión política que supera ampliamente el ámbito financiero.

Formado en Estados Unidos y con experiencia en firmas internacionales de inversión y consultoría, Dmitriev dirige el RDIF desde 2011. Su perfil combina conocimientos de los mercados occidentales, relaciones con grandes inversores y proximidad al círculo de Putin.

Durante los contactos desarrollados entre Washington y Moscú, Dmitriev se ha convertido en uno de los principales interlocutores económicos del Kremlin. Ha participado en conversaciones relacionadas con inversiones, cooperación energética y posibles acuerdos comerciales entre ambos países.

El acuerdo sobre el diésel ruso sitúa al fondo en el centro de las negociaciones

El pasado 16 de octubre, Dmitriev aseguró que el Departamento del Tesoro estadounidense había solicitado la colaboración del RDIF para facilitar cuestiones relacionadas con los pagos de un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso.

Según su versión, el fondo debía contribuir a resolver dificultades financieras y operativas derivadas de las numerosas sanciones que afectan a las transacciones con Rusia.

La afirmación resulta especialmente significativa porque la entidad continúa sometida a restricciones estadounidenses.

La posible retirada de las sanciones permitiría despejar algunos de esos obstáculos, aunque el alcance dependería de la decisión concreta de Washington.

Levantar las restricciones contra el RDIF no supondría necesariamente eliminar las sanciones personales contra Dmitriev, ni las impuestas sobre otras sociedades relacionadas con el fondo. Cada una de esas designaciones tiene consecuencias jurídicas propias.

Tampoco equivaldría a autorizar automáticamente cualquier inversión estadounidense en Rusia, puesto que continúan existiendo prohibiciones generales y sectoriales que pueden afectar a determinadas operaciones.

Trump continúa flexibilizando su política de sanciones contra Rusia

La revisión de las restricciones al RDIF no aparece de forma aislada. Forma parte de una serie de decisiones con las que la Administración Trump ha buscado facilitar determinados intercambios económicos con Moscú.

El 16 de octubre de 2026, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de numerosas sanciones y medidas arancelarias previstas en una legislación aprobada apenas un mes antes.

Se trataba de la ley conocida como Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, concebida para incrementar la presión económica sobre Rusia y dificultar la financiación de su guerra.

Trump justificó las exenciones alegando que respondían al interés nacional de Estados Unidos.

La medida generó críticas en el Congreso, donde legisladores demócratas y algunos republicanos consideran que reducir las sanciones sin contrapartidas suficientes puede favorecer al Gobierno ruso.

Conviene distinguir, sin embargo, ambas situaciones. La suspensión de las nuevas medidas de octubre no eliminó las sanciones impuestas en 2022 contra el Russian Direct Investment Fund.

La propia orden ejecutiva preservó expresamente las restricciones anteriores establecidas mediante determinadas órdenes presidenciales.

Por eso, si Washington decide levantar las sanciones específicas contra el RDIF, necesitará adoptar una medida adicional que modifique su situación jurídica.

Qué supondría retirar las sanciones al fondo de inversión ruso

La principal consecuencia sería permitir que el fondo recuperase determinadas posibilidades de operar con instituciones, inversores y empresas vinculadas al sistema financiero estadounidense.

El alcance real dependería de si Washington opta por retirar al RDIF de su lista de entidades sancionadas, conceder autorizaciones especiales para determinadas operaciones o establecer excepciones más limitadas.

No son alternativas equivalentes.

Una retirada completa de las sanciones específicas tendría un efecto mucho mayor que una autorización temporal destinada, por ejemplo, a facilitar pagos relacionados con suministros energéticos.

También habría consecuencias diplomáticas.

Para el Kremlin, cualquier flexibilización representaría una oportunidad para reconstruir relaciones comerciales deterioradas desde 2022. Para Washington, podría convertirse en un incentivo negociador destinado a obtener compromisos de Moscú.

El problema reside en determinar qué contrapartidas recibiría Estados Unidos.

La Administración Trump ha defendido su aproximación económica como una herramienta para favorecer las conversaciones de paz. Sin embargo, la recuperación de relaciones financieras no garantiza que Rusia acepte retirar sus tropas, modificar sus exigencias territoriales o alcanzar un acuerdo satisfactorio para Ucrania.

Existe otra limitación importante: las sanciones estadounidenses no son las únicas que afectan a Rusia.

La Unión Europea mantiene sus propias restricciones a la financiación y la inversión relacionadas con el RDIF. Una decisión unilateral de Washington no eliminaría automáticamente las prohibiciones europeas.

Esto significa que una eventual reapertura financiera estadounidense no equivaldría a una normalización completa de las relaciones económicas de Rusia con Occidente.

El futuro del fondo ruso dependerá de una decisión de Washington

El posible levantamiento de las sanciones coloca al Russian Direct Investment Fund en el centro de una discusión que va más allá de las inversiones.

En 2022, Estados Unidos consideraba que bloquear esta institución era necesario para limitar la influencia económica del Kremlin y castigar la invasión de Ucrania. En octubre de 2026, la Administración Trump estudia si recuperar parte de esa relación financiera puede servir a sus objetivos diplomáticos.

El cambio de enfoque es considerable, aunque la retirada de las sanciones todavía no se ha producido.

La cuestión decisiva será comprobar si cualquier concesión estadounidense queda vinculada a compromisos concretos y verificables de Rusia o si Moscú obtiene nuevas ventajas económicas mientras mantiene sus principales exigencias sobre Ucrania.

El RDIF fue sancionado por su proximidad al poder ruso. Esa proximidad no ha desaparecido. Lo que está cambiando es la disposición de Washington a negociar con él.